Sentencia AP-159-16 — Registro 10183
Resumen
Acto recurrido que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el a-quo en la causa instruida contra el señor Juan Ramon Banegas de diego, por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de armas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos..." ..." Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, en la causa instruida contra el señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantado el derecho constitucional del Principio de Legalidad, consagrado en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, por suponerlo responsable a título de autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil quince (2015) resolvió: (Sic) “…declarar CON LUGAR la excepción planteada por falta de acción, por la Defensa Pública del Imputado JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- El Juez de Letras Abogado VICTOR MANUEL MELENDEZ CASTRO, en consecuencia decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a su favor del imputado JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- El Juez de Letras Abogado VICTOR MANUEL MELENDEZ CASTRO, debiendo revocarle las medidas cautelares impuestas en la Audiencia declaración de imputado de fecha veintisiete de Agosto del año dos mil quince…” (Folios 14 y 15 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), resolviendo el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución que se deja supra relacionada, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “Primero: No Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Representación del Ministerio Público como apelante contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón en el proceso seguido a Juan Ramón Banegas De Diego en la causa penal que se le instruye por un delito de Portación Ilegal de Arma de Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Confirmar el Sobreseimiento Definitivo dictado en fecha Veinticinco de Septiembre del año dos mil quince en este proceso, por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón…” (Folios del 4 al 7 de la Pieza de antecedentes de segunda instancia).-4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la resolución del Ad-quem, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2016), quebranta el principio de Legalidad consagrado en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, por suponerlo responsable a título de Autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, interponiendo Acción Constitucional de Amparo, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico y a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón en el proceso iniciado en contra del señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO; resolución que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en relación al sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, por el delito de Portación Ilegal de Armas; considera la recurrente en amparo que la resolución antes referida quebranta el Principio de Legalidad consagrado en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que de la lectura de la acción constitucional impetrada, la recurrente aduce que al analizar el contenido del artículo 1 del Decreto 60-2015, se considera que dicha disposición no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332 A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o entregar un arma prohibida; lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud que los imputados fueron encontrados cada uno en posesión de un arma, sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se crédito ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro o entrega del arma citada, es decir, acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que hayan tenido la intención dirigida al registro o entrega del arma, considerando que los hechos ocurrieron un domingo en horas de la noche; por lo cual el ente fiscal considera la comisión del delito de Posesión Ilegal de Armas señalado en el artículo 332-B del Código penal, por lo que a criterio de la recurrente el Decreto 60-2015, que como establece la Corte en su resolución da vida al primer Decreto Ejecutivo 184-13 y que se extendió a través del Decreto Ejecutivo 63-2014, por lo que es importante señalar el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula despenalizadora del tipo penal en comento.-CONSIDERANDO (5): Que continuando con su exposición la impetrante considera que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como el caso que nos ocupa el derecho a aplicar; si bien es cierto el Juez tiene la facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido en estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, prorrogado a través del Decreto 63-2014 y 60-2015, la intención auténtica dada por el legislador no es la de despenalizar la acción constitutiva del delito por la que se ejerció la acción penal en contra del ahora encausado, tal como lo establece el Ad-quem, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, aspecto que no se acreditó en el presente caso, razón por la cual debió revocar el sobreseimiento definitivo decretado por el A-quo. Siendo importante recalcar que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada del hecho y la norma sometida al conocimiento del juzgador.- CONSIDERANDO (6): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un estado es un estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 304 primer párrafo y 321 en la resolución de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis dictada por el Ad-quem. Los preceptos constitucionales indicados señalan en su orden: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…”; y, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”- CONSIDERANDO (7): Que se conoce en Amparo la resolución de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Representante del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, que declara con lugar la excepción por falta de acción promovida por la defensa del imputado y en consecuencia dicta sobreseimiento definitivo a favor del mismo. Que vista la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal, en la motivación probatoria y jurídica establece que respecto L finalidad del decreto 60-2015 como los anteriores 184-13 y 63-2014, todos disposiciones nacidas en el ámbito de la administración publica, como decretos legislativos, no es regular las conductas penales, sino que fortalecer la seguridad a través del control estatal de la portación de armas, municiones y otros en el territorio nacional, por ello la materia sustantiva penal, no se inmuta por tal decreto, sin embargo desde el punto de vista procesal y del monopolio que la norma procesal le ha dado al Ministerio Público para ejercitar la acción penal publica, tales decretos han venido a restringir la persecución penal del Ministerio Público, es decir la actividad procesal en el delito es la que esta vedada para el ente acusador público. En ningún momento la norma penal pierde o se anula (art. 332-B), la figura penal siempre existe, ese Decreto 60-2015 como los anteriores, la norma sustantiva sigue vigente lo que ha perdido es efectividad. En el acápite Tercero la Alzada dice que el Decreto Ejecutivo 60-2015, publicado en la gaceta en fecha ocho de septiembre del 2015, dispone en el artículo 1 “prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del decreto 63-2014 de fecha diecinueve de agosto del 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de diciembre del 2015, para toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con….a realizar los trámites correspondientes para dicho registro. Argumenta el Ad-quem que en primer lugar el referido decreto tiene vigencia a partir del vencimiento del decreto 63-2014 que fue publicado en fecha seis de noviembre del 2014, y desde allí se cuentan los seis meses de su vigencia, de acuerdo a la entrada en vigencia que le da el artículo 2 de dicho decreto; que el decreto 63-2014 venció el seis de mayo del 2015, a partir de esa fecha adquiere vigencia este último decreto 60-2015, hasta el 31 de diciembre del 2015, los hechos del requerimiento tuvieron lugar en fecha treinta de agosto del 2015, entonces se encuentra bajo la vigencia de dicho decreto. Continuando con la motivación jurídica en el acápite Cuarto, el Ad-quen arguye que el artículo 296.2 de la norma procesal penal dispone que se dictará sobreseimiento definitivo cuando no existan fundamentos suficientes para dictar un auto de procesamiento, estimando que dicha disposición se da en el presente caso, porque los fundamentos considerados son de carácter jurídico, la invocación del referido decreto impide continuar con el proceso, al tratarse de un delito de acción pública, que solo el Ministerio público lo pudiese proseguir, al impedirle tal ejercicio la norma procesal, el proceso se tiene que definir y cerrar y ello solo con la institución jurídica llamada sobreseimiento.-CONSIDERANDO (8): Que conforme a las atribuciones que le corresponden al Congreso Nacional concedidas por la Constitución de la República en el artículo 205, le corresponde crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Conforme a dicha atribución constitucional en fecha uno de septiembre del año dos mil trece mediante Decreto 184-2013[1] estableció un período de veda por el término de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. El mencionado Decreto Legislativo establece también que durante ese término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas. En los considerandos que motivaron la creación de dicho Decreto Legislativo se establece que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para efectos del control formal por parte del Estado.- CONSIDERANDO (9): Que el Decreto No. 184-2013 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta, o sea en fecha 5 de octubre del año dos mil trece. Que el Decreto No. 63-2014[2] de fecha 19 de agosto del año dos mil catorce, prorrogó la vigencia de lo dispuesto en el Decreto No. 184-2013, por un período de seis meses –contados a partir de la fecha de vencimiento del Decreto referido-, para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego de tipo comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes para dicho registro; el Decreto 63-2014 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En la creación de este Decreto de prórroga el legislador observó que es deber del Congreso Nacional crear mecanismos que coadyuven a mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país, mediante la prórroga del plazo de veda señalado.-CONSIDERANDO (10): Que el Decreto No. 60-2015[3] de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, prorrogó a partir de la fecha del vencimiento del Decreto No. 63-2014, la vigencia por un período hasta el 31 de diciembre del año 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes para dicho registro. El Decreto en comento entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta[4]. Ciertamente los mencionados Decretos, no están revocando o reformando lo dispuesto en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, sino que esta regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos de control formal por parte del Estado”. Asimismo la finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción.-CONSIDERANDO (11): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO (12): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse sólo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)[5].-CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce la recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento al Decreto Legislativo No. 60-2015, el cual prorroga la vigencia del Decreto 63-2014 desde la fecha de vencimiento de éste -6 de mayo del 2015-, hasta el 31 de diciembre del año dos mil quince, según lo establecido en al artículo 1 del referido Decreto Legislativo 60-2015; ocurriendo los hechos acusados por el Ministerio Público en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, encontrándose vigente el aludido Decreto, bajo la vigencia extendida del mismo. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues conforme a las facultades que otorga la Constitución de la República al Congreso Nacional, éste emitió el Decreto No. 60-2015, que se deja relacionado en el acápite número 10 de este libelo, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (15): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 296 del Código Procesal Penal; FALLA: Denegando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor del ESTADO DE HONURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTÍFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0159-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, en la causa instruida contra el señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantado el derecho constitucional del Principio de Legalidad, consagrado en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, por suponerlo responsable a título de autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil quince (2015) resolvió: (Sic) “…declarar CON LUGAR la excepción planteada por falta de acción, por la Defensa Pública del Imputado JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- El Juez de Letras Abogado VICTOR MANUEL MELENDEZ CASTRO, en consecuencia decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a su favor del imputado JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- El Juez de Letras Abogado VICTOR MANUEL MELENDEZ CASTRO, debiendo revocarle las medidas cautelares impuestas en la Audiencia declaración de imputado de fecha veintisiete de Agosto del año dos mil quince…” (Folios 14 y 15 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), resolviendo el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución que se deja supra relacionada, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “Primero: No Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Representación del Ministerio Público como apelante contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón en el proceso seguido a Juan Ramón Banegas De Diego en la causa penal que se le instruye por un delito de Portación Ilegal de Arma de Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Confirmar el Sobreseimiento Definitivo dictado en fecha Veinticinco de Septiembre del año dos mil quince en este proceso, por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón…” (Folios del 4 al 7 de la Pieza de antecedentes de segunda instancia).-4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la resolución del Ad-quem, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2016), quebranta el principio de Legalidad consagrado en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO, por suponerlo responsable a título de Autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, interponiendo Acción Constitucional de Amparo, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico y a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón en el proceso iniciado en contra del señor JUAN RAMON BANEGAS DE DIEGO; resolución que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en relación al sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, por el delito de Portación Ilegal de Armas; considera la recurrente en amparo que la resolución antes referida quebranta el Principio de Legalidad consagrado en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que de la lectura de la acción constitucional impetrada, la recurrente aduce que al analizar el contenido del artículo 1 del Decreto 60-2015, se considera que dicha disposición no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332 A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o entregar un arma prohibida; lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud que los imputados fueron encontrados cada uno en posesión de un arma, sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se crédito ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro o entrega del arma citada, es decir, acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que hayan tenido la intención dirigida al registro o entrega del arma, considerando que los hechos ocurrieron un domingo en horas de la noche; por lo cual el ente fiscal considera la comisión del delito de Posesión Ilegal de Armas señalado en el artículo 332-B del Código penal, por lo que a criterio de la recurrente el Decreto 60-2015, que como establece la Corte en su resolución da vida al primer Decreto Ejecutivo 184-13 y que se extendió a través del Decreto Ejecutivo 63-2014, por lo que es importante señalar el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula despenalizadora del tipo penal en comento.-CONSIDERANDO (5): Que continuando con su exposición la impetrante considera que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como el caso que nos ocupa el derecho a aplicar; si bien es cierto el Juez tiene la facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido en estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, prorrogado a través del Decreto 63-2014 y 60-2015, la intención auténtica dada por el legislador no es la de despenalizar la acción constitutiva del delito por la que se ejerció la acción penal en contra del ahora encausado, tal como lo establece el Ad-quem, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, aspecto que no se acreditó en el presente caso, razón por la cual debió revocar el sobreseimiento definitivo decretado por el A-quo. Siendo importante recalcar que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada del hecho y la norma sometida al conocimiento del juzgador.- CONSIDERANDO (6): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un estado es un estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 304 primer párrafo y 321 en la resolución de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis dictada por el Ad-quem. Los preceptos constitucionales indicados señalan en su orden: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…”; y, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”- CONSIDERANDO (7): Que se conoce en Amparo la resolución de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Representante del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, que declara con lugar la excepción por falta de acción promovida por la defensa del imputado y en consecuencia dicta sobreseimiento definitivo a favor del mismo. Que vista la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal, en la motivación probatoria y jurídica establece que respecto L finalidad del decreto 60-2015 como los anteriores 184-13 y 63-2014, todos disposiciones nacidas en el ámbito de la administración publica, como decretos legislativos, no es regular las conductas penales, sino que fortalecer la seguridad a través del control estatal de la portación de armas, municiones y otros en el territorio nacional, por ello la materia sustantiva penal, no se inmuta por tal decreto, sin embargo desde el punto de vista procesal y del monopolio que la norma procesal le ha dado al Ministerio Público para ejercitar la acción penal publica, tales decretos han venido a restringir la persecución penal del Ministerio Público, es decir la actividad procesal en el delito es la que esta vedada para el ente acusador público. En ningún momento la norma penal pierde o se anula (art. 332-B), la figura penal siempre existe, ese Decreto 60-2015 como los anteriores, la norma sustantiva sigue vigente lo que ha perdido es efectividad. En el acápite Tercero la Alzada dice que el Decreto Ejecutivo 60-2015, publicado en la gaceta en fecha ocho de septiembre del 2015, dispone en el artículo 1 “prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del decreto 63-2014 de fecha diecinueve de agosto del 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de diciembre del 2015, para toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con….a realizar los trámites correspondientes para dicho registro. Argumenta el Ad-quem que en primer lugar el referido decreto tiene vigencia a partir del vencimiento del decreto 63-2014 que fue publicado en fecha seis de noviembre del 2014, y desde allí se cuentan los seis meses de su vigencia, de acuerdo a la entrada en vigencia que le da el artículo 2 de dicho decreto; que el decreto 63-2014 venció el seis de mayo del 2015, a partir de esa fecha adquiere vigencia este último decreto 60-2015, hasta el 31 de diciembre del 2015, los hechos del requerimiento tuvieron lugar en fecha treinta de agosto del 2015, entonces se encuentra bajo la vigencia de dicho decreto. Continuando con la motivación jurídica en el acápite Cuarto, el Ad-quen arguye que el artículo 296.2 de la norma procesal penal dispone que se dictará sobreseimiento definitivo cuando no existan fundamentos suficientes para dictar un auto de procesamiento, estimando que dicha disposición se da en el presente caso, porque los fundamentos considerados son de carácter jurídico, la invocación del referido decreto impide continuar con el proceso, al tratarse de un delito de acción pública, que solo el Ministerio público lo pudiese proseguir, al impedirle tal ejercicio la norma procesal, el proceso se tiene que definir y cerrar y ello solo con la institución jurídica llamada sobreseimiento.-CONSIDERANDO (8): Que conforme a las atribuciones que le corresponden al Congreso Nacional concedidas por la Constitución de la República en el artículo 205, le corresponde crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Conforme a dicha atribución constitucional en fecha uno de septiembre del año dos mil trece mediante Decreto 184-2013[6] estableció un período de veda por el término de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. El mencionado Decreto Legislativo establece también que durante ese término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas. En los considerandos que motivaron la creación de dicho Decreto Legislativo se establece que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para efectos del control formal por parte del Estado.- CONSIDERANDO (9): Que el Decreto No. 184-2013 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta, o sea en fecha 5 de octubre del año dos mil trece. Que el Decreto No. 63-2014[7] de fecha 19 de agosto del año dos mil catorce, prorrogó la vigencia de lo dispuesto en el Decreto No. 184-2013, por un período de seis meses –contados a partir de la fecha de vencimiento del Decreto referido-, para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego de tipo comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes para dicho registro; el Decreto 63-2014 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En la creación de este Decreto de prórroga el legislador observó que es deber del Congreso Nacional crear mecanismos que coadyuven a mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país, mediante la prórroga del plazo de veda señalado.-CONSIDERANDO (10): Que el Decreto No. 60-2015[8] de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, prorrogó a partir de la fecha del vencimiento del Decreto No. 63-2014, la vigencia por un período hasta el 31 de diciembre del año 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes para dicho registro. El Decreto en comento entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta[9]. Ciertamente los mencionados Decretos, no están revocando o reformando lo dispuesto en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, sino que esta regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos de control formal por parte del Estado”. Asimismo la finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción.-CONSIDERANDO (11): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO (12): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse sólo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)[10].-CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce la recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento al Decreto Legislativo No. 60-2015, el cual prorroga la vigencia del Decreto 63-2014 desde la fecha de vencimiento de éste -6 de mayo del 2015-, hasta el 31 de diciembre del año dos mil quince, según lo establecido en al artículo 1 del referido Decreto Legislativo 60-2015; ocurriendo los hechos acusados por el Ministerio Público en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, encontrándose vigente el aludido Decreto, bajo la vigencia extendida del mismo. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues conforme a las facultades que otorga la Constitución de la República al Congreso Nacional, éste emitió el Decreto No. 60-2015, que se deja relacionado en el acápite número 10 de este libelo, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (15): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 296 del Código Procesal Penal; FALLA: Denegando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor del ESTADO DE HONURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTÍFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0159-2016.-Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,246 de fecha 5 de octubre del año 2013.
[2] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,574 de fecha 6 de noviembre del año 2014.
[3] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,829 de fecha 8 de septiembre del año 2015.
[4] Vid. Artículo 2 del Decreto Legislativo No. 60-2015.
[5] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2da edición, B de F Editores, Montevideo -Buenos Aires, 2007. P. 109 y ss.
[6] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,246 de fecha 5 de octubre del año 2013.
[7] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,574 de fecha 6 de noviembre del año 2014.
[8] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,829 de fecha 8 de septiembre del año 2015.
[9] Vid. Artículo 2 del Decreto Legislativo No. 60-2015.
[10] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2da edición, B de F Editores, Montevideo -Buenos Aires, 2007. P. 109 y ss.