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Sentencia AP-203-16 — Registro 10184

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, confirmando el sobreseimiento definitivo, con relación a la causa instruida contra el señor Ronal Gundemaro Araya Molina por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constituciona.…" ..." Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince de enero de dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución dictada en audiencia de Declaración de Imputado celebrada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha quince de noviembre de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, la Abogada MIREYA HERNANDEZ, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-02 de la pieza del A-quo).-2) Que en audiencia de declaración de imputado celebrada en fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, la Defensa Publica del imputado RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA interpuso en base al artículo 46 numeral 2 y 47 del Código Procesal Penal una excepción por falta de acción en donde hizo referencia al Decreto No.60-15 que concierne a la ampliación del periodo de veda para la portación de arma, en consecuencia la Defensa solicitó que se decretará un sobreseimiento definitivo. En ese mismo acto el Juzgado antes referido resolvió: “Tener por admitida en tiempo y forma la presente excepción por falta de acción presentada por la Defensa Publica del imputado: RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, lo anterior de acuerdo al artículo 46 No.2 relacionado con el 47 y a la vez relacionado con el decreto184-2013, mismo que fue ampliado su prorroga mediante los Decretos números 66-2014 y 60-2015, los cuales establecen un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y no tenga factura de venta de armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura a realizar los trámites correspondientes para su documentación, debiendo entender el Suscrito que durante este periodo de veda el Ministerio Publico, tiene prohibido el ejercicio de la Acción Penal Publica, para el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, debiendo entender que dicho decreto es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional…POR TANTO: este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Trujillo, Colón, resuelve declarar CON LUGAR la excepción planteada por falta de acción, por la Defensa Publica del imputado RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia, decrétese un Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…”.(Folios del 13-14 de la pieza del A-quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada LESBIA MIREYA HERNANDEZ GUTIERREZ, en su condición de de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha quince de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que resolvió:“PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico; SEGUNDO:CONFIRMAR la resolución de fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, que contiene el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado Ronal Gundemaro Araya Molina, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito consumado de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras…”(Folios del 4-8 de la pieza del Ad-quem).-4) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO compareció ante este Tribunal en fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara sin lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución del dieciséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en la que se decreta Sobreseimiento Definitivo a favor del ciudadano RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de LASEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 21 pieza de amparo), expone el quebrantamiento del Principio de Legalidad consagrado en el Artículo 321 de la Constitución de la República en cuanto a las facultades de los servidores del Estado, relacionado con el artículo 304 constitucional que establece “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. Manifiesta la impetrante que se “presentó Requerimiento Fiscal en contra del imputado, intimándole como hechos que el día 15 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 00:40 horas, agentes de la Policía Preventiva se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el barrio las brisas Municipio de Limón, Colón, cuando observaron que iba caminando un sujeto del sexo masculino identificado como RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, procediendo de inmediato a practicarle un registro personal encontrándole en la bolsa derecha del short que vestía un arma de fuego revolver, calibre 22mm, marca ilegible, con serie numero AP3148, color negro, conteniendo un proyectil color amarrillo sin percutir, por lo que el acusado fue detenido al no presentar la documentación del arma de fuego, hechos estos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal que constituye el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial”.- CONSIDERANDO(5): Expone la recurrente que la Corte de Apelaciones impugnada fundamentó su resolución en el Decreto 184-2013 de fecha 01 de septiembre del año 2013, mismo que no es aplicable y del cual se desprende: Artículo 2: A partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Así como los Decretos Legislativos 63-2014 y 60-2015 que prorroga la vigencia del decretó 184-13 por el termino de seis meses, no pudiéndose reprochar la conducta criminal prevista en el artículo 332-B del Código Penal durante el periodo de Veda”.

CONSIDERANDO(6):Sigue manifestando la amparista que del análisis del contenido del artículo 2 del Decreto 184-2013, se desprende que dicha disposición no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículo 332 A y 332-B del código Penal, sino que se entienda que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar su arma prohibida, lo cual no curre en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en posesión del arma sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del Arma, es decir acción por parte del imputado que diere lugar a pensar que haya tenido la intención dirigida al registro del arma. CONSIDERANDO(7):También manifiesta que la decisión de la Corte impugnada vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho a aplicar….finalmente señala que con la prueba ofertada y evacuada en el proceso a quedado demostrado la plena prueba de comisión del delito.-CONSIDERANDO (8): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO(9):Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO(10):Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO(11):Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO(12): Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha dieciséis de mayo (16) del año dos mil diecisiete (2017), interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Publico; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, en la que se SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por la impetrante contra la resolución de fecha quince (15) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, que declaró sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia confirmó la resolución del A quo, con relación a la causa instruida contra el señor RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, interpuso acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha (04) de abril del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual SOBRESEE el recurso de amparo del que se hizo mérito.- CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada, SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, expone en el recurso de Reposición relacionado, que no comparte el criterio jurídico de la Sala, manifestando la recurrente: (sic) “Que con los argumentos esgrimidos por la honorable Sala Constitucional en el fallo que hoy se impugna, esta representación del Ministerio Público se encuentra en desacuerdo con ese alto Tribunal, en tanto que el Ministerio Público no ha alegado vulneración ni del debido proceso ni del derecho de defensa como lo hace ver la Sala en su resolución, ya que consideramos que la resolución emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida vulnera el Principio de Legalidad, en tanto que la interpretación del Decreto, por parte del Juzgador debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, razonamiento este que fue compartido por esa sala en los fallos emitidos y registrados en las acciones de Amparo.”Haciendo alusión la recurrente que esta Sala se aparta de su criterio jurisprudencia plasmado en las sentencias registradas en la Secretaría de la sala de lo Constitucional bajo los números de amparos siguientes: SCO 1104-2014; amparo acumulado AP-SCO-241,351, 365 Y 370-2015; 1124-2014; mediante los cuales estableció “…dicho Decreto no despenaliza bajo ningún concepto la Portación Ilegal, ni tiene por finalidad permitir de esa tipología de delito de peligro abstracto; sino que el fin expreso y tácito del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado.”Amparos que fueron otorgados a favor del ente acusador.- CONSIDERANDO: Sigue manifestando la recurrente que de lo anteriormente expuesto, no se puede considerar como una reiteración de alegaciones de mera legalidad, pues se aprecia que el criterio esbozado en la sentencia que hoy se recurre, resulta contradictorio a lo previamente establecido por dicha Sala respecto al espíritu del decreto en mención, donde señala claramente: “La Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal, pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; razón por la cual solicita se declare con lugar el recurso de reposición interpuesto, reponiendo la sentencia en el sentido de otorgar el amparo siguiendo la línea de doctrina legal de los amparos antes señalados.-CONSIDERANDO:Que esta Sala NO encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a los precedentes vinculantes indicados; En virtud que el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal, sin embargo el legislador legitima que la Sala pueda apartarse de su propia jurisprudencia.-CONSIDERANDO:Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, pues del análisis de la foliada se aprecia que concurre una causa de inadmisibilidad contemplada en el artículo 41 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que no se considera infringida la garantía constitucional invocada por la recurrente. Por todo ello no es de recibo el recurso de reposición planteado por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119,120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, por las razones que se dejan señaladas: YMANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) y Resolución de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0203-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince de enero de dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución dictada en audiencia de Declaración de Imputado celebrada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha quince de noviembre de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, la Abogada MIREYA HERNANDEZ, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-02 de la pieza del A-quo).-2) Que en audiencia de declaración de imputado celebrada en fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, la Defensa Publica del imputado RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA interpuso en base al artículo 46 numeral 2 y 47 del Código Procesal Penal una excepción por falta de acción en donde hizo referencia al Decreto No.60-15 que concierne a la ampliación del periodo de veda para la portación de arma, en consecuencia la Defensa solicitó que se decretará un sobreseimiento definitivo. En ese mismo acto el Juzgado antes referido resolvió: “Tener por admitida en tiempo y forma la presente excepción por falta de acción presentada por la Defensa Publica del imputado: RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, lo anterior de acuerdo al artículo 46 No.2 relacionado con el 47 y a la vez relacionado con el decreto184-2013, mismo que fue ampliado su prorroga mediante los Decretos números 66-2014 y 60-2015, los cuales establecen un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y no tenga factura de venta de armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura a realizar los trámites correspondientes para su documentación, debiendo entender el Suscrito que durante este periodo de veda el Ministerio Publico, tiene prohibido el ejercicio de la Acción Penal Publica, para el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, debiendo entender que dicho decreto es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional…POR TANTO: este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Trujillo, Colón, resuelve declarar CON LUGAR la excepción planteada por falta de acción, por la Defensa Publica del imputado RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia, decrétese un Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…”.(Folios del 13-14 de la pieza del A-quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada LESBIA MIREYA HERNANDEZ GUTIERREZ, en su condición de de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha quince de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que resolvió:“PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico; SEGUNDO:CONFIRMAR la resolución de fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, que contiene el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado Ronal Gundemaro Araya Molina, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito consumado de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras…”(Folios del 4-8 de la pieza del Ad-quem).-4) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO compareció ante este Tribunal en fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara sin lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución del dieciséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en la que se decreta Sobreseimiento Definitivo a favor del ciudadano RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de LASEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 21 pieza de amparo), expone el quebrantamiento del Principio de Legalidad consagrado en el Artículo 321 de la Constitución de la República en cuanto a las facultades de los servidores del Estado, relacionado con el artículo 304 constitucional que establece “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. Manifiesta la impetrante que se “presentó Requerimiento Fiscal en contra del imputado, intimándole como hechos que el día 15 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 00:40 horas, agentes de la Policía Preventiva se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el barrio las brisas Municipio de Limón, Colón, cuando observaron que iba caminando un sujeto del sexo masculino identificado como RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA, procediendo de inmediato a practicarle un registro personal encontrándole en la bolsa derecha del short que vestía un arma de fuego revolver, calibre 22mm, marca ilegible, con serie numero AP3148, color negro, conteniendo un proyectil color amarrillo sin percutir, por lo que el acusado fue detenido al no presentar la documentación del arma de fuego, hechos estos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal que constituye el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial”.- CONSIDERANDO(5): Expone la recurrente que la Corte de Apelaciones impugnada fundamentó su resolución en el Decreto 184-2013 de fecha 01 de septiembre del año 2013, mismo que no es aplicable y del cual se desprende: Artículo 2: A partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Así como los Decretos Legislativos 63-2014 y 60-2015 que prorroga la vigencia del decretó 184-13 por el termino de seis meses, no pudiéndose reprochar la conducta criminal prevista en el artículo 332-B del Código Penal durante el periodo de Veda”.

CONSIDERANDO(6):Sigue manifestando la amparista que del análisis del contenido del artículo 2 del Decreto 184-2013, se desprende que dicha disposición no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículo 332 A y 332-B del código Penal, sino que se entienda que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar su arma prohibida, lo cual no curre en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en posesión del arma sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del Arma, es decir acción por parte del imputado que diere lugar a pensar que haya tenido la intención dirigida al registro del arma. CONSIDERANDO(7):También manifiesta que la decisión de la Corte impugnada vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho a aplicar….finalmente señala que con la prueba ofertada y evacuada en el proceso a quedado demostrado la plena prueba de comisión del delito.-CONSIDERANDO (8): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO(9):Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO(10):Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO(11):Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO(12): Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha dieciséis de mayo (16) del año dos mil diecisiete (2017), interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Publico; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, en la que se SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por la impetrante contra la resolución de fecha quince (15) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, que declaró sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia confirmó la resolución del A quo, con relación a la causa instruida contra el señor RONAL GUNDEMARO ARAYA MOLINA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, interpuso acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha (04) de abril del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual SOBRESEE el recurso de amparo del que se hizo mérito.- CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada, SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, expone en el recurso de Reposición relacionado, que no comparte el criterio jurídico de la Sala, manifestando la recurrente: (sic) “Que con los argumentos esgrimidos por la honorable Sala Constitucional en el fallo que hoy se impugna, esta representación del Ministerio Público se encuentra en desacuerdo con ese alto Tribunal, en tanto que el Ministerio Público no ha alegado vulneración ni del debido proceso ni del derecho de defensa como lo hace ver la Sala en su resolución, ya que consideramos que la resolución emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida vulnera el Principio de Legalidad, en tanto que la interpretación del Decreto, por parte del Juzgador debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, razonamiento este que fue compartido por esa sala en los fallos emitidos y registrados en las acciones de Amparo.”Haciendo alusión la recurrente que esta Sala se aparta de su criterio jurisprudencia plasmado en las sentencias registradas en la Secretaría de la sala de lo Constitucional bajo los números de amparos siguientes: SCO 1104-2014; amparo acumulado AP-SCO-241,351, 365 Y 370-2015; 1124-2014; mediante los cuales estableció “…dicho Decreto no despenaliza bajo ningún concepto la Portación Ilegal, ni tiene por finalidad permitir de esa tipología de delito de peligro abstracto; sino que el fin expreso y tácito del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado.”Amparos que fueron otorgados a favor del ente acusador.- CONSIDERANDO: Sigue manifestando la recurrente que de lo anteriormente expuesto, no se puede considerar como una reiteración de alegaciones de mera legalidad, pues se aprecia que el criterio esbozado en la sentencia que hoy se recurre, resulta contradictorio a lo previamente establecido por dicha Sala respecto al espíritu del decreto en mención, donde señala claramente: “La Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal, pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; razón por la cual solicita se declare con lugar el recurso de reposición interpuesto, reponiendo la sentencia en el sentido de otorgar el amparo siguiendo la línea de doctrina legal de los amparos antes señalados.-CONSIDERANDO:Que esta Sala NO encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a los precedentes vinculantes indicados; En virtud que el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal, sin embargo el legislador legitima que la Sala pueda apartarse de su propia jurisprudencia.-CONSIDERANDO:Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, pues del análisis de la foliada se aprecia que concurre una causa de inadmisibilidad contemplada en el artículo 41 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que no se considera infringida la garantía constitucional invocada por la recurrente. Por todo ello no es de recibo el recurso de reposición planteado por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119,120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, por las razones que se dejan señaladas: YMANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) y Resolución de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0203-2016.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL