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Sentencia AP-103-16 — Registro 6592

Resumen

Sentencia reformó auto de prisión, revocó la prisión preventiva y ordenó la libertad del imputado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..".."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el la reforma del auto de formal procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor DARWIN FRANCISCO MEZA GUTIERREZ por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-

  1. Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado VIRGILIO FRANCISCO CARIAS GOMEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor DARWIN FRANCISCO MEZA GUTIERREZ por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, en la celebración de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras “FALLA, Primero: Decretar el Auto de formal prisión en contra del señor Darwin Francisco Meza Gutiérrez. Segundo: Se impone la medida cautelar de la prisión preventiva. Tercero: En cuanto a la petición de la defensa, Declarase Sin Lugar el internamiento y la solicitud de declarar Reo por consumo, hasta en tanto no se cuente con dictamen respectivo y por los extremos antes expuestos en la presente resolución.”. (Folios del 53 al 57 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil quince, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa; SEGUNDO REFORMA el auto de prisión dictado contra el señor DARWIN FRANCISCO MEZA GUTIERREZ por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS por el de REO POR CONSUMO. TERCERO: SE REVOCA la prisión preventiva dictada contra DARWIN FRANCISCO MEZA GUTIERREZ y a tal efecto se ordena se libre atento oficio al Director del Centro Penal de Esta ciudad, para que proceda su inmediata libertad sin perjuicio de otros procesos que tenga pendiente en su contra.”. (Folios del 11 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha doce de mayo del año dos mil dieciséis, esta Sala admitió el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor DARWIN FRANCISCO MEZA GUTIERREZ por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en el Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, considerando que la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Cortés vulnera el Debido Proceso, por no haberse valorado la prueba de manera conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana critica, obligación que tiene el juzgador conforme lo establece el Artículo 202 del Código Procesal Penal; así como el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el Poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, la prueba y el derecho que debe aplicar; si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la ley, esta debe ser orientada a la del verdadero sentido de a norma que se debe aplicar y que las resoluciones judiciales no deber ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada de la situación de la norma jurídica.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha doce de mayo del año dos mil dieciséis, esta Sala admitió el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha nueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que si bien es cierto la droga le fue decomisada al en ese entonces imputado, no se aportaron otros medios de prueba, que acreditaren el delito de transporte para el trafico de drogas, que lo argumentado por el Ente Fiscal, pues la prueba aportada no señala como ya se ha dejado establecido que hubo previas investigaciones policiales que determinaron el seguimiento al encausado; y, que producto de tales seguimientos se hayan observado que el mismo se dedica a transportar droga de tal lugar a otro determinado en la investigación para encajarlo en lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, de existir otros elementos que así lo acrediten. Por lo que consideraron procedente acceder a la solicitud de la Defensa de reformar el auto de prisión por el delito de facilitación de los medios de transporte a reo por consumo; y en consecuencia es procedente el cambio de la medida a la que ha estado sometido el encausado que es la de prisión preventiva.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el la reforma del auto de formal procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0103-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL