Sentencia AP-1140-15 — Registro 9812
Resumen
Resolución dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida en el delito de incesto y actos de lujuria en concurso real. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo expuesto en los acápites antes relacionado, esta Sala después del estudio minucioso de la foliada, en defensa de la justicia constitucional que tiene como quehacer fundamental el respeto, protección de los derechos fundamentales de las partes encuentra que la apreciación del Ad-Quem, es conforme a Derecho, según el estudio de su resolución, el análisis de los hechos, los medios probatorios conforme la reglas de la sana crítica así como el estudio de la calificación jurídica conforme a derecho. Por todo ello NO se ha quebrantado el debido proceso, el Derecho de acceso a la justicia se ha visto restringido, observando que la recurrente ha tenido las mismas oportunidades procesales que la contraparte… “CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías constitucionales y en los tratados y convenciones de ratificadas por el Estado y por ende parte de su derecho interno, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de Defensa No se ha quebrantado a la recurrente, por cuanto ha tenido participación a lo largo del proceso sin que se le haya restringido o limitado su derecho de Defensa, tal y como ocurre al acudir en busca de Justicia Constitucional; la impetrante ha tenido expedita la vía recursiva y ésta Sala ha dado respuesta fundada en el derecho y la justicia. Por todo ello el derecho de Defensa no se ha vulnerado… CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, tal como ha quedado expresado en considerandos anteriores de esta sentencia, procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SABRINA DESIREE MEJIA en su condición de Fiscal del Ministerio Publico a favor de la Defensa y Protección de los Intereses Generales de la Sociedad del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha uno de octubre de dos mil quince, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS de fecha (Sic) veinticuatro de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ROBERTO MURILLO SABILLÓN, por suponerlo responsable del delito de INCESTO Y ACTOS DE LUJURIA EN CONCURSO REAL en perjuicio de K. F. M. D.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, la Abogada DELCIDES MARTINEZ ACOSTA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor CARLOS ROBERTO MURILLO SABILLÓN, por suponerlo responsable del delito de INCESTO Y ACTOS DE LUJURIA EN CONCURSO REAL en perjuicio de la niña K. F. M. D.. (Folios 1-4 de la pieza del A-Quo). 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia celebrada en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, resolvió: (Sic)“PRIMERO: Decretar Auto de Formal Procesamiento al señor CARLOS ROBERTO MURILLO SABILLÓN por el delito de INCESTO Y ACTOS DE LUJURIA EN CONCURSO REAL en perjuicio de la menor K. F. M. D..- SEGUNDO: Imponer la medida cautelar consiste en la privación de la libertad, prisión preventiva contemplada en el articulo 173 en su numeral 3 del Código Procesal Penal.-TERCERO: Declarar Sin Lugar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Violación solicitado por el Ministerio Publico y Decretar Sobreseimiento Definitivo.-CUARTO: Declarar Sin Lugar el Sobreseimiento Provisional solicitado por la Defensa por el delito de Actos de Lujuria en Concurso Real.-QUINTO: Ordénese se libre oficio al señor Director del Centro Penal, para poner en conocimiento lo resuelto. (Folios del 66-70 de la pieza del A-Quo). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada SABRINA DESIREE MEJIA en fecha treinta de junio de dos mil quince en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS en audiencia iniciada en fecha dieciséis septiembre de dos mil quince y finalizada en fecha uno de octubre de dos mil quince, resolvió: (Sic) "PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de junio del dos mil quince (2015) por la cual pide Auto de Formal Procesamiento por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL contra el encausado CARLOS ROBERTO MURILLO SABILLÓN en perjuicio de K. F. M. D..-SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), por lo cual solicita Sobreseimiento Provisional a favor de su representado CARLOS ROBERTO MURILLO SABILLÓN por el delito de INCESTO Y ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de K. F. M. D..-TERCERO: CONFIRMAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado contra CARLOS ROBERTO MURILLO SABILLÓN por el delito de INCESTO Y ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de K. F. M. D.." (Folios del 129-133 de la pieza del A-quo/9-12 de la pieza del Ad-quem). 4) Que la recurrente Abogada SABRINA DESIREE MEJIA compareció ante este Tribunal en fecha tres de diciembre de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de la Defensa y Protección de los Intereses Generales de la Sociedad del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha uno de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, en fecha uno de octubre del año dos mil quince, mediante la cual Declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirma el auto de formal procesamiento dictado contra el señor CARLOS ROBERTO MURILLO SABILLON a quien se supone responsable del delito de de INCESTO Y ACTOS DE LUJURIA, en perjuicio de K. F. M. D.. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, manifiesta que considera que se han quebrantado el derecho a la tutela judicial efectiva, al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, conforme los artículo 82 y 90 constitucionales, señalando (SIC)"el Debido Proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso". Señaló además que durante la audiencia aportó una serie de medios de pruebas, los que describe, y que a su criterio dan cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 92 constitucional en cuanto a los requisitos para proveer auto de formal procesamiento en relación con el artículo 297 del código procesal penal en relación a decretar auto de prisión y la medida cautelar que conforme la ley debe quedar sujeto el encausado. Señala además que la defensa del imputado durante la audiencia manifestó que la conducta de éste se enmarca en el artículo 143 del código Penal, figura penal tipificada como INCESTO, puesto que el acceso carnal entre ascendientes y descendientes y en este caso entre hermanos conlleva el delito de Incesto; argumentos que erróneamente fueron admitidos por el A-Quo y Ad-Quem, causándole grave perjuicio a la sociedad en general. Expresa que al considerar los medios de prueba aportados de manera aislada se llegará a la conclusión errónea del A-Quo, pues no ha utilizado la Sana Crítica. Señala el Ministerio Público los medios de prueba mediante los cuales acreditó la comisión del delito, entre ellas la declaración de la ofendida quien manifestó que había venido siendo objeto de tocamientos por parte del encausado (hermano de la ofendida) recordando la ofendida que fueron cuatro veces aparte e cuando le hizo ofrecimiento de enseres, manifestando el Ministerio Público que se logra acreditar la comisión del delito DE ACTOS DE LUJURIA EN CONCURSO REAL. Posteriormente en fecha 22 de abril del 2014 en compañía del hermano y familia salieron rumbo a un restaurante, lugar donde la hizo ingerir una piña colada y después de haberla tomado se sintió mareada hasta quedarse dormida, al despertar se encontraba en el cuarto de la casa de habitación del encausado, (casa en la cual residía desde hace alrededor de un año aproximadamente) percibiendo que él mismo se encontraba sobre ella, y aún sintiéndose mareada la ofendida logró verlo y también a Fanny (esposa del encausado) hecho ocurrido en horas de la madrugada entre la una y las dos, que al día siguiente que se levantó sintió dolor en su parte anal y que al dirigirse hacia el baño la Señora Fanny Maclellan se dirigió a ella, preguntándole que le pasaba, manifestándole la ofendida que había soñado que CARLOS la había violado, contestándole Fanny "que eso no era un sueño, que era realidad", El Ministerio Público expone que lo antes referido se corrobora con el dictamen medico No. 2014-0501-0101-1142, dictamen que es claro en cuanto a las lesiones presentadas en el Área Ano Rectal, compatibles con la penetración de objeto romo (Ejem. Pene erecto). Manifiesta la impetrante que de las declaraciones rendidas en sede administrativa y judicial, aunado al historial clínico del dictamen médico forense, se constata la comisión del delito de VIOLACIÓN puesto que la ofendida no pudo oponer resistencia al abuso sexual al que fue sometida por parte del encausado pues la misma relata que copudo defenderse. Además deja establecido el ente acusador que entre la ofendida y el encausado existe un grado de parentesco segundo consanguinidad (por ser hermanos). Expone que no puede subsumirse en el delito de INCESTO porque estas son relaciones sexuales voluntarias entre familiares y si una de las partes se siente afectada debe seguirse mediante querella por la parte ofendida, en el caso que nos ocupa la recurrente señala que se ha cometido un delito de violación. Por lo que la resolución recurrida violenta los derechos antes enunciado además del derecho de acceso a la justicia que se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución que carece de las motivaciones necesarias para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto ,ya que el proceso mediante el cual se llegó a la misma denota inobservancia a las reglas de la sana crítica como método de valoración de la prueba al haberse valorado en forma que demanda la normativa procesal. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en la resolución impugnada, expone los antecedentes procesales que conducen a la interposición de un recurso de apelación por parte del Ente Acusador, en contra del auto de formal procesamiento dictado por el A-Quo. En la Motivación Fáctica jurídica de la sentencia el Tribunal de alzada realiza el estudio de los medios de prueba sometidos a consideración como acreditación de los hechos invocados por las partes. En el numeral quinto de dicha Motivación fáctica y jurídica dice el Ad-Quem que: "Sobre el argumento de fondo traído a por el Ministerio Público en el sentido de que está en desacuerdo con la A quo, porque la misma decretó un auto de formal Procesamiento por el delito de INCESTO en lugar de por VIOLACION Especial en base al artículo 140 numeral 4 del Código Penal, que refiere "cuando el sujeto activo esté encargado de la guarda o custodia de la víctima y se valga de su condición de autoridad para el acceso a la misma" en cambio la A-Quo consideró que la conducta en que se enmarca los hechos es la establecida en el art.143 del Código Penal que señala: "El acceso carnal con ascendiente o con descendientes, entre hermanos, o en relación entre adoptante y adoptado, madrastra o padrastro, cuando la víctima sea mayor de dieciocho años constituye el delito de INCESTO, y será sancionado con". Señalando el Ad-Quem el artículo 2-A del Código Penal en relación a que el precepto especial se aplica con preferencia al precepto general, entendiendo el Ad-Quem que el precepto general es el que tipifica el delito de Violación y el precepto especial es el artículo 143 del Código Penal. Por lo que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, confirmando el auto de formal procesamiento dictado por el A-Quo. CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo expuesto en los acápites antes relacionado, esta Sala después del estudio minucioso de la foliada, en defensa de la justicia constitucional que tiene como quehacer fundamental el respeto, protección de los derechos fundamentales de las partes encuentra que la apreciación del Ad-Quem, es conforme a Derecho, según el estudio de su resolución, el análisis de los hechos, los medios probatorios conforme la reglas de la sana crítica así como el estudio de la calificación jurídica conforme a derecho. Por todo ello NO se ha quebrantado el debido proceso, el Derecho de acceso a la justicia se ha visto restringido, observando que la recurrente ha tenido las mismas oportunidades procesales que la contraparte. CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías constitucionales y en los tratados y convenciones de ratificadas por el Estado y por ende parte de su derecho interno, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de Defensa No se ha quebrantado a la recurrente, por cuanto ha tenido participación a lo largo del proceso sin que se le haya restringido o limitado su derecho de Defensa, tal y como ocurre al acudir en busca de Justicia Constitucional; la impetrante ha tenido expedita la vía recursiva y ésta Sala ha dado respuesta fundada en el derecho y la justicia. Por todo ello el derecho de Defensa no se ha vulnerado. CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, tal como ha quedado expresado en considerandos anteriores de esta sentencia, procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho SE DENIEGA el Recurso amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 199 código Procesal Penal y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada SABRINA DESIREE MEJIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha uno de octubre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número 1140-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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