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Sentencia AP-262-15 — Registro 10308

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra auto de formal procesamiento dictado por juzgado de primera instancia, además ordenó desalojo del bien inmueble usurpado en el término de treinta días; en relación a causa contra recurrente y otros por suponerlos responsables del delito de usurpación en perjucio de ofendido; en apelación se concluyó que la jurisdicción que debe conocer del asunto es la Penal, porque existe documento que acredita la propiedad del inmueble, situación que no debe ventilar en la Jurisdicción Civil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en la resolución recurrida, emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, al hacer una revisión exhaustiva de la resolución emitida por la misma, en la motivación probatoria de la resolución recurrida la alzada razona en las siguientes palabra en su considerando séptimo (7) de la segunda pieza de autos que corre agregada a folio trece(13) en la cual establece: “…séptimo (7) que ha quedado acreditado plenamente en audiencia inicial que el señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS es el legitimo propietario del bien inmueble objeto de de la usurpación que motiva el presente requerimiento fiscal, situación legal que quedo debidamente acreditado mediante el testimonio de escritura pública de compra y venta, autorizado por el notario EFRAIN FLORES HERNANDEZ ..."en fecha 27 de mayo de la año dos mil catorce mismo que fue debidamente inscrito en el instituto de la propiedad, bajo los asientos numero 55 tomo 2016, según documento adjunto en la primera pieza de autos a folios 17 y 18, acompañándose en la misma audiencia referida prueba documental sobre el tracto sucesivo que respalda el inmueble en referencia; habiendo igualmente probado en la misma audiencia que los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO(imputados), se encuentran en posesión del inmueble referido, lo que se acredito tanto con el testimonio por la parte ofendida, como con el documento consistente en peritaje realizado por la oficina de catastro municipal, del municipio de San Marcos de Colon del Departamento de Choluteca, donde se establece que los hoy imputados se encuentran ocupando el inmueble que según el documento antes referido corresponde al hoy ofendido; de manera que si bien es cierto la defensa privada de los hoy imputados ha presentado como medio de prueba, declaraciones testificales y documentales, con los mismos no se ha logrado acreditar hasta este momento procesal el derecho que pudiese asistirles sobre el inmueble en referencia, pues en las controversias acreditadas en dicha audiencia se hace mención a personas diferentes a los hoy imputados por lo que para este tribunal de alzada quedaron debidamente acreditados los dos elementos exigidos por nuestra normativa procesal y constitucional para el decreto del auto de formal procesamiento, como bien fue decretado por el juez de primera instancia.”..."..."la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los jueces y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de las garantías genéricas del derecho a la defensa y el debido proceso, consagrada en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, apegados a la sana critica, formando su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida tal y como lo prescribe el artículo 198 del Código Procesal Penal, en tal sentido la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado SERGIO DAVID LOVO SEGOBIA, quien actúa en el proceso en su condición de defensor privado de los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO contra el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Usurpación decretado en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, considerando de igual forma la Alzada por los razonamientos esbozados en la motivación jurídica de su resolución, que la jurisdicción que debe conocer del asunto es la Penal, ello porque existe documento que acredita la propiedad del inmueble, situación que no debe ventilar en consecuencia la Jurisdicción Civil, al haberse acreditado en Audiencia Inicial dicho extremo..."..."ya lo ha esbozado la sala de lo constitucional en reiteradas sentencias, el referencia al derecho a la defensa e no se ha constatado que exista vulneración al mismo contenido en el artículo 82 Constitucional, observándose de que el recurrente ha tenido los medios de defensa técnica y procesal a su disposición y alcance, encontrándose debidamente representado en todo momento y haciendo uso de los recursos y habiéndosele respetado sus derechos y garantías en todo momento, por lo que no es de recibo este motivo de amparo. En cuanto al Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones.."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de valorar los medios de prueba, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la República y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio de los motivos de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados..."..."esta Sala puede afirmar que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido apegada a derecho, respetando todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales y haciendo uso de de la sana critica y razonamientos lógicos, respetando el debido proceso y haciendo una valoración conjunta y armónica de la prueba, con su respectiva motivación para fundamentar la resolución adoptada con la cual no se han vulnerado en perjuicio de los imputados los derechos constitucionales invocados, en este orden de ideas el Ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución adoptada.."..."del estudio y análisis del presente recurso la no vulneración de los derechos fundamentales señalados por haberse respetado los mismos en todas y cada una de las etapas procesales, y encontrarse la resolución recurrida apegada a derecho, se estima procedente denegar el recurso de amparo por las argumentaciones antes indicadas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha treinta de enero de dos mil quince, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca; en fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce; con relación a la causa instruida contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado De Letras Segundo Departamental De Choluteca, el Abogado JOSE LUIS REYES BENAVIDES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- 2) Que en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado Resolvió: 1) Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, a los imputados GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, a quienes se les supone responsables a titulo de autor del delito de USURPACION, en perjuicio de ERIC JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS:_2) ratificar la medida cautelar a que están sometidos los imputados, mediante audiencia de imputado de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, y que se refiere a que dichos imputados se presenten al Juzgado de Paz del Municipio de San marcos de Colón, Choluteca todos los días viernes de cada semana, a firmar el libro de asistencia que se lleva en dicho Juzgado.-Asimismo prohibirle a los imputados salir del País, sin la autorización de este juzgado, como prohibirle a dicho imputado comunicarse con el ofendido; Asimismo se ordena a los imputados procedan a desalojar el bien Inmueble antes usurpado, en el termino de treinta días una vez que la presente resolución tenga el carácter de firme…” (Folios del ochenta y nueve (89) al ciento catorce (114) de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, dictó sentencia en fecha treinta de enero del año dos mil quince, en la cual FALLÓ: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DAVID LOVO SEGOVIA, en su condición de Defensor Privado, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras Segundo Departamental, en la causa Penal instruida contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlos responsable del delito USURPACION en perjuicio de los señores WILMER ALFREDO ALVARADO ESCOBAR Y CARLOS PRUDENCIO ALVARADO ESCOBAR. Y en segundo lugar REVOCAR la resolución recurrida y en su lugar decretar el correspondiente Auto de Prisión contra la señora EMERITA MATAMOROS NUÑEZ por el delito USURPACION en perjuicio señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- 4) El señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de SI MISMO, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta de enero del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha seis de agosto del año dos mil once, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio ciento cincuenta y seis (156) de los antecedentes).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado De Letras Segundo Departamental De Choluteca, el Abogado JOSE LUIS REYES BENAVIDES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- considerando (3): que en fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince, compareció ante este alto tribunal, el señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, incoando la acción de amparo contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de fecha treinta de enero del dos mil dieciséis, misma que recurre la resolución en la que el Ad-quem de fecha treinta de enero del dos mil quince en la cual confirma un auto de formal procesamiento de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce emitido por el juzgado segundo de Letras Departamental de Choluteca, en la cual se le imponen las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva como ser la presentación periódica los días viernes de cada semana en el juzgado de paz del municipio de San Marcos de Colon, Choluteca a efectos de firmar el libro de asistencias, así como la prohibición de salir del país sin previa autorización de los juzgados, la prohibición a los imputados de comunicarse con el ofendido y el desalojo del bien inmueble usurpado, dentro del término de treinta días una vez que la resolución adquiera el carácter de firme, mismas que se encuentran contempladas en el articulo 173 numerales 6, 7, 9 y el artículo 227 del código penal.- Considerando (4): Establece el recurrente que en fecha cinco de febrero del dos mil quince se interpuso el recurso de reposición contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de fecha seis de febrero del año dos mil quince en la cual se declara sin lugar el recurso, con lo cual según el recurrente se agota el tramite ordenado en la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Considerando (5): Que a criterio del recurrente la sentencia emitida por el AD-QUEM es violatoria de los preceptos constitucionales como ser el derecho a la defensa contemplado en nuestra Carta Magna en su artículo numero 82, así como el debido proceso contemplado en el artículo 90 de la norma pre citada, de igual manera los artículos 321 y 323 del mismo cuerpo legal, en relación al artículo 54 del Código Procesal Penal en lo referente al derecho de propiedad en el caso de usurpación.- Considerando (6): Que el recurrente realiza una cronología en relación a los hechos de los cuales son acusados sus representados así mismo en la exposición de los preceptos constitucionales violentados, haciendo mención en las incidencias por las cuales a su criterio no debió de haberse conocido la presente causa por la vía penal, pues a criterio del recurrente, la presente causa se debió haber dirimido por la vía civil haciendo acopio del artículo 54 del Código Procesal Penal en el cual literalmente establece:…. “Los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles.”, es en tal sentido que el recurrente señala que el A_QUO no debió conocer de la presente causa por ser eminentemente civil y no debió despacharse ni ejecutarse el desalojo ordenado por el A-Quo, razón por la cual considera el recurrente que debió haberse decretado un sobreseimiento definitivo por parte del A-QUO, indicando así mismo las pruebas que fueron evacuadas y la prueba en que sustento el A-quo al momento de decretar el auto de formal procesamiento en contra de sus representados.- Considerando(7): Que el recurrente señala los preceptos constitucionales violentados son el derecho a la defensa y el debido proceso, en la resolución recurrida, emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, al hacer una revisión exhaustiva de la resolución emitida por la misma, en la motivación probatoria de la resolución recurrida la alzada razona en las siguientes palabra en su considerando séptimo (7) de la segunda pieza de autos que corre agregada a folio trece(13) en la cual establece: “… séptimo (7) que ha quedado acreditado plenamente en audiencia inicial que el señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS es el legitimo propietario del bien inmueble objeto de de la usurpación que motiva el presente requerimiento fiscal, situación legal que quedo debidamente acreditado mediante el testimonio de escritura pública de compra y venta , autorizado por el notario EFRAIN FLORES HERNANDEZ en fecha 27 de mayo de la año dos mil catorce mismo que fue debidamente inscrito en el instituto de la propiedad, bajo los asientos numero 55 tomo 2016, según documento adjunto en la primera pieza de autos a folios 17 y 18, acompañándose en la misma audiencia referida prueba documental sobre el tracto sucesivo que respalda el inmueble en referencia; habiendo igualmente probado en la misma audiencia que los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO(imputados), se encuentran en posesión del inmueble referido, lo que se acredito tanto con el testimonio por la parte ofendida, como con el documento consistente en peritaje realizado por la oficina de catastro municipal, del municipio de San Marcos de Colon del Departamento de Choluteca, donde se establece que los hoy imputados se encuentran ocupando el inmueble que según el documento antes referido corresponde al hoy ofendido; de manera que si bien es cierto la defensa privada de los hoy imputados ha presentado como medio de prueba, declaraciones testificales y documentales, con los mismos no se ha logrado acreditar hasta este momento procesal el derecho que pudiese asistirles sobre el inmueble en referencia, pues en las controversias acreditadas en dicha audiencia se hace mención a personas diferentes a los hoy imputados por lo que para este tribunal de alzada quedaron debidamente acreditados los dos elementos exigidos por nuestra normativa procesal y constitucional para el decreto del auto de formal procesamiento, como bien fue decretado por el juez de primera instancia.” (folio 13 de la segunda pieza de los antecedentes).- Considerando (8): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los jueces y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de las garantías genéricas del derecho a la defensa y el debido proceso, consagrada en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- Considerando (9): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, apegados a la sana critica, formando su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida tal y como lo prescribe el artículo 198 del Código Procesal Penal, en tal sentido la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado SERGIO DAVID LOVO SEGOBIA, quien actúa en el proceso en su condición de defensor privado de los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO contra el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Usurpación decretado en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, considerando de igual forma la Alzada por los razonamientos esbozados en la motivación jurídica de su resolución, que la jurisdicción que debe conocer del asunto es la Penal, ello porque existe documento que acredita la propiedad del inmueble, situación que no debe ventilar en consecuencia la Jurisdicción Civil, al haberse acreditado en Audiencia Inicial dicho extremo.- Considerando (10): Que como ya lo ha esbozado la sala de lo constitucional en reiteradas sentencias, el referencia al derecho a la defensa e no se ha constatado que exista vulneración al mismo contenido en el artículo 82 Constitucional, observándose de que el recurrente ha tenido los medios de defensa técnica y procesal a su disposición y alcance, encontrándose debidamente representado en todo momento y haciendo uso de los recursos y habiéndosele respetado sus derechos y garantías en todo momento, por lo que no es de recibo este motivo de amparo. En cuanto al Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de valorar los medios de prueba, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la República y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio de los motivos de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados.- Considerando (11): En conclusión esta Sala puede afirmar que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido apegada a derecho, respetando todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales y haciendo uso de de la sana critica y razonamientos lógicos, respetando el debido proceso y haciendo una valoración conjunta y armónica de la prueba, con su respectiva motivación para fundamentar la resolución adoptada con la cual no se han vulnerado en perjuicio de los imputados los derechos constitucionales invocados, en este orden de ideas el Ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución adoptada.- Considerando (12): Que al haberse constatado del estudio y análisis del presente recurso la no vulneración de los derechos fundamentales señalados por haberse respetado los mismos en todas y cada una de las etapas procesales, y encontrarse la resolución recurrida apegada a derecho, se estima procedente denegar el recurso de amparo por las argumentaciones antes indicadas.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 54 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por el señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha treinta de enero de dos mil quince, que declaró Sin Lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca; en fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce; con relación a la causa instruida contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0262-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha treinta de enero de dos mil quince, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca; en fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce; con relación a la causa instruida contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado De Letras Segundo Departamental De Choluteca, el Abogado JOSE LUIS REYES BENAVIDES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- 2) Que en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado Resolvió: 1) Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, a los imputados GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, a quienes se les supone responsables a titulo de autor del delito de USURPACION, en perjuicio de ERIC JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS:_2) ratificar la medida cautelar a que están sometidos los imputados, mediante audiencia de imputado de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, y que se refiere a que dichos imputados se presenten al Juzgado de Paz del Municipio de San marcos de Colón, Choluteca todos los días viernes de cada semana, a firmar el libro de asistencia que se lleva en dicho Juzgado.-Asimismo prohibirle a los imputados salir del País, sin la autorización de este juzgado, como prohibirle a dicho imputado comunicarse con el ofendido; Asimismo se ordena a los imputados procedan a desalojar el bien Inmueble antes usurpado, en el termino de treinta días una vez que la presente resolución tenga el carácter de firme…” (Folios del ochenta y nueve (89) al ciento catorce (114) de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, dictó sentencia en fecha treinta de enero del año dos mil quince, en la cual FALLÓ: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DAVID LOVO SEGOVIA, en su condición de Defensor Privado, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras Segundo Departamental, en la causa Penal instruida contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlos responsable del delito USURPACION en perjuicio de los señores WILMER ALFREDO ALVARADO ESCOBAR Y CARLOS PRUDENCIO ALVARADO ESCOBAR. Y en segundo lugar REVOCAR la resolución recurrida y en su lugar decretar el correspondiente Auto de Prisión contra la señora EMERITA MATAMOROS NUÑEZ por el delito USURPACION en perjuicio señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- 4) El señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de SI MISMO, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta de enero del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha seis de agosto del año dos mil once, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio ciento cincuenta y seis (156) de los antecedentes).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado De Letras Segundo Departamental De Choluteca, el Abogado JOSE LUIS REYES BENAVIDES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS.- considerando (3): que en fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince, compareció ante este alto tribunal, el señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, incoando la acción de amparo contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de fecha treinta de enero del dos mil dieciséis, misma que recurre la resolución en la que el Ad-quem de fecha treinta de enero del dos mil quince en la cual confirma un auto de formal procesamiento de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce emitido por el juzgado segundo de Letras Departamental de Choluteca, en la cual se le imponen las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva como ser la presentación periódica los días viernes de cada semana en el juzgado de paz del municipio de San Marcos de Colon, Choluteca a efectos de firmar el libro de asistencias, así como la prohibición de salir del país sin previa autorización de los juzgados, la prohibición a los imputados de comunicarse con el ofendido y el desalojo del bien inmueble usurpado, dentro del término de treinta días una vez que la resolución adquiera el carácter de firme, mismas que se encuentran contempladas en el articulo 173 numerales 6, 7, 9 y el artículo 227 del código penal.- Considerando (4): Establece el recurrente que en fecha cinco de febrero del dos mil quince se interpuso el recurso de reposición contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de fecha seis de febrero del año dos mil quince en la cual se declara sin lugar el recurso, con lo cual según el recurrente se agota el tramite ordenado en la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Considerando (5): Que a criterio del recurrente la sentencia emitida por el AD-QUEM es violatoria de los preceptos constitucionales como ser el derecho a la defensa contemplado en nuestra Carta Magna en su artículo numero 82, así como el debido proceso contemplado en el artículo 90 de la norma pre citada, de igual manera los artículos 321 y 323 del mismo cuerpo legal, en relación al artículo 54 del Código Procesal Penal en lo referente al derecho de propiedad en el caso de usurpación.- Considerando (6): Que el recurrente realiza una cronología en relación a los hechos de los cuales son acusados sus representados así mismo en la exposición de los preceptos constitucionales violentados, haciendo mención en las incidencias por las cuales a su criterio no debió de haberse conocido la presente causa por la vía penal, pues a criterio del recurrente, la presente causa se debió haber dirimido por la vía civil haciendo acopio del artículo 54 del Código Procesal Penal en el cual literalmente establece:…. “Los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles.”, es en tal sentido que el recurrente señala que el A_QUO no debió conocer de la presente causa por ser eminentemente civil y no debió despacharse ni ejecutarse el desalojo ordenado por el A-Quo, razón por la cual considera el recurrente que debió haberse decretado un sobreseimiento definitivo por parte del A-QUO, indicando así mismo las pruebas que fueron evacuadas y la prueba en que sustento el A-quo al momento de decretar el auto de formal procesamiento en contra de sus representados.- Considerando(7): Que el recurrente señala los preceptos constitucionales violentados son el derecho a la defensa y el debido proceso, en la resolución recurrida, emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, al hacer una revisión exhaustiva de la resolución emitida por la misma, en la motivación probatoria de la resolución recurrida la alzada razona en las siguientes palabra en su considerando séptimo (7) de la segunda pieza de autos que corre agregada a folio trece(13) en la cual establece: “… séptimo (7) que ha quedado acreditado plenamente en audiencia inicial que el señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS es el legitimo propietario del bien inmueble objeto de de la usurpación que motiva el presente requerimiento fiscal, situación legal que quedo debidamente acreditado mediante el testimonio de escritura pública de compra y venta , autorizado por el notario EFRAIN FLORES HERNANDEZ en fecha 27 de mayo de la año dos mil catorce mismo que fue debidamente inscrito en el instituto de la propiedad, bajo los asientos numero 55 tomo 2016, según documento adjunto en la primera pieza de autos a folios 17 y 18, acompañándose en la misma audiencia referida prueba documental sobre el tracto sucesivo que respalda el inmueble en referencia; habiendo igualmente probado en la misma audiencia que los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO(imputados), se encuentran en posesión del inmueble referido, lo que se acredito tanto con el testimonio por la parte ofendida, como con el documento consistente en peritaje realizado por la oficina de catastro municipal, del municipio de San Marcos de Colon del Departamento de Choluteca, donde se establece que los hoy imputados se encuentran ocupando el inmueble que según el documento antes referido corresponde al hoy ofendido; de manera que si bien es cierto la defensa privada de los hoy imputados ha presentado como medio de prueba, declaraciones testificales y documentales, con los mismos no se ha logrado acreditar hasta este momento procesal el derecho que pudiese asistirles sobre el inmueble en referencia, pues en las controversias acreditadas en dicha audiencia se hace mención a personas diferentes a los hoy imputados por lo que para este tribunal de alzada quedaron debidamente acreditados los dos elementos exigidos por nuestra normativa procesal y constitucional para el decreto del auto de formal procesamiento, como bien fue decretado por el juez de primera instancia.” (folio 13 de la segunda pieza de los antecedentes).- Considerando (8): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los jueces y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de las garantías genéricas del derecho a la defensa y el debido proceso, consagrada en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- Considerando (9): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, apegados a la sana critica, formando su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida tal y como lo prescribe el artículo 198 del Código Procesal Penal, en tal sentido la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado SERGIO DAVID LOVO SEGOBIA, quien actúa en el proceso en su condición de defensor privado de los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO contra el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Usurpación decretado en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, considerando de igual forma la Alzada por los razonamientos esbozados en la motivación jurídica de su resolución, que la jurisdicción que debe conocer del asunto es la Penal, ello porque existe documento que acredita la propiedad del inmueble, situación que no debe ventilar en consecuencia la Jurisdicción Civil, al haberse acreditado en Audiencia Inicial dicho extremo.- Considerando (10): Que como ya lo ha esbozado la sala de lo constitucional en reiteradas sentencias, el referencia al derecho a la defensa e no se ha constatado que exista vulneración al mismo contenido en el artículo 82 Constitucional, observándose de que el recurrente ha tenido los medios de defensa técnica y procesal a su disposición y alcance, encontrándose debidamente representado en todo momento y haciendo uso de los recursos y habiéndosele respetado sus derechos y garantías en todo momento, por lo que no es de recibo este motivo de amparo. En cuanto al Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de valorar los medios de prueba, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la República y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio de los motivos de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados.- Considerando (11): En conclusión esta Sala puede afirmar que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido apegada a derecho, respetando todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales y haciendo uso de de la sana critica y razonamientos lógicos, respetando el debido proceso y haciendo una valoración conjunta y armónica de la prueba, con su respectiva motivación para fundamentar la resolución adoptada con la cual no se han vulnerado en perjuicio de los imputados los derechos constitucionales invocados, en este orden de ideas el Ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución adoptada.- Considerando (12): Que al haberse constatado del estudio y análisis del presente recurso la no vulneración de los derechos fundamentales señalados por haberse respetado los mismos en todas y cada una de las etapas procesales, y encontrarse la resolución recurrida apegada a derecho, se estima procedente denegar el recurso de amparo por las argumentaciones antes indicadas.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 54 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por el señor GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha treinta de enero de dos mil quince, que declaró Sin Lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca; en fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce; con relación a la causa instruida contra los señores GABRIEL AGUSTIN MENDOZA CARCAMO, JUAN ANTONIO MENDOZA CARCAMO Y JORGE ALBERTO MENDOZA CARCAMO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ERICK JAVIER HERNANDEZ CEVALLOS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0262-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”