Sentencia AP-152-15 — Registro 6715
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra resolución que revocó sobreseimiento definitivo y dicto auto de formal procesamiento por el delito de robo agravado y sobreseimiento provisional por el delito de Portación ilegal de armas de uso prohibido incoado contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el Ad-quem dicta sobreseimiento provisional en cuanto a la portación del arma prohibida, en virtud de estar pendiente la acreditación del funcionamiento del arma de fuego. En consecuencia declaró con lugar el Recurso de apelación, Revocando el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del acusado, por el delito de Robo Agravado ordenado se emita el correspondiente Auto de Formal Procesamiento, y en cuanto al Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del mismo imputado lo Reforma a Sobreseimiento Provisional por el delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida.-CONSIDERANDO: (6) Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla, varios actos procesales desde la investigación, requerimiento fiscal, audiencia de declaración del imputado, que como acto personalísimo solo quien es sometido a juicio puede decidir si declara o no, y la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, que tiene “varios objetivos, entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2].-CONSIDERANDO: (7) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad-quem sobre los actos procesales practicados por el A-quo, el estudio de los hechos que motivan el requerimiento fiscal y el análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes, para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, es conforme a Derecho y, así lo ha plasmado en su resolución enmendando la errónea apreciación del A quo, al encontrar que de acuerdo a este estudio existe la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa y que se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 217, 219, 332-B en relación con el artículo 8 numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros similares, y el artículo 32 del Código Penal.-CONSIDERANDO: (8) Que el auto de formal procesamiento, es una resolución que no causa estado, es meramente provisional y susceptible de ser revocado, una vez se desvanezcan los indicios que lo motivaron. Todo ello acorde a lo que establece el artículo 92 Constitucional, en cuanto a la concurrencia de la existencia de un delito y la probabilidad de participación del acusado. Por otra parte el acusado está siendo sometido a juicio, y será en el momento procesal oportuno que el órgano jurisdiccional competente se ha de pronunciar acerca de la culpabilidad o no del acusado, en ese orden de ideas su estado de inocencia se mantiene a lo largo del proceso, hasta en tanto no haya una sentencia firme que lo enerve. Por todo ello ésta Sala de lo Constitucional observa que el Ad-quem en su resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso tal como erróneamente lo dice el recurrente.-CONSIDERANDO: (9) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA a favor del Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, contra la Resolución, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, que declaró ha lugar el Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por suponerlo responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CRISTIAN SAID FLORES FUNEZ y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, la Abogada LESLY MARGARITA LOPEZ CASTELLANOS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por suponerlo responsable a título de autor material y directo de los delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CRISTIAN SAID FLORES FUNEZ y PORTACIÓN DE ARMA DE FABRICACIÓN CASERA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2)Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Penal, en fecha doce de junio del año dos mil catorce, llevo a cabo Audiencia Inicial en la cual decretó: "SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, por suponerlo responsable de haber cometido los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de CRISTIAN SAID FLORES FUNEZ y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 5) Se ordena la suspensión de la medida cautelar de detención judicial y se ordena la inmediata excarcelación del imputado.-”(Folios siete (07) al catorce (14) de la pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada DINA RUTH MONCADA AGUILAR en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, dictó Auto Motivado en el cual resolvió: “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público.- 2) REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por el delito de ROBO AGRAVADO y se emita el correspondiente AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por este delito.- 3) REFORMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO.-”(Folios cuarenta y nueve (49) al cincuenta y dos (52) de la pieza de los antecedentes).-4) Que el recurrente Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA compareció ante este Alto Tribunal, en fecha once de febrero del año dos mil quince, interponiendo acción de Amparo a favor del Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en quince de mayo del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual Revocó el sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado de Letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del año dos mil catorce con relación a la causa instruida contra el señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio del señor CRISTIAN SAID FLORES NUÑEZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización del recurso, considera que se han violentado las siguientes “Garantías Constitucionales”: Derecho de Presunción de inocencia contenida en el artículo 89, Derecho al Debido Proceso artículo 90 párrafo primero, y el artículo 92 todos de la Constitución de la República, además expone una relación de los hechos que motivan la Acción interpuesta, exponiendo una relación detallada de los medios de prueba presentados durante la audiencia inicial, los que a su parecer no son suficientes para que la Corte de Apelaciones haya dictado la resolución que violenta los derechos del recurrente.-CONSIDERANDO: (5) Que el Ad-quem al dictar su resolución hace un estudio de los antecedentes así como de los medios de prueba evacuados por las partes durante la audiencia inicial, en el párrafo de la Motivación deja razón de la forma en que se realizó la audiencia inicial. Señalando en la parte conducente (F. 51 frente y vuelto, pieza de amparo), que “el Juez (A quo) consideró que en la causa existían algunas inconsistencias, las cuales, la corte de apelaciones no se aprecian en el contenido del acta, dejando establecido que el testimonio del ofendido es verificado con el resto de la prueba de cargo, por otra parte el supuesto ofendido identificó plenamente al acusado, a quien conoce desde hace varios años por ser vecinos…, así mismo refirió que cuando el acusado llegó a su casa portaba un arma de fuego tipo chimba y al momento de su captura, Efraín Alexander fue encontrado en poder de un arma del mismo tipo. Por tales razones explica el Ad-quem, con la prueba aportada se ofrecieron los indicios racionales que el acusado participó en el delito de robo en perjuicio de Cristian Said y que por haber participado en el mismo dos personas, los artículos 217 en relación con el 219 párrafo final y 225 numeral 4) del Código Penal, considera la pena a imponer por dicha conducta como agravada. En cuanto al delito de Portación Ilegal de armas de uso prohibido el Ad-quem que “al confrontar los hechos con la prueba, se desprende que efectivamente el acusado fue capturado en poder de un arma de fabricación casera, que si bien el relato del agente de policía que le dio detención, la misma solo tenía un tubo por lo que parecía incompleta, el mismo testigo refiere que establecer ese aspecto y determinar si la misma funciona o no, es algo que compete hacerlo a un perito; sin embargo no se ha acreditado en autos que se haya realizado pericia al arma decomisada al acusado. De lo anterior se desprende que efectivamente se ha acreditado la existencia de un delito, pues el acusado es capturado en posesión de un objeto que se utiliza como arma de fuego (chimba) y lo que no se acreditó es si la misma funciona, por lo demás existe la fuerte sospecha que el acusado portaba un arma de fuego prohibida, según el artículo 8 No. 2) de la Ley de Control de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares”. Invocando el artículo 295 del código Procesal Penal el Ad-quem dicta sobreseimiento provisional en cuanto a la portación del arma prohibida, en virtud de estar pendiente la acreditación del funcionamiento del arma de fuego. En consecuencia declaró con lugar el Recurso de apelación, Revocando el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del acusado, por el delito de Robo Agravado ordenado se emita el correspondiente Auto de Formal Procesamiento, y en cuanto al Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del mismo imputado lo Reforma a Sobreseimiento Provisional por el delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida.-CONSIDERANDO: (6) Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla, varios actos procesales desde la investigación, requerimiento fiscal, audiencia de declaración del imputado, que como acto personalísimo solo quien es sometido a juicio puede decidir si declara o no, y la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, que tiene “varios objetivos, entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2].-CONSIDERANDO: (7) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad-quem sobre los actos procesales practicados por el A-quo, el estudio de los hechos que motivan el requerimiento fiscal y el análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes, para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, es conforme a Derecho y, así lo ha plasmado en su resolución enmendando la errónea apreciación del A quo, al encontrar que de acuerdo a este estudio existe la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa y que se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 217, 219, 332-B en relación con el artículo 8 numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros similares, y el artículo 32 del Código Penal.-CONSIDERANDO: (8) Que el auto de formal procesamiento, es una resolución que no causa estado, es meramente provisional y susceptible de ser revocado, una vez se desvanezcan los indicios que lo motivaron. Todo ello acorde a lo que establece el artículo 92 Constitucional, en cuanto a la concurrencia de la existencia de un delito y la probabilidad de participación del acusado. Por otra parte el acusado está siendo sometido a juicio, y será en el momento procesal oportuno que el órgano jurisdiccional competente se ha de pronunciar acerca de la culpabilidad o no del acusado, en ese orden de ideas su estado de inocencia se mantiene a lo largo del proceso, hasta en tanto no haya una sentencia firme que lo enerve. Por todo ello ésta Sala de lo Constitucional observa que el Ad-quem en su resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso tal como erróneamente lo dice el recurrente.-CONSIDERANDO: (9) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 101, 290, 294, 297, del Código Procesal Penal; artículos 217, 219, 332-B en relación con el artículo 8 numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros similares, y el artículo 32 del Código Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, a favor del señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, contra la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0152-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA a favor del Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, contra la Resolución, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, que declaró ha lugar el Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por suponerlo responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CRISTIAN SAID FLORES FUNEZ y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, la Abogada LESLY MARGARITA LOPEZ CASTELLANOS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por suponerlo responsable a título de autor material y directo de los delitos de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CRISTIAN SAID FLORES FUNEZ y PORTACIÓN DE ARMA DE FABRICACIÓN CASERA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2)Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Penal, en fecha doce de junio del año dos mil catorce, llevo a cabo Audiencia Inicial en la cual decretó: "SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, por suponerlo responsable de haber cometido los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de CRISTIAN SAID FLORES FUNEZ y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 5) Se ordena la suspensión de la medida cautelar de detención judicial y se ordena la inmediata excarcelación del imputado.-”(Folios siete (07) al catorce (14) de la pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada DINA RUTH MONCADA AGUILAR en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, dictó Auto Motivado en el cual resolvió: “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público.- 2) REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por el delito de ROBO AGRAVADO y se emita el correspondiente AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por este delito.- 3) REFORMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO.-”(Folios cuarenta y nueve (49) al cincuenta y dos (52) de la pieza de los antecedentes).-4) Que el recurrente Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA compareció ante este Alto Tribunal, en fecha once de febrero del año dos mil quince, interponiendo acción de Amparo a favor del Señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en quince de mayo del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual Revocó el sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado de Letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del año dos mil catorce con relación a la causa instruida contra el señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio del señor CRISTIAN SAID FLORES NUÑEZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización del recurso, considera que se han violentado las siguientes “Garantías Constitucionales”: Derecho de Presunción de inocencia contenida en el artículo 89, Derecho al Debido Proceso artículo 90 párrafo primero, y el artículo 92 todos de la Constitución de la República, además expone una relación de los hechos que motivan la Acción interpuesta, exponiendo una relación detallada de los medios de prueba presentados durante la audiencia inicial, los que a su parecer no son suficientes para que la Corte de Apelaciones haya dictado la resolución que violenta los derechos del recurrente.-CONSIDERANDO: (5) Que el Ad-quem al dictar su resolución hace un estudio de los antecedentes así como de los medios de prueba evacuados por las partes durante la audiencia inicial, en el párrafo de la Motivación deja razón de la forma en que se realizó la audiencia inicial. Señalando en la parte conducente (F. 51 frente y vuelto, pieza de amparo), que “el Juez (A quo) consideró que en la causa existían algunas inconsistencias, las cuales, la corte de apelaciones no se aprecian en el contenido del acta, dejando establecido que el testimonio del ofendido es verificado con el resto de la prueba de cargo, por otra parte el supuesto ofendido identificó plenamente al acusado, a quien conoce desde hace varios años por ser vecinos…, así mismo refirió que cuando el acusado llegó a su casa portaba un arma de fuego tipo chimba y al momento de su captura, Efraín Alexander fue encontrado en poder de un arma del mismo tipo. Por tales razones explica el Ad-quem, con la prueba aportada se ofrecieron los indicios racionales que el acusado participó en el delito de robo en perjuicio de Cristian Said y que por haber participado en el mismo dos personas, los artículos 217 en relación con el 219 párrafo final y 225 numeral 4) del Código Penal, considera la pena a imponer por dicha conducta como agravada. En cuanto al delito de Portación Ilegal de armas de uso prohibido el Ad-quem que “al confrontar los hechos con la prueba, se desprende que efectivamente el acusado fue capturado en poder de un arma de fabricación casera, que si bien el relato del agente de policía que le dio detención, la misma solo tenía un tubo por lo que parecía incompleta, el mismo testigo refiere que establecer ese aspecto y determinar si la misma funciona o no, es algo que compete hacerlo a un perito; sin embargo no se ha acreditado en autos que se haya realizado pericia al arma decomisada al acusado. De lo anterior se desprende que efectivamente se ha acreditado la existencia de un delito, pues el acusado es capturado en posesión de un objeto que se utiliza como arma de fuego (chimba) y lo que no se acreditó es si la misma funciona, por lo demás existe la fuerte sospecha que el acusado portaba un arma de fuego prohibida, según el artículo 8 No. 2) de la Ley de Control de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares”. Invocando el artículo 295 del código Procesal Penal el Ad-quem dicta sobreseimiento provisional en cuanto a la portación del arma prohibida, en virtud de estar pendiente la acreditación del funcionamiento del arma de fuego. En consecuencia declaró con lugar el Recurso de apelación, Revocando el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del acusado, por el delito de Robo Agravado ordenado se emita el correspondiente Auto de Formal Procesamiento, y en cuanto al Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del mismo imputado lo Reforma a Sobreseimiento Provisional por el delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida.-CONSIDERANDO: (6) Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla, varios actos procesales desde la investigación, requerimiento fiscal, audiencia de declaración del imputado, que como acto personalísimo solo quien es sometido a juicio puede decidir si declara o no, y la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, que tiene “varios objetivos, entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[3].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[4].-CONSIDERANDO: (7) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad-quem sobre los actos procesales practicados por el A-quo, el estudio de los hechos que motivan el requerimiento fiscal y el análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes, para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, es conforme a Derecho y, así lo ha plasmado en su resolución enmendando la errónea apreciación del A quo, al encontrar que de acuerdo a este estudio existe la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa y que se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 217, 219, 332-B en relación con el artículo 8 numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros similares, y el artículo 32 del Código Penal.-CONSIDERANDO: (8) Que el auto de formal procesamiento, es una resolución que no causa estado, es meramente provisional y susceptible de ser revocado, una vez se desvanezcan los indicios que lo motivaron. Todo ello acorde a lo que establece el artículo 92 Constitucional, en cuanto a la concurrencia de la existencia de un delito y la probabilidad de participación del acusado. Por otra parte el acusado está siendo sometido a juicio, y será en el momento procesal oportuno que el órgano jurisdiccional competente se ha de pronunciar acerca de la culpabilidad o no del acusado, en ese orden de ideas su estado de inocencia se mantiene a lo largo del proceso, hasta en tanto no haya una sentencia firme que lo enerve. Por todo ello ésta Sala de lo Constitucional observa que el Ad-quem en su resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso tal como erróneamente lo dice el recurrente.-CONSIDERANDO: (9) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 101, 290, 294, 297, del Código Procesal Penal; artículos 217, 219, 332-B en relación con el artículo 8 numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros similares, y el artículo 32 del Código Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, a favor del señor EFRAIN ALEXANDER MURILLO GARCIA, contra la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0152-2015.- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
JML
[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[2] Idem.
[3] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[4] Idem.