Sentencia AP-21-16 — Registro 10180
Resumen
Acto recurrido que declaró no ha lugar un recurso de apelación contra la sentencia del a-quo confirmando el sobreseimiento definitivo, con relación a causa criminal por delito de portación ilegal de armas en contra de Rumualdo Manuel Cruz Rodriguez, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO:(11)Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, que confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en fecha once de octubre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha once de octubre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha once de octubre del año dos mil quince, en la continuación de la audiencia de declaración de imputado, el Juzgado de Letras citado resolvió decretar:1.- Declarar CON LUGAR la Excepción de falta de Acción interpuesta por la Defensa; en consecuencia, Decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.- Decrétese la inmediata libertad del imputado en mención, librando el oficio que corresponda a la D.N.I.C de esta ciudad…”. Folios del (14) al (15) de la primera pieza de antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el ente fiscal, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, “FALLA: Primero: No Ha Lugar al Recurso de Apelación. Segundo: Confirmar el Sobreseimiento Definitivo dictado en fecha Once de Octubre del año dos mil quince, en este proceso a favor del señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ.”Folios del (04) al (07) de la segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de merito y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara no ha lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en fecha once de octubre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el imputado RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 22 pieza de amparo), expone como quebrantado el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho a la Defensa, y el Principio de Legalidad consagrados en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, que establecen: “El derecho a la defensa es inviolable, los habitantes de la República tiene libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” En relación a las facultades de los servidores de Estado (Principio de Legalidad). Señala que existe violación de las Garantías antes relacionadas por las siguientes razones: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente de todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir, razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del Juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia, mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho; esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos, igualmente relacionados. Es así que encontramos que además de lo expuesto anteriormente, la resolución emitida también genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a través del ejercicio de la acción penal pública.”.-CONSIDERANDO: (5)Que la recurrente manifiesta que del análisis de la sentencia impetrada el Ad quem confirmó el Sobreseimiento Definitivo decretado por el A quo, con fundamento en el Decreto Legislativo 60-2015, que indica: “ Establecer a través de la vigencia del presente Decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registros ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad”. Al considerar que el Decreto 60-2015 restringe para este tipo de hechos la acción penal por parte del Ministerio Publico, pues el referido decreto lo que cierra es la puerta ala actividad procesal del ente fiscal, la norma sustantiva sigue vigente lo que ha perdido es su efectividad. Asimismo expresa la impetrante que los argumentos del Ad quem no son compartidos, por considerar que el propósito de los referidos decretos se desprende de su propia exposición de motivos, que establece: “Que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para los efectos de control formal por parte del Estado”, que el espíritu de la norma no va encaminada a despenalizar la acción contemplada en el articulo 332-B del Código Penal, y así promover la tenencia ilegal de armas por espacio de un año, sino mas bien va dirigida a promover la inscripción de las armas. Lo cual no curre en el caso de autos, en virtud de que el acusado fue detenido mientras se realizaba un operativo de rutina en un sitio público y en horas de la noche, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro o entrega del Arma citada,pues de la narración de los hechos se desprende que el encausado. Al conocer que se les iba a practicar un registro personal se movió hacia la parte trasera del lugar y así evitar ser registrado, de ahí que se considere que el imputado no estaba legitimado para tenerla, y por ende, la aplicación indebida del Decreto legislativo 184-2013 ampliado mediante decretos 63-2014 y 60-2015.”-CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente manifiesta que la decisión de la Corte impugnada vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho a aplicar….finalmente señala que con la prueba ofertada y evacuada en el proceso a quedado demostrado la plena prueba de comisión del delito.-CONSIDERANDO: (7)Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO:(8) Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO:(9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO:(10)Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO:(11)Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos.-POR TANTO:La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ,FALLA: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9)de mayo y veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0021-2016 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, que confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en fecha once de octubre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha once de octubre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha once de octubre del año dos mil quince, en la continuación de la audiencia de declaración de imputado, el Juzgado de Letras citado resolvió decretar:1.- Declarar CON LUGAR la Excepción de falta de Acción interpuesta por la Defensa; en consecuencia, Decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.- Decrétese la inmediata libertad del imputado en mención, librando el oficio que corresponda a la D.N.I.C de esta ciudad…”. Folios del (14) al (15) de la primera pieza de antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el ente fiscal, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, “FALLA: Primero: No Ha Lugar al Recurso de Apelación. Segundo: Confirmar el Sobreseimiento Definitivo dictado en fecha Once de Octubre del año dos mil quince, en este proceso a favor del señor RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ.”Folios del (04) al (07) de la segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de merito y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara no ha lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en fecha once de octubre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el imputado RUMUALDO MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 22 pieza de amparo), expone como quebrantado el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho a la Defensa, y el Principio de Legalidad consagrados en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, que establecen: “El derecho a la defensa es inviolable, los habitantes de la República tiene libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” En relación a las facultades de los servidores de Estado (Principio de Legalidad). Señala que existe violación de las Garantías antes relacionadas por las siguientes razones: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente de todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir, razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del Juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia, mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho; esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos, igualmente relacionados. Es así que encontramos que además de lo expuesto anteriormente, la resolución emitida también genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a través del ejercicio de la acción penal pública.”.-CONSIDERANDO: (5)Que la recurrente manifiesta que del análisis de la sentencia impetrada el Ad quem confirmó el Sobreseimiento Definitivo decretado por el A quo, con fundamento en el Decreto Legislativo 60-2015, que indica: “ Establecer a través de la vigencia del presente Decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registros ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad”. Al considerar que el Decreto 60-2015 restringe para este tipo de hechos la acción penal por parte del Ministerio Publico, pues el referido decreto lo que cierra es la puerta ala actividad procesal del ente fiscal, la norma sustantiva sigue vigente lo que ha perdido es su efectividad. Asimismo expresa la impetrante que los argumentos del Ad quem no son compartidos, por considerar que el propósito de los referidos decretos se desprende de su propia exposición de motivos, que establece: “Que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para los efectos de control formal por parte del Estado”, que el espíritu de la norma no va encaminada a despenalizar la acción contemplada en el articulo 332-B del Código Penal, y así promover la tenencia ilegal de armas por espacio de un año, sino mas bien va dirigida a promover la inscripción de las armas. Lo cual no curre en el caso de autos, en virtud de que el acusado fue detenido mientras se realizaba un operativo de rutina en un sitio público y en horas de la noche, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro o entrega del Arma citada,pues de la narración de los hechos se desprende que el encausado. Al conocer que se les iba a practicar un registro personal se movió hacia la parte trasera del lugar y así evitar ser registrado, de ahí que se considere que el imputado no estaba legitimado para tenerla, y por ende, la aplicación indebida del Decreto legislativo 184-2013 ampliado mediante decretos 63-2014 y 60-2015.”-CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente manifiesta que la decisión de la Corte impugnada vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho a aplicar….finalmente señala que con la prueba ofertada y evacuada en el proceso a quedado demostrado la plena prueba de comisión del delito.-CONSIDERANDO: (7)Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO:(8) Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO:(9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO:(10)Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO:(11)Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos.-POR TANTO:La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ,FALLA: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9)de mayo y veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0021-2016 .- firma t sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL