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Sentencia AP-1386-14 — Registro 10178

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación contra la sentencia de sobreseimiento definitivo del a-quo con relación a la causa instruida contra el señor Oscar Hernán Núñez Márquez, por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-3.- La Alzada estimó la confirmatoria del auto de Sobreseimiento Definitivo dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los elementos de tipificación del delito imputado, incorporando en la respectiva motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa determinación, destacando los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, haciendo una evaluación de los mismos, respetando los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional.-4.-De lo alegado por la petente en cuanto a la violación al principio de legalidad no se observa la denuncia y explicación de violaciones a derechos fundamentales, lo que se observa solamente es la referida cita a referida violación se hace como una mera formalidad o cumplimiento de requisito de admisibilidad. -Prueba de ello es que el motivo de amparo planteado por el fiscal bajo esta premisa no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional, norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMÁN MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y WILFREDO FLORES CALDERON.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y WILFREDO FLORES CALDERON.-2) Que en fecha seis de junio del año dos mil catorce, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado, resolvió: “…se decreta un Sobreseimiento Definitivo, a favor del señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y WILFREDO FLORES CALDERON, asimismo se suspenden la medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado y se ordena al Secretario del Despacho que se le extienda su respectiva carta de libertad definitiva a favor del encartado.- …” (Folios 56 al 59 de los antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMÁN MARTINEZ, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, mediante la cual: “RESUELVE1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 84 al 86 de los antecedentes).-4) Que la recurrente Abogada LEYLA CRISTINA ALEMÁN MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito en fecha quince de junio de dos mil quince, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho por ser el Ministerio Público recurrente en la presente acción de amparo.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. -CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.-Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional resume el escrito de formalización de la garantía de amparo, resaltando lo siguiente:Refiere el amparista que la corte de apelaciones incurre en la violación al derecho de debido proceso al considerar que con la prueba aportada en la audiencia inicial, se demostró la existencia de la evidencia probatoria del delito imputado en contra del Oficial de Policía, así como evidencia de los indicios de participación de los encartados en los mismos, en base al cuadro factico y probatorio aportado por el ente acusador en la audiencia inicial celebrada el seis de junio de dos mil catorce, la cual no fue valorado por el Tribunal A-quo.-Asimismo señala el Recurrente que en la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, no se valoró la prueba que fue ofertada y evacuada en la audiencia inicial, ya que la valoración de la prueba debe de realizarse con arreglo a las Reglas de la Lógica, las máximas de la experiencia o de la sana crítica.-Por todo ello el fiscal estima se han infringidos los artículos 90 y 321 constitucionales. -CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución del ad quem que se impugna por vía de amparo constitucional. Que la Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial de Francisco Morazán en su resolución de fecha diecisiete de septiembre de mil catorce confirma la decisión de fecha seis de junio de dos mil catorce, dictada por el a quo mediante la cual declaró auto de sobreseimiento definitivo a favor de OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la Administración Publica y WILFREDO FLORES CALDERON. -La corte de apelaciones basó su decisión en los fundamentos y argumentos que a continuación se exponen de manera resumida:El ad quem estima que se demostró con la prueba evacuada en la audiencia inicial, que el Imputado Oscar Hernán Nuñez “golpeo en dos ocasiones con un tubito” en su mano izquierda a Wilfredo Flores Calderón, pues así lo refirió esté ultimo y se corrobora con el Dictamen de Medicina Forense precisamente en el examen físico, sin embargo, la inobservancia por parte del encartado al Manual de Disciplina de los Alumnos (as) de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) unidad de pregrado en sus artículos 5,7 y 8 a criterio de este Tribunal es para efecto de una sanción disciplinaria y por ende pertenece al ámbito del área de la responsabilidad administrativa y no es relevante para la esfera penal.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe vulneración de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos expuestos en el escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo por el agente de tribunales, abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ, encuentra que esta debe ser denegada en virtud de los siguientes razonamientos:1.- La recurrente ha disputado la valoración de la prueba efectuada por la Alzada, desmeritando la calificación del delito y la apreciación de los hechos que ha plasmado en la resolución censurada, estimando que con sus apreciaciones, la autoridad recurrida ha provocado una violación al debido proceso, al quebrantar con su decisión, garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, olvidando que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.-La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-La Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[4], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5]-2.- La Sala en numerosos precedentes, ha determinado que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-En línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[6], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. -En virtud de lo anterior esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-3.- La Alzada estimó la confirmatoria del auto de Sobreseimiento Definitivo dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los elementos de tipificación del delito imputado, incorporando en la respectiva motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa determinación, destacando los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, haciendo una evaluación de los mismos, respetando los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional.-4.-De lo alegado por la petente en cuanto a la violación al principio de legalidad no se observa la denuncia y explicación de violaciones a derechos fundamentales, lo que se observa solamente es la referida cita a referida violación se hace como una mera formalidad o cumplimiento de requisito de admisibilidad. -Prueba de ello es que el motivo de amparo planteado por el fiscal bajo esta premisa no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional, norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. -Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 333 del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y WILFREDO FLORES CALDERON. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1386-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMÁN MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y WILFREDO FLORES CALDERON.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y WILFREDO FLORES CALDERON.-2) Que en fecha seis de junio del año dos mil catorce, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado, resolvió: “…se decreta un Sobreseimiento Definitivo, a favor del señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y WILFREDO FLORES CALDERON, asimismo se suspenden la medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado y se ordena al Secretario del Despacho que se le extienda su respectiva carta de libertad definitiva a favor del encartado.- …” (Folios 56 al 59 de los antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMÁN MARTINEZ, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, mediante la cual: “RESUELVE1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 84 al 86 de los antecedentes).-4) Que la recurrente Abogada LEYLA CRISTINA ALEMÁN MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito en fecha quince de junio de dos mil quince, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho por ser el Ministerio Público recurrente en la presente acción de amparo.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. -CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.-Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[7], en relación con el artículo 25 de la misma convención[8] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[9].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional resume el escrito de formalización de la garantía de amparo, resaltando lo siguiente:Refiere el amparista que la corte de apelaciones incurre en la violación al derecho de debido proceso al considerar que con la prueba aportada en la audiencia inicial, se demostró la existencia de la evidencia probatoria del delito imputado en contra del Oficial de Policía, así como evidencia de los indicios de participación de los encartados en los mismos, en base al cuadro factico y probatorio aportado por el ente acusador en la audiencia inicial celebrada el seis de junio de dos mil catorce, la cual no fue valorado por el Tribunal A-quo.-Asimismo señala el Recurrente que en la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, no se valoró la prueba que fue ofertada y evacuada en la audiencia inicial, ya que la valoración de la prueba debe de realizarse con arreglo a las Reglas de la Lógica, las máximas de la experiencia o de la sana crítica.-Por todo ello el fiscal estima se han infringidos los artículos 90 y 321 constitucionales. -CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución del ad quem que se impugna por vía de amparo constitucional. Que la Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial de Francisco Morazán en su resolución de fecha diecisiete de septiembre de mil catorce confirma la decisión de fecha seis de junio de dos mil catorce, dictada por el a quo mediante la cual declaró auto de sobreseimiento definitivo a favor de OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la Administración Publica y WILFREDO FLORES CALDERON. -La corte de apelaciones basó su decisión en los fundamentos y argumentos que a continuación se exponen de manera resumida:El ad quem estima que se demostró con la prueba evacuada en la audiencia inicial, que el Imputado Oscar Hernán Nuñez “golpeo en dos ocasiones con un tubito” en su mano izquierda a Wilfredo Flores Calderón, pues así lo refirió esté ultimo y se corrobora con el Dictamen de Medicina Forense precisamente en el examen físico, sin embargo, la inobservancia por parte del encartado al Manual de Disciplina de los Alumnos (as) de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) unidad de pregrado en sus artículos 5,7 y 8 a criterio de este Tribunal es para efecto de una sanción disciplinaria y por ende pertenece al ámbito del área de la responsabilidad administrativa y no es relevante para la esfera penal.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe vulneración de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos expuestos en el escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo por el agente de tribunales, abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ, encuentra que esta debe ser denegada en virtud de los siguientes razonamientos:1.- La recurrente ha disputado la valoración de la prueba efectuada por la Alzada, desmeritando la calificación del delito y la apreciación de los hechos que ha plasmado en la resolución censurada, estimando que con sus apreciaciones, la autoridad recurrida ha provocado una violación al debido proceso, al quebrantar con su decisión, garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, olvidando que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.-La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-La Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[10], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[11]-2.- La Sala en numerosos precedentes, ha determinado que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-En línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[12], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. -En virtud de lo anterior esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-3.- La Alzada estimó la confirmatoria del auto de Sobreseimiento Definitivo dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los elementos de tipificación del delito imputado, incorporando en la respectiva motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa determinación, destacando los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, haciendo una evaluación de los mismos, respetando los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional.-4.-De lo alegado por la petente en cuanto a la violación al principio de legalidad no se observa la denuncia y explicación de violaciones a derechos fundamentales, lo que se observa solamente es la referida cita a referida violación se hace como una mera formalidad o cumplimiento de requisito de admisibilidad. -Prueba de ello es que el motivo de amparo planteado por el fiscal bajo esta premisa no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional, norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. -Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 333 del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR HERNÁN NÚÑEZ MÁRQUEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y WILFREDO FLORES CALDERON. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1386-2014.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[5]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

[6]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14

[7] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[8] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[9] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[10] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[11]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

[12]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14