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Sentencia AP-1125-16 — Registro 10388

Resumen

Acto recurrido que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida contra el señor Sergio Ramon Rodríguez Orellana, por suponerlo responsable de los Delitos de Asesinato y asesinato en su grado de ejecucion de tentativa, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..." ..." Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de febrero de dos mil diecisiete. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR; a favor del señor SERGIO RAMON RODRIGUEZ ORELLANA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; en fecha ocho de mayo de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor SERGIO RAMON RODRIGUEZ ORELLANA, por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de la señora BERTHA ISABEL CACERES FLORES; y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “ABC 03-03-16”. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, en fecha ocho de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se confirma el auto de formal procesamiento, emitido por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; estimando el recurrente que no existe sustento o fundamento necesario para estimular la razonabilidad de la probabilidad de participación en el hecho criminal investigado, no entendiendo como el juzgador no pudo hacer las valoraciones fácticas que liberan de responsabilidad a su defendido, con la prueba aportada y evacuada se demuestra mas que un indicio racional, una efectiva comprobación de que su representado no tuvo participación alguna en los hechos imputados. Dicha resolución se traduce, según el recurrente, en la infracción de un derecho fundamental como ser la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones, salvo resolución de juez competente, alegando la falta de eficacia probatoria a la intervención telefónica irregularmente realizada, por lo que debía procederse a declarar la ineficacia del resultado del vaciado telefónico con los efectos jurídicos que conlleva y aun así, el A-Quo, decreta el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado los Artículos 76, 84, 90, 92 y 100 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en el fallo de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, declaró no ha lugar los recursos de apelación interpuestos por los defensores privados y confirma la resolución apelada; en aplicación a lo preceptuado en los artículos 117 en relación con el articulo 15 del Código Penal, 54, 56 numeral 2; 141, 294 numeral 3, 297, 356 y 358 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que estas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de decretar auto de formal procesamiento, lo que llevaría a valorar si la llamada realizada por el imputado a otro de los acusados es vinculante o no y a valorar la declaración testifical de quien señala que el imputado vertió amenazas contra la difunta y la prueba aportada por este de que no estaba en el lugar cuando se vertieron las amenazas, si bien es cierto con estas pruebas no se puede condenar al imputado, no es este el momento procesal para ello, es suficiente el indicio de la comisión del delito para que ventile este juicio, por lo que debe ser en juicio oral y público que se determine la valoración de esta prueba y de las otras que puedan aportar las partes en el proceso, para determinar si hubo o no participación del imputado en este delito. El mínimum probatorio 294 del Código Procesal Penal y Artículo 92 Constitucional, que si bien la prueba presentada como ser las amenazas que supuestamente vertió, la llamada a un supuesto implicado y el trabajo que desarrollaba para la empresa DESA que estuvo en conflicto con la difunta y la promesa del perito de fortalecer en juicio oral y público dichas pruebas, constituyen el mínimo probatorio para entrar a juicio, mismo que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR; a favor del señor SERGIO RAMON RODRIGUEZ ORELLANA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha trece de febrero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1125=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL