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Sentencia AP-19-16 — Registro 6836

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó el sobresimiento provisional y ordenó al juzgado de letras de primera instancia dictar sobreseimiento definitivo con relación a la causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de una menor

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la Revocatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado Juan Carlos Escobar Arévalo; la recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que no se valoró en forma conjunta y armónica la prueba producida en audiencia inicial y presentada por el ente acusador, para arribar a la conclusión de revocar el sobreseimiento provisional y en su lugar ordenando se decrete Sobreseimiento Definitivo..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte que la impetrante muestra su disconformidad con la resolución impugnada, al revocar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento Provisional a favor del encausado por el delito de Violación, según el Requerimiento Fiscal presentado y ordena el dictado de un Sobreseimiento Definitivo. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que al ente acusador –Ministerio Público- se le dio la oportunidad de ofertar los elementos de prueba que tenia disponibles para la Audiencia Inicial, la que se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 82 constitucional; en tal sentido el derecho a la defensa se manifiesta en el acceso a los tribunales para ejercitar las acciones en la forma que señalan las leyes; indicando el artículo 294 ut supra, que la parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez únicamente resolverá con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice..."..."Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, quien actúa en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha quince de febrero del año dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de febrero del año dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, la Abogada IDALIA YADIRA FLORES ROJAS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por suponerle responsable a título de Autor de la comisión del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.(Folios del 01 al 04 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha trece de febrero del año dos mil(Sic) “catorce”, y concluyendo en fecha quince de febrero del mismo año dos mil quince, resolvió: (Sic) “…lo procedente es dictar un Sobreseimiento Provisional a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por el delito de VIOLACION en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ; por lo tanto SE DICTA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL y extiéndase carta de libertad provisional, a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por el delito de VIOLACION en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ; por lo tanto SE DICTA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, esto en atención al artículo 92 de la Constitución de la República de Honduras; 294 y 295 del Código Procesal Penal…” (Folios del42 al 55 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN y MARIO ELAN SORTO CHAVEZ, contra la resolución supra relacionada y dictada en Audiencia Inicial, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictó resolución mediante el cual falló: (Sic)“PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa privada del imputado.- SEGUNDO: REVOCANDO LA RESOLUCION JUDICIAL de fecha diez de febrero del año dos mil quince mediante la cual la A-quo otorgó Sobreseimiento Provisional al imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.-TERCERO: Se instruye al A-quo para que proceda a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por no haberse acreditado el delito de VIOLACION ESPECIAL en supuesto perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ, como se expuso en la motivación de este fallo…”(Folios del 06 al 11 de la pieza de antecedentes de Alzada).- 4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA quien actúa en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, compareció ante este Alto Tribunal en fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo, a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, vulnera derechos constitucionales como ser el derecho de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha doce de mayo del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diez de febrero del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada IDALIA YADIRA FLORES ROJAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por suponerlo responsable a título de Autor del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.- CONSIDERANDO (3): Que en fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha quince de febrero del año dos mil quince, dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el proceso iniciado en contra del señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO; resolución que dicta Sobreseimiento Provisional en contra del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por el delito incoado por el Ministerio Público, de VIOLACIÓN; considera la recurrente en amparo, que la resolución antes referida vulnera los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en defensa de su tesis, la recurrente sostiene que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones deja en indefensión al Ministerio Público ya que si bien es cierto y en base al principio de objetividad que debe regir las actuaciones del ente acusador del Estado, en la audiencia inicial no logro acreditar la participación del imputado en los hechos por los cuales se le presento requerimiento fiscal, no menos cierto es, que existen sospechas sobre dicha participación, aunado al hecho que aun se encuentra pendiente de evacuación de prueba consistente en hisopado vaginal, que determine la presencia de semen; exámenes psicológicos y psiquiátrico, para establecer si la victima presenta daños causados por el evento por ella narrado, así como si se determino la presencia de drogas de abuso. Sostiene la impetrante que al establecer el Ad-quem que la prueba que esta pendiente de evacuar no va cambiar en nada la resolución emitida, genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad, considerando que con la misma se podrá confirmar o descartar si el acusado sostuvo o no relación sexual con la victima y si ésta tenia o no en su cuerpo algún tipo de droga de abuso; faltando con ello a la tutela legal efectiva, la que impone al Juez la obligación de juzgar con imparcialidad.- CONSIDERANDO (5): Que como consecuencia de lo anterior, sostiene la recurrente, trae como consecuencia que por parte del Ad-quem se inobserve la disposición contenida en el artículo 202 del Código Procesal penal, que impone al Juez la obligación que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica (Lo resaltado es de la impetrante). El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El método de la sana critica consiste en considerar un conjunto de normas de criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la psicología y aun del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano. Continua diciendo la impetrante, que esa libertad dada por la sana crítica, reconoce un límite Que es el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento (Lo resaltado es de la impetrante), es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que las conclusiones a que arriben sean del fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, contradicción y tercero excluido.- CONSIDERANDO (6):Que para concluir, la impetrante dice que la Corte de Apelaciones no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo testifical y documental aportados por el ente acusador, vulnerando con ellos reglas de la sana critica, pues es su deber valorar la prueba producida en forma conjunta y armónica, siéndole exigible una razón suficiente del porqué arribó a la conclusión de revocar el sobreseimiento provisional decretado por el A-quo y en su lugar ordenando que se decrete sobreseimiento definitivo, inobservando dicho tribunal el contenido objetivo de los artículos 141 párrafo tercero, 198 y 202 del Código Procesal Penal, que establecen las finalidades de los medios de prueba y las reglas de valoración de la prueba.- CONSIDERANDO (7): Que del examen de los autos, esta Sala observa que la cuestión que se recurre en Amparo es la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa privada del imputado.- SEGUNDO: REVOCANDO LA RESOLUCION JUDICIAL de fecha diez de febrero del año dos mil quince mediante la cual la A-quo otorgó Sobreseimiento Provisional al imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.- TERCERO: Se instruye al A-quo para que proceda a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por no haberse acreditado el delito de VIOLACION ESPECIAL en supuesto perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ, como se expuso en la motivación de este fallo…”(Folios del 06 al 11 de la pieza de antecedentes de Alzada).- CONSIDERANDO (8): Que la recurrente expone en su acción constitucional, que las disposiciones constitucionales, que estima vulneradas con la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida se encuentran contenidos en los artículos siguientes: 82.“El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”- CONSIDERANDO (9): Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la Revocatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado Juan Carlos Escobar Arévalo; la recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que no se valoró en forma conjunta y armónica la prueba producida en audiencia inicial y presentada por el ente acusador, para arribar a la conclusión de revocar el sobreseimiento provisional y en su lugar ordenando se decrete Sobreseimiento Definitivo.- CONSIDERANDO (10): Que es importante para esta Sala de lo Constitucional lo establecido en el párrafo tercero del artículo 141, 198 y 202 todos ellos del Código Procesal Penal, que la recurrente arguye inobservados por el Ad-quem, vulnerando con ello las reglas de la sana crítica, en su orden los preceptos apuntados señalan: “…La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido…”;artículo 198 “Finalidad de los Medios de Prueba. La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”; artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.- CONSIDERANDO (11): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada en lo siguiente: “… si bien es cierto el Ministerio Público no ha presentado los resultados de los análisis de hisopado vaginal, examen de orina, presencia de semen y espermatozoides, VIH, VDRL, con ellos no podrá probarse el delito de violación ni de violación especial por cuanto al no existir presencia de alcohol en la sangre de la ofendida y no haber existido violencia ni amenazas –lo cual la ofendida ratificó en su declaración testifical- no se configuran los elementos del delito de violación contemplado en el articulo 140 numeral 3 del Código Penal, por cuanto el dictamen ginecológico puede deducirse la existencia de ciertas lesiones relacionadas con coito reciente pero nada indica que el imputado haya quebrantado la norma penal antes mencionada aun cuando en las pruebas restantes se encontrase la presencia de semen, no podría determinarse lo estipulado en el referido Artículo 140 numeral 3 del Código Penal, el acceso carnal cuando sin mediar violencia ni amenaza el sujeto activo intencionalmente disminuya o anule la voluntad de la víctima utilizando sustancias psicotrópicas o estupefacientes incluyendo alcohol, por cuanto al no haber violencia ni intimidación y con el dictamen del laboratorio químico toxicológico no se detecto presencia de alcohol en la sangre de la ofendida, en tal sentido no se dan los elementos necesarios para tipificar el delito de violación o de violación especial y por consiguiente al no haber delito tampoco puede haber participación del imputado…”.- CONSIDERANDO (12): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estima la recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en conjunto y en forma armónica la prueba producida en audiencia inicial, para arribar el Ad-quem a la conclusión de revocar el Sobreseimiento Provisional dictado por el A-quo y ordenar el dictado de un Sobreseimiento Definitivo.- CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional advierte que la impetrante muestra su disconformidad con la resolución impugnada, al revocar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento Provisional a favor del encausado por el delito de Violación, según el Requerimiento Fiscal presentado y ordena el dictado de un Sobreseimiento Definitivo. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que al ente acusador –Ministerio Público- se le dio la oportunidad de ofertar los elementos de prueba que tenia disponibles para la Audiencia Inicial, la que se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 82 constitucional; en tal sentido el derecho a la defensa se manifiesta en el acceso a los tribunales para ejercitar las acciones en la forma que señalan las leyes; indicando el artículo 294 ut supra, que la parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez únicamente resolverá con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes.- CONSIDERANDO (14): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso, el artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; la mencionada norma procesal preceptúa que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[1] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.- CONSIDERANDO (15): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce la recurrente como vulneradas, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo.- CONSIDERANDO (16): Que para finalizar es importante reiterar que, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (17): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice.- CONSIDERANDO (18): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 294 y 202 del Código Procesal Penal. FALLA: Denegando el amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0019-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, quien actúa en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha quince de febrero del año dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de febrero del año dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, la Abogada IDALIA YADIRA FLORES ROJAS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por suponerle responsable a título de Autor de la comisión del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.(Folios del 01 al 04 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha trece de febrero del año dos mil(Sic) “catorce”, y concluyendo en fecha quince de febrero del mismo año dos mil quince, resolvió: (Sic) “…lo procedente es dictar un Sobreseimiento Provisional a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por el delito de VIOLACION en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ; por lo tanto SE DICTA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL y extiéndase carta de libertad provisional, a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por el delito de VIOLACION en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ; por lo tanto SE DICTA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, esto en atención al artículo 92 de la Constitución de la República de Honduras; 294 y 295 del Código Procesal Penal…” (Folios del42 al 55 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN y MARIO ELAN SORTO CHAVEZ, contra la resolución supra relacionada y dictada en Audiencia Inicial, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictó resolución mediante el cual falló: (Sic)“PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa privada del imputado.- SEGUNDO: REVOCANDO LA RESOLUCION JUDICIAL de fecha diez de febrero del año dos mil quince mediante la cual la A-quo otorgó Sobreseimiento Provisional al imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.-TERCERO: Se instruye al A-quo para que proceda a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por no haberse acreditado el delito de VIOLACION ESPECIAL en supuesto perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ, como se expuso en la motivación de este fallo…”(Folios del 06 al 11 de la pieza de antecedentes de Alzada).- 4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA quien actúa en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, compareció ante este Alto Tribunal en fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo, a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, vulnera derechos constitucionales como ser el derecho de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha doce de mayo del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diez de febrero del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada IDALIA YADIRA FLORES ROJAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por suponerlo responsable a título de Autor del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.- CONSIDERANDO (3): Que en fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha quince de febrero del año dos mil quince, dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el proceso iniciado en contra del señor JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO; resolución que dicta Sobreseimiento Provisional en contra del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por el delito incoado por el Ministerio Público, de VIOLACIÓN; considera la recurrente en amparo, que la resolución antes referida vulnera los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en defensa de su tesis, la recurrente sostiene que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones deja en indefensión al Ministerio Público ya que si bien es cierto y en base al principio de objetividad que debe regir las actuaciones del ente acusador del Estado, en la audiencia inicial no logro acreditar la participación del imputado en los hechos por los cuales se le presento requerimiento fiscal, no menos cierto es, que existen sospechas sobre dicha participación, aunado al hecho que aun se encuentra pendiente de evacuación de prueba consistente en hisopado vaginal, que determine la presencia de semen; exámenes psicológicos y psiquiátrico, para establecer si la victima presenta daños causados por el evento por ella narrado, así como si se determino la presencia de drogas de abuso. Sostiene la impetrante que al establecer el Ad-quem que la prueba que esta pendiente de evacuar no va cambiar en nada la resolución emitida, genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad, considerando que con la misma se podrá confirmar o descartar si el acusado sostuvo o no relación sexual con la victima y si ésta tenia o no en su cuerpo algún tipo de droga de abuso; faltando con ello a la tutela legal efectiva, la que impone al Juez la obligación de juzgar con imparcialidad.- CONSIDERANDO (5): Que como consecuencia de lo anterior, sostiene la recurrente, trae como consecuencia que por parte del Ad-quem se inobserve la disposición contenida en el artículo 202 del Código Procesal penal, que impone al Juez la obligación que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica (Lo resaltado es de la impetrante). El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El método de la sana critica consiste en considerar un conjunto de normas de criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la psicología y aun del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano. Continua diciendo la impetrante, que esa libertad dada por la sana crítica, reconoce un límite Que es el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento (Lo resaltado es de la impetrante), es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que las conclusiones a que arriben sean del fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, contradicción y tercero excluido.- CONSIDERANDO (6):Que para concluir, la impetrante dice que la Corte de Apelaciones no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo testifical y documental aportados por el ente acusador, vulnerando con ellos reglas de la sana critica, pues es su deber valorar la prueba producida en forma conjunta y armónica, siéndole exigible una razón suficiente del porqué arribó a la conclusión de revocar el sobreseimiento provisional decretado por el A-quo y en su lugar ordenando que se decrete sobreseimiento definitivo, inobservando dicho tribunal el contenido objetivo de los artículos 141 párrafo tercero, 198 y 202 del Código Procesal Penal, que establecen las finalidades de los medios de prueba y las reglas de valoración de la prueba.- CONSIDERANDO (7): Que del examen de los autos, esta Sala observa que la cuestión que se recurre en Amparo es la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa privada del imputado.- SEGUNDO: REVOCANDO LA RESOLUCION JUDICIAL de fecha diez de febrero del año dos mil quince mediante la cual la A-quo otorgó Sobreseimiento Provisional al imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ.- TERCERO: Se instruye al A-quo para que proceda a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado JUAN CARLOS ESCOBAR AREVALO, por no haberse acreditado el delito de VIOLACION ESPECIAL en supuesto perjuicio de RINA PATRICIA DIAZ MARTINEZ, como se expuso en la motivación de este fallo…”(Folios del 06 al 11 de la pieza de antecedentes de Alzada).- CONSIDERANDO (8): Que la recurrente expone en su acción constitucional, que las disposiciones constitucionales, que estima vulneradas con la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida se encuentran contenidos en los artículos siguientes: 82.“El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”- CONSIDERANDO (9): Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la Revocatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado Juan Carlos Escobar Arévalo; la recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que no se valoró en forma conjunta y armónica la prueba producida en audiencia inicial y presentada por el ente acusador, para arribar a la conclusión de revocar el sobreseimiento provisional y en su lugar ordenando se decrete Sobreseimiento Definitivo.- CONSIDERANDO (10): Que es importante para esta Sala de lo Constitucional lo establecido en el párrafo tercero del artículo 141, 198 y 202 todos ellos del Código Procesal Penal, que la recurrente arguye inobservados por el Ad-quem, vulnerando con ello las reglas de la sana crítica, en su orden los preceptos apuntados señalan: “…La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido…”;artículo 198 “Finalidad de los Medios de Prueba. La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”; artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.- CONSIDERANDO (11): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada en lo siguiente: “… si bien es cierto el Ministerio Público no ha presentado los resultados de los análisis de hisopado vaginal, examen de orina, presencia de semen y espermatozoides, VIH, VDRL, con ellos no podrá probarse el delito de violación ni de violación especial por cuanto al no existir presencia de alcohol en la sangre de la ofendida y no haber existido violencia ni amenazas –lo cual la ofendida ratificó en su declaración testifical- no se configuran los elementos del delito de violación contemplado en el articulo 140 numeral 3 del Código Penal, por cuanto el dictamen ginecológico puede deducirse la existencia de ciertas lesiones relacionadas con coito reciente pero nada indica que el imputado haya quebrantado la norma penal antes mencionada aun cuando en las pruebas restantes se encontrase la presencia de semen, no podría determinarse lo estipulado en el referido Artículo 140 numeral 3 del Código Penal, el acceso carnal cuando sin mediar violencia ni amenaza el sujeto activo intencionalmente disminuya o anule la voluntad de la víctima utilizando sustancias psicotrópicas o estupefacientes incluyendo alcohol, por cuanto al no haber violencia ni intimidación y con el dictamen del laboratorio químico toxicológico no se detecto presencia de alcohol en la sangre de la ofendida, en tal sentido no se dan los elementos necesarios para tipificar el delito de violación o de violación especial y por consiguiente al no haber delito tampoco puede haber participación del imputado…”.- CONSIDERANDO (12): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estima la recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en conjunto y en forma armónica la prueba producida en audiencia inicial, para arribar el Ad-quem a la conclusión de revocar el Sobreseimiento Provisional dictado por el A-quo y ordenar el dictado de un Sobreseimiento Definitivo.- CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional advierte que la impetrante muestra su disconformidad con la resolución impugnada, al revocar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento Provisional a favor del encausado por el delito de Violación, según el Requerimiento Fiscal presentado y ordena el dictado de un Sobreseimiento Definitivo. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que al ente acusador –Ministerio Público- se le dio la oportunidad de ofertar los elementos de prueba que tenia disponibles para la Audiencia Inicial, la que se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 82 constitucional; en tal sentido el derecho a la defensa se manifiesta en el acceso a los tribunales para ejercitar las acciones en la forma que señalan las leyes; indicando el artículo 294 ut supra, que la parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez únicamente resolverá con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes.- CONSIDERANDO (14): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso, el artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; la mencionada norma procesal preceptúa que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[2] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.- CONSIDERANDO (15): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce la recurrente como vulneradas, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo.- CONSIDERANDO (16): Que para finalizar es importante reiterar que, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (17): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice.- CONSIDERANDO (18): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 294 y 202 del Código Procesal Penal. FALLA: Denegando el amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0019-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.

[2] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.