Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-194-15 — Registro 16310

Resumen

Se interpuso Recurso de Apelación contra la resolución que declaró no ha lugar al antejuicio a la Funcionaria Judicial por suponerla responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4) Esta Sala de lo Penal, luego de realizar un análisis exhaustivo e íntegro de los argumentos de ambas partes, tanto del Ministerio Público como de la Funcionaria Judicial y sobre todo, de examinar la Sentencia dictada por la Corte Ad-quem, concluye que no encuentra en los hechos imputados a la abogada Natalia Waleska Hernández Gomez, en su condición de Juez de Letras Fiscal Administrativo de Francisco Morazán, fundamento razonable e inequívoco para la presentación de la acción penal en su contra por el delito de Abuso de Autoridad. Lo anterior en virtud que las acciones de la Juez antejuiciada, constituyen actuaciones que se enmarcan dentro de las facultades de su cargo y dentro de los límites que la ley le permitía, por ejemplo conocer a prevención un recurso de amparo con ánimo de salvaguardar un derecho fundamental. Considera este máximo Tribunal, que las acciones efectuadas por la Funcionaria Judicial como ser, conocer a prevención un recurso de amparo, admitir con o sin suspensión el acto reclamado en un recurso de amparo, imponer una medida cautelar en el momento de la admisión de la demanda; todas y cada una de las actuaciones que fueron realizadas por la togada, son acciones que se encuentran permitidas por la ley y que constituyen sin lugar a dudas una interpretación posible dentro de nuestra legislación, es decir no puede señalársele de abuso de autoridad a una funcionaria que emite un resolución judicial que según su criterio es lo correcto, aunque en la realidad no lo sea, pero no es posible perseguirle por emitir su opinión como dictaminador de conflictos jurídicos pues esto atentaría contra la independencia judicial. Si bien existió otro Juez que conoció de las mismas actuaciones procesales las cuales fueron declaradas sin lugar, de todos es conocido que los jueces desconocen en muchos casos la carga que llevan sus compañeros, ésta tarea es responsabilidad de la Secretaría, quien tuvo que avistar y posiblemente acumular las actuaciones, pues correspondían a los mismos hechos y solicitud. La Juez Natalia Hernández en apariencia actuó dentro del marco de la ley al admitir con suspensión del acto reclamado el amparo presentado por Seguros Mapfre, pues esa facultad se la otorga el artículo 57 de la Ley de Justicia Constitucional, de igual forma estaba facultada para imponer la medida cautelar de extensión de la contancia a la Aseguradora Mapfre, ya sean decisiones erradas o no, la ley contempla la posibilidad de que un Juez pueda aplicarlas. Si bien se cuestiona que desde un inicio la togada no debió conocer el amparo pues estaba presentado contra actuaciones de la Secretaria de Administración de Rentas (SAR), institución del Estado que tiene competencia a nivel nacional y por tanto correspondía a la Sala de lo Constitucional el conocimiento de la acción de amparo, para la togada existía una ambigüedad en cuanto a que sí podía conocerlo, pues el Juzgado de lo Contencioso Administrativo-Fiscal por determinación de la ley, cuenta igualmente con jurisdicción a nivel nacional, lo cual justificaba como válido el razonamiento de la Juez Hernández Gomez. De igual forma se discute que la togada no esperó el informe de la SAR para ordenar se extendiera la constancia a la Aseguradora Mapfre, sin embargo la antejuiciada presenta un argumento correcto y adecuado respecto a lo delicado de la garantía de amparo, pues consideró que para tutelar la posibilidad de la vulneración de un Derecho no devenía en la obligación de esperar el informe, es decir actuó con el único ánimo de proteger un derecho que posiblemente estaba siendo conculcado, estas actuaciones son las correctas ante la presentación de un recurso de amparo y la ley faculta al Juez para hacerlo. En ese orden de ideas, para esta Sala de lo Penal no existe fundamento razonable para entablar un antejuicio a la abogada Natalia Waleska Hernández Gomez, pues sus actuaciones fueron ejecutadas dentro de las facultades que la misma ley le confiere y aunque dichos actos se encontraran errados, ya la ley establece los mecanismos de impugnación para revertir las mismas. Es posible que en dichas actuaciones judiciales la Juez Hernández Gomez haya incurrido en alguna falta administrativa, sin embargo entiende esta Sala que los entes encargados de la investigación interna de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, entablaron una averiguación sobre el comportamiento de la togada en los hechos narrados, concluyendo que no se logró acreditar la responsabilidad directa de la funcionaria, por tanto este máximo Tribunal comparte los argumentos vertidos por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al denegar la solicitud de antejuicio contra la Juez Natalia Waleska Hernández.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22), del mes de noviembre del dos mil diecisiete (2017). El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán Garcia y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Apelación SP 194-2015 interpuesto en fecha cuatro de marzo del dos mil quince, por la abogada Maria Tejada Pineda, mayor de edad, hondureña y del domicilio de Tegucigalpa, Francisco Morazán, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró No Ha Lugar al antejuicio promovido en fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, contra la abogada Natalia Waleska Hernández Gomez, en calidad de Funcionaria Judicial asignada como Juez de Letras Fiscal Administrativo, por suponerla responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. Son Partes: La abogada Yessenia Maria Márquez Lobo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la abogada Natalia Waleska Hernández Gomez en su condición de Juez de Letras Fiscal Administrativo de Francisco Morazan, como parte recurrida. II. SOLICITUD DE ANTEJUICIO En fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal, del departamento de Francisco Morazán, la abogada MARIA TEJADA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Antejuicio de la manera siguiente: “IDENTIFICACION PERSONAL DE LA ANTEJUICIADA 1.- NATHALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, mayor de edad, Abogada, juez de Letras Fiscal Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán. RELACION SUSCINTA DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS OBJETOS DEL ANTEJUICIO: PRIMERO: Que en fecha doce de Diciembre de 2013, comparece al Juzgado de lo Fiscal Administrativo la Abogada Lizbeth Guadalupe Villatoro Flores, actuando como Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A., promoviendo Demanda de Amparo contra un acto administrativo por el cual la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), deniega la emisión de una Constancia de Solvencia a favor de su representada, por considerar que la misma no se encuentra SOLVENTE en sus obligaciones con el Estado, tal como se evidencia en la Constancia de fecha 04 de Noviembre de 2013. SEGUNDO: Que mediante providencia de fecha 17 de Diciembre del año 2013, es decir cuatro días hábiles después de haber sido admitido el escrito de interposición de Amparo, en abierta inobservancia del Articulo 51 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (ya que refiere que los órganos jurisdiccionales iniciarán el trámite de las respectivas demandas el mismo día de su presentación o el día hábil siguiente), y sin ser competente esa Judicatura de conocer dicha garantía Constitucional, según el artículo 11 de la Citada Ley; en la misma providencia la Jueza Natalia Waleska Hernández Gómez, además de solicitar a la DEI la remisión de los antecedentes o en su defecto un informe; sin embargo, dispone la A-quo admitir la acción de Amparo Interpuesta y como medida provisional, decreta la suspensión del acto reclamado y como medida cautelar ordena que la autoridad recurrida proceda a extender la constancia solicitada, dentro de la veinticuatro horas siguientes librando en la misma fecha (17/12/2013) la comunicación de estilo. Como se aprecia la Jueza Hernández Gómez, no dio cumplimiento a lo ordenado por ella misma en la providencia suprareferida, pues no esperé los antecedentes o el informe que debió remitir la autoridad recurrida (como lo indica el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional), y así, tener conocimiento que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante resolución No. DEI-II 2-DA-AGC-201 3 de fecha 22 de julio de 2013, contempla ajustes de impuestos correspondientes a: impuesto Sobre la Renta, Activo Tota) Neto, Aportación Solidaria Temporal de los períodos 2010, 2011 y 2012 por un valor de CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 5,064,301.39), resolución que fue notificada al contribuyente, haciendo uso del recurso de reposición fuera del término legal por ende fue declarado improcedente por ser extemporáneo, en base al artículo 77 del Código Tributario.- En ese orden de ideas, el Contribuyente MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS S.A., solicité Constancia de Solvencia de Impuestos; emitiendo la DEI el 4 de Noviembre de 2013, CONSTANCIA de que dicha empresa NO SE ENCUENTRA SOLVENTE en sus obligaciones tributarias con el Estado.- Siendo contra este acto, que el Contribuyente impetra la Garantía de Amparo, que conoce el despacho de la Jueza Natalia Waleska Hernández Gómez, que se registro bajo el No. 23-2013. TERCERO: En ese orden de ideas, es necesario referir que el 29 de Noviembre de 2013, ante el mismo Juzgado de Letras Fiscal Administrativo, se interpuso amparo registrado con el No. 20-2013 y contra el mismo acto de fecha 4 de Noviembre de 2013, mediante el cual la DEI hace Constar que la empresa MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., NO SE ENCUENTRA SOLVENTE en sus obligaciones tributadas con el Estado, es decir trece (13) días antes de que se presentara la otra demanda registrada con el número 23-2013 que conoció a Jueza Natalia Waleska Hernández Gómez, y que originó las presentes diligencias, en aquella oportunidad el amparo fue asignado a otro Juez Edwin Alberto Anémis López, quien en fecha 4 de Diciembre de 2013, resolvió rechazar de plano la acción de amparo, interpuesta a favor de la Sociedad MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por la causa de inadmisibilidad señalada en el artículo 46 numeral 8, párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Siendo así las Cosas, se determinó que la misma demanda de Amparo fue presentada dos veces, ante el mismo juzgado, la primera en fecha 29 de noviembre de 2013 (Exp.20-2013) y la segunda trece días después, es decir el 12 de diciembre del mismo año (Exp. 23-2013), la primera demanda fue rechazada de plano por el Juez Anémis López, por considerar que no estaba agotada la vía recursiva. De igual manera es importante referir, que de las investigaciones realizadas por el Consejo de la Adjudicatura y de la carrera Judicial, determiné mediante resolución numero 252-253-2014 de fecha 15 de Julio de 2014: Declarar la responsabilidad administrativa de la servidora Judicial NATHALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, por incurrir en Infracciones Disciplinarias Graves; asimismo, le impone la sanción administrativa de suspensión del cargo sin derecho a remuneración por el termino de tres (3) meses; sanción esta que fue impugnada por la servidora Judicial y que el Consejo de la Adjudicatura resuelve suspenderla por el termino de quince (15) días sin derecho a remuneración. Todo lo anterior relacionado al caso de mérito. CALIFICACION JURIDICA A LOS HECHOS COMETIDOS La conducta demostrada por la Juez NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, se subsume en el ilícito penal de ABUSO DE AUTORIDAD, tipificado en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal, el cual establece: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)… 2) Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos...” RESPONSABILIDAD PENAL DEL ANTEJUICIADO Todo funcionario o empleado público tiene la obligación de que todos sus actos u omisiones sean conforme a la Constitución y las leyes, y cuando produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, como ser violentar la Constitución o la Ley, como producto de una acción u omisión que responde a la intensión que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, de la posibilidad que se produjera tal efecto, debe responder por el correspondiente tipo penal en que se enmarque su conducta. (En el caso de mérito artículo 349 numeral 2) del Código Penal). En el presente caso la Señora NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, en su condición de Juez, sabía y estaba obligada a saber que no era Juez competente para conocer del recurso de amparo interpuesto contra la Dirección Ejecutiva de Ingreso, ya que el conocimiento de la misma correspondía a la Sala Constitucional; por tener la DEI jurisdicción y competencia a nivel nacional; de igual manera no puede desconocer que una vez admitida la acción de amparo, se solicita tal como lo indica el artículo 51 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el mismo día o al día siguiente hábil, la remisión de los antecedentes o en su caso un informe; situación ésta que tardó la Jueza en solicitar cinco días después de presentada la garantía; aunado a lo anterior, en la misma resolución que solicita a la DEI la remisión de los antecedentes, ordena como medida cautelar que la autoridad recurrida proceda a extender la constancia solicitada dentro de las 24 horas siguientes, librando en la misma fecha la comunicación de estilo. REQUISITOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD 1.- Que se trate de un Funcionario. La Antejuiciada: NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, ostenta el cargo de Juez de Letras del Juzgado de Letras Fiscal Administrativo de esta Sección Judicial, y al momento de la comisión de los hechos se desempeñaba como Juez, demostrando una conducta como Funcionaria contraria y al margen de la ley, el artículo 393 del Código Penal establece literalmente quienes pueden ser considerados como Funcionarios Públicos. 2.- Que Dicte o ejecute órdenes, providencias, resoluciones contraria a la Constitución de la República o a las Leyes. Se suscita por parte de la antejuiciada NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, por haber dictado el 17 de diciembre de 2013, una orden a través de la resolución de la misma fecha contraria a la Ley, la cual ya se ha explicado en el presente escrito. REQUISITO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL El elemento subjetivo del tipo penal expresamente señalado en su descripción consiste en que la Jueza “emitió una orden a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para que proceda a extender la Constancia de Solvencia a la empresa MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A., dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de haber recibido la comunicación, cuando existe la resolución Número DEI-112-DA-AGC-G-2013, que indica que la citada empresa, mantiene cuentas pendientes con el Estado por un monto de CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps 5,064301.39)”, lo cual se traduce en la necesidad que el hecho típico sea doloso o lo que es lo mismo, la legalidad debe ser abarcada por el dolo, es decir el conocimiento que la acción a realizar es contraria a la Ley, en este sentido el artículo 13 del Código Penal en relación al dolo exige que el resultado responda a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, lo cual naturalmente se da en relación con el actuar de la antejuiciada que sabía y debía saber, que no era competente para conocer la acción de amparo; que debía iniciar el trámite del amparo el mismo día o al siguiente día hábil y no hasta el 4to día como ocurrió; esperar que la DEI le remitiera los antecedentes del acto recurrido, tal como lo indica el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; así como NO desconocer que se había impetrado anteriormente (29/11/2013) otra acción de amparo contra el mismo acto emitido por la DEI, ante el mismo Juzgado de Letras Fiscal Administrativo. RELACION DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACION Para acreditar extremos de los hechos cometidos por la Jueza NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, sobre los cuales el Ministerio Público pretende deducir la responsabilidad penal, se propondrá los siguientes medios de prueba. DOCUMENTAL 1. Expediente Fiscal Administrativo número 23-2013, pieza que se encuentra en el juzgado de Letras Fiscal Administrativo de esta Sección Judicial. INSPECCION 1.- Inspección en el Expediente de Personal que lleva el Departamento de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, sobre la señora NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, para constatar la existencia de su respectivo acuerdo de nombramiento como Jueza de Letras. 2.- Inspección en el Expediente 020-2013 el cual contiene el Recurso de Amparo interpuesto contra el mismo acto que conoció la Antejuiciada NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, ambas demandas encaminadas a obtener la orden del Juzgado para que la Dirección Ejecutiva de Ingresos extendiera la Constancia de Solvencia por el pago de impuestos al Estado a favor de la Empresa solicitante MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. 3.- Inspección a la Secretaria General del Consejo de la Adjudicatura y de la Carrera Judicial, del expediente de sustanciación de responsabilidad disciplinaria contra la funcionaria Judicial NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, y que en fecha 6 de Agosto de 2014, resolvió por unanimidad de votos declarar la responsabilidad administrativa de la servidora suprareferida. 4.- Inspección en el Expediente de Auditoria número 321-13-12000-559; en la Secretaria General de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en el cual se encuentra la Resolución DEI-112-DA-AGC-G-2013; que contiene ajustes tributarios al contribuyente MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.” III. INFORME DEL ANTEJUICIADO DE LOS CARGOS FORMULADOS En proveído de fecha dos de diciembre del dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, tuvo por promovido el Antejuicio de mérito y ordenó librar comunicación a fin de que el funcionario acusado informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargo a ella formulados, dentro del término de tres días; pronunciándose la Abogada NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, en fecha diecinueve de enero del dos mil quince, de la manera siguiente: “En cuanto al Hecho Primero: Efectivamente en fecha jueves doce (12) de Diciembre del 2013 se presento ante esta Judicatura Demanda de Amparo por la Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil MAPRE SEGUROS HONDURAS S.A. contra un acto Administrativo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en el cual manifestaba que dicha institución le denegaba la emisión de una Constancia de Solvencia, misma que la Sociedad necesitaba para participar en un proceso de licitación. En cuanto al Hecho Segundo: La Demanda fue resuelta en fecha martes diecisiete (17) de Diciembre del 2013, admitiéndose el mismo y decretándose como medida provisional la suspensión del acto reclamado, basada en el Artículo 57 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y como medida cautelar se ordeno a la parte recurrente que procediera a extender constancia; Asimismo y tal como lo establece la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 52 se ordenó que se remitieran los antecedentes del caso o en su defecto rinda un informe en un plazo que no podrá exceder de cinco (5) días hábiles; en cuanto a la competencia que alega la representante del Ministerio Público, cabe señalar que existió en ese momento para la suscrita ambigüedad en cuanto al conocimiento de dicho Amparo ya que fue presentado como Amparo Fiscal y al tener el juzgado Fiscal Jurisdicción Nacional y amparada en el Artículo 12 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que cuando la competencia no estuviere claramente establecida conocerá de la acción de amparo a PREVENCIÓN, el órgano jurisdiccional que por razón de los MATERIA tenga jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación; amparada en dicho Artículo se procedió a la admisión del mismo.- En cuanto a lo alegado de que no se espero la remisión del informe, para poder ordenar la emisión de la constancia solicitada, cabe aclarar que la suscrita ordeno una medida cautelar amparada en el artículo 57 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, consistente en la emisión de la constancia y el fin primordial de la medida cautelar como se sabe es asegurar el ejercicio de un derecho, es decir tutelar la posibilidad de hacer efectivo el derecho que se esta invocando y se cree vulnerado en este caso era la negativa de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a extender la constancia por lo cual al tomarse una medida encaminada a asegurar un derecho, no deviene en la obligación la suscrita de esperar dicho informe.- en este orden de ideas es necesario referir que el día 17 de diciembre del 2013 fue el ultimo día de trabajo previo al inicio del periodo de vacaciones del cual gozamos los empleados judiciales, por lo que el día 18 de diciembre recibí una llamada de la Abogada SUYAPA THUMAN CONDE quien en su condición de Asesora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos me llamo para consultarme bajo que términos se debería de extender la constancia ordenada, a lo cual le manifesté que la constancia debía extenderse bajo los términos y con la información que la Dirección Ejecutiva de Ingresos manejara, ya que si la Empresa era insolvente la DEI devenía en la obligación de manifestar en la constancia que ese era su estado y que si era solvente de igual manera lo hicieran saber, dejándoles la libertad de hacer la constancia con la información verídica de los hechos.- Luego al regreso del periodo vacacional se presento el personamiento por parte de la Señora Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, en su condición de Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ‘personamiento este que se tuvo por recibido y en el acto se remitieron las diligencias a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, en virtud de declarar incompetente este Juzgado del conocimiento de dicho Amparo Fiscal, aclarando en lo resuelto que la suscrita resolvió amparada en el artículo 12 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y dejando en ese mismo acto sin valor ni efecto la medida cautelar provisionalmente ordenada, resolución esta que fue notificada por la secretaria del Despacho a ambas parte remitiéndose inmediatamente las diligencias al Órgano Jurisdiccional competente; Existe jurisprudencia de la sala constitucional, en el sentido de la legalidad del conocimiento a prevención que pudiese garantizar el órgano jurisdiccional con sus actuaciones.- En cuanto al Hecho Tercero: La Representante Legal del Ministerio Público manifiesta que el 29 de noviembre del 2013 ante este mismo juzgado se interpuso amparo registrado con el número 20-13 contra el mismo acto y las mismas partes intervinientes, manifestando que siendo así se determino que la demanda de Amparo fue presentada dos veces en el mismo juzgado, la primera en fecha 29 de noviembre del 2013 y la segunda el 12 de Diciembre del mismo año, la primera fue rechazada de plano, al respecto la suscrita Juez manifiesta que no es obligación de los jueces conocer o enterar de la carga de los demás compañeros Jueces, por lo que yo desconozco al igual que mis demás compañeros Jueces que carga lleva cada uno de ellos, ya que esa función de distribuir la carga y las demandas nuevas que se presentan así como el registro u numeración de las mismas corresponde a la Secretaria del Juzgado tal y como lo establece la LOAT en su artículo 222.- En cuanto al ultimo párrafo de este hecho cuarto en el que manifiesta la representante de Ministerio Público que el Consejo de la Judicatura me impone una sanción de tres (3) meses por tener responsabilidad administrativa en la demanda de Amparo descrita en el Hecho Primero de este informe, al respecto se pone en conocimiento que a la suscrita se le realizo una audiencia de descargo para desvirtuar los hecho en la denuncia con orden de ingreso No. 0801-2014-00095 que dice emitir un auto de admisión de la demanda de Amparo misma que la carrera judicial declaró que NO SE LOGRO ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INVESTIGADA, este Informe fue puesto a la orden del Consejo de la Judicatura, quienes en concordancia con lo dictaminado por la Carrera Judicial me exime de responsabilidad en cuanto a esa denuncia, por lo que cabe aclarar que la suscrita tenia dos denuncias pendientes y fue por la denuncia 0801 -2012- 00092 por la no emisión de una sentencia definitiva en el termino de Ley, que se me suspendió por tres meses (3) misma que fue objeto de Recurso de Reposición, sancionándome por un periodo de quince (15) días. En conclusión Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo: 1) Es oportuno reiterar que todas las actuaciones realizadas en el expediente contentivo de la Demanda de Amparo registrada bajo el numero 20-2013 fueron adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de las República, en estricto apego al Artículo 12 de la Ley sobre Justicia Constitucional de la cual acompaño antecedentes a manera de ilustración, no siendo posible imputar dichas resoluciones dentro de hechos delictivos, por cuanto las mismas son producto del razonamiento en apariencia lógico y coherente del Juez denunciado, y en todo caso las mismas podían ser objeto de control de los órganos jerárquicamente superiores. 2) En el caso de Merito se observa a todas luces que desde un inicio hubo mala intención de causarme un daño y perjuicio pues al momento de extender la constancia que se ordeno, se aprecia como Ustedes Honorables Magistrados pueden observar que la misma no reúne las características de una constancia de solvencia, desde el momento que manifiesta que Yo ordeno que se extienda “Constancia de Solvencia a favor del Contribuyente Mapre Seguros Honduras S.A. y bajo responsabilidad del Órgano Jurisdiccional que pueda derivar conforme al Artículo 321 de la Constitución de la República y 349 del Código Penal” es de aclarar que yo no ordene Constancia de Solvencia, sino que se ordeno se extendiera Constancia, eso por un lado, y por otro de antemano ya imputándome un supuesto delito que no cometí. Sin embargo en otros casos Fiscales si han emitido la constancia a la misma empresa recurrente con las observaciones del caso tal y como debe de ser, para lo cual acompaño copia a manera de ilustración y en donde se pueden hacer comparaciones entre ambas constancias. Por lo anteriormente expuesto, a Ustedes Señores Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo pido se de por cumplimentada la comunicación de merito, por presentado el informe dentro del termino legal establecido y a la vez se declare sin lugar el procedimiento especial de ANTEJUICIO incoado contra mi persona.” IV. PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES En fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, resolvió: “DECLARA NO HA LUGAR el antejuicio promovido por la Abogada MARIA TEJEDA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público en contra de la Juez de Letras de lo Fiscal Administrativo, Abogada NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ.” V. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO En fecha cuatro de marzo del dos mil quince, la Abogada MARIA TEJADA PINEDA, de generales y condición ya expresadas, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, interponiendo Recurso de Apelación contra la resolución antes referida, expresando agravios de la manera siguiente: “HECHOS Y EXPRESION DE AGRAVIOS. PRIMERO: En fecha diez de noviembre del año dos mil catorce se promovió Procedimiento Especial de Antejuicio, a fin que se declare a Lugar la Persecución Penal del Ministerio Público contra la Ciudadana NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, Juez de Letras Fiscal Administrativo quien se desempeña como Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, por suponerla responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que en fecha 26 de Febrero del año 2015, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Falla: Declarar No Ha Lugar el Antejuicio promovido por el Ministerio Público; manifestando que no existen meritos para declarar con lugar el mismo, en virtud que la denunciada actuó a prevención en base al artículo 12 de Ley Sobre Justicia Constitucional; de igual manera argumenta el sentenciador que la denunciada esta facultada para suspender el acto reclamado e imponer la Medida Cautelar tal como lo establece el Artículo 57, 58 y 59 de la citada ley. Asimismo, manifiesta el Ad-quem que el Artículo 45 de la Ley antes mencionada, establece uno de los principios de la subsanación de la acción de Amparo, como lo es la independencia, lo que hace que los Jueces sean independientes en su tramitación. PUNTOS DE DERECHO. Esta Fiscalía se manifiesta inconforme con la resolución suprareferida por las razones que se exponen a continuación: PRIMERO: Que si bien es cierto El Artículo 12 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que el Órgano Jurisdiccional conocerá de la acción de Amparo por razón de la materia, que tenga Jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o la amenaza de los Derechos; no es menos cierto, que la misma normativa prescribe que se conocerá de esa garantía, cuando la Competencia no estuviere claramente establecido: lo que no acontece en el presente caso, puesto que le correspondía a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conocer del mismo, por tener la Dirección Ejecutiva de Ingresos (Institución Recurrida) Jurisdicción y competencia a Nivel Nacional. Extremo este que no puede descocer la Jueza Hernández Gómez, en virtud que al Artículo 9 de Ley antes mencionada en su numeral 3 inciso d) se indica que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional conocerá de las violaciones cometidas por las demás funcionarios con autoridad en toda la República. SEGUNDO: De igual manera, nos causa agravios la Resolución del Ad-quem, al referir que la Ley faculta para suspender el acto reclamado a criterio del Juez, bajo la responsabilidad del peticionario; con lo cual discrepamos, ya que en el presente caso, la antejuiciada no tomo en consideración lo señalado en el Artículo 59 de la citada normativa Constitucional, puesto que en ninguna de esas causales se enmarca la emisión de tal Medida Cautelar adoptada por el A-quo; además, de imponer como medida provisional la Suspensión del Acto Reclamado, ordena la jueza de Letras como medida cautelar, que la autoridad recurrida proceda a extender lo Constancia solicitada dentro de las veinticuatro horas siguientes librando en la misma fecha la comunicación de estilo. Como se aprecia la Jueza Hernández Gómez; además, no observa lo señalado en el Articulo antes referido, no dio cumplimiento a lo ordenado por ella misma en la resolución de fecha diecisiete de Diciembre de 2013, en la que ordena a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) le remita en un plazo de tres días los respectivos antecedentes, o rinda informe circunstanciado en relación al acto mediante el cual se deniega la emisión de una Constancia de Solvencia a favor del recurrente; pues no esperó dichos antecedentes o el informe que debió remitir la autoridad recurrida (como lo indica el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional), y así, tener conocimiento que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante resolución No. DEI-1 12-DA-AGC--2013 de fecha 22 de julio de 2013, contempla ajustes de impuestos correspondientes a: impuesto Sobre la Renta, Activo Total Neto, Aportación Solidaria Temporal de los períodos 2010, 2011 y 2012 por un valor de CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 5,064,301.39), resolución que fue notificada al contribuyente, haciendo uso del recurso de reposición fuera del término legal por ende fue declarado improcedente por ser extemporáneo, en base al artículo 77 del Código Tributario.- En ese orden de ideas, el Contribuyente MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS S.A., solicitó Constancia de Solvencia de Impuestos; emitiendo la DEI el 4 de Noviembre de 2013, CONSTANCIA de que dicha empresa NO SE ENCUENTRA SOLVENTE en sus obligaciones tributarias con el Estado.- Siendo contra este acto, que el Contribuyente impetra la Garantía de Amparo, que conoce el despacho de la Jueza Natalia Waleska Hernández Gómez, que se registro bajo el No. 23-2013. TERCERO: De igual manera, el Ad-quem hace referencia en su considerando número cuatro del Fallo recurrido, que el Artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que uno de los principios de la sustanciación de la acción de amparo, es el de la Independencia con que actúan los Jueces en la tramitación del mismo; extremo este con el que estamos en total acuerdo, pero ha que recordar, que todo funcionario o empleado público está en la obligación de saber que todos sus actos u omisiones sean conforme a la Constitución y las Leyes, y cuando produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, como ser violentar la Constitución o la Ley como producto de una acción u omisión que responde a la intensión que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe o está obligado a saber, de la posibilidad que se produjera tal efecto, debe responder por el correspondiente tipo penal en que se enmarque su conducta (en el caso de merito Artículo 349 numeral 2 del Código Penal). CUARTO: En ese orden de ideas, es necesario referir que el 29 de Noviembre de 2013, ante el mismo Juzgado de Letras Fiscal Administrativo, se interpuso amparo registrado con el No. 20-2013 y contra el mismo acto de fecha 4 de Noviembre de 2013, mediante el cual la DEI hace Constar que la empresa MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., NO SE ENCUENTRA SOLVENTE en sus obligaciones tributarias con el Estado, es decir trece (13) días antes de que se presentara la otra demanda registrada con el número 23-2013 que conoció la Jueza Natalia Waleska Hernández Gómez, y que originó las presentes diligencias, en aquella oportunidad el amparo fue asignado a otro Juez Edwin Alberto Anémis López, quien en fecha 4 de Diciembre de 2013, resolvió rechazar de plano la acción de amparo, interpuesta a favor de la Sociedad MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por la causa de inadmisibilidad señalada en el artículo 46 numeral 8, párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Siendo así las Cosas, se determina que la misma demanda de Amparo fue presentada dos veces, ante el mismo juzgado, la primera en fecha 29 de noviembre de 2013 (Exp.20-2013) y la segunda trece días después, es decir el 12 de diciembre del mismo año (Exp. 23-2013), la primera demanda fue rechazada de plano por el Juez Anémis López, por considerar que no estaba agotada la vía recursiva. De igual manera es importante referir, que de las investigaciones realizadas por el Consejo de la Adjudicatura y de la carrera Judicial, determinó mediante resolución numero 252-253-2014 de fecha 15 de Julio de 2014: Declarar la responsabilidad administrativa de la servidora Judicial NATHALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, por incurrir en Infracciones Disciplinarias Graves; asimismo, le impone la sanción administrativa de suspensión del cargo sin derecho a remuneración por el termino de tres (3) meses; sanción esta que fue impugnada por la servidora Judicial y que el Consejo de la Adjudicatura resuelve suspenderla por el termino de quince (15) días sin derecho a remuneración. Todo lo anterior relacionado al caso de mérito.” VI. CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS DE LA ANTEJUICIADA En proveído de fecha cinco de marzo del dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, tuvo por admitido en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIA TEJADA, en su condición expresada, concediendo a la parte contraria, Abogada NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, en su condición indicada, el término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que conteste los agravios expresados. Por lo que en fecha quince de abril del dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada NATALIA WALESKA HERNÁNDEZ GOMEZ, actuando en causa propia, contestando los agravios de la siguiente manera: “HECHOS Y EXPRESION DE AGRAVIOS 1.- En cuanto a los hechos primero y segundo se aceptan, por ser ciertos y constar en el expediente de merito. PUNTOS DE DERECHO: PRIMERO: De lo expresado por la recurrente en su primer agravio, El articulo 12 de la Ley sobre Justicia Constitucional prescribe “Cuando la competencia no estuviere claramente establecida...”; Competencia, es la medida o el alcance de la Jurisdicción, es decir el limite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos jurisdiccionales; La competencia es la aptitud otorgada a los jueces por la Ley para conocer en causas determinadas según la materia, grado, valor o territorio; competencia misma, que claramente otorga el presente articulo al establecer “conocerá de la acción de habeas corpus y amparo, a prevención, el órgano jurisdiccional que por razón de la materia, tenga jurisdicción en el lugar en donde ocurrió la violación o la amenaza de los derechos o en donde haya producido o pudiere producir efectos” y tal como ocurrió en el presente caso de autos, el amparo fue presentado ante esta judicatura como Amparo Fiscal, y siendo que el Juzgado de Letras Fiscal Administrativo fue creado mediante Acuerdo 01-04 de fecha 16 de Diciembre del 2004 y, el mismo goza de jurisdicción Nacional, esto provoco no estar claro en la competencia y de esta manera basado en Ley, conocer del amparo a prevención, dicho Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO: Aunado al acápite que antecede, la Recurrente manifiesta que le causo agravios la resolución del Ad-quem, al referir, muy acertadamente y ajustado a pleno derecho, que la Ley faculta para suspender el acto reclamado a criterio del Juez bajo la responsabilidad del peticionario; la Recurrente, hace referencia a la medida cautelar tomada por mi persona, debidamente facultada en los Artículos 57 y 58 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- El Juicio de Amparo constituye por antonomasia el medio protector por excelencia del que dispone el amparista para hacer frente al embate del arbitrario poder de la autoridad, es a través de este medio de control que se hace imperar el respeto a los Derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, sin embargo de NADA serviría una salvaguarda de esa naturaleza, sino existiera un mecanismo que logre contener la embestida del autoritario proceder de la contraparte; De llegarse a ejecutar el acto reclamado antes de su declaración formal de inconstitucionalidad; provoca un conducente daño en la esfera del particular, quedando sin razón de existencia aquel medio garante de protección de Derechos fundamentales, es por ello que como parte del juicio se instituye la suspensión del acto reclamado como aquella medida cautelar que proveerá de vida al propio juicio.- Lo característico de las medidas cautelares es que han de adoptarse como urgencia inmediatamente. Es decir LO PROPIO de las medidas cautelares es que tiene que adoptarse rápidamente, al margen, por lo tanto, de las reposadas formas del proceso, y eso la urgencia Y NO otra cosa, es lo que explica y justifica las peculiares condiciones en que el Juez adopta su decisión de .otorgar o denegar la medida cautelar solicitada. TERCERO: Manifiesta la recurrente en su agravio tercero, que el Ad-Quem hace referencia en su considerando numero cuatro del fallo recurrido, que el Artículo 45 de la Ley sobre justicia Constitucional establece que uno de los principios de la sustanciación de la acción de amparo, ES EL DE LA INDEPENDENCIA, con que actúan los jueces en la tramitación del mismo; al respecto la Independencia Judicial es UN MEDIO y no UN FIN, esta no proviene solo del diseño legal e institucional que se adopte, sino de la conciencia del Juez. El Juez esta arropado por las salvaguardas que el sistema le provee para que ejerza la función de manera independiente, el Juez debe de adoptar sus resoluciones con imparcialidad, según su comprensión de la Ley y de los hechos sometidos a su conocimiento, tal como sucedió en el presente caso de merito en donde las resoluciones, en el plasmadas fueron basadas en Ley, de manera imparcial, salvaguardando el derecho reclamado por una de las partes.- CUARTO: En el punto numero cuatro la Recurrente expresa que previamente al amparo que como Juez Fiscal conocí y que obra bajo el expediente No. 20-2013, había sido presentada otra demanda contra el mismo acto de fecha 4 de noviembre del 2013; como es de su conocimiento Honorable Corte, al Juez no compete ni la distribución de trabajo en los juzgado ni mucho menos conocer la carga laboral de los demás Jueces, ya la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales establece en su Artículo 3: Es prohibido a las autoridades judiciales: 1.- Mezclarse en las atribuciones de otras autoridades y ejercer otras atribuciones que las que determinan la Ley.- La obligación de recibir la carga laboral y distribuir la misma corresponde a los Secretarios de los Juzgados tal como esta plasmado en el Artículo 222 de la referida Ley; Es por ello que en mi condición de Juez Fiscal no estoy en la obligación de conocer la labor que en base a Ley corresponde al Secretario Judicial. Por todo lo anteriormente expresado, es oportuno señalar que dentro de los alegatos de agravios manifestados por la recurrente, en ningún acápite manifiesta de manera concreta los agravios ocasionados por la sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, lo que vuelve ineficaz su pretensión de cambiar el fallo emitido de conformidad a Derecho.” VII. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA 1) Naturaleza del Antejuicio: El antejuicio se define como la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción. Concretamente, es una garantía pre-procesal que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas. El antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el indebido juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza. El Antejuicio es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza de la República, como mecanismo de protección del ejercicio jurisdiccional. 2) Características del Antejuicio: a partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; c) Es un instituto de orden público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); d) Mediante el antejuicio se determinará si existen o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e) El antejuicio puede operar como acción y como excepción: i) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii) Como excepción: cuando el juez o jueza acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y F) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 L.O.A.T.), ello genera varias consecuencias: i) Aún cuando sea declarado con lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de meritos para ello; ii) El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer antejuicio, aporten nuevo elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iv) La acción penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como Juez o Jueza, aún cuando se haya declarado sin lugar un antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. 3) Requisitos para la procedencia del antejuicio: Presentado que sea el antejuicio corresponde al órgano jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del antejuicio se verificaran el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el trámite previsto por el código de rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: a) Verificación de Requisitos Formales: i) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de Conversión de la acción pública a acción privada (Art. 41 Código Procesal Penal) y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii) Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeño de la función estatal de Juez o Jueza que protege ésta garantía. Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii) Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función jurisdiccional. Aún cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los caso de los delitos no funcionales (Ejemplo: Robo, Homicidio, Violación, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv) El escrito del antejuicio defina claramente los hechos que el peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito sólo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos. b) Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i) Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; ii) Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; iii) Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar, que la suerte del procedimiento del antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; igualmente, la suerte del antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional[1]. 4) Esta Sala de lo Penal, luego de realizar un análisis exhaustivo e íntegro de los argumentos de ambas partes, tanto del Ministerio Público como de la Funcionaria Judicial y sobre todo, de examinar la Sentencia dictada por la Corte Ad-quem, concluye que no encuentra en los hechos imputados a la abogada Natalia Waleska Hernández Gomez, en su condición de Juez de Letras Fiscal Administrativo de Francisco Morazán, fundamento razonable e inequívoco para la presentación de la acción penal en su contra por el delito de Abuso de Autoridad. Lo anterior en virtud que las acciones de la Juez antejuiciada, constituyen actuaciones que se enmarcan dentro de las facultades de su cargo y dentro de los límites que la ley le permitía, por ejemplo conocer a prevención un recurso de amparo con ánimo de salvaguardar un derecho fundamental. Considera este máximo Tribunal, que las acciones efectuadas por la Funcionaria Judicial como ser, conocer a prevención un recurso de amparo, admitir con o sin suspensión el acto reclamado en un recurso de amparo, imponer una medida cautelar en el momento de la admisión de la demanda; todas y cada una de las actuaciones que fueron realizadas por la togada, son acciones que se encuentran permitidas por la ley y que constituyen sin lugar a dudas una interpretación posible dentro de nuestra legislación, es decir no puede señalársele de abuso de autoridad a una funcionaria que emite un resolución judicial que según su criterio es lo correcto, aunque en la realidad no lo sea, pero no es posible perseguirle por emitir su opinión como dictaminador de conflictos jurídicos pues esto atentaría contra la independencia judicial. Si bien existió otro Juez que conoció de las mismas actuaciones procesales las cuales fueron declaradas sin lugar, de todos es conocido que los jueces desconocen en muchos casos la carga que llevan sus compañeros, ésta tarea es responsabilidad de la Secretaría, quien tuvo que avistar y posiblemente acumular las actuaciones, pues correspondían a los mismos hechos y solicitud. La Juez Natalia Hernández en apariencia actuó dentro del marco de la ley al admitir con suspensión del acto reclamado el amparo presentado por Seguros Mapfre, pues esa facultad se la otorga el artículo 57 de la Ley de Justicia Constitucional, de igual forma estaba facultada para imponer la medida cautelar de extensión de la contancia a la Aseguradora Mapfre, ya sean decisiones erradas o no, la ley contempla la posibilidad de que un Juez pueda aplicarlas. Si bien se cuestiona que desde un inicio la togada no debió conocer el amparo pues estaba presentado contra actuaciones de la Secretaria de Administración de Rentas (SAR), institución del Estado que tiene competencia a nivel nacional y por tanto correspondía a la Sala de lo Constitucional el conocimiento de la acción de amparo, para la togada existía una ambigüedad en cuanto a que sí podía conocerlo, pues el Juzgado de lo Contencioso Administrativo-Fiscal por determinación de la ley, cuenta igualmente con jurisdicción a nivel nacional, lo cual justificaba como válido el razonamiento de la Juez Hernández Gomez. De igual forma se discute que la togada no esperó el informe de la SAR para ordenar se extendiera la constancia a la Aseguradora Mapfre, sin embargo la antejuiciada presenta un argumento correcto y adecuado respecto a lo delicado de la garantía de amparo, pues consideró que para tutelar la posibilidad de la vulneración de un Derecho no devenía en la obligación de esperar el informe, es decir actuó con el único ánimo de proteger un derecho que posiblemente estaba siendo conculcado, estas actuaciones son las correctas ante la presentación de un recurso de amparo y la ley faculta al Juez para hacerlo. En ese orden de ideas, para esta Sala de lo Penal no existe fundamento razonable para entablar un antejuicio a la abogada Natalia Waleska Hernández Gomez, pues sus actuaciones fueron ejecutadas dentro de las facultades que la misma ley le confiere y aunque dichos actos se encontraran errados, ya la ley establece los mecanismos de impugnación para revertir las mismas. Es posible que en dichas actuaciones judiciales la Juez Hernández Gomez haya incurrido en alguna falta administrativa, sin embargo entiende esta Sala que los entes encargados de la investigación interna de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, entablaron una averiguación sobre el comportamiento de la togada en los hechos narrados, concluyendo que no se logró acreditar la responsabilidad directa de la funcionaria, por tanto este máximo Tribunal comparte los argumentos vertidos por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al denegar la solicitud de antejuicio contra la Juez Natalia Waleska Hernández. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 3), 316 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 420, 421, 422, 423 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declarar no ha Lugar el Recurso de Apelacion interpuesto por la abogada Maria Tejada, en su condición de Fsical del Ministerio Público. Segundo: Confirmar la Sentencia de fecha veintiséis (26) de febrero del dos mil quince (2015), dictada pr la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que se extienda copia simple de la presente resolución a las partes intervinientes. Notifíquese.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-194-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Vid Sentencia de Apelación Penal en Antejuicio SP 250-2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio del 2013.