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Sentencia AP-219-16 — Registro 6839

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto de formal procesamiento dictado por el juzgado de letras de primera instancia que dictó auto de formal procesamiento contra la recurrente por suponerla responsable del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y la Fé Pública en perjuicio del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem ésta debidamente razonada en consideración a que ciertamente se han cuestionado las Escrituras referidas, sin embargo en tanto no se decrete su nulidad de acuerdo a la justicia civil, el instrumento público seguirá surtiendo efectos conforme la ley, en consecuencia, se estará a lo fallado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la cuestión litigiosa en materia civil, conforme a derecho; Y realizar una actividad jurisdiccional de índole penal pondría en riesgo la fe pública, y solamente podrán ponerse en entre dicho mediante juicio contradictorio, de donde resulte la certeza de la inexistencia del acto o contrato, por haber mediado dolo u otro elemento que demuestre la inexistencia de la verdad, mientras tanto los instrumentos públicos cuestionados mantienen su vigencia en el tráfico jurídico..."..."el Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha Cinco de mayo del año 2001 Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuoso o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”..."..."esta Sala encuentra que ciertamente la abogada y Notaria DELMA CRISTELA LANZA, actúo a pedimento de parte, en ningún momento ha negado que haya firmado la escritura pública impugnada, además reconoce el haber prestado su Protocolo al Abogado Jhony Tejeda para que firmarán las partes, que dicha actuación de acuerdo al Código Penal vigente no constituye delito, sino una actuación que inobserva el Código del Notariado en sus prohibiciones, siendo así, la Notaria debe ser sancionada de acuerdo a lo dispuesto en La Ley del Notariado..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto, debiendo dirimir a la Justicia Civil el conocimiento de la controversia o en su caso, continuar la demanda presentada en el Juzgado de Letras de lo Civil de éste departamento, bajo el No. 0801-2013-00463 CPCO..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EDIN JANETH MORAZÁN VENTURA a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos de septiembre de dos mil quince, que declaró No ha Lugar un recurso de apelación y confirmó un auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FOAD ALEJANDRO CASTILLO FERRUFINO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores DELMA CRISTELA LANZA Y JOSE GRICELIO RODRIGUEZ PONCE por suponerlos responsables a la primera por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y al segundo por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS ambos en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha seis de marzo de dos mil quince, la Abogada SILVIA YANETH MEJIA HERNANDEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitando el señalamiento de Audiencia para la Prosecución de la Acción Penal, en consecuencia, el referido Juzgado señaló audiencia para el día veinte de abril de dos mil quince, la cual no se celebró el día indicado según constancia emitida por el juzgado, señalándose nueva audiencia para el quince de junio de dos mil quince. (Folios 211 al 212, 213, 216 y 218 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que en fechas quince y diecisiete de junio de dos mil quince, se celebró Audiencia de Prosecución de la Acción Penal, en la cual el Abogado MARIO ROBERTO RIOS en su condición de defensor privado de la imputada interpuso Excepción de Incompetencia de Tribunal, resolviendo el citado Juzgado declarando sin lugar la misma; en cuanto a la Prosecución Penal resolvió de la siguiente manera: “… DICTA: 1.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra DELMA CRISTELA LANZA, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS Y LA FE PUBLICA.- 2.- Se le imponen las medidas cautelares distintas a la Prisión Preventiva contenidas en el numeral 6 del artículo 173 de CCP, consistentes en: Obligar a la imputada a presentarse cada mes a firmar el libro respectivo a la secretaría de este Juzgado, haciéndose la advertencia que en caso de incumplimiento de estas medidas dará lugar a revocar las mismas y sustituirlas por una u otras más gravosas. (Folios 266 al 284 de la primera pieza de antecedentes.)- 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO RIOS, en su condición de Apoderado Defensor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución de fecha quince de junio de dos mil quince, dictada por el A-quo y de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dos de septiembre de dos mil quince, mediante la cual falló declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia Confirmó la resolución recurrida. (Folios 330 al 336 de la segunda pieza de antecedentes).- 5) Que la Abogada EDIN JANETH MORAZAN VENTURA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dos de septiembre de dos mil quince, es violatoria de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha nueve de enero de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha dos de septiembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso, la recurrente señala los antecedentes del proceso y los medios de prueba que fueron propuestas en la audiencia de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil once (2011), resultando que en aquel momento se dictó un sobreseimiento provisional a favor de la acusada, resolución que fue apelada por considerar la apelante que debió dictarse un sobreseimiento definitivo, confirmando el tribunal de alzada el sobreseimiento Provisional.- CONSIDERANDO (5): Que en fecha quince de junio del año dos mil quince se celebró audiencia de prosecución, en la cual la defensa interpuso Excepción de Incompetencia de Tribunal, por considerar que no es un Juez Penal el que debe conocer la causa, ya que de acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, se debe seguir previamente el procedimiento ante un Juez Civil, que determine la nulidad o falsedad del instrumento público, así como la existencia de un acto ilícito cometido por el Ministro de Fe debidamente comprobado a través de un juicio contradictorio. Señalando la recurrente que ya obra en el Juzgado de Letras de lo Civil de éste departamento un juicio bajo el No. 0801-2013-00463 CPCO, donde se solicita la nulidad del Instrumento Público cuestionado, así como su inscripción en el Registro de la propiedad inmueble y mercantil, por el representante legal de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días, demanda que sigue su curso según constancia de fecha 10 de junio del año 2016.- CONSIDERANDO (6): Que en la referida audiencia de prosecución se incorporó como medio de prueba un dictamen calígrafo emitido por los laboratorios de Medicina Forense, en el que se determina que la firma cuestionada a nombre de DELMA CRISTELA LANZA, presenta las mismas características escriturales que están presentes en las firmas de nombre DELMA CRISTELA LANZA, de la cual se parecía a posible falsificación de documentos públicos. Además expone la recurrente (SIC)”QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HA PUESTO EN DUDA QUE SU REPRESENTADA NO FIRMÓ EL PROTOCOLO QUE CONTIENE EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (1318), TAL COMO ELLA MISMA LO DECLARÓ EN LA OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO SU DECLARACIÓN RENDIDA EN LA AUDIENCIA DE PROSECUCIÓN, QUE PRESTÓ SU PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FIRMAS DE LOS OTORGANTES AL ABOGADO JOHNNY TEJEDA, Y QUE DICHO PROTOCOLO APARECE SIN FIRMAS PUES EN FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2007 SU OFICINA FUE OBJETO DE UN ALLANAMIENTO POR LA FISCALIA DEL CRIMEN ORGANIZADO”, allanamiento en el que se llevaron cualquier cantidad de documentos, entre ellos se encontraba el protocolo del 2006 así como otros instrumentos, dijo la Notaria durante su declaración que trató de reconstruir los instrumentos, lográndolo con algunos pero con otros no, entre ellos el Instrumento Un mil trescientos dieciocho (1318), en la Contraloría solo se encontraba una reproducción del instrumento, ya que lo tenía archivado en su computadora y que, solo para dejar constancia que en esos folios se otorgó el instrumento público 1318, otorgado por el señor EDDY RAIMUNDO GALO ALVARENGA en la condición indicada a favor del señor JOSE GRICELIO RODRIGUEZ PONCE, fue que agregó el documento solamente con su firma. Finalmente señala la recurrente que si la Notaria nunca ha negado que las firmas que aparecen son la suyas, por lo tanto no se puede atribuir una falsificación de documentos públicos, ya que la firma que aparece en el protocolo número un mil trescientos dieciocho (1318) es la firma que se tomó a la Notaria DELMA CRISTELA LANZA por peritos del Ministerio Público, por lo que la recurrente repregunta ¿a que falsificación de documentos públicos se refiere la señora Jueza? si se trata de la misma firma hecho por una sola persona”. La impetrante considera quebrantados el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 y el Derecho al Estado de inocencia del artículo 89.- CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem, en la resolución impugnada expone una relación de los hechos que motivan el proceso, así como los medios de prueba de los que se han hecho valer las partes, señalando en el numeral tres (3) del párrafo de la motivación el artículo 47 del código Procesal Penal, refiriéndose al momento procesal para interponer la excepción de Incompetencia de Tribunal, que podrá interponerse oralmente en la audiencia inicial y las de falta de acción, la extinción en cualquier etapa del proceso. Manifiesta que la excepción de Incompetencia de Tribunal fue expuesta en la audiencia inicial de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, interponiendo recurso de reposición mismo que fue declarado sin lugar, todo ello en consideración ya que el requerimiento fue presentado ante un juzgado penal y debió ser la esfera de lo civil la que conociera del asunto. Además expone “La competencia es la potestad atribuida a los órganos jurisdiccionales para conocer y resolver determinado asunto…. Expone acerca de la sanción contenida en el artículo 284 del código Penal, resaltando el numeral 2) suponiendo en un acto la intervención de persona que no la han tenido….” Invoca además el artículo 92 reformado de la Constitución de la República que establece los requisitos del auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice…, requisitos necesarios para establecer si el acusado amerita un auto de formal procesamiento a fin de que sean en juicio oral y público, después de una concienzuda valoración de la prueba que se resuelvan los aspectos de fondo tales como; la existencia del hecho, participación o no de la persona acusada, etc. Manifestando el Ad quem “De la prueba relacionada, este Tribunal de alzada aprecia que existen los indicios necesarios para estimar que la acusada ha participado en el delito de falsificación de documentos públicos por el cual han sido traída a juicio, por lo que procede dictar auto de formal procesamiento”.- CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano, contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem ésta debidamente razonada en consideración a que ciertamente se han cuestionado las Escrituras referidas, sin embargo en tanto no se decrete su nulidad de acuerdo a la justicia civil, el instrumento público seguirá surtiendo efectos conforme la ley, en consecuencia, se estará a lo fallado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la cuestión litigiosa en materia civil, conforme a derecho; Y realizar una actividad jurisdiccional de índole penal pondría en riesgo la fe pública, y solamente podrán ponerse en entre dicho mediante juicio contradictorio, de donde resulte la certeza de la inexistencia del acto o contrato, por haber mediado dolo u otro elemento que demuestre la inexistencia de la verdad, mientras tanto los instrumentos públicos cuestionados mantienen su vigencia en el tráfico jurídico.- CONSIDERANDO (9): Que el Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha Cinco de mayo del año 2001 Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuoso o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”. Al respecto esta Sala encuentra que ciertamente la abogada y Notaria DELMA CRISTELA LANZA, actúo a pedimento de parte, en ningún momento ha negado que haya firmado la escritura pública impugnada, además reconoce el haber prestado su Protocolo al Abogado Jhony Tejeda para que firmarán las partes, que dicha actuación de acuerdo al Código Penal vigente no constituye delito, sino una actuación que inobserva el Código del Notariado en sus prohibiciones, siendo así, la Notaria debe ser sancionada de acuerdo a lo dispuesto en La Ley del Notariado.- CONSIDERANDO (10): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porqué hacer un uso extensivo de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos,(el subrayado es nuestro).- CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto, debiendo dirimir a la Justicia Civil el conocimiento de la controversia o en su caso, continuar la demanda presentada en el Juzgado de Letras de lo Civil de éste departamento, bajo el No. 0801-2013-00463 CPCO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada EDIN YANETH MORAZAN VENTURA, a favor de la Abogada y Notaria DELMA CRISTELA LANZA, contra la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que se dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los demás efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., quince de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO el escrito que antecede presentado por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA quien comparece actuando en su condición de representante procesal de la “IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS”, interponiendo un recurso de reposición contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en la acción de amparo incoado por la Abogada EDIN JANETH MORAZAN VENTURA a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos de septiembre dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República reconoce en su Artículo 80 el derecho que tiene toda persona u asociación de personas de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, asimismo, que el escrito presentado por el compareciente tiene como objeto: La interposición de un recurso de reposición contra el fallo pronunciado por esta Sala en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, con la particularidad que el recurso de amparo no ha sido interpuesto por el peticionario.- CONSIDERANDO: Que mediante el recurso de amparo toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerlo para que se le mantenga o restituya el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece.- CONSIDERANDO: Que en el derecho procesal, la legitimación, alude a la condición del sujeto que ostenta tanto la capacidad para ser parte, como la capacidad procesal. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará en juicio, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular, por lo anterior, y de conformidad con la ley, se hace la observación al peticionario que el trámite de la acción constitucional de amparo no es de naturaleza contenciosa, iniciándose el mismo por aquella persona que se considera agraviada y que afirma ostentar la titularidad de los derechos constitucionales que se invocan como amenazados, disminuidos y/o violentados por parte de la autoridad recurrida.- CONSIDERANDO: Que la pretensión de reposición por parte del compareciente, Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA, no puede ser admisible en el procedimiento que nos ocupa, toda vez que lleva como propósito contender una acción constitucional de la cual no formaron parte y cuyo trámite además de concluido, no ha sido establecido como contencioso por la ley. Adicionalmente, el impetrante pretende rebatir, en forma impropia, un fallo que sólo admitía en su caso, ser recurrido por quien es parte recurrente en el presente trámite.- CONSIDERANDO: Que al no ser de recibo las alegaciones y pretensiones del compareciente, quien no ostentan la legitimación para comparecer o actuar en el presente trámite, resulta oportuno declarar sin lugar la pretensión que ha sometido al conocimiento y resolución de esta Sala.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición planteado por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA en el presente trámite de amparo, en virtud que no ostenta la legitimación para comparecer o actuar en el presente trámite de amparo; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por esta Sala y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia y Resolución de fechas veintiuno (21) de febrero y quince (15) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), respectivamente, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0219-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EDIN JANETH MORAZÁN VENTURA a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos de septiembre de dos mil quince, que declaró No ha Lugar un recurso de apelación y confirmó un auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FOAD ALEJANDRO CASTILLO FERRUFINO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores DELMA CRISTELA LANZA Y JOSE GRICELIO RODRIGUEZ PONCE por suponerlos responsables a la primera por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y al segundo por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS ambos en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha seis de marzo de dos mil quince, la Abogada SILVIA YANETH MEJIA HERNANDEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitando el señalamiento de Audiencia para la Prosecución de la Acción Penal, en consecuencia, el referido Juzgado señaló audiencia para el día veinte de abril de dos mil quince, la cual no se celebró el día indicado según constancia emitida por el juzgado, señalándose nueva audiencia para el quince de junio de dos mil quince. (Folios 211 al 212, 213, 216 y 218 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que en fechas quince y diecisiete de junio de dos mil quince, se celebró Audiencia de Prosecución de la Acción Penal, en la cual el Abogado MARIO ROBERTO RIOS en su condición de defensor privado de la imputada interpuso Excepción de Incompetencia de Tribunal, resolviendo el citado Juzgado declarando sin lugar la misma; en cuanto a la Prosecución Penal resolvió de la siguiente manera: “… DICTA: 1.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra DELMA CRISTELA LANZA, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS Y LA FE PUBLICA.- 2.- Se le imponen las medidas cautelares distintas a la Prisión Preventiva contenidas en el numeral 6 del artículo 173 de CCP, consistentes en: Obligar a la imputada a presentarse cada mes a firmar el libro respectivo a la secretaría de este Juzgado, haciéndose la advertencia que en caso de incumplimiento de estas medidas dará lugar a revocar las mismas y sustituirlas por una u otras más gravosas. (Folios 266 al 284 de la primera pieza de antecedentes.)- 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO RIOS, en su condición de Apoderado Defensor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución de fecha quince de junio de dos mil quince, dictada por el A-quo y de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dos de septiembre de dos mil quince, mediante la cual falló declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia Confirmó la resolución recurrida. (Folios 330 al 336 de la segunda pieza de antecedentes).- 5) Que la Abogada EDIN JANETH MORAZAN VENTURA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dos de septiembre de dos mil quince, es violatoria de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha nueve de enero de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha dos de septiembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso, la recurrente señala los antecedentes del proceso y los medios de prueba que fueron propuestas en la audiencia de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil once (2011), resultando que en aquel momento se dictó un sobreseimiento provisional a favor de la acusada, resolución que fue apelada por considerar la apelante que debió dictarse un sobreseimiento definitivo, confirmando el tribunal de alzada el sobreseimiento Provisional.- CONSIDERANDO (5): Que en fecha quince de junio del año dos mil quince se celebró audiencia de prosecución, en la cual la defensa interpuso Excepción de Incompetencia de Tribunal, por considerar que no es un Juez Penal el que debe conocer la causa, ya que de acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, se debe seguir previamente el procedimiento ante un Juez Civil, que determine la nulidad o falsedad del instrumento público, así como la existencia de un acto ilícito cometido por el Ministro de Fe debidamente comprobado a través de un juicio contradictorio. Señalando la recurrente que ya obra en el Juzgado de Letras de lo Civil de éste departamento un juicio bajo el No. 0801-2013-00463 CPCO, donde se solicita la nulidad del Instrumento Público cuestionado, así como su inscripción en el Registro de la propiedad inmueble y mercantil, por el representante legal de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días, demanda que sigue su curso según constancia de fecha 10 de junio del año 2016.- CONSIDERANDO (6): Que en la referida audiencia de prosecución se incorporó como medio de prueba un dictamen calígrafo emitido por los laboratorios de Medicina Forense, en el que se determina que la firma cuestionada a nombre de DELMA CRISTELA LANZA, presenta las mismas características escriturales que están presentes en las firmas de nombre DELMA CRISTELA LANZA, de la cual se parecía a posible falsificación de documentos públicos. Además expone la recurrente (SIC)”QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HA PUESTO EN DUDA QUE SU REPRESENTADA NO FIRMÓ EL PROTOCOLO QUE CONTIENE EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (1318), TAL COMO ELLA MISMA LO DECLARÓ EN LA OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO SU DECLARACIÓN RENDIDA EN LA AUDIENCIA DE PROSECUCIÓN, QUE PRESTÓ SU PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FIRMAS DE LOS OTORGANTES AL ABOGADO JOHNNY TEJEDA, Y QUE DICHO PROTOCOLO APARECE SIN FIRMAS PUES EN FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2007 SU OFICINA FUE OBJETO DE UN ALLANAMIENTO POR LA FISCALIA DEL CRIMEN ORGANIZADO”, allanamiento en el que se llevaron cualquier cantidad de documentos, entre ellos se encontraba el protocolo del 2006 así como otros instrumentos, dijo la Notaria durante su declaración que trató de reconstruir los instrumentos, lográndolo con algunos pero con otros no, entre ellos el Instrumento Un mil trescientos dieciocho (1318), en la Contraloría solo se encontraba una reproducción del instrumento, ya que lo tenía archivado en su computadora y que, solo para dejar constancia que en esos folios se otorgó el instrumento público 1318,otorgado por el señor EDDY RAIMUNDO GALO ALVARENGA en la condición indicada a favor del señor JOSE GRICELIO RODRIGUEZ PONCE, fue que agregó el documento solamente con su firma. Finalmente señala la recurrente que si la Notaria nunca ha negado que las firmas que aparecen son la suyas, por lo tanto no se puede atribuir una falsificación de documentos públicos, ya que la firma que aparece en el protocolo número un mil trescientos dieciocho (1318) es la firma que se tomó a la Notaria DELMA CRISTELA LANZA por peritos del Ministerio Público, por lo que la recurrente repregunta ¿a que falsificación de documentos públicos se refiere la señora Jueza? si se trata de la misma firma hecho por una sola persona”. La impetrante considera quebrantados el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 y el Derecho al Estado de inocencia del artículo 89.- CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem, en la resolución impugnada expone una relación de los hechos que motivan el proceso, así como los medios de prueba de los que se han hecho valer las partes, señalando en el numeral tres (3) del párrafo de la motivación el artículo 47 del código Procesal Penal, refiriéndose al momento procesal para interponer la excepción de Incompetencia de Tribunal, que podrá interponerse oralmente en la audiencia inicial y las de falta de acción, la extinción en cualquier etapa del proceso. Manifiesta que la excepción de Incompetencia de Tribunal fue expuesta en la audiencia inicial de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, interponiendo recurso de reposición mismo que fue declarado sin lugar, todo ello en consideración ya que el requerimiento fue presentado ante un juzgado penal y debió ser la esfera de lo civil la que conociera del asunto. Además expone “La competencia es la potestad atribuida a los órganos jurisdiccionales para conocer y resolver determinado asunto…. Expone acerca de la sanción contenida en el artículo 284 del código Penal, resaltando el numeral 2) suponiendo en un acto la intervención de persona que no la han tenido….” Invoca además el artículo 92 reformado de la Constitución de la República que establece los requisitos del auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice…, requisitos necesarios para establecer si el acusado amerita un auto de formal procesamiento a fin de que sean en juicio oral y público, después de una concienzuda valoración de la prueba que se resuelvan los aspectos de fondo tales como; la existencia del hecho, participación o no de la persona acusada, etc. Manifestando el Ad quem “De la prueba relacionada, este Tribunal de alzada aprecia que existen los indicios necesarios para estimar que la acusada ha participado en el delito de falsificación de documentos públicos por el cual han sido traída a juicio, por lo que procede dictar auto de formal procesamiento”.- CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano, contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem ésta debidamente razonada en consideración a que ciertamente se han cuestionado las Escrituras referidas, sin embargo en tanto no se decrete su nulidad de acuerdo a la justicia civil, el instrumento público seguirá surtiendo efectos conforme la ley, en consecuencia, se estará a lo fallado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la cuestión litigiosa en materia civil, conforme a derecho; Y realizar una actividad jurisdiccional de índole penal pondría en riesgo la fe pública, y solamente podrán ponerse en entre dicho mediante juicio contradictorio, de donde resulte la certeza de la inexistencia del acto o contrato, por haber mediado dolo u otro elemento que demuestre la inexistencia de la verdad, mientras tanto los instrumentos públicos cuestionados mantienen su vigencia en el tráfico jurídico.- CONSIDERANDO (9): Que el Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha Cinco de mayo del año 2001 Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuoso o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”. Al respecto esta Sala encuentra que ciertamente la abogada y Notaria DELMA CRISTELA LANZA, actúo a pedimento de parte, en ningún momento ha negado que haya firmado la escritura pública impugnada, además reconoce el haber prestado su Protocolo al Abogado Jhony Tejeda para que firmarán las partes, que dicha actuación de acuerdo al Código Penal vigente no constituye delito, sino una actuación que inobserva el Código del Notariado en sus prohibiciones, siendo así, la Notaria debe ser sancionada de acuerdo a lo dispuesto en La Ley del Notariado.- CONSIDERANDO (10): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porqué hacer un uso extensivo de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos,(el subrayado es nuestro).- CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto, debiendo dirimir a la Justicia Civil el conocimiento de la controversia o en su caso, continuar la demanda presentada en el Juzgado de Letras de lo Civil de éste departamento, bajo el No. 0801-2013-00463 CPCO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada EDIN YANETH MORAZAN VENTURA, a favor de la Abogada y Notaria DELMA CRISTELA LANZA, contra la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que se dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los demás efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Y a solicitud de la Abogada EDIN JANETH MORAZAN VENTURA se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0219-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EDIN JANETH MORAZÁN VENTURA a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos de septiembre de dos mil quince, que declaró No ha Lugar un recurso de apelación y confirmó un auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FOAD ALEJANDRO CASTILLO FERRUFINO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores DELMA CRISTELA LANZA Y JOSE GRICELIO RODRIGUEZ PONCE por suponerlos responsables a la primera por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y al segundo por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS ambos en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha seis de marzo de dos mil quince, la Abogada SILVIA YANETH MEJIA HERNANDEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitando el señalamiento de Audiencia para la Prosecución de la Acción Penal, en consecuencia, el referido Juzgado señaló audiencia para el día veinte de abril de dos mil quince, la cual no se celebró el día indicado según constancia emitida por el juzgado, señalándose nueva audiencia para el quince de junio de dos mil quince. (Folios 211 al 212, 213, 216 y 218 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que en fechas quince y diecisiete de junio de dos mil quince, se celebró Audiencia de Prosecución de la Acción Penal, en la cual el Abogado MARIO ROBERTO RIOS en su condición de defensor privado de la imputada interpuso Excepción de Incompetencia de Tribunal, resolviendo el citado Juzgado declarando sin lugar la misma; en cuanto a la Prosecución Penal resolvió de la siguiente manera: “… DICTA: 1.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra DELMA CRISTELA LANZA, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS Y LA FE PUBLICA.- 2.- Se le imponen las medidas cautelares distintas a la Prisión Preventiva contenidas en el numeral 6 del artículo 173 de CCP, consistentes en: Obligar a la imputada a presentarse cada mes a firmar el libro respectivo a la secretaría de este Juzgado, haciéndose la advertencia que en caso de incumplimiento de estas medidas dará lugar a revocar las mismas y sustituirlas por una u otras más gravosas. (Folios 266 al 284 de la primera pieza de antecedentes.)- 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO RIOS, en su condición de Apoderado Defensor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución de fecha quince de junio de dos mil quince, dictada por el A-quo y de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dos de septiembre de dos mil quince, mediante la cual falló declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia Confirmó la resolución recurrida. (Folios 330 al 336 de la segunda pieza de antecedentes).- 5) Que la Abogada EDIN JANETH MORAZAN VENTURA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dos de septiembre de dos mil quince, es violatoria de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha nueve de enero de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha dos de septiembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso, la recurrente señala los antecedentes del proceso y los medios de prueba que fueron propuestas en la audiencia de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil once (2011), resultando que en aquel momento se dictó un sobreseimiento provisional a favor de la acusada, resolución que fue apelada por considerar la apelante que debió dictarse un sobreseimiento definitivo, confirmando el tribunal de alzada el sobreseimiento Provisional.- CONSIDERANDO (5): Que en fecha quince de junio del año dos mil quince se celebró audiencia de prosecución, en la cual la defensa interpuso Excepción de Incompetencia de Tribunal, por considerar que no es un Juez Penal el que debe conocer la causa, ya que de acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, se debe seguir previamente el procedimiento ante un Juez Civil, que determine la nulidad o falsedad del instrumento público, así como la existencia de un acto ilícito cometido por el Ministro de Fe debidamente comprobado a través de un juicio contradictorio. Señalando la recurrente que ya obra en el Juzgado de Letras de lo Civil de éste departamento un juicio bajo el No. 0801-2013-00463 CPCO, donde se solicita la nulidad del Instrumento Público cuestionado, así como su inscripción en el Registro de la propiedad inmueble y mercantil, por el representante legal de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días, demanda que sigue su curso según constancia de fecha 10 de junio del año 2016.- CONSIDERANDO (6): Que en la referida audiencia de prosecución se incorporó como medio de prueba un dictamen calígrafo emitido por los laboratorios de Medicina Forense, en el que se determina que la firma cuestionada a nombre de DELMA CRISTELA LANZA, presenta las mismas características escriturales que están presentes en las firmas de nombre DELMA CRISTELA LANZA, de la cual se parecía a posible falsificación de documentos públicos. Además expone la recurrente (SIC)”QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HA PUESTO EN DUDA QUE SU REPRESENTADA NO FIRMÓ EL PROTOCOLO QUE CONTIENE EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (1318), TAL COMO ELLA MISMA LO DECLARÓ EN LA OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO SU DECLARACIÓN RENDIDA EN LA AUDIENCIA DE PROSECUCIÓN, QUE PRESTÓ SU PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FIRMAS DE LOS OTORGANTES AL ABOGADO JOHNNY TEJEDA, Y QUE DICHO PROTOCOLO APARECE SIN FIRMAS PUES EN FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2007 SU OFICINA FUE OBJETO DE UN ALLANAMIENTO POR LA FISCALIA DEL CRIMEN ORGANIZADO”, allanamiento en el que se llevaron cualquier cantidad de documentos, entre ellos se encontraba el protocolo del 2006 así como otros instrumentos, dijo la Notaria durante su declaración que trató de reconstruir los instrumentos, lográndolo con algunos pero con otros no, entre ellos el Instrumento Un mil trescientos dieciocho (1318), en la Contraloría solo se encontraba una reproducción del instrumento, ya que lo tenía archivado en su computadora y que, solo para dejar constancia que en esos folios se otorgó el instrumento público 1318, otorgado por el señor EDDY RAIMUNDO GALO ALVARENGA en la condición indicada a favor del señor JOSE GRICELIO RODRIGUEZ PONCE, fue que agregó el documento solamente con su firma. Finalmente señala la recurrente que si la Notaria nunca ha negado que las firmas que aparecen son la suyas, por lo tanto no se puede atribuir una falsificación de documentos públicos, ya que la firma que aparece en el protocolo número un mil trescientos dieciocho (1318) es la firma que se tomó a la Notaria DELMA CRISTELA LANZA por peritos del Ministerio Público, por lo que la recurrente repregunta ¿a que falsificación de documentos públicos se refiere la señora Jueza? si se trata de la misma firma hecho por una sola persona”. La impetrante considera quebrantados el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 y el Derecho al Estado de inocencia del artículo 89.- CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem, en la resolución impugnada expone una relación de los hechos que motivan el proceso, así como los medios de prueba de los que se han hecho valer las partes, señalando en el numeral tres (3) del párrafo de la motivación el artículo 47 del código Procesal Penal, refiriéndose al momento procesal para interponer la excepción de Incompetencia de Tribunal, que podrá interponerse oralmente en la audiencia inicial y las de falta de acción, la extinción en cualquier etapa del proceso. Manifiesta que la excepción de Incompetencia de Tribunal fue expuesta en la audiencia inicial de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, interponiendo recurso de reposición mismo que fue declarado sin lugar, todo ello en consideración ya que el requerimiento fue presentado ante un juzgado penal y debió ser la esfera de lo civil la que conociera del asunto. Además expone “La competencia es la potestad atribuida a los órganos jurisdiccionales para conocer y resolver determinado asunto…. Expone acerca de la sanción contenida en el artículo 284 del código Penal, resaltando el numeral 2) suponiendo en un acto la intervención de persona que no la han tenido….” Invoca además el artículo 92 reformado de la Constitución de la República que establece los requisitos del auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice…, requisitos necesarios para establecer si el acusado amerita un auto de formal procesamiento a fin de que sean en juicio oral y público, después de una concienzuda valoración de la prueba que se resuelvan los aspectos de fondo tales como; la existencia del hecho, participación o no de la persona acusada, etc. Manifestando el Ad quem “De la prueba relacionada, este Tribunal de alzada aprecia que existen los indicios necesarios para estimar que la acusada ha participado en el delito de falsificación de documentos públicos por el cual han sido traída a juicio, por lo que procede dictar auto de formal procesamiento”.- CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano, contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem ésta debidamente razonada en consideración a que ciertamente se han cuestionado las Escrituras referidas, sin embargo en tanto no se decrete su nulidad de acuerdo a la justicia civil, el instrumento público seguirá surtiendo efectos conforme la ley, en consecuencia, se estará a lo fallado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la cuestión litigiosa en materia civil, conforme a derecho; Y realizar una actividad jurisdiccional de índole penal pondría en riesgo la fe pública, y solamente podrán ponerse en entre dicho mediante juicio contradictorio, de donde resulte la certeza de la inexistencia del acto o contrato, por haber mediado dolo u otro elemento que demuestre la inexistencia de la verdad, mientras tanto los instrumentos públicos cuestionados mantienen su vigencia en el tráfico jurídico.- CONSIDERANDO (9): Que el Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha Cinco de mayo del año 2001 Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuoso o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”. Al respecto esta Sala encuentra que ciertamente la abogada y Notaria DELMA CRISTELA LANZA, actúo a pedimento de parte, en ningún momento ha negado que haya firmado la escritura pública impugnada, además reconoce el haber prestado su Protocolo al Abogado Jhony Tejeda para que firmarán las partes, que dicha actuación de acuerdo al Código Penal vigente no constituye delito, sino una actuación que inobserva el Código del Notariado en sus prohibiciones, siendo así, la Notaria debe ser sancionada de acuerdo a lo dispuesto en La Ley del Notariado.- CONSIDERANDO (10): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porqué hacer un uso extensivo de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos,(el subrayado es nuestro).- CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto, debiendo dirimir a la Justicia Civil el conocimiento de la controversia o en su caso, continuar la demanda presentada en el Juzgado de Letras de lo Civil de éste departamento, bajo el No. 0801-2013-00463 CPCO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada EDIN YANETH MORAZAN VENTURA, a favor de la Abogada y Notaria DELMA CRISTELA LANZA, contra la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que se dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los demás efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., quince de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO el escrito que antecede presentado por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA quien comparece actuando en su condición de representante procesal de la “IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS”, interponiendo un recurso de reposición contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en la acción de amparo incoado por la Abogada EDIN JANETH MORAZAN VENTURA a favor de la señora DELMA CRISTELA LANZA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos de septiembre dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra la señora DELMA CRISTELA LANZA por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República reconoce en su Artículo 80 el derecho que tiene toda persona u asociación de personas de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, asimismo, que el escrito presentado por el compareciente tiene como objeto: La interposición de un recurso de reposición contra el fallo pronunciado por esta Sala en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, con la particularidad que el recurso de amparo no ha sido interpuesto por el peticionario.- CONSIDERANDO: Que mediante el recurso de amparo toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerlo para que se le mantenga o restituya el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece.- CONSIDERANDO: Que en el derecho procesal, la legitimación, alude a la condición del sujeto que ostenta tanto la capacidad para ser parte, como la capacidad procesal. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará en juicio, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular, por lo anterior, y de conformidad con la ley, se hace la observación al peticionario que el trámite de la acción constitucional de amparo no es de naturaleza contenciosa, iniciándose el mismo por aquella persona que se considera agraviada y que afirma ostentar la titularidad de los derechos constitucionales que se invocan como amenazados, disminuidos y/o violentados por parte de la autoridad recurrida.- CONSIDERANDO: Que la pretensión de reposición por parte del compareciente, Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA, no puede ser admisible en el procedimiento que nos ocupa, toda vez que lleva como propósito contender una acción constitucional de la cual no formaron parte y cuyo trámite además de concluido, no ha sido establecido como contencioso por la ley. Adicionalmente, el impetrante pretende rebatir, en forma impropia, un fallo que sólo admitía en su caso, ser recurrido por quien es parte recurrente en el presente trámite.- CONSIDERANDO: Que al no ser de recibo las alegaciones y pretensiones del compareciente, quien no ostentan la legitimación para comparecer o actuar en el presente trámite, resulta oportuno declarar sin lugar la pretensión que ha sometido al conocimiento y resolución de esta Sala.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición planteado por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA en el presente trámite de amparo, en virtud que no ostenta la legitimación para comparecer o actuar en el presente trámite de amparo; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por esta Sala y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia y Resolución de fechas veintiuno (21) de febrero y quince (15) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), respectivamente, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0219-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional