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Sentencia AP-152-16 — Registro 10307

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación, confirmó resolución apelada en causa imputados por suponerlos responsables de los delitos de portación ilegal de armas, transporte ilegal de armas, portación de municiones en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; en apelación se consideró que el legislador establecio términos de gracia para la entrega de armas de guerra e inscripción de armas personales o comerciales, por tanto durante dichos plazos los tipos penales que sancionan la tenencia y portación de armas perdieron positividad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum (el tiempo rige el acto) y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto inter temporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”..."..."resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños..."..."a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil quince (2015), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, celebrada en fecha once (11) de octubre del año dos mil quince (2015), en la causa instruida contra los señores TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLVIANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlos responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACION DE MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha once (11) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLIVANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACIÓN DE MUNICIONES, en perjuicio de SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-(Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado).- 2) Que el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en Audiencia de declaración de imputado de fecha once (11) de octubre del año dos mil quince (2015) RESOLVIÓ: “…Declarar con lugar la excepción por falta de acción por parte de la defensa pública de los imputados TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLIVANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlos responsables de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACION DE MUNICIONES, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, debiéndosele decretarse a su favor en consecuencia un SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO, por el ilícito penal antes referido a quienes deberá ordenárseles la inmediata libertad…” (Folios 30 al 31 de la pieza del Juzgado).- 3) Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLA: “Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la impetrante Segundo: CONFIRMANDO la resolución emitida en once de octubre del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colon en la cual se dictó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a los señores TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLINANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlos responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACION DE MUNICIONES en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Tercero…” (Folios del 6 al 8 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha Diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; afirmando la recurrente que la resolución del Ad-Quem, de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil quince (2015), son violatorias de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la de la Ceiba, departamento de Atlántida, que Declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución de fecha once (11) de octubre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en la que se declara el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO apelado a su instancia, con relación a la causa instruida contra los señores: TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLIVANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerle responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACIÓN DE MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS- CONSIDERANDO (4): Que el Ministerio Público manifiesta haber presentado requerimiento Fiscal contra los imputados en fecha 11 de octubre del año dos mil quince, fecha en que se celebró audiencia de declaración de imputados, momento en que la defensa de los acusados presento excepción por falta de Acción, amparándose en una ampliación al decreto 63-14 mediante decreto 60-15, mediante el cual el Ministerio Público tiene prohibido el ejercicio de la acción penal pública contra el delito de Portación Ilegal de Arma contenido en el artículo 332-B del Código Penal, pretensión a la que accedió el órgano jurisdiccional declarando con lugar la excepción por falta de acción en base a lo preceptuado en el decreto 184-13, 63-2014, 60-2015 dictando Sobreseimiento Definitivo a favor de los acusados. Estima la recurrente que se ha quebrantado el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, relacionado con el artículo 304 constitucional que dispone: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar los juzgado”.- CONSIDERANDO (5): Que la recurrente manifiesta que la Corte de Apelaciones impugnada fundamentó su resolución en que, en los decretos 184-2013, 63-2014 y 60-2015, señalando el Ad quen: “el legislador ha establecido términos de gracia para la entrega de armas de guerra e inscripción de armas personales o comerciales, por tanto durante dichos plazos los tipos penales que sancionan la tenencia y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a una persona por dichas conductas en el lapso de tiempo concedido por decretos especiales que van encaminados precisamente a la entrega o regularización de dichas armas, por lo que solo es que hasta vencido el plazo, que los tipos penales recobran su positividad”.- CONSIDERANDO (6): Que en mejora de su recurso el Ente Acusador expone que al analizar el contenido del artículo 2 del Decreto 184-2013 precitado no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en el artículo 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que al imputado le fueron encontradas las arma de fuego, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intención dirigida al registro o entrega de las armas decomisadas; por lo que el ente fiscal considera que se cometido el delito de Portación Ilegal de armas Comercial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, argumentando que el artículo 2 del decreto 184-2013 como sus ampliaciones, no constituye una cláusula despenalizadota del tipo penal en comento.- CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[1]- CONSIDERANDO (8): Que en el caso venido en amparo, resulta plausible, desde una perspectiva constitucional, que el Estado, mediante la promulgación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013), ha permitido lo que comúnmente se conoce como Veda, a fin de que se ponga a disposición del poseedor de un arma de fuego sin permiso legal, un lapso de tiempo determinado (1 año), para que proceda a inscribirla en el Registro Público correspondiente y obtener así la autorización del Estado para la portación de tales armas. Lo anterior no deroga en forma expresa y definitiva lo prescrito en el artículo 332-B del Código Penal, pero sí que comporta, para todos los efectos, la suspensión temporal por el plazo de un año de la plena vigencia de la referida disposición penal, a efecto de lograr: “…el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”, tal y como reza el segundo considerando del referido Decreto y recoge, en su parte esencial, el escrito de amparo formulado por el Abogado garantista a favor de la Sociedad y el Estado.- CONSIDERANDO (9): Que en consecuencia y por lo antes expuesto, cuando el Estado ha concedido mediando vías legislativas la referida Veda, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales;[2] ha restringido a su vez, como consecuencia lógica implícita al enunciado de reforma, el ejercicio mismo del derecho subjetivo del Estado a punir (ius puniendi) en lo que concierne a aquellas conductas de portación ilícita de arma que recaigan en el ámbito de la permisión normativa determinada por el legislador del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013). Lo anterior conllevaría en forma tácita, pero concomitante, a la eventual inaplicación temporal del artículo 332-B del Código Penal, lo cual tiene a su vez corolario que, una vez concluida ésta, el supuesto de portación ilegal de armas volvería a ser generalmente imputable a todo ciudadano (a) no acogido (a) al beneficio en el plazo temporal preestablecido.- CONSIDERANDO (10): Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum (el tiempo rige el acto) y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto inter temporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.- CONSIDERANDO (11): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo o irrestricto de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la Alzada al conocer y resolver el caso concreto.- CONSIDERANDO (12): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[3] Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños.- CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, en fecha nueve de diciembre, del año dos mil quince, que ha quedado expresada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0152-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil quince (2015), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, celebrada en fecha once (11) de octubre del año dos mil quince (2015), en la causa instruida contra los señores TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLVIANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlos responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACION DE MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha once (11) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, la Abogada LESBIA YAMILETH CACERES MUÑOZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLIVANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACIÓN DE MUNICIONES, en perjuicio de SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-(Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado).- 2) Que el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en Audiencia de declaración de imputado de fecha once (11) de octubre del año dos mil quince (2015) RESOLVIÓ: “…Declarar con lugar la excepción por falta de acción por parte de la defensa pública de los imputados TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLIVANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlos responsables de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACION DE MUNICIONES, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, debiéndosele decretarse a su favor en consecuencia un SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO, por el ilícito penal antes referido a quienes deberá ordenárseles la inmediata libertad…” (Folios 30 al 31 de la pieza del Juzgado).- 3) Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLA: “Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la impetrante Segundo: CONFIRMANDO la resolución emitida en once de octubre del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colon en la cual se dictó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a los señores TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLINANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerlos responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACION DE MUNICIONES en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Tercero…” (Folios del 6 al 8 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha Diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; afirmando la recurrente que la resolución del Ad-Quem, de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil quince (2015), son violatorias de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la de la Ceiba, departamento de Atlántida, que Declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución de fecha once (11) de octubre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en la que se declara el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO apelado a su instancia, con relación a la causa instruida contra los señores: TITO MONTES BOBADILLA, ALEXANDER OLIVANI RAMOS, LEONIDAS ANTUNEZ ORTIZ, por suponerle responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, PORTACIÓN DE MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS- CONSIDERANDO (4): Que el Ministerio Público manifiesta haber presentado requerimiento Fiscal contra los imputados en fecha 11 de octubre del año dos mil quince, fecha en que se celebró audiencia de declaración de imputados, momento en que la defensa de los acusados presento excepción por falta de Acción, amparándose en una ampliación al decreto 63-14 mediante decreto 60-15, mediante el cual el Ministerio Público tiene prohibido el ejercicio de la acción penal pública contra el delito de Portación Ilegal de Arma contenido en el artículo 332-B del Código Penal, pretensión a la que accedió el órgano jurisdiccional declarando con lugar la excepción por falta de acción en base a lo preceptuado en el decreto 184-13, 63-2014, 60-2015 dictando Sobreseimiento Definitivo a favor de los acusados. Estima la recurrente que se ha quebrantado el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, relacionado con el artículo 304 constitucional que dispone: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar los juzgado”.- CONSIDERANDO (5): Que la recurrente manifiesta que la Corte de Apelaciones impugnada fundamentó su resolución en que, en los decretos 184-2013, 63-2014 y 60-2015, señalando el Ad quen: “el legislador ha establecido términos de gracia para la entrega de armas de guerra e inscripción de armas personales o comerciales, por tanto durante dichos plazos los tipos penales que sancionan la tenencia y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a una persona por dichas conductas en el lapso de tiempo concedido por decretos especiales que van encaminados precisamente a la entrega o regularización de dichas armas, por lo que solo es que hasta vencido el plazo, que los tipos penales recobran su positividad”.- CONSIDERANDO (6): Que en mejora de su recurso el Ente Acusador expone que al analizar el contenido del artículo 2 del Decreto 184-2013 precitado no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en el artículo 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que al imputado le fueron encontradas las arma de fuego, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intención dirigida al registro o entrega de las armas decomisadas; por lo que el ente fiscal considera que se cometido el delito de Portación Ilegal de armas Comercial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, argumentando que el artículo 2 del decreto 184-2013 como sus ampliaciones, no constituye una cláusula despenalizadota del tipo penal en comento.- CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[4]- CONSIDERANDO (8): Que en el caso venido en amparo, resulta plausible, desde una perspectiva constitucional, que el Estado, mediante la promulgación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013), ha permitido lo que comúnmente se conoce como Veda, a fin de que se ponga a disposición del poseedor de un arma de fuego sin permiso legal, un lapso de tiempo determinado (1 año), para que proceda a inscribirla en el Registro Público correspondiente y obtener así la autorización del Estado para la portación de tales armas. Lo anterior no deroga en forma expresa y definitiva lo prescrito en el artículo 332-B del Código Penal, pero sí que comporta, para todos los efectos, la suspensión temporal por el plazo de un año de la plena vigencia de la referida disposición penal, a efecto de lograr: “…el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”, tal y como reza el segundo considerando del referido Decreto y recoge, en su parte esencial, el escrito de amparo formulado por el Abogado garantista a favor de la Sociedad y el Estado.- CONSIDERANDO (9): Que en consecuencia y por lo antes expuesto, cuando el Estado ha concedido mediando vías legislativas la referida Veda, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales;[5] ha restringido a su vez, como consecuencia lógica implícita al enunciado de reforma, el ejercicio mismo del derecho subjetivo del Estado a punir (ius puniendi) en lo que concierne a aquellas conductas de portación ilícita de arma que recaigan en el ámbito de la permisión normativa determinada por el legislador del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013). Lo anterior conllevaría en forma tácita, pero concomitante, a la eventual inaplicación temporal del artículo 332-B del Código Penal, lo cual tiene a su vez corolario que, una vez concluida ésta, el supuesto de portación ilegal de armas volvería a ser generalmente imputable a todo ciudadano (a) no acogido (a) al beneficio en el plazo temporal preestablecido.- CONSIDERANDO (10): Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum (el tiempo rige el acto) y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto inter temporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.- CONSIDERANDO (11): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo o irrestricto de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la Alzada al conocer y resolver el caso concreto.- CONSIDERANDO (12): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[6] Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños.- CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, en fecha nueve de diciembre, del año dos mil quince, que ha quedado expresada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0152-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.

[2] Ver, en lo conducente: Artículo 8. Garantías Judiciales, en: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung /Magna Terra Editores, Guatemala, 2014. p. 218 y ss.

[3] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2ª edición, B de F Editores, Montevideo – Buenos Aires, 2007. p. 109 y ss.

[4] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.

[5] Ver, en lo conducente: Artículo 8. Garantías Judiciales, en: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung /Magna Terra Editores, Guatemala, 2014. p. 218 y ss.

[6] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2ª edición, B de F Editores, Montevideo – Buenos Aires, 2007. p. 109 y ss.