Sentencia AP-189-17 — Registro 16288
Resumen
En segunda instancia se declaró ha lugar parcialmente la solicitud de antejuicio en relación al antejuicio por suponerlo responsable los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Esta Sala de lo Penal, luego de realizar un análisis cuidadoso e íntegro de los argumentos de ambas partes, tanto del Ministerio Público como del Funcionario Judicial y sobre todo, de examinar la Sentencia dictada por la Corte Ad-quem, , concluye que no encuentra en los hechos imputados al abogado Juan de Dios Mondragon Barahona, en su condición de Juez titular del Juzgado de Letras departamental de Santa Bárbara, fundamento razonable e inequívoco para la presentación de la acción penal en su contra por el delito de Abuso de Autoridad. Lo anterior en virtud que las acciones del Juez antejuiciado, constituyen actuaciones que se enmarcan dentro de las facultades de su cargo y dentro de los límites que la ley le permitía, por ejemplo, decretar un sobreseimiento definitivo o provisional en una audiencia preliminar es una de las posibilidades que plantea la ley procesal. En la audiencia preliminar es permitido la presentación y evacuación de medios de pruebas, determinación que tomó el Juez Juan de Dios Mondragon al valorar un documento público y sobre el cual no existe pronunciamiento por ilicitud o falsedad por parte del ente fiscal. Si bien el documento público es un acta de matrimonio entre el imputado y la ofendida, mismo que, para el Juez Mondragon, este documento hacia desaparecer los efectos del delito de violación especial por ausencia de dolo en el accionar del imputado y por tanto existía un error de prohibición, sin embargo estos argumentos del Juez Mondragon Barahona no son más que criterios jurídicos errados o no de su función como Juez, resoluciones que pueden ser revertidas a través de los medios de impugnación que la ley procesal dispone, pero que constituyen sin lugar a dudas una interpretación posible dentro de la ley penal, es decir no puede señalársele de abuso de autoridad a un togado que emite un criterio que según su entender es correcto, aunque en realidad no lo sea, pero no es posible perseguirle por emitir su opinión como dictaminador de conflictos jurídicos pues esto atentaría contra la independencia judicial. Ahora bien sobre los razones jurídicas que externó la Corte de Apelaciones y por las cuales argumentó que no era procedente que el Juez sobreseyera la causa penal, en primer lugar estableció que, si bien se trataba de un documento público, no resultaba suficiente para dictar sobreseimiento definitivo, pues el matrimonio se celebró cuando ya estaba detenido el imputado; como segundo punto establece la Corte de Apelaciones, que el matrimonio civil celebrado entre imputado y ofendía no extingue la responsabilidad penal por el delito de violación; por último dispone que resolver en cuanto a la concurrencia o no de un error de prohibición es faculta privativa de los Tribunales de Sentencia; también advierte que el hecho de no someter dicho documento público al contradictorio del Ministerio Público, le puso en desventaja restringiendo así derechos fundamentales como el Debido Proceso y el Derecho de Defensa; todos estos argumentos del Ad-quem son totalmente correctos y válidos, los cuales comparte esta Sala de lo Penal, sin embargo no estamos de acuerdo que dichas actuaciones erradas del Funcionario Judicial dan pie a una resolución contraria a la Constitución, es posible que tengan como consecuencia sanciones administrativas, pues esta Corte no avista si quiera en dichas actuaciones judiciales, la posibilidad de mala fe del funcionario judicial o la intención de querer beneficiar al imputado con su resolución, situación que en ningún momento lo ha mencionado la Fiscalia del Ministerio Público en su solicitud, más bien parece que la actuación errada del Juez Mondragon Barahona responde al desconocimiento como profesional o falta de experticia en dichas situaciones legales, pues tal como lo ha manifestado, recién había asumido la judicatura; pero reitera esta Sala de lo Penal, que en base a lo ya argumentado, no encuentra fundamentos razonables para proceder con el antejuicio pretendido por el ente fiscal. Sin embargo, no es posible que dichas actuaciones judiciales que se suscitan por la falta de conocimiento o experticia de los togados, queden sin tener las repercusiones administrativas correspondientes, por lo que se instruye a la Inspectoría General de Tribunales, para que inicie las diligencias respectivas para deducir la responsabilidad adminsitrativa en la que haya incurrido el Juez Juan de Dios Mondragon Barahona.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 420 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 422 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 423 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) del mes de noviembre del dos mil diecisiete (2017). El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán Garcia y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Apelación, interpuesto ante la Corte de Apelaciones Seccional del departamento de Santa Bárbara, en fecha siete de marzo del dos mil diecisiete, por el abogado Juan de Dios Mondragón Barahona, en su condición de Juez del Juzgado de Letras departamental de Santa Bárbara, contra la resolución de fecha uno de marzo del dos mil diecisiete, dictado por la Corte de Apelaciones Seccional del departamento de Santa Bárbara, mediante la cual declaró Ha Lugar Parcialmente la solicitud de antejuicio promovida por la abogada Melissa Johana Medina Martínez; en relación al antejuicio promovido en fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis, ante la Corte de Apelaciones seccional del departamento de Santa Bárbara, por la abogada Melissa Johana Medina Martínez, mayor de edad, abogada, hondureña, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad, contra el señor JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, en calidad de Juez Titular del Juzgado de Letras departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, por suponerlo responsable los delitos de Abuso de Autridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública. Son Partes: El abogado Juan De Dios Mondragon Barahona, en su condición de Juez Titular del Juzgado de Letras Segundo del departamento de Santa Bárbara, como parte recurrente y La abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. SOLICITUD DE ANTEJUICIO En fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, la Abogada MELISSA JOHANA MEDINA MARTÍNEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Antejuicio de la manera siguiente: NARRACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS ANTIJURÍDICOS OBJETO DEL ANTEJUICIO PRIMERO: Que en fecha 3 de febrero de 2015, la Señora Marta Lidia Amaya Rodríguez compareció a las oficinas del Ministerio Público ubicadas en la ciudad de Santa Bárbara, denunciando que en el año 2010, su hija de 12 años de edad ANABELL PAZ AMAYA comenzó una relación de noviazgo con el Señor DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ de 22 años de edad y maestro de educación primaria, resultando de dicho noviazgo que su hija quedó en estado de embarazo, dando a luz a los 13 años de edad a una niña, sucediendo, que con el tiempo el señor DARVIN NOE PEREZ terminó su relación con la menor a quien dejó sola con la niña que procrearon y sin proveerle ningún tipo de recurso para la manutención de ésta; solicitando al Ente Fiscal se procediera legalmente ante el injusto sufrido por su hija y su nieta; es así que el Ministerio Público comienza las diligencias de investigación pertinentes a efecto de corroborar los hechos denunciados; Habiéndose agotado dicha investigación pudo determinase que el Señor DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ accesó carnalmente a la niña ANABELL PAZ AMAYA cuando esta tenía apenas 12 años de edad, por lo que del análisis de los hechos así como de los elementos de prueba resultantes, se procedió a la interposición del respectivo Requerimiento Fiscal en fecha 12 de febrero de 2015, por considerar al señor DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ responsable de la comisión del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL conforme a lo establecido en el art. 140 numeral 1 del Código Penal, por configurarse en los hechos denunciados todos los elementos del tipo penal señalado. SEGUNDO: Siguiendo el trámite legal establecido, se celebró la correspondiente Audiencia de declaración de imputado en fecha 28 de mayo de 2015, en la cual le fue impuesta al imputado la medida cautelar de Detención Judicial por el termino de Ley; señalándose como fecha para la celebración de la correspondiente Audiencia Inicial el día 2 de junio de 2015; siendo celebrada dicha Audiencia por la Juez Ana Cristina Amaya Muñoz, en la cual el Ministerio Público a efecto de acreditar los hechos imputados incorporó como elementos probatorios, el Acta de Nacimiento de la víctima, con la cual acreditó que al momento de ser accesada carnalmente por el imputado ésta contaba con tan solo 12 años de edad, Acta de Nacimiento de la niña HEILY DARIELA PEREZ PAZ con lo que se acredito que como consecuencia de la vida sexual con el acusado a sus 13 años de edad la ofendida dio a luz a una niña; Acta de Nacimiento del acusado a efecto de demostrar que este contaba con 22 años de edad cuando ejecutó los hechos ilícitos; Dictamen Médico Forense de la evaluación física realizada a la víctima con el que se demostró la existencia de evidencia científica de los hechos acusados; ante la concurrencia de basta prueba, que acreditó que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el Tipo Penal de VIOLACIÓN ESPECIAL, la Juez, al observar y analizar los elementos de prueba vertidos, determinó en ellos la existencia de plena prueba de la comisión del delito y del Indicio Racional de Participación del imputado por lo que procedió a decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO e imponerle al acusado la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA. TERCERO: En fecha 8 de septiembre de 2015, el Fiscal del Ministerio Público solicita al Juzgado de Letras se señale fecha y hora para la celebración de la correspondiente Audiencia Preliminar, resolviendo dicha solicitud en fecha 17 de ese mismo mes y año el Juzgado, a través del ABOG. JUAN DE DIOS MONDRAGON, admitiendo dicha solicitud y señalando el día 1 de octubre de 2015, como fecha para la celebración de la solicitada audiencia; notificando ese mismo día al apoderado defensor del acusado la fecha señalada, resultando que en fecha 29 de septiembre de 2015, es decir, dos días antes de la celebración de la audiencia preliminar, el defensor del acusado presentó escrito solicitando se agregara al expediente Certificación de Acta de Matrimonio entre el imputado y la victima; resolviendo el JUEZ JUAN DE DIOS MONDRAGON en fecha 30 de septiembre de 2015, admitir el escrito junto con la Certificación de Acta de Matrimonio y ordena sea agregada al expediente; estando así las cosas, el día señalado, es decir, el 1 de octubre de 2015, se celebra la Audiencia Preliminar presidiendo la misma el JUEZ JUAN DE DIOS MONDRAGON (f39), en la cual se le cede la palabra al Fiscal del Ministerio Público para que formalice acusación, procediendo así el Fiscal, solicitando por considerar Causa Probable para juicio solicitar se dictara el correspondiente Auto de Apertura de Juicio; acto seguido EL JUEZ sede la palabra al defensor privado quien rechazó la acusación, argumentando que la relación que existió entre victima e imputado estaba legitimada por la Ley y sustenta su argumento con la Certificación de Acta de Matrimonio que se agregó a folio (37) del expediente, señalándole al Juez que ya no existe el dolo por desaparecer los efectos del delito, solicitando así, se dictara un Sobreseimiento Definitivo; una vez finalizada la exposición de la defensa EL JUEZ tiene por formalizados los cargos por parte del Ministerio Público y rechazados estos por la defensa privada; concluyendo la Audiencia y señalando el termino legal para emitir su resolución. CUARTO: En fecha 5 de octubre de 2015, el Juez emite el correspondiente Auto, en el cual sorprendentemente EL JUEZ en su Fundamentación Jurídica ha dado valor jurídico a la CERTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, la cual ha tasado inobservando todas las reglas a la que están sometidas las pruebas en el proceso penal, ya que pese a que la defensa, en ningún momento anunció dicha certificación como elemento probatorio para ser evacuado bajo esta condición en audiencia, así también, en ningún momento fue admitida por EL JUEZ para ser tenida como tal en la audiencia, en ningún momento se le dio derecho a réplica al Fiscal del Ministerio Público para que hiciera uso de su derecho a contradicción, El Juez obró ilegalmente en la referida audiencia por contravenir todas las reglas del principio acusatorio, ya que si bien es cierto, podrá evacuarse prueba en Audiencia Preliminar esta debe estar sujeta a las normas y principios generales del proceso penal, es decir, debió ser presentada por la defensa con ese propósito, darla a conocer a la contraparte en este caso al Ministerio Público para que este hiciera las observaciones sobre su pertinencia, su utilidad, su proporcionalidad y su relevancia jurídico-penal en el caso concreto y El Juez resolver sobre la admisibilidad de la misma; por lo que al no haber sido propuesta por la defensa del imputado dicho documento como elemento de prueba para ser evacuado, EL JUEZ no debió valorarla ni tomarla como sustento y fundamento para su resolución y de valorarla debió hacerlo bajo las reglas de las sana crítica; reglas que no observó en su valoración, ya que omite valorar EL JUEZ que dicho matrimonio fue realizado en fecha 14 de septiembre de 2015 (15 días antes de la celebración de la Audiencia Preliminar), estando recluido el imputado, es decir, que dicho matrimonio fue celebrado posteriormente a la comisión del delito, y es así que, en apego a tan ilícito proceder decreta a favor del imputado un ILEGAL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. QUINTO: Por otra parte, plasma El Juez en la Fundamentación Jurídica del Auto que emitiera, en su numeral segundo (transcripción literal) 2. - “Que el articulo 140 numeral 1 del Código Penal establece el tipo penal de VIOLACIÓN ESPECIAL, precepto legal que no es aplicable en el presente caso porque pese a concurrir primeramente tanto el tipo objetivo como subjetivo del tipo penal, y por el hecho de haber contraído matrimonio la ofendida con el procesado, cosa que excluye el elemento volutivo de la acción como lo es el dolo, no es posible que el Ministerio Público pueda seguir sosteniendo su acción penal en contra de la voluntad de la hasta hoy ofendida”; argumento totalmente ilegal, ya que el Juzgador además de dar ilícitamente valor jurídico a un elemento de prueba no incorporado como tal en el proceso, este jamás excluirá el elemento volutivo en el Tipo Penal de VIOLACION ESPECIAL, ya que para el caso concreto el bien jurídico protegido es la Indemnidad Sexual de la que carece la víctima; por otra parte, dicho matrimonio se celebró el 14 de septiembre de 2015, y los hechos denunciados sucedieron en abril del año 2010, es decir, 5 años después de la comisión del delito, cuando el acusado guardaba prisión preventiva por el proceso incoado, así también obvió el Juez, que la denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima al ver que el procesado había abandonado la relación con la víctima y las obligaciones con la hija procreada; podrá por ende manifestar EL JUEZ que no hubo dolo en el accionar del imputado?, mas aberrante aun, EL JUEZ pretende que un acto ejecutado 5 años después de la consumación del delito, exima el elemento volutivo, ocurriendo extrañamente esa voluntad de contraer nupcias a raíz del proceso penal. Carente de toda lógica y al margen de la Ley resulta lo plasmado por el Juez “no es posible que el Ministerio Público pueda seguir sosteniendo su acción penal en contra de la voluntad de la hasta hoy ofendida” prueba dicho argumento el actuar ilícito y antijurídico del Juez pues él sabe, que el Ministerio Público puede y debe seguir la Acción Penal Pública conforme a lo señalado en el artículo 25 del Código Procesal Penal, norma que estatuye cuales serán los delitos conocidos por el Ministerio Público de oficio comprendiéndose dentro de estos el tipo penal de VIOLACIÓN, de igual forma EL JUEZ sabia que la imputación generada al señor DARVIN NOE PEREZ no solo estaba fundamentada en la narración de los hechos que realizara la víctima en la investigación, sin no que, en la misma existía sustento científico que acreditaba el accionar del encausado. SEXTO: En ese mismo orden de ideas, puede observarse el dolo con el que ha actuado EL JUEZ, pues desde la presentación del Requerimiento Fiscal, este Ministerio Público solicitó fuera tomada la declaración de la victima bajo las modalidades de la Prueba Anticipada, a efecto de garantizar este medio de prueba en el proceso y sobre manera su desarrollo en el Juicio Oral y Público, pues la máximas de la experiencia nos han demostrado que en la acciones ejecutadas en contra de niños puede verse comprometida la prueba testifical de estos, por influencias que puedan llevarse a cabo sobre estos para que varíen en sus declaraciones los hechos, afectándose así el medio de prueba y por ende el proceso; procediendo el Juez a Admitir el escrito de Requerimiento Fiscal, señalando fecha y hora para la celebración de Audiencia de Declaración de Imputado, pero omitió maliciosamente resolver la solicitud planteada por la Fiscalía para que se tomara la referida declaración como Prueba Anticipada; y siendo que transcurrió el proceso sin ser resuelta dicha solicitud, el Agente de Tribunales procede nuevamente a solicitar en Audiencia Preliminar se ordene la toma de la declaración de la víctima como Prueba Anticipada, omitiendo nuevamente y maliciosamente EL JUEZ resolver dicha petición, resultado probado con la Motivación realizada por El Juez en el auto de Apertura a Juicio la intención con la que actuó al omitir resolver la solicitud de Prueba Anticipada, al referir que el Ministerio Público no podía seguir sosteniendo su imputación contra la voluntad de la víctima, pero ¿Cómo sabia el Juez cual era la voluntad de la victima si nunca la escuchó?; Le vedó así al Ministerio Público la oportunidad de acreditar los hechos siendo narrados por la propia víctima cuando ésta no había sido aun sometida a presiones o influencias de los adultos que la rodean; lo anterior demuestra la malicia con la que actuó el Juez al no resolver la solicitud de Prueba Anticipada, y con la que continua actuando; ya que ante el Sobreseimiento Definitivo proferido, el Ente Fiscal interpuso el correspondiente Recurso de Apelación, resolviendo esa Honorable Corte de Apelación Revocar dicho Sobreseimiento y ORDENA al Juez resolver la solicitud de Prueba Anticipada presentada por la Fiscalía desde la presentación del Requerimiento Fiscal; El Juez procede en Auto Motivado a través del cual procede a ejecutar lo ordenado por la Honorable Corte de Apelaciones, pero éste resuelve Declarar SIN LUGAR LA SOLICITUD DE PRUEBA ANTICIPADA por no haber comparecido la victima; pero ¿Cómo comparecería la victima si la resolución de la Honorable Corte de Apelaciones fue posterior a la celebración de la Audiencia Preliminar, si ni siquiera hubo Audiencia de Notificación de Fallo? Si no hubo citación de la victima? Resulta así evidenciado el ánimo de favorecer al acusado, pues dicha resolución contraviene lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 277 del Código Procesal Penal, pues este debió fijar fecha y hora para la celebración de la correspondiente Audiencia en la que debió haberse tomado la declaración de la Victima, citando a todas las partes identificadas como tal en el proceso, para que se realizara dicha declaración con las formalidades prevista para el Debate, no obstante a ello, y a sabiendas de lo ilícito de su accionar por el cargo que desempeña El Juez resolvió favoreciendo con sus resoluciones al encausado. CALIFICACIÓN JURÍDICA A LOS HECHOS COMETIDOS La conducta demostrada por el Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA se subsume en los ilícitos penales de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, tipificado en los artículos 349 del Código Penal en relación a los artículos 140 numeral 1 del mismo cuerpo legal, articulo 277 del Código Procesal Penal. El primero de estos artículos establece: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)... 2) Dicte o Ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las Leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” En el presente caso el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD es complementado con lo preceptuado en el numeral 1) del artículo 140 del Código Penal que señala: “Constituye el delito de violación: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad;...” ello relacionado con el artículo 92 de la Constitución de la República que señala: “Solo podrá decretarse Auto de Formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”. RESPONSABILIDAD PENAL DEL ANTEJUICIADO Señala la Constitución de la República que los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella; por ello devienen en la obligación de ejecutar actos conforme a la Constitución y a las leyes, y cuando produzcan un efecto dañoso constitutivo de delito, como ser violentar la Constitución o la Ley como producto de una acción u omisión que responde a la intensión que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, de la posibilidad que se produjera tal efecto, debe responder por el correspondiente tipo penal en que se enmarque su conducta. (VG Art. 378 en relación con el Art. 121 párrafo segundo, ambos del Código Penal). En el presente caso el ABOG. JUAN DE DIOS MONDRAGON, en su condición de Juez, sabía y estaba obligado a saber que el bien jurídico tutelado en el tipo penal de VIOLACIÓN ESPECIAL es la Indemnidad Sexual de la que carecen los menores de edad, es decir, de la capacidad de comprender y asumir las consecuencias de una vida sexual activa; que es por ella que el legislador le ha señalado una condición especial al tipo penal simple, en el caso de mérito, el JUEZ ha señalado una exclusión del elemento volutivo al existir un Matrimonio posterior y como única consecuencia del proceso penal al que sometido el imputado. Es decir que el señor JUAN DE DIOS MONDRAGON al dictar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO ha obviado la aplicación del art. 140 numeral 1) del Código Penal dándole maliciosamente valor probatorio a una Certificación de Acta de Matrimonio, la cual no ha sido incorporada al proceso con las reglas señaladas en la norma procesal y que con la vasta carga probatoria incorporada por el Ministerio Público el Antejuiciado sabía y estaba obligado a saber la obligación ineludible en el caso concreto de la resolución que debía dictar, razón por la cual y en estricto apego al principio de legalidad, teniendo posición de garante en la administración de justicia no podía dictar otra resolución, ante la valoración de la prueba acreditada en el proceso, que el Auto de Apertura a Juicio. REQUISITOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD 1.- Que se trate de un Funcionario o Empleado Público El antejuiciado: JUAN DE DIOS MONDRAGON, ostenta el cargo de Juez de Letras de Juzgado de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, y al momento de la comisión de los hechos ya se desempeñaba como Juez Titular de dicho juzgado, demostrando como funcionario una conducta contraria y al margen de la ley, el artículo 393 del Código Penal establece literalmente quienes pueden ser considerados como Funcionarios Públicos. 2.- Que dicte sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a la Leyes. Se suscita por parte del antejuiciado JUAN DE DIOS MONDRAGON, por haber dictado en fecha 5 de octubre de 2015, un SOBRESEIMIENTO DEFINITO contrario a Ley, por tener pleno conocimiento que en la causa puesta a su conocimiento existía plena prueba de la comisión del delito y suficiente prueba para estimar que el denunciado había participado a titulo de autor en el mismo, así como tener pleno conocimiento que el Ministerio Público había acreditados TODOS los elementos del tipo penal y amparándose en un irracional, improcedente e ilegal argumento y con el único afán de favorecer al imputado decreto el referido sobreseimiento; lo que, hace que la conducta del hoy imputado sea penalmente reprochable. REQUISITO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL el elemento subjetivo del tipo penal que consiste en que el funcionario o empleado público, en este caso el Juez, incurra en la conducta típica descrita en el acápite anterior, con conocimiento y voluntad de la misma, es decir, de manera dolosa, ya que la acción de la Ley debe ser abarcada por el dolo como premisa, en los términos descritos por el Código Penal, y es en su artículo 13, que claramente se determina el dolo demandando qué el resultado responda a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción de dictar una resolución contraria a la ley, existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, lo cual, naturalmente se da en relación con el juez ahora antejuiciado, él sabía y estaba obligado a saber la resolución que debía dictar, era el Auto de Apertura a Juicio, en vista de que, si bien es cierto en audiencia preliminar el juez puede recibir prueba y también se la faculta para dictar sobreseimiento; en el caso concreto no era posible emitirse un Sobreseimiento definitivo pues existía suficiente y relevante prueba de cargo para sustentar la tesis acusatoria por parte del Ministerio Público en Juicio Oral y Público, y mas aún no podía el Antejuiciado fundamentar el sobreseimiento proferido en un ilegal elemento probatorio, el cual no variaba la tesis acusatoria, el juez ha introducido, valorado erróneamente el Acta de Matrimonio no introducido por la defensa como elemento probatoria y ha sustentado en ese criterio el Sobreseimiento Definitivo con el único afán de favorecer al imputado DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, asumiendo así voluntariamente la responsabilidad de favorecer al acusado, actuando de manera arbitraria. El antejuiciado sabía y estaba obligado a saber que el caso concreto no habían desaparecido los presupuestos tenidos en cuenta en la audiencia inicial para decretar el auto de formal procesamiento e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, que el elemento de prueba no incorporado en audiencia no desvanecía los requisitos de tipo por ser un acto posterior a la comisión del delito, por lo que no podía decretar otra resolución que no fuera el Auto de Apertura a Juicio, sin embargo voluntariamente asume la responsabilidad de favorecer al acusado omitiendo en su totalidad la aplicación correcta de la norma procesal vulnerada. VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Tipificado en los artículos 349 numeral 3) del Código Penal en relación al artículo 277 del Código Procesal Penal. Señala el art. 349: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: ... 3) Omita; rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; por otra parte señala el art. 277 del Código Procesal Penal: Actos Jurisdiccionales Pruebas Anticipadas. En caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba ... En todo caso, el Juez librará citación al Fiscal y los demás interesados que hasta el momento hayan sido identificados y que puedan comparecer, y estos tendrán derecho a asistir a la práctica anticipada de la prueba, en la forma prevista para el debate.” RESPONSABILIDAD PENAL DEL ANTEJUICIADO Consta en la causa de origen, que en fecha 12 de febrero de 2015, se presento escrito de Requerimiento Fiscal, en el cual reza en su suma SE SOLICITA DECLARACIÓN DE LA MENOR OFENDIDA CON LAS FORMALIDADES DE LA PRUEBA ANTICIPADA; resolviendo el Señor JUAN DE DIOS MONDRAGON a través de auto proferido en fecha 13 de febrero de 2015, en el cual resuelve todos y cada uno de los aspectos solicitados por el ente Fiscal a excepción de la toma de declaración de la victima bajo las formalidades de la Prueba Anticipada, así también, la misma solicitud se le presentó al Abog. Juan de Dios Mondragón en Audiencia Preliminar en donde también estimó resolver todas las cuestiones planteadas por las partes a excepción de la solicitud de Prueba Anticipada cuya solicitud reiteró el Ministerio Público, y más aún, ante la orden que le girara la Honorable Corte de Apelaciones para que resolviera dicha solicitud, este de manera dolosa y al margen de la Ley resuelve declararla SIN LUGAR en Auto emitido en fecha veinte de enero de dos mil dieciséis el cual pronuncia con el propósito de resolver lo ordenado por la Honorable Corte de Apelaciones con el incongruente alegato de no poderse evacuar por la no asistencia de la víctima, la cual nunca fue citada a su despacho tal y como lo ordena la norma procesal penal en el art. 277 párrafo cuarto. REQUISITOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS 1.- Que se trate de un Funcionario o Empleado Público El antejuiciado: JUAN DE DIOS MONDRAGON, ostenta el cargo de Juez de Letras de Juzgado de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, y al momento de la comisión de los hechos ya se desempeñaba como Juez Titular de dicho juzgado. 2.- Que omita, rehúse o retarde algún acto de deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. En el presente caso el antejuiciado JUAN DE DIOS MONDRAGON, en fecha trece de febrero de dos mil quince admite el escrito de Requerimiento Fiscal y resuelve lo planteado en éste con la formula “y como se pide” resolviendo así la solicitud de admisión del Requerimiento Fiscal en conjunto con los documentos acompañados, el libramiento de las ordenes de captura solicitadas, mas aún, siendo solicitada el señalamiento de fecha y hora para la celebración de Audiencia Inicial, el antejuiciado resuelve se señale fecha y hora para la celebración de esta una vez evacuada la audiencia indagatoria, no obstante, omite resolver la solicitud de tomarse la declaración de la víctima con las formalidades de la prueba anticipada, no haciendo mención alguna sobre este extremo, omitiendo cumplir lo preceptuado en el artículo 277 del Código Procesal Penal como se lo estatuye su envestidura, más aún, ante la emisión del ilegal Sobreseimiento Definitivo el Ente Fiscal interpone Recurso de Apelación que es resuelto Ha Lugar ordenándole esa Honorable Corte de Apelaciones RESOLVER LA SOLICITUD DE PRUEBA ANTICIPADA, sin embargo el antejuiciado de manera dolosa resuelve en la audiencia de notificación de fallo, Sin Lugar la solicitud de toma de declaración con las formalidades de la prueba anticipada por no estar presente la victima, argumento completamente irracional e ilícito, y con el cual se demuestra el actuar doloso del antejuiciado, pues este sabe y está obligado a saber que la realización de la prueba anticipada esta reglada en el articulo 277 párrafo curato del Código Procesal Penal, por lo que debió señalar otro día para la realización de la misma a fin de garantizar su legitima practica, lo que demuestra que su actuar es malicioso y tendiente a favorecer al señor Darvin Noé Pérez Rodríguez. REQUISITO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL el elemento subjetivo del tipo penal que consiste en que el funcionario o empleado público, en este caso el Juez, incurra en la conducta típica descrita en el acápite anterior, con conocimiento y voluntad de la misma, es decir, de manera dolosa, ya que la acción de la Ley debe ser abarcada por el dolo como premisa, en los términos descritos por el Código Penal, y es en su artículo 13, que claramente se determina el dolo demandando qué el resultado responda a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la omitir de resolver peticiones conforme a Ley, existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, lo cual, naturalmente se da en relación con el juez ahora antejuiciado, él sabía y estaba obligado a saber que toda petición planteada por las partes deben ser resueltas en amparo de lo señalado en la Constitución y las Leyes, y que la norma procesal penal regula los casos en los cuales podrá recibirse prueba bajo las formalidades de la prueba anticipada, y sabía que, el caso que le fuera sometido a su conocimiento cumplía los requisitos para que la declaración de la victima fuera tomada con estas formalidades, para que así el Ministerio Público contara con todos los medios de prueba pertinentes en Juicio Oral y Público, y es a sabiendas de ello que decide no resolver esa solicitud planteada no solo en el escrito de Requerimiento Fiscal, si no también sustentada en Audiencia Preliminar, limitándole al Ministerio Público la adquisición de medios de prueba pertinentes y útiles, y probándose con esta actitud plenamente la actitud dolosa y maliciosa del antejuiciado, al resolver Sin Lugar la toma de la declaración de la víctima como prueba anticipada y que le fuera ordenada por la Honorable Corte de Apelaciones, esgrimiendo como fundamento la falta de comparecencia de la victima a dicha audiencia de Resolución de Fallo, a la cual debe señalarse, no fue citada por el Juez en contravención del párrafo cuarto del artículo 277 del Código Procesal Penal, resulta así más que evidenciado el actuar doloso del ABOG. JUAN DE DIOS MONDRAGON. RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACIÓN Para acreditar extremos de los hechos cometidos por el Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, sobre los cuales el Ministerio Publico pretende deducir la responsabilidad penal, se propondrá los siguientes medios de prueba: DOCUMENTAL 1. Requerimiento Fiscal registrado bajo número 38-15, de fecha 12 de febrero del 2015, mismo que se encuentra agregado al Expediente Judicial número 38-2015 a folio uno (1) que se encuentra en el Juzgado de Letras Unificado de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. 2.- Auto motivado de fecha trece de febrero de dos mil quince que obra a folio diez (10) del Expediente Judicial número 38-2015, que se encuentra en el Juzgado de Letras Unificado de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. 3.- Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha primero de octubre de dos mil quince, y que obra a folio treinta y nueve (39) del Expediente Judicial número 38-2015, que se encuentra en el Juzgado de Letras Unificado de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. 4.- Certificación de Acta de Matrimonio que corre agregada a folio treinta y siete (37) del Expediente Judicial número 38-2015, que se encuentra en el Juzgado de Letras Unificado de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. 5.- Resolución emitida por el Pleno de la Honorable Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial de Santa Bárbara en fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, que obra a folio cincuenta y cuatro (54) del Expediente Judicial número 38-2015, que se encuentra en el Juzgado de Letras Unificado de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. INSPECCIÓN 1.- Inspección en el expediente de personal que lleva el Departamento de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, sobre el ABOG. JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA constatar la existencia de su respectivo Acuerdo de Nombramiento como Juez Titular.” III. INFORME DEL ANTEJUICIADO DE LOS CARGOS FORMULADOS Pronunciándose el señor Juan de Dios Mondragon Barahona en fecha veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, de la manera siguiente: “1.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL: La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del estado por Magistrados y Jueces independientes. Artículo 303 de la Constitución de la República. El juzgamiento de los delitos y de las faltas, así como, el control de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, corresponderá a jueces y magistrados independientes e imparciales, sólo sometidos a la Constitución de la República, a los tratados y a las leyes. Artículo 7 del Código Procesal Penal. Desde que tomé posesión de mi cargo como Juez de Letras el 16 de Enero del año dos mil ocho preste promesa de cumplir y hacer cumplir la constitución y las Leyes y así ha sido desde el 23 de Octubre de 1997 que ingresé al Poder Judicial como Juez de Paz. 2.- CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL ANTEJUICIO. EN CUANTO AL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD: PRIMERO: el hecho PRIMERO de acápite de la “narración sucinta de los hechos antijurídicos”, antes que nada debo hacer una observación y es que esos hechos no son antijurídicos, se trata nada mas de antecedentes procesales, que constan en el Expediente con orden de ingreso numero 38-2015, pues al numeral primero la Fiscal asignada a este caso hace una relación de la fecha en que fue presentado el Requerimiento Fiscal contra el joven DARVIN NOE PEREZ RODIGUEZ, por el delito que ya conocemos, luego en numeral segundo hace relación a la fecha en que se celebró la audiencia inicial, acto que no tiene nada de antijurídico, que no fue realizado por este Juez de Letras, sino que por la Abogada Ana Cristina Amaya Muñoz (y esto fue así porque yo ni siquiera estaba en funciones para esa fecha), quien procedió a dictar auto de formal procesamiento en contra del acusado antes referido, pero solamente con prueba documental y declaraciones administrativas, y se aprecia que la ofendida ANABELL PAZ AMAYA no compareció a rendir declaración en dicha audiencia inicial, sin que se pueda saber la razón de su incomparecencia, entonces no es cierto que en el presente caso haya existido BASTA PRUEBA que determine la participación del acusado en la comisión del hecho delictivo, pero esto ya no es debería ser objeto de valoración. Al numeral TERCERO de los hechos que reitero no son antijurídicos, es cierto y consta en autos que previa solicitud del Ministerio Público se fijo como fecha para la celebración de la audiencia preliminar para el día primero de octubre del año dos mil quince, también es cierto que el Abogado Defensor del acusado presentó un documento Público como ser CERTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO ocurrido entre el acusado y la ofendida, documento que no se podía rechazar y que si se integró al proceso era para el escrutinio de las partes, no tenía que esperar el ente Fiscal a que se le preguntase su opinión sobre tal documento, para pronunciarse, más bien celebrada la audiencia preliminar se le cedió el uso de la palabra y nada dijo sobre tal documento, pudiendo hacerlo y no puede decir el fiscal actuante que se le haya impedido pronunciarse. Al numeral CUARTO de los hechos que sigo considerando validos, donde la Fiscal asignada a este caso dice que SORPRENDENTEMENTE en fundamentación Jurídica, este Juez le dio valor a un documento Público como lo es UNA CERTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO del acto jurídico ocurrido entre el acusado y la ofendida, y manifiesta que no fue ofertada como medio de prueba y por ello SE INOBSERVÓ TODAS LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA a que están sometidas las pruebas en el proceso penal, expresa que la defensa no anuncio tal certificación como prueba documental, pero en el numeral anterior de los “HECHOS ANTIJURIDICOS” la misma fiscal literalmente dice: “El Abogado Defensor Privado... sustenta su argumento con la certificación de acta de matrimonio que se agregó a folio (7) del expediente”, continua la Abogada Fiscal diciendo que se contravino las reglas del proceso, por hecho de que no se le dio la oportunidad al Ministerio Público para que hiciera las observaciones pertinentes sobre dicho documento, pero la realidad de las cosas es que el Abogado Fiscal no se pronunció supongo yo que fue por el hecho de ser un documento público, expedido por funcionario autorizado para ello, no consta en la audiencia que haya querido hacer planteamiento alguno; considero que si el argumento del Ministerio Público es correcto, este antejuicio es totalmente improcedente, porque si no se siguió el procedimiento para la admisión y evacuación de un medio probatorio, lo procedente fue la repetición de la audiencia y la subsanación de los actos dejados de realizar, si esto fuese ABUSO DE AUTORIDAD, Las Cortes de Apelaciones, los Tribunales de Sentencias deberían de enfrentar sendos antejuicios o acusaciones por las sentencias que la honorable Corte Suprema de Justicia les anula, por similares razones; Insisto el haber dado valor probatorio a un documento público no constituye abuso de autoridad, pues esos documentos valen por si solos y el ente Fiscal no ha demostrado hasta ahora que sea falso o que se realizó un acto viciado de nulidad. Al numeral QUINTO de la narración de antecedentes procesales la Abogada Fiscal como si fuese este antejuicio un recurso de casación, censura la razones que tuvo este Juez para emitir el criterio expuesto, y resulta evidente para este Juez que los Fiscales por el hecho de ser acusadores solo manejan UNA CORRIENTE DE LA TEORIA DEL DELITO y esta es la corriente CAUSALISTA, que solo toma en cuenta el hecho en sí y los hechos anteriores al mismo, sin importar la voluntad o intención del imputado, ni siquiera la voluntad del ofendido como en estos casos, nosotros los Jueces y Magistrados no estamos obligados a seguir la corriente de TEORIA DEL DELITO del ente Fiscal porque nuestra obligación no es condenar a ultranza, es apreciar todas las circunstancias que derivan de la comisión de un hecho delictivo como lo establece LA CORRIENTE FINALISTA DE LA TEORIA DEL DELITO, muy conocida por los Fiscales, pues es la que seguimos los Jueces, Tribunales de sentencia y la Corte Suprema de Justicia y que por ello es que ellos como nosotros estamos facultados para valorar tanto causas justificantes, eximentes, y de inimputabilidad en nuestras resoluciones y no por ello se incurre en ningún delito. Al Numeral SEXTO de los antecedente procesales, no puedo apelar a la objetividad del ente Fiscal porque de todos es sabido que tienen prohibido cumplir con esa obligación legal, y respecto al dolo que atribuye a este Juez de Letras, se debe tomar en cuenta que mi persona solamente actúo en la admisión de la acusación, admisión que fue realizada en tiempo y forma, pero que por descuidos (pues siempre se admite) del personal auxiliar y de este Juez se omitió la admisión de la declaración de la ofendida con las formalidades de la prueba anticipada, pero al tenor de lo establecido por el Código Procesal Civil como supletorio del procesal Penal, sabemos que esas son resoluciones defectuosas, subsanables de oficio o por impugnación de la parte que se ve perjudicada, también este Juez ha tenido mucha apertura con los Agentes fiscales para corregir autos como el señalado, no es por dolo que se deja de resolver alguna cuestión planteada, pues nótese que posteriormente este Juez no aparece actuando en este proceso, pues no estaba fungiendo como Juez de Letras, incluso estaba fuera del poder Judicial y la audiencia inicial se celebro con total libertad por la Abogada Ana Cristina Amaya Muñoz, audiencia a la que también pudieron haber solicitado se recibiera la declaración de la ofendida bajo las formalidades que el Ministerio público hubiese querido, pero no lo hicieron, ENTONCES CUAL ES EL DOLO ATRIBUIBLE A ESTE JUEZ? Este Juez después de celebrada la audiencia preliminar no resolvió la solicitud de declaración de la ofendida mediante las formalidades de la prueba anticipada, porque no se plantea por el agente Fiscal, y si bien consta en el cuerpo del acta, eso se debe a que la escribiente ANA ORESTILA LICONA al momento de copiar los hechos del requerimiento Fiscal, que se acostumbra agregar, lo hizo de manera literal (véase folios 01 Y 02 del expediente 38-2015), agregando la misma solicitud que dejó de resolverse al admitir el requerimiento Fiscal, esto lo pueden aclarar el Abogado OSMÍN LEONEL SEVILLA HERRERA y la Escribiente antes nombrada, quienes se ofrecen como testigos de ese hecho. EN CUANTO AL TIPO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD, debo decir que el Ministerio Público al analizar los hechos que expone no tomó en cuenta lo establecido en el Artículo 302 párrafo ultimo del Código Procesal Penal, el cual establece que “Si con base en la formalización de la acusación por el fiscal y el acusador privado y en la contestación de cargos, el juez considera que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución, que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la apertura del mismo y, según el caso, pronunciará sobreseimiento provisional o definitivo”; La Agente Fiscal no ha sido precisa para señalar la norma o normas que desautorizan a este Juez para haber dictado un sobreseimiento definitivo, pues el precepto procesal anteriormente invocado me autoriza para ello aun sin haberse evacuado mas prueba, resolver como lo hice, pues ese precepto legal exige que el Juez exponga sus razones para emitir su resolución. El Sobreseimiento dictado por este Juez tal como lo contempla el párrafo ultimo del Artículo 302 del Código Procesal Penal, ES APELABLE y eso fue lo que procedió en el presente caso y aunque los Magistrados de la Honorable Corte de Apelaciones de esta sección Judicial (Auto de fecha ocho de Enero del corriente año 2016) emiten criterios subjetivos, y uno de ellos calumnioso hacia un Notario Público de este domicilio, tales magistrados no han dicho que la resolución no esté contemplada dentro del proceso, que no sea facultad de este Juez emitir tal resolución, resolviendo revocar la misma, ordenando se continúe el proceso; Con ello el mismo Tribunal de alzada reconoce que se trata de un proveído que está dentro de las posibilidades del proceso, la misma no causó que el proceso se termine definitivamente, por lo tanto no existe el delito que me es atribuido. 3. - FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA: ANTIJURICIDAD: transcribo literalmente: extractos del libro Derecho Penal Parte General de Santiago Mir Puig (5ta. Edición) “EL POSITIVISMO del último tercio del siglo pasado (XIX) y de comienzos del actual (XX), origen de las bases del nuevo concepto de injusto de delito, concibió la antijuricidad como referida únicamente a la componente objetiva (externa) de la acción (así, en la concepción clásica de Von Liszt y Beling). Ello era coherente con la mentalidad positivista que trató de imitar el modelo, entonces en auge de las ciencias de la naturaleza, porque: 1.- la división del delito en parte objetiva (externa)-objeto de la antijuridicad- y parte subjetiva (interna)-objeto de la culpabilidades la primeramente aprehensible por los sentidos (Positivismo naturalista), a la vez constituye un ejemplo típico de clasificación en base a una descripción meramente formal y externa, atenta solo a las “partes” del delito y no a su esencia material (positivismo formalista); 2.- El hecho antijurídico se describe como las ciencias naturales describen cualquier otro hecho de la naturaleza, esto es, como un proceso causal: Se parte del resultado lesivo y se exige únicamente que haya sido causado por un movimiento corporal de un hombre causado a su vez por un impulso voluntario (dejando fuera el hecho, solo para poder culpar del mismo a su autor, la cuestión de si dicho impulso voluntario se dirigía conscientemente o no (dolo) a realizar dicho hecho. Si la antijuricidad califica al hecho, este hecho se concebía como mero proceso causal, con independencia de la finalidad del autor, era lógico que la antijuricidad se refiriese solamente al aspecto subjetivo-externo (causal) de la acción. De ahí la concepción del contenido material de la antijuricidad como causación de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico son causas de justificación. De ahí también que esta concepción se conozca como CAUSALISMO. La METODOLOGIA NEOKATIANA, que junto con las ciencias naturales y las matemáticas afirmó las ciencias afirmó las “ciencias del espíritu” o “culturales” como esencialmente referida a valores e incluyó en ellas a la ciencia del Derecho (Stammler, Rikert y Lask, a nivel jurídico general, y Radbruch, M.E. Mayer, Sauer, y en especial Mezger, para el Derecho Penal) , no se contentó con la descripción externa de las características del delito, sino que buscó explicarlas desde su significado valorativo. La antijuricidad apareció entonces como juicio de desvalor sobre el hecho. Pero no se abandonó el punto de partida objetivista del positivismo: en principio, la antijuricidad se integra solo de los elementos objetivos de la acción, que siguió considerándose causalmente. Lo injusto se concebía, según esto, como infracción de la “norma de valoración” del hecho objetivo (como desvalor de resultado), a diferencia de la culpabilidad, a la que se reservaba el dolo y la culpa, como infracción de la “norma de determinación” dirigida a la voluntad (así Mezger). Sin embargo la concepción de antijuricidad como juicio de desvalor sobre el hecho obligó a admitir que en ocasiones aquella depende de la concurrencia de elementos subjetivos sin los cuales el hecho no puede ser desvalorado en absoluto y que, por ello, la ley exige en la propia descripción del tipo. Así,...la Tentativa, cuyo mismo concepto hace precisa la finalidad de consumar el delito. Surgieron así los llamados “elementos subjetivos del Tipo”- o del injusto-, como excepción al carácter objetivo del injusto. El Giro metodológico operado por EL FINALISMO de Welzer desde 1930 determinó el abandono por esta dirección de la concepción objetiva del injusto. El Finalismo parte de la existencia de ciertas “estructuras lógico-objetivas” que pertenecen a la “naturaleza de las cosas” y el legislador y la ciencia no pueden sino respetar (frente a lo que mantenía el relativismo subjetivista neokantiano). La Acción Final (guiada por una finalidad) es para Welzer una de estas estructuras ontológicas. Por consiguiente, la ley y la construcción dogmatica del delito deben partir de ese concepto, y no es admisible sustraer al hecho en ningún momento la intención que lo preside. Si la antijuricidad es un juicio sobre el hecho, dependerá pues, no solo de sus elementos objetivos, sino también, de forma esencial, del elemento subjetivo de la finalidad. Así en los delitos dolosos, el dolo ha de considerarse componente esencial del injusto, y no de la culpabilidad. El “desvalor del resultado” (la objetiva causación de una lesión) solo importa en cuanto obra de una conducta final, es decir, dentro del “desvalor de la acción” (concebida finalmente) ESTA ES LA CONSECUENCIA MÁS IMPORTANTE DEL CONCEPTO FINAL DE LA ACCIÓN. Pgs. 123, 124, 125, 126, 127, libro Derecho Penal Parte General de Santiago Mir Puig (5ta. Edición).” EL DOLO. El referido autor respecto al dolo expresa que lo característico del tipo doloso integra necesariamente su parte subjetiva, además de la objetiva, pues antes de preguntar si un hecho se ha realizado con dolo, es necesario saber si un hecho se ha realizado. Debe advertirse que la distinción entre parte objetiva y subjetiva del tipo es relativa. La parte objetiva del tipo depende de elementos subjetivos, como EL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL SUJETO DE LA SITUACIÓN, Y LA INTENCIÓN MANIFESTADA DEL SUJETO. Sostiene el autor que la parte objetiva del tipo doloso se refiere al aspecto externo de la conducta requerida por el tipo doloso, como ejemplo expone los actos necesarios para “matar”. Dice que cada tipo penal describe una conducta diferente, por lo que la precisa determinación de la parte objetiva de cada tipo corresponde a la parte especial del derecho penal. Sin embargo todo tipo doloso requiere ciertos requisitos mínimos en la conducta externa, que deben estudiarse en la Teoría general del tipo doloso, que en buena parte son comunes a todo tipo objetivo, también al de los delitos imprudentes. Expone dicho autor que para la tipicidad objetiva de una conducta no basta con que la misma resulte (ex post) encajar en la descripción literal del tipo, sino que es preciso que ex ante, al irse realizando, fuese objetivamente previsible que daría lugar a la realización del tipo (la peligrosidad ex ante es necesaria para el injusto penal.- Continua el autor analizando el dolo en los diferentes tipos penales. Pgs. 213, 214, 215, 216, 217 del citado libro. ERROR DE PROHIBICIÓN El autor Mir Puig en su virtuosa obra de doctrina nos ilustra sobre esta figura jurídica existente y explica este tema desde las dos perspectivas: CAUSALISTA Y FINALISTA que la contemplan. De acuerdo a la primera (casualismo clásico) expone que esta corriente considera el conocimiento de la antijuricidad del hecho como necesario para que concurra el dolo, que se contempla en la culpabilidad, que se conoce como Dolus Malus, que es la voluntad consciente no solo del hecho, sino también de su significado antijurídico, en consecuencia el error de prohibición hace desaparecer el dolo, al privarle de una de sus dos partes integrantes, esta teoría contempla la posibilidad de un error invencible que produce impunidad, por falta de dolo y el error vencible que da lugar a la imprudencia. De acuerdo al Finalismo, se reduce el dolo al conocer y querer los elementos de la situación típica, excluyendo del conocimiento de su significación antijurídica, convirtiéndose el dolo en “DOLO NATURAL” al pasar el dolo de la culpabilidad al injusto, no pasó con el conocimiento de la antijuricidad; Si la culpabilidad se hace depender del “poder actuar de otro modo”, cabe fundamentar la relevancia del error de prohibición diciendo que quien no puede conocer la prohibición de un hecho, no tiene razones para actuar de otro modo, de ahí que el error invencible determine la ausencia de culpabilidad, por otra parte quien desconoce la prohibición de manera evitable, actúa culpablemente porque podría haberla conocido, pero su culpabilidad podría hallarse disminuida en la medida que el desconocimiento de la antijuricidad reduzca su reprochabilidad, cosa que no sucede cuando el error es burdo o craso y cita el ejemplo de quien cree que robar no está prohibido, esto no puede ni siquiera reducir la culpabilidad. Pgs 361, 362, 363. 4.- FUNDAMENTACIÓN JURIDICA EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS HECHOS Los tipos penales solo en ciertos casos son complementarios entre sí (usualmente para establecer penas), el tipo penal de Abuso de autoridad (Art. 349 Código Penal) no es complementario con el tipo penal de VIOLACIÓN o VIOLACION ESPECIAL (Art. 140 Código Penal), El ABUSO DE AUTORIDAD es una figura jurídica penal que en su elemento objetivo establece “2) que el Juez dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o decretos y en su tipo subjetivos establece que tales actos del Juez sean contrarios a la Constitución de la República o las Leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”; de ahí que no se trata de que el juez haya violentado la integridad o vida sexual de una persona, como lo establece el Artículo 140 del Código Penal, se trata de una conducta que es contraria a. la Constitución de la República o las Leyes, y en este punto debería señalar de manera precisa cual es la ley que manda obligatoriamente después de celebrada la audiencia preliminar a dictar auto de apertura a Juicio, que no le dé al Juez la posibilidad de dictar un sobreseimiento, aun sin valorar prueba alguna o de valorar un documento público agregado al proceso, cuando la misma Fiscal asignada a este caso lo reconoce expresamente en su antejuicio, La Abogada Fiscal Desconoce antojadizamente el contenido del párrafo ultimo del Artículo 302 del Código Procesal Penal, el que en su párrafo ultimo contempla esas posibilidades para el Juez. EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ESTE JUEZ Como Abogados sabemos o estamos obligados a saber lo que es el DOLO O INTENCIÓN DE CAUSAR DAÑO, y cuando la misma Ley nos autoriza como jueces para emitir una resolución o providencia, y la misma ley establece que es apelable o impugnable mediante recurso de apelación y que un vez resuelto por la Corte de Apelaciones, esta decide REVOCARLA y manda a dictar auto de formal procesamiento o de apertura a juicio, eso resuelve la incógnita del Ministerio Público en cuanto a si el Juez realizo una acto permitido por la Ley o no, se equivoca la señora Fiscal cuando establece que por mi condición de Juez sabia o debía saber que el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual de la ofendida, que carecía por ser menor de edad la capacidad de comprender o asumir las consecuencias de una vida sexual activa; reitero el delito de abuso de autoridad no trata de eso, trata de la conducta arbitraria de un juez, magistrado, fiscal, funcionario público, que son contrarias a las leyes, si la ofendida era o no capaz de comprender eso, no interesa para los fines de este antejuicio, pero puedo comentar que si contrajo matrimonio con el acusado y tuvo una niña que fue registrada por ambos, aparentemente si asume las consecuencias de una vida sexual activa. EL DOLO PODRÍA SER que la resolución dictada cause impunidad a toda costa, evitando que el acto dictado sea revisado por el funcionario superior, y que el resultado final sea la impunidad del hecho; Cosa que no ha ocurrido en el presente caso, pues el proceso continúa. EL MINISTERIO PÚBLICO NO HA SIDO CAPAZ DE SEÑALAR Y MUCHO MENOS DE ACREDITAR LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL ABUSO DE AUTORIDAD, NI EL DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. EN CUANTO AL DELITO DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. Debe notarse que inicialmente si se resolvió la admisión del requerimiento Fiscal, y el silencio guardado era subsanable (Artículo 205 del Código Procesal Civil) con una simple observación del Fiscal asignado al caso o recurso de reposición, y aun pudo presentarse la ofendida en la audiencia inicial para su declaración, audiencia que no fue celebrada por este Juez antejuiciado. La segunda vez es el resultado de un lamentable error cometido por la escribiente que me “auxilió” en la celebración de la audiencia preliminar, pues hizo una copia al carbón de los hechos del requerimiento Fiscal, agregando la misma solicitud planteada, pero que ni el Fiscal Osmín Sevilla se percató de esa solicitud. El Artículo 277 del Código Procesal Penal no es norma penal, tampoco obliga al Juez para acceder a todas las peticiones de esa naturaleza que el Ministerio Público hace a los jueces, por lo tanto no existe delito por esa razón. 5.- MEDIOS DE PRUEBA Para desvirtuar los hechos controvertidos que alega el Ministerio Público, ofrezco los medios de prueba siguientes: l. Documentales públicos que consisten en fotocopias presentadas por el Ministerio Público anexos al antejuicio presentado en mi contra. 2. Documental públicos en fotocopia de sobreseimientos dictados después de haberse realizado la audiencia preliminar en Juzgados de Tegucigalpa a manera de ejemplo. 3. Testifical: ofrezco los testimonios del Abogado Fiscal OSMÍN LEONEL SEVILLA HERRERA, mayor de edad, quien puede ser citado en las oficinas de la Fiscalía del Ministerio Público de esta Ciudad de Santa Bárbara y la Escribiente ANA ORESTILA LICONA, mayor de edad, quien puede ser citada en la sala de escribientes de este edificio judicial, ambos esclarecerán lo referente a la supuesta solicitud planteada por el Ministerio Público en audiencia preliminar.” IV. PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES En fecha uno de marzo del dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, resolvió: “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE la solicitud del proceso especial de antejuicio, solicitado por la abogada MELISSA JOHANA MEDINA MARTINEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra el señor Juez Titular del Juzgado Segundo de Letras Departamental de esta Seccion Judicial, Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGÓN BARAHONA, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; en consecuencia, DECLARA HA LUGAR la iniciativa de persecución penal, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN P࠼BLICA. SEGUNDO: DECLARA NO HA LUGAR la iniciativa de persecución penal por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; y, TERCERO: Que una vez firme y ejecutoria la presente sentencia, que la Secretaría de este Tribunal extienda certificación de la misma al Ministerio Público a efecto de que ejecute la acción correspondiente ente el Juez de Letras competente, de acuerdo a las disposiciones de la ley.” V. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL ANTEJUICIADO En fecha siete de marzo del dos mil diecisiete, el Abogado Juan de Dios Mondragón Barahona, de generales y condición ya expresadas, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, interponiendo Recurso de Apelación contra la resolución antes referida, expresando agravios de la manera siguiente: REITERO. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL: La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del estado por Magistrados y Jueces independientes. Artículo 303 de la Constitución de la República. El juzgamiento de los delitos y de las faltas, así como, el control de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, corresponderá a jueces y magistrados independientes e imparciales, sólo sometidos a la Constitución de la República, a los tratados y a las leyes. Artículo 7 del Código Procesal Penal. Desde que tomé posesión de mi cargo como Juez de Letras el 16 de Enero del año dos mil ocho preste promesa de cumplir y hacer cumplir la constitución y las Leyes y así ha sido desde el 23 de Octubre de 1997 que ingresé al Poder Judicial como Juez de Paz. El CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL es amplio en cuanto trata el tema de la independencia judicial, en su exposición de motivos a numeral IV. Literalmente establece: “La ética judicial y la necesidad de armonizar los valores presentes en la función judicial. Cabe recordar que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme al Derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, y que ese poder e imperium que ejerce procede de la misma sociedad que, a través de los mecanismos constitucionales establecidos, lo escoge para tan trascendente y necesaria función social, con base en haber acreditado ciertas idoneidades específicas. El poder que se confiere a cada juez trae consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes privados; la aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Desde esa perspectiva de una sociedad mandante se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por “ser”, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial. El Derecho ha de orientarse al bien o al interés general, pero en el ámbito de la función judicial adquieren una especial importancia ciertos bienes e intereses de los justiciables, de los abogados y de los demás auxiliares y servidores de la justicia, que necesariamente han de tenerse en consideración. La ética judicial debe proponerse y aplicarse desde una lógica ponderativa que busca un punto razonable de equilibrio entre unos y otros valores: si se quiere, entre los valores del juez en cuanto ciudadano y en cuanto titular de un poder, cuyo ejercicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos y de la sociedad en general. Este Juez ha ejercido su cargo en atención a tan altos principios éticos, mis actuaciones han sido siempre obedientes a las Leyes, siempre he estado comprometido con la Justicia y el interés de las partes, mis actuaciones han sido públicas por naturaleza y por lo tanto, no tengo nada que esconder a la sociedad, si un criterio profesional no es compartido por un superior jerárquico en la pirámide jurisdiccional, para eso de establecen los medios de impugnación como controles procesales. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. PRIMERO: Resulta agraviante a mis intereses que la Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial sin que haya hecho previo pronunciamiento sobre nulidad alguna relativo a lo actuado por este Juez de Letras, y más bien establece que REVOCÓ la resolución dictada por este Juez, haya decidido declarar parcialmente con lugar el antejuicio promovido en mi contra por el Ministerio Público, estableciendo que el hecho de valorar una certificación de acta de matrimonio civil celebrado entre el ofensor y la ofendida (documento que a mi criterio hace cesar los efectos del delito ante la ausencia del dolo), por el solo hecho de no haber realizado ciertas actuaciones dentro de la audiencia preliminar. La Corte de Apelaciones no ha querido aceptar mi criterio, pero aunque reconoce que es un documento confiable, sostiene que el acto matrimonial conlleva la intención de evadir el proceso mediante el cual se atribuye responsabilidad penal al ciudadano DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ (criterio sin soporte factico), pero debe apreciarse que el acto matrimonial no fue promovido ni celebrado por este Juez de Letras, necesariamente intervinieron un notario Público o alcalde, la ofendida y el acusado en un acto solemne que se podía celebrar aun cuando el acusado se encontraba guardando prisión preventiva. Si vemos las razones para dictar sobreseimiento definitivo, según el Artículo 296 del Código Procesal Penal, nos encontramos que a numeral primero autoriza al Juez para dictarlo cuando resulte probado que el hecho no ha existido, esto en relación a que este Juez tomó en cuenta la intención de la ofendida, así como las de sus familiares, quienes junto con el acusado demuestran su desconocimiento de la Ley penal al autorizar a la joven para contraer matrimonio con el acusado, se determinó que el acusado actuó con desconocimiento de la Ley penal, tal como lo contempla la doctrina en relación al ERROR DE PROHIBICIÓN, figura jurídica que es cierto que no está regulada en el Código Penal, pero que aun así la honorable Corte Suprema de Justicia mediante su sala de lo Penal, la ha considerado y declarado en más de una ocasión y que dadas las circunstancias apreciadas en el proceso penal, este Juez consideró que dicha figura jurídica se configuraba perfectamente, no es cierto lo dicho por la honorable Corte de Apelaciones en cuanto que solo un Tribunal de Sentencia puede declarar la existencia del error de prohibición, pues ello como bien lo establece, no está regulado en el Código Penal, mucho menos en el Código Procesal Penal, entonces y con basamento en lo que establece el Artículo 302, párrafo ultimo este Juez analizada la negativa de la ofendida a comparecer a juicio (audiencia inicial) y el posterior matrimonio contraído por ella con el acusado es que consideró que todas las partes involucradas actuaron con desconocimiento de la Ley Penal y por ello se dictó sobreseimiento definitivo. Si el argumento de la Honorable Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial fuera definitivo e inamovible en cuanto a que un Juez de Letras no pueda dictar un sobreseimiento después de celebrada la audiencia preliminar, entonces el Ministerio Público y la Defensa no lo solicitasen, y es por esa posibilidad legal expresamente concedida al Juez que los diferentes Juzgados y Tribunales de Justicia dictan sobreseimientos después de celebrada la audiencia preliminar a solicitud del ente Fiscal o de la Defensa y lo que resulta es un auto que no es definitivo como hoy lo califica la Corte de Apelaciones, se trata de una auto impugnable según el Articulo 354, numeral primero del Código Procesal Penal, cabe señalar que este Juez a solicitud del Ministerio Público dictó sobreseimientos después de celebrada la audiencia preliminar, entre ellos el Expediente numero 58-2010, que se tramitó aun con disconformidad de este Juez, por considerar que no era posible considerar mas actos que lo ocurrido en audiencia inicial y exp. 47-2008 donde el imputado carecía de sus facultades mentales (Art. 23.2 del Código Penal), lo que ratifica que lo actuado por este Juez tiene basamento Legal. Se anexan fotocopias debidamente cotejadas. SEGUNDO: Resulta agraviante a mis intereses que la Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial estime que mi actuar ha contrariado lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que se refieren al Derecho de Defensa y el debido proceso, dicho Tribunal no es preciso en cuanto a la forma en que este Juzgador violenta esos preceptos legales y en perjuicio de quien se violentan; primero porque el auto de sobreseimiento dictado por este Juez está fundado en hechos, consideraciones y facultades jurídicas concedidas por la Ley procesal a este Juzgador, no se ha declarado ninguna nulidad en cuanto lo actuado, más bien se ha ratificado que la resolución dictada por este Juez está fundada en disposiciones legales y momentos procesales oportunos. Considero que el hecho de haber tomado en cuenta un documento que se encontraba debidamente agregado al proceso y que se haya resuelto tomando en consideración al hecho que se documenta y que es real, constatable en cualquier momento, por haber tomado en cuenta la voluntad espontanea de la ofendida y sus familiares, que hasta ahora no ha sido contradicho ni demostrado que fue producto de un hecho falso o reñido con la Ley, celebrado, ante funcionario autorizado por el estado; hoy en día se me quiera adjudicar responsabilidad penal de una acto válidamente tratado en el proceso. TERCERO: Constituye un agravio a mis intereses el hecho de que la honorable Corte de Apelaciones de esta sección Judicial estime que mi actuar es contrario a Derecho sin tomar en cuenta lo que establece el Artículo 321 de la Constitución de la República en cuanto a que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; implica lo dispuesto en la carta magna que para que haya responsabilidad de parte de un funcionario público y en este caso judicial, por lo menos debe haber una declaratoria de nulidad del acto, si apreciamos la parte resolutiva que revisa el actuar de este Juez (Auto de fecha ocho de Enero del año 2016), mediante el cual el Tribunal de alzada en su parte resolutiva decide o resuelve REVOCAR la resolución apelada, NO ANULA, y manda que SIN REALIZAR AUDIENCIA se dicte el auto de apertura a Juicio; Este argumento ha sido sostenido desde que se me dio la oportunidad de pronunciarme al respecto del antejuicio incoado en mi contra, argumento que la honorable Corte de Apelaciones ni siquiera menciona, tampoco hizo pronunciamiento, simplemente lo obvio y con ello me causa un grave perjuicio tanto laboral como personal y familiar, la Honorable Corte de Apelaciones hace eco de los argumentos del Ministerio Público y considera que admitir un documento público al proceso y darle valor posteriormente resulta abuso de autoridad, criterio que no es correcto ni apegado a Derecho, porque cuando un acto procesal está viciado de nulidad, este debe anularse incluso de oficio y dar paso a la realización de los actos de la manera correcta. CUARTO: Es agraviante a mis derechos funcionario judicial que aun cuando se me ha pedido que me pronuncie a las acusaciones que realiza el Ministerio Público, y que al haberlo hecho haya invocado doctrina para explicar mis actuaciones, la Honorable Corte de Apelaciones ni siquiera las consideró en su resolución y ha emitido una idea infundada en cuanto a que solo los Tribunales de Sentencia pueden apreciar y declarar figuras jurídicas, si el mismo Artículo 296 deja la posibilidad de ello, pues al numeral 1 establece que es procedente cuando “Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión”, de ahí que a mi criterio si puede el juez de Letras apreciar causas justificantes, eximentes y causas de inculpabilidad, porque ¿Qué objeto tiene que el estado gaste recursos en esos casos, si igual habrá de dictarse una sentencia absolutoria?, que por razones que no son jurídicas y para evitar comentarios en contra del poder Judicial se quiera de esa manera es otra cosa, y digo todo esto porque como acredito con fotocopias cotejadas, este Juzgado ya antes ha dictado sobreseimientos, aun habiendo manifestado disconformidad, pues ante la autorización del superior jerárquico no se puede resolver de otra manera al ente que es dueño de la acción penal. QUINTO: Es agraviante a mi intereses que la Honorable Corte de Apelaciones no tomó en cuenta el material doctrinal que el mismo Poder Judicial ha puesto en nuestras manos a través de la Escuela Judicial, en la que se apoya este Juez y que se denominó fundamentación doctrinaria, que también utilizo en este recurso. SEXTO: Otro agravio a mis intereses que ocasiona la honorable Corte de Apelaciones de esta sección Judicial es REITERO LA FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA: ANTIJURICIDAD: transcribo literalmente: extractos del libro Derecho Penal Parte General de Santiago Mir Puig (5ta. Edición) “EL POSITIVISMO del último tercio del siglo pasado (XIX) y de comienzos del actual (XX), origen de las bases del nuevo concepto de injusto de delito, concibió la antijuricidad como referida únicamente a la componente objetiva (externa) de la acción (así, en la concepción clásica de Von Liszt y Beling). Ello era coherente con la mentalidad positivista que trató de imitar el modelo, entonces en auge de las ciencias de la naturaleza, porque: 1.- la división del delito en parte objetiva (externa)-objeto de la antijuridicad- y parte subjetiva (interna)-objeto de la culpabilidades la primeramente aprehensible por los sentidos (Positivismo naturalista), a la vez constituye un ejemplo típico de clasificación en base a una descripción meramente formal y externa, atenta solo a las “partes” del delito y no a su esencia material (positivismo formalista); 2.- El hecho antijurídico se describe como las ciencias naturales describen cualquier otro hecho de la naturaleza, esto es, como un proceso causal: Se parte del resultado lesivo y se exige únicamente que haya sido causado por un movimiento corporal de un hombre causado a su vez por un impulso voluntario (dejando fuera el hecho, solo para poder culpar del mismo a su autor, la cuestión de si dicho impulso voluntario se dirigía conscientemente o no (dolo) a realizar dicho hecho. Si la antijuricidad califica al hecho, este hecho se concebía como mero proceso causal, con independencia de la finalidad del autor, era lógico que la antijuricidad se refiriese solamente al aspecto subjetivo-externo (causal) de la acción. De ahí la concepción del contenido material de la antijuricidad como causación de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico son causas de justificación. De ahí también que esta concepción se conozca como CAUSALISMO. La METODOLOGIA NEOKATIANA, que junto con las ciencias naturales y las matemáticas afirmó las ciencias afirmó las “ciencias del espíritu” o “culturales” como esencialmente referida a valores e incluyó en ellas a la ciencia del Derecho (Stammler, Rikert y Lask, a nivel jurídico general, y Radbruch, M.E. Mayer, Sauer, y en especial Mezger, para el Derecho Penal), no se contentó con la descripción externa de las características del delito, sino que buscó explicarlas desde su significado valorativo. La antijuricidad apareció entonces como juicio de desvalor sobre el hecho. Pero no se abandonó el punto de partida objetivista del positivismo: en principio, la antijuricidad se integra solo de los elementos objetivos de la acción, que siguió considerándose causalmente. Lo injusto se concebía, según esto, como infracción de la “norma de valoración” del hecho objetivo (como desvalor de resultado), a diferencia de la culpabilidad, a la que se reservaba el dolo y la culpa, como infracción de la “norma de determinación” dirigida a la voluntad (así Mezger) Sin embargo la concepción de antijuricidad como juicio de desvalor sobre el hecho obligó a admitir que en ocasiones aquella depende de la concurrencia de elementos subjetivos sin los cuales el hecho no puede ser desvalorado en absoluto y que, por ello, la ley exige en la propia descripción del tipo. Así, ...la Tentativa, cuyo mismo concepto hace precisa la finalidad de consumar el delito. Surgieron así los llamados “elementos subjetivos del Tipo”- o del injusto-, como excepción al carácter objetivo del injusto. El Giro metodológico operado por EL FINALISMO de Welzer desde 1930 determinó el abandono por esta dirección de la concepción objetiva del injusto. El Finalismo parte de la existencia de ciertas “estructuras lógico-objetivas” que pertenecen a la “naturaleza de las cosas” y el legislador y la ciencia no pueden sino respetar (frente a lo que mantenía el relativismo subjetivista neokantiano). La Acción Final (guiada por una finalidad) es para Welzer una de estas estructuras ontológicas. Por consiguiente, la ley y la construcción dogmatica del delito deben partir de ese concepto, y no es admisible sustraer al hecho en ningún momento la intención que lo preside. Si la antijuricidad es un juicio sobre el hecho, dependerá pues, no solo de sus elementos objetivos, sino también, de forma esencial, del elemento subjetivo de la finalidad. Así en los delitos dolosos, el dolo ha de considerarse componente esencial del injusto, y no de la culpabilidad. El “desvalor del resultado” (la objetiva causación de una lesión) solo importa en cuanto obra de una conducta final, es decir, dentro del “desvalor de la acción” (concebida finalmente) ESTA ES LA CONSECUENCIA MÁS IMPORTANTE DEL CONCEPTO FINAL DE LA ACCIÓN. Pgs. 123, 124, 125, 126, 127, libro Derecho Penal Parte General de Santiago Mir Puig (5ta. Edición).” EL DOLO. El referido autor respecto al dolo expresa que lo característico del tipo doloso integra necesariamente su parte subjetiva, además de la objetiva, pues antes de preguntar si un hecho se ha realizado con dolo, es necesario saber si un hecho se ha realizado. Debe advertirse que la distinción entre parte objetiva y subjetiva del tipo es relativa. La parte objetiva del tipo depende de elementos subjetivos, como EL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL SUJETO DE LA SITUACIÓN, Y LA INTENCIÓN MANIFESTADA DEL SUJETO. Sostiene el autor que la parte objetiva del tipo doloso se refiere al aspecto externo de la conducta requerida por el tipo doloso, como ejemplo expone los actos necesarios para “matar”. Dice que cada tipo penal describe una conducta diferente, por lo que la precisa determinación de la parte objetiva de cada tipo corresponde a la parte especial del derecho penal. Sin embargo todo tipo doloso requiere ciertos requisitos mínimos en la conducta externa, que deben estudiarse en la Teoría general del tipo doloso, que en buena parte son comunes a todo tipo objetivo, también al de los delitos imprudentes. Expone dicho autor que para la tipicidad objetiva de una conducta no basta con que la misma resulte (ex post) encajar en la descripción literal del tipo, sino que es preciso que ex ante, al irse realizando, fuese objetivamente previsible que daría lugar a la realización del tipo (la peligrosidad ex ante es necesaria para el injusto penal.- Continua el autor analizando el dolo en los diferentes tipos penales. Pgs. 213, 214, 215, 216, 217 del citado libro. ERROR DE PROHIBICIÓN El autor Mir Puig en su virtuosa obra de doctrina nos ilustra sobre esta figura jurídica existente y explica este tema desde las dos perspectivas: CAUSALISTA Y FINALISTA que la contemplan. De acuerdo a la primera (casualismo clásico) expone que esta corriente considera el conocimiento de la antijuricidad del hecho como necesario para que concurra el dolo, que se contempla en la culpabilidad, que se conoce como Dolus Malus, que es la voluntad consciente no solo del hecho, sino también de su significado antijurídico, en consecuencia el error de prohibición hace desaparecer el dolo, al privarle de una de sus dos partes integrantes, esta teoría contempla la posibilidad de un error invencible que produce impunidad, por falta de dolo y el error vencible que da lugar a la imprudencia. De acuerdo al Finalismo, se reduce el dolo al conocer y querer los elementos de la situación típica, excluyendo del conocimiento de su significación antijurídica, convirtiéndose el dolo en “DOLO NATURAL” al pasar el dolo de la culpabilidad al injusto, no pasó con el conocimiento de la antijuricidad; Si la culpabilidad se hace depender del “poder actuar de otro modo”, cabe fundamentar la relevancia del error de prohibición diciendo que quien no puede conocer la prohibición de un hecho, no tiene razones para actuar de otro modo, de ahí que el error invencible determine la ausencia de culpabilidad, por otra parte quien desconoce la prohibición de manera evitable, actúa culpablemente porque podría haberla conocido, pero su culpabilidad podría hallarse disminuida en la medida que el desconocimiento de la antijuricidad reduzca su reprochabilidad, cosa que no sucede cuando el error es burdo o craso y cita el ejemplo de quien cree que robar no está prohibido, esto no puede ni siquiera reducir la culpabilidad Pgs 361, 362, 363. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS HECHOS. Los tipos penales solo en ciertos casos son complementarios entre sí (usualmente para establecer penas), el tipo penal de Abuso de autoridad (Art. 349 Código Penal) no es complementario con el tipo penal de VIOLACIÓN o VIOLACION ESPECIAL (Art. 140 Código Penal), El ABUSO DE AUTORIDAD es una figura jurídica penal que en su elemento objetivo establece “2) que el Juez dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o decretos y en su tipo subjetivos establece que tales actos del Juez sean contrarios a la Constitución de la República o las Leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”; de ahí que no se trata de que el juez haya violentado la (INDEMNIDAD) integridad o vida sexual de una persona, como lo establece el Artículo 140 del Código Penal, se trata de una conducta que es contraria a la Constitución de la República o las Leyes, y en este punto debería señalar de manera precisa cual es la ley que manda obligatoriamente después de celebrada la audiencia preliminar a dictar auto de apertura a Juicio, que no le dé al Juez la posibilidad de dictar un sobreseimiento, aun sin valorar prueba alguna o de valorar un documento público agregado al proceso, cuando la misma Fiscal asignada a este caso lo reconoce expresamente en su antejuicio, La Abogada Fiscal Desconoce antojadizamente el contenido del párrafo ultimo del Artículo 302 del Código Procesal Penal, el que en su párrafo ultimo contempla esas posibilidades para el Juez. EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ESTE JUEZ. Como Abogados sabemos o estamos obligados a saber lo que es el DOLO O INTENCIÓN DE CAUSAR DAÑO, y cuando la misma Ley nos autoriza como jueces para emitir una resolución o providencia, y la misma ley establece que es apelable o impugnable mediante recurso de apelación y que un vez resuelto por la Corte de Apelaciones, esta decide REVOCARLA y manda a dictar auto de formal procesamiento o de apertura a juicio, eso resuelve la incógnita del Ministerio Público en cuanto a si el Juez realizo una acto permitido por la Ley o no, se equivoca la señora Fiscal cuando establece que por mi condición de Juez sabia o debía saber que el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual de la ofendida, que carecía por ser menor de edad la capacidad de comprender o asumir las consecuencias de una vida sexual activa; reitero el delito de abuso de autoridad no trata de eso, trata de la conducta arbitraria de un juez, magistrado, fiscal, funcionario público, que son contrarias a las leyes, si la ofendida era o no capaz de comprender eso, no interesa para los fines de este antejuicio, pero puedo comentar que si contrajo matrimonio con el acusado y tuvo una nifa que fue registrada por ambos, aparentemente si asume las consecuencias de una vida sexual activa y eso debe ser tomado en cuenta por todo operador de justicia, pues hay una manifestación de una voluntad espontanea por parte de la ofendida. EL DOLO PODRÍA SER que la resolución dictada cause impunidad a toda costa, evitando que el acto dictado sea revisado por el funcionario superior, y que el resultado final sea la impunidad del hecho; Cosa que no ha ocurrido en el presente caso, pues el proceso continúa. EL MINISTERIO PÚBLICO NO HA SEÑALADO Y MUCHO MENOS ACREDITADO LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL ABUSO DE AUTORIDAD.RECURSO DE APELACIÓN Según la Ley adjetiva penal en su artículo 354 numeral primero, el sobreseimiento provisional y definitivo es apelable y se interpone dentro de los tres días hábiles siguientes a la respectiva notificación, en un escrito donde deben expresarse los agravios establece el Artículo 705 del Código Procesal Civil, El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente, en materia penal las Cortes de Apelaciones tienen las atribuciones de confirmar, revocar o reformar la resolución impugnada, no tienen facultades para adelantar criterios sobre responsabilidad penal de persona alguna como lo hizo la Corte de Apelaciones de esta sección Judicial. MEDIOS DE PRUEBA Para desvirtuar los hechos controvertidos que alega el Ministerio Público, ofrezco los medios de prueba siguientes: 1.- Documentales públicos que consisten en fotocopias presentadas por el Ministerio Público anexos al antejuicio presentado en mi contra. 2.- Documental público en fotocopia de: a) sobreseimientos dictados después de haberse realizado la audiencia preliminar en Juzgados de Tegucigalpa a manera de ejemplo, b) documental público en fotocopia debidamente cotejada de autos de sobreseimiento solicitados por el Ministerio Público y resueltos a favor del ente Fiscal por este Juez antejuiciado en los expedientes números Expediente numero 58-2010 y exp. 47-2008.” VI. CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO En proveído de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete, la Corte Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, tuvo por admitido en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Juan de Dios Mondragón Barahona, en su condición expresada, concediendo a la parte contraria, Abogada Melissa Johana Medina Martínez, en su condición indicada, el término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que conteste los agravios expresados. Por lo que en fecha veintidós de marzo del dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, la Abogada Melissa Johana Medina Martínez, Fiscal del Ministerio Público, contestando los agravios de la siguiente manera: “LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS PRIMERO: Manifiesta el Antejuiciado que le causa agravio la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones, pues esta le ha declarado procedente al Ministerio Público la Acción Penal Pública en contra del JUEZ JUAN DE DIOS MONDRAGON, sin haberse, según el Antejuiciado, declararse la Nulidad de lo actuado por él, considerando ser necesaria dicha declaratoria para configurarse el Tipo Penal de Abuso de Autoridad, desconociendo que la norma penal en su art. 349 señala: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)... 2) Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquier de los ordenamientos jurídicos” no requiriendo la norma en ninguno de sus elementos, que la referida orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdos, decretos o la abstención de cumplimiento del ordenamiento jurídico haya previamente ser declarada Nula por un Tribunal Superior; por lo que no existe Agravio causado al Antejuiciado por la Honorable Corte de Apelaciones bajo este argumento; así también omite el Antejuiciado considerar que al emitir el ilegal Sobreseimiento Definitivo el Ministerio Público presentó en tiempo y forma Recurso de Apelación contra la referida resolución, la cual al ser estudiada por la Corte de Apelaciones es REVOCADA y SE ORDENA que sin más trámite se dicte Auto de Apertura a Juicio y se remitan las diligencias al Tribunal de Sentencia procedente. Ahora bien, desconoce el JUEZ JUAN DE DIOS MONDRAGON que la Revocatoria deja SIN VALOR Y EFECTO la resolución por él dictada por ser contraria a Ley; y la nulidad por él solicitada como elemento del tipo, tiene por finalidad declarar la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean de fondo o de forma; en otras palabra tiene como finalidad dejar SIN VALOR Y EFECTO un acto procesal; es así que al REVOCAR la Corte de Apelaciones el Sobreseimiento Definitivo por haber advertido que la decisión del A Quo fuera tomada de manera ilegal, dejándola por ello SIN VALOR Y EFECTO; cumpliéndose de esta manera la desamparada solicitud del Antejuiciado; ratificándose de esta manera la improcedencia del Agravio esgrimido. Cuestiona también el Antejuiciado, que la Honorable Corte de Apelaciones no ha querido aceptar como criterio del juzgador el apreciar la Certificación de Acta de Matrimonio como eximente del Dolo, no obstante, resulta, excesiva, desmedida y errónea la pretensión del JUEZ JUAN DE DIOS MONDRAGÓN, pues desde ningún punto de análisis resulta coherente estimar que un juzgador podrá determinar la celebración de un matrimonio llevado a cabo 5 años después de la comisión del delito Violación Especial y ocurrida sufriendo el imputado la medida de prisión preventiva como consecuencia del proceso penal por el tipo penal antes señalado, ser considerado dicho acto como eximente del elemento volutivo, sobre este aspecto es necesario establecer: Resultan causas de exclusión del Dolo las señalas en el art. 24 del Código Penal establecidas como Causas de Justificación y por ello eximentes de responsabilidad penal: 1.Legitima Defensa 2. Legítima Defensa Putativa 3. Legítima Defensa de un Tercero 4. Estado de Necesidad 5. Cumplimiento de un Deber y 6. Obediencia Debida; en el caso sometido a conocimiento del Juez Juan de Dios Mondragón al tratarse de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL no le era aplicable ninguna de las causas de Justificación señaladas por la Norma Penal; Ahora bien el Antejuiciado en un intento de evadir su responsabilidad ha transcrito en su Recurso de Apelación las clases de Derecho Penal del Doctor Santiago Mir Puig publicadas en su Libro Derecho Penal Parte General 5ta Edición; referentes a la Antijuricidad, al Dolo y al Error de Prohibición. En relación a la Antijuricidad ha transcrito extractos sobre la apreciación de la Escuela Positivista señalando en negrita el Antejuiciado que para esta corriente doctrinaria el objeto de la culpabilidad atenta solo a las “partes” del delito y no a su esencia material, así también ha resaltado la antijuricidad como causación de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico; sin embargo, el Antejuiciado es incapaz de subsumir los hechos por el conocidos en la causa penal número 38-2015, instruida contra DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, en estos argumentos a favor suyo; ello pues, es imposible; ya que si su argumento parte de que la culpabilidad “atenta solo a las partes del delito” las partes en el caso de mérito, por tratarse de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL son partes el imputado y El Estado de Honduras en salvaguarda de la Indemnidad Sexual de los menores de edad, excluyéndose por completo de esa fórmula a la menor de edad, siendo que el Bien Jurídico Protegido es la Indemnidad Sexual de la niñez del Estado de Honduras, no siéndole propio o exclusivo dicho bien jurídico a la niña ANABEL PAZ AMAYA y por ello no puede valorar el Juez “El Consentimiento de la Victima (pues carece de el)” como bien jurídico a considerar para el análisis de las causas de justificación, y siendo que “el consentimiento de la víctima” no se encuentra comprendido como causa de justificación conforme al art. 24 del Código Penal, resulta totalmente improcedente dicho agravio; ahondando a ello, el mismo Juez refiere que en el proceso no rindió declaración la niña ¿Cómo sabe entonces cual su voluntad?; o peor aun el Código de la Niñez y el Código Procesal Penal no permiten el perdón expreso de la víctima, el cual conforme a lo preceptuado en el art. 416 del CPP es aplicable únicamente a los delitos de Orden Privado. En referencia a la Escuela Finalista esta estatuye que no es admisible sustraer al hecho en ningún momento de la intención que lo preside; al igual que la anterior el Antejuiciado es incapaz de subsumir sus ilegales decisiones en esta teoría y nuevamente por ser imposible; ya que del análisis de caso se desprende que el señor DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ accedió carnalmente a la niña ANABEL PAZ AMAYA de solo 12 años de edad, y quién como producto de ello a sus 13 años dio a luz a otra niña; siendo posteriormente abandonadas por el señor DARVIN NOE PEREZ; de ello se desprende que el imputado al saciar sus deseos sexuales y al haber cumplido su cometido se aleja del sujeto pasivo dejándola con una bebe y sin ayuda económica, por lo que bajo el análisis de la referida escuela doctrinaria; la finalidad del imputado era solo acceder carnalmente a la menor y una vez saciado su deseo se aleja del sujeto pasivo dejándola con las consecuencias y sufrimiento de su acto ilícito; ya que si la intención del imputado era mantener una relación familiar (como pretende hacer creer el Juez) con la víctima no hubiese existido abandono, por otra parte el matrimonio se hubiese suscitado antes de las relaciones sexuales y se reitera nunca hubiese existido abandono o denuncia de los hechos ocurridos; es así como los mismos sustentos doctrinarios del Antejuiciado conceden la razón a la decisión tomada por la Honorable Corte de Apelaciones, no siendo posible ante el conocimiento de la referida doctrina por parte del Antejuiciado pretender sustentar “ausencia de dolo”. Al respecto de la Antijuricidad el Ministerio Público acota lo señalo por el Dr. CLAUS ROXIN: “Una acción antijurídica es formalmente antijurídica en la medida en la que contraviene una prohibición o mandato legal; y es materialmente antijurídica en la medida en que en ella se plasma una lesión de bienes jurídicos socia/mente nociva y que no se puede combatir suficientemente con medios extrapenales”, así también señala el referido autor “Y desde el punto de vista de la antijuricidad, el injusto material de la lesión de bienes jurídicos puede excluirse por el hecho de que en caso de colisión de dos bienes jurídicos se prefiere el Interés por el bien jurídico más valorado al menos valorado”; en el caso de merito EL JUEZ tenía entre manos la protección del Interés Superior del Niño sobre el derecho a la Libertad del imputado, obrando contrario a derecho al decidir por el bien jurídico con menor valoración ya que en todo momento el Juez debió proteger el Interés Superior del Niño. En cuanto al DOLO el Antejuiciado ha resaltado: “EL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL SUJETO DE LA SITUACIÓN Y LA INTENCIÓN MANIFESTADA DEL SUJETO”; al respecto se determina el accionar doloso del mismo Antejuiciado pues en la causa 38- 2015 instruida contra DARVIN NOE PEREZ al Juez se le acreditó que al momento de suceder los hechos el imputado contaba con 22 años de edad (10 años mayor que la victima) que era maestro de educación primaria (es decir que poseía estudios suficientes) y que era residente en un municipio el cual es accesible a la modernidad y al conocimiento de las leyes; ante todo ello resulta inexplicable como pretende el Juez hacer creer que el imputado desconocía que su accionar era ilícito y que al abandonar a la victima ya con una hija producto del acceso carnal no sea MANIFESTACIÓN EXPRESA de la voluntad del imputado de saciar solo su deseo sexual conculcando los derechos de la víctima. Sobre el ERROR DE PROHIBICIÓN referido resulta aberrante que el Juez fundamente su decisión amparado en la existencia del referido Error de Prohibición, por los hechos concretos siguientes: 1) El imputado es maestro de educación primaria; es decir, con estudios suficientes para conocer lo ilícito de su accionar. 2) Nadie puede alegar ignorancia de la Ley, conforme a lo establecido en el art. 221 de la Constitución de la República 3) El imputado residía al momento de cometer los hechos en un municipio al día con la modernidad. 4) El imputado no es de los sujetos amparados en el convenio 169 de la OIT. No es posible esgrimir ante estos hechos demostrados por el Ministerio Público que el imputado desconocía que su accionar era prohibido por la Ley; no es posible que el Juzgador pretenda amparar su resolución bajo el alegato de Error de Prohibición, considerando este Ente Fiscal acertada la postura de la Honorable Corte de Apelaciones al señalar que debe ser apreciada dicha tesis doctrinaria por el Tribunal de Sentencias y no por el Juez A Quo; ya que éste solo ha tenido tangible la mínima actividad probatoria, ante la cual no puede emitir razonamiento suficiente sobre la culpabilidad del imputado, pues únicamente lo podrá solo sobre su PROBABLE participación en los hechos. En cuanto al Error de Prohibición señala CLAUS ROXIN “conocimiento significa percepción sensorial de las circunstancias descriptivas del hecho y comprensión intelectual de las normativas” o como señala el tan gustado y estudiado por el Antejuiciado, autor MIR PUIG: “Error de Prohibición este no supone el desconocimiento de un elemento de la situación descrita por el tipo, sino (sólo) del hecho de estar prohibida su realización.” Ahora bien como pretende el Juez hacer creer que un maestro de educación primaria, colegiado, desconozca que mantener relaciones sexuales con niñas no está prohibido por Ley. SEGUNDO: Considera agraviante el ABOG. JUAN DE DIOS MONDRAGON que la Corte de Apelaciones autorice la promoción de la Acción Penal Pública POR EL SOLO HECHO DE NO HABER REALIZADO CIERTAS ACTUACIONES DENTRO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, no obstante, agraviante seria la situación inversa, ya que las omisiones ejecutadas a voluntad por el Juez violentan el DEBIDO PROCESO y la correcta Administración de Justicia. El delito de Abuso de Autoridad afecta a La Administración Pública porque implica un arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las prescripciones constitucionales, de la leyes o deberes que la rigen; “EL SOLO HECHO DE NO REALIZAR CIERTAS ACTUACIONES” contraviene su deber como tercero imparcial controlador de legalidad y del proceso; EL SOLO HECHO DE NO REALIZAR CIERTAS ACTUACIONES contraviene disposiciones constitucionales y procesales; ya que la norma Constitucional garantiza: art. 119 “El Estado tiene la obligación de proteger la infancia. Los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.” Por otra parte la norma procesal penal señala art. 13 “Igualdad de los Intervinientes. Los jueces y magistrados velaran por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso”; art. 198 “Finalidad de los Medios de Prueba. La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código.” Art. 202: “Valoración de la Pruebas, La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” art. 332: “Pruebas Documentales y Otros Medios de Prueba. Las pruebas documentales serán exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen y leídas por el secretario.”; en relación a la Sana Critica ya la Sala de lo Penal ha reiterado que el Juzgador debe arribar a una convicción solo cuando a analizado TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA DE MANERA ARMÓNICA para poder deducir convicción del hecho ocurrido; en relación a ello RUIZ VADILLO “EL Tribunal tendrá que razonar sobre cada una de las pruebas que se han practicado y sobre el grado de consentimiento que cada una le ha proporcionado y en función de la plural incidencia de ellas sobre que a llegado a una determinada conclusión y no a otras…” así también ha señalado La Sala a través de Sentencia SP-297-2013 “de acuerdo a la normativa procesal vigente, la inmediación y la contradicción constituyen presupuestos básicos para la correcta valoración de la prueba; ambas exigencias resultan complementarias, garantizando que se pueda OBJETAR LA PRETENSIÓN ante el órgano que va a decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.” Actuando por ello el Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON al margen de la ley, al omitir dar debido cumplimiento a la Constitución, las leyes, la doctrina y la jurisprudencia SOLO POR EL HECHO DE NO REALIZAR CIERTAS ACTUACIONES, ahora la pregunta obliga es: ¿Cómo puede un Juez de 9 años de carrera judicial desconocer el procedimiento legal de evacuación y valoración de la prueba? Cuando el mismo Antejuiciado lo plasmara en su informe SU OBLIGACIÓN ERA APRECIAR TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DERIVAN DE LA COMISIÓN DE UN HECHO DELICTIVO, sin embargo obvia su obligación de valorar todos los medios de prueba de forma armónica y a efecto de favorecer al imputado centrándose en la Certificación de Acta de Matrimonio, obviando los otros elementos de prueba legítimamente incorporados al proceso. El Antejuiciado pretende escudar su accionar al margen de la Ley bajo el argumento de “criterio” no obstante olvida el antejuiciado que no le ésta permitido por Ley someter a su criterio las reglas del debido proceso, pues no se le ha cedido la facultad de crear norma o doctrina, pues solo ha sido embestido para aplicarla y es precisamente ese desbordamiento realizado por el JUEZ JUAN DE DIOS MONDRAGON que impulsa el presente proceso. TERCERO: No es objeto de controversia por parte de este Ente Fiscal la facultad que posee el Juez para dictar Sobreseimiento Provisional o Definitivo en Audiencia Preliminar; no obstante, en el caso de mérito considera el Ministerio Público el Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON ha incurrido en responsabilidad penal al haberlo emitido en contravención a normas constitucionales, penales y procesales; ya que conforme a lo establecido en el art. 296 CPP se dictará sobreseimiento definitivo cuándo: 1. Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión, en el caso sometido a conocimiento del Antejuiciado el Ministerio Público acreditó a través de mínima pero suficiente actividad probatoria, la existencia de hecho tipificado como delito por la norma penal hondureña y la participación del imputado en esos hechos. 2. No existan fundamentos suficientes para decretar Auto de Prisión o Declaratoria de reo y no existan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito. En el caso concreto el Ministerio Público acreditó que el imputado accesó carnalmente a una niña de 12 años y como consecuencia de ello nació otra niña, la cual se encontraba inscrita como hija del imputado. (Ha consideración del Ministerio Público resulta prueba suficiente de la participación del imputado en los hechos). 3. Se ha extinguido la acción penal; no hubo en el proceso causa alguna de extinción de la acción penal. Recurre entonces el Antejuiciado a efecto de favorecer al imputado al ilógico argumento de Error de Prohibición y para hacer factible su resolución evita el acceso al Ministerio Público de la prueba documental en la que fundamentará su resolución vulnerando el Debido Proceso con miras a lograr una resolución injusta e ilegal; con la cual logra la libertad del imputado QUIEN A LA FECHA SE ENCUENTRA PROFUGO; pues al revocar la Honorable Corte de Apelaciones la decisión del Juez A Quo, se libra Orden de Captura que a la fecha no ha podido ser ejecutada por desconocerse el paradero del señor DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ. CUARTO: Señala el Antejuiciado que la Acción Penal no es procedente pues ante su decisión el Ministerio Público tenía expedita la vía recursiva, desconociendo que la punibilidad en el delito de Abuso de Autoridad tal como lo señala SOLER “reside en el acto abusivo en sí mismo, por cuanto compromete la regularidad y la legalidad de la función pública, aun cuando no se produzca la lesión de un derecho ulterior, se castiga el acto abusivo en sí mismo, como un modo de tutelar los valores ínsitos en el orden jurídico como tal.” El Abuso de Autoridad previsto en nuestra norma se caracteriza en la realización de la acción típica ya que el funcionario actúa contrariando lo que expresamente establecen la Constitución y las leyes. El funcionario debe ajustar su accionar a las exigencias del orden jurídico preestablecido. Señala BOUNPADRE: “Tratándose de un delito de comisión, de pura actividad, se consuma cuando se dicta la resolución de acuerdo a las formalidades del acto administrativo o cuando se imparte la orden, independientemente de su acatamiento. La consumación no requiere daño alguno a la Administración Pública”, sin embargo en el caso de mérito, si existió lesión a la Administración Pública ya que no es cierto lo establecido por el JUEZ JUAN DE DIOS MONDRAGON al establecer que el proceso continuó; pues a la fecha el imputado se encuentra prófugo, ya que el señor DARVIN NOE PEREZ aprovechando la libertad que le fuera otorgada por el Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON evadió la justicia, no pudiéndose cumplir la orden de la Corte de Apelaciones de enviar la causa a juicio Oral y Público para que se determinara la culpabilidad del imputado, no pudiendo por ende cumplir el principio procesal de realización pronta y efectiva de la Justicia Penal. Así también el abuso omisivo configura un tipo de pura actividad que se consuma con la ejecución de la Ley en el caso concreto, es decir, con la no realización de la acción esperada. Se trata de una inobservancia de lo que manda expresamente hacer la norma jurídica; subjetivamente, se trata de un delito doloso, y como en los supuestos anteriores, se perfecciona con el DOLO DIRECTO QUE REQUIERE EL CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA LEY, en el caso de mérito no le es admisible en ninguna circunstancia AL ABOGADO, AL JUEZ, EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY. Por todo ello estima el Ministerio Público acertada la resolución de la Honorable Corte de Apelaciones de la ciudad de Santa Bárbara por encontrarse apegada a derecho, por lo que se debe una vez analizados los autos de mérito CONFIRMAR la resolución de fecha uno (1) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por existir méritos suficientes.” VII. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA 1) Naturaleza del Antejuicio: El antejuicio se define como la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción. Concretamente, es una garantía pre-procesal que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas. El antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el indebido juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza. El Antejuicio es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza de la República, como mecanismo de protección del ejercicio jurisdiccional. 2) Características del Antejuicio: a partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; c) Es un instituto de orden público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); d) Mediante el antejuicio se determinará si existen o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e) El antejuicio puede operar como acción y como excepción: i) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii) Como excepción: cuando el juez o jueza acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y F) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 L.O.A.T.), ello genera varias consecuencias: i) Aún cuando sea declarado con lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de meritos para ello; ii) El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer antejuicio, aporten nuevo elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iv) La acción penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como Juez o Jueza, aún cuando se haya declarado sin lugar un antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. 3) Requisitos para la procedencia del antejuicio: Presentado que sea el antejuicio corresponde al órgano jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del antejuicio se verificaran el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el trámite previsto por el código de rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: a) Verificación de Requisitos Formales: i) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de Conversión de la acción pública a acción privada (Art. 41 Código Procesal Penal) y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii) Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeño de la función estatal de Juez o Jueza que protege ésta garantía. Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii) Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función jurisdiccional. Aún cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los caso de los delitos no funcionales (Ejemplo: Robo, Homicidio, Violación, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv) El escrito del antejuicio defina claramente los hechos que el peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito sólo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos. b) Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i) Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; ii) Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; iii) Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar, que la suerte del procedimiento del antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; igualmente, la suerte del antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional[1]. 4) Resulta necesario aclarar, que de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del departamento de Santa Bárbara, de fecha siete de marzo del dos mil diecisiete, la fiscalía del Ministerio no interpuso impugnación alguna, es más al momento de contestar los agravios en el presente recurso de apelación, estableció que debía confirmarse la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, manifestando su conformidad con la misma, por lo que esta Sala de lo Penal entiende que el único delito por el que se pretende enjuiciar al Juez Mondragon Barahona, es por el delito de abuso de autoridad, por lo que nuestro pronunciamiento se enfocará en ese único delito. Esta Sala de lo Penal, luego de realizar un análisis cuidadoso e íntegro de los argumentos de ambas partes, tanto del Ministerio Público como del Funcionario Judicial y sobre todo, de examinar la Sentencia dictada por la Corte Ad-quem, , concluye que no encuentra en los hechos imputados al abogado Juan de Dios Mondragon Barahona, en su condición de Juez titular del Juzgado de Letras departamental de Santa Bárbara, fundamento razonable e inequívoco para la presentación de la acción penal en su contra por el delito de Abuso de Autoridad. Lo anterior en virtud que las acciones del Juez antejuiciado, constituyen actuaciones que se enmarcan dentro de las facultades de su cargo y dentro de los límites que la ley le permitía, por ejemplo decretar un sobreseimiento definitivo o provisional en una audiencia preliminar es una de las posibilidades que plantea la ley procesal. En la audiencia preliminar es permitido la presentación y evacuación de medios de pruebas, determinación que tomó el Juez Juan de Dios Mondragon al valorar un documento público y sobre el cual no existe pronunciamiento por ilicitud o falsedad por parte del ente fiscal. Si bien el documento público es un acta de matrimonio entre el imputado y la ofendida, mismo que, para el Juez Mondragon, este documento hacia desaparecer los efectos del delito de violación especial por ausencia de dolo en el accionar del imputado y por tanto existía un error de prohibición, sin embargo estos argumentos del Juez Mondragon Barahona no son mas que criterios juridicos errados o no de su función como Juez, resoluciones que pueden ser revertidas a través de los medios de impugacion que la ley procesal dispone, pero que constituyen sin lugar a dudas una interpretación posible dentro de la ley penal, es decir no puede señalársele de abuso de autoridad a un togado que emite un criterio que según su entender es correcto, aunque en realidad no lo sea, pero no es posible perseguirle por emitir su opinión como dictaminador de conflictos jurídicos pues esto atentaría contra la independencia judicial. Ahora bien sobre los razones jurídicas que externó la Corte de Apelaciones y por las cuales argumentó que no era procedente que el Juez sobreseyera la casua penal, en primer lugar estableció que, si bien se trataba de un documento público, no resultaba suficiente para dictar sobreseimiento definitivo, pues el matrimonio se celebró cuando ya estaba detenido el imputado; como segundo punto establece la Corte de Apelaciones, que el matrimonio civil celebrado entre imputado y ofendía no extingue la responsabilidad penal por el delito de violación; por último dispone que resolver en cuanto a la concurrencia o no de un error de prohibición es faculta privativa de los Tribunales de Sentencia; también advierte que el hecho de no someter dicho documento público al contradictorio del Ministerio Público, le puso en desventaja restringiendo así derechos fundamentales como el Debido Proceso y el Derecho de Defensa; todos estos argumentos del Ad-quem son totalmente correctos y válidos, los cuales comparte esta Sala de lo Penal, sin embargo no estamos de acuerdo que dichas actuaciones erradas del Funcionario Judicial dan pie a una resolución contraria a la Constitución, es posible que tengan como consecuencia sanciones administrativas, pues esta Corte no avista si quiera en dichas actuaciones judiciales, la posibilidad de mala fe del funcionario judicial o la intención de querer beneficiar al imputado con su resolución, situación que en ningún momento lo ha mencionado la Fiscalia del Ministerio Público en su solicitud, mas bien parece que la actuación errada del Juez Mondragon Barahona responde al desconocimiento como profesional o falta de experticia en dichas situaciones legales, pues tal como lo ha manifestado, recién había asumido la judicatura; pero reitera esta Sala de lo Penal, que en base a lo ya argumetado, no encuentra fundamentos razonables para proceder con el antejuicio pretendido por el ente fiscal. Sin embargo, no es posible que dichas actuaciones judiciales que se suscitan por la falta de conocimiento o experticia de los togados, queden sin tener las repercusiones administrativas correspondientes, por lo que se instruye a la Inspectoria General de Tribunales, para que inicie las diligencias respectiva para deducir la responsabilidad adminsitrativa en la que haya incurrido el Juez Juan de Dios Mondragon Barahona. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 3), 316 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 420, 421, 422, 423 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declarar ha Lugar el Recurso de Apelacion interpuesto por el abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON, en su condición de Juez del Juzgado de Letras departamental de Santa Bárbara. Segundo: Revocar la sentencia de fecha uno de marzo del dos mil diecisiete, dictado por la Corte de Apelaciones Seccional del departamento de Santa Bárbara. Tercero: Declarar no ha lugar a la solicitud de antejuicio presentada contra el abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON, en su condición de Juez del Juzgado de Letras departamental de Santa Bárbara, por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. Y MANDA: Que se extienda copia simple de la presente resolución a las partes intervinientes. Notifíquese.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.-MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-189-2017.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencia de Apelación Penal en Antejuicio SP 250-2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio del 2013.