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Sentencia AP-072-17 — Registro 9814

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de amparo contra las resoluciones de dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa. Manifestando el recurrente que los actos recurridos han violentado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

¨-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).¨

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.- VISTO: En consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa; todas en relación a la Demanda promovida por los Señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO OLIVA y OTROS, miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).- Manifestando el recurrente que los actos recurridos han violentado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, en su condición de apoderada legal de los señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA, ANDRES ABELINIO AVILA, LENIN ERNESTO MARTINEZ, XIOMARA ZULEMA AGUILAR ROMERO, HUGO CHAVEZ MAYORQUIN, MARIO ALBERTO ANDINO MARTINEZ, MARLON ANTONIO MARTINEZ BLANDON, FELIX ANTONIO CORRALES TORRES, VICTOR MANUEL MONTES MOLINA, todos miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, promoviendo Demanda Ordinaria de Nulidad de la Resolución No. 05/2016 de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, dictada por DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), así como de las Resoluciones número 02-2016 del veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), y la Resolución número 03-2016 del veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016), emitidas por la JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP) y los acuerdos Nos. 001/20-07-2016 de fecha veinte (20) de julio de 2016 y número 006-2016 de fecha veintiuno (21) de julio de 2016, emitidos por la JUNTA DIRECTIVA Y POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), respectiva-mente. (Folios 1 al 19 de los antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERÓN LAINEZ, actuando en su condición de apoderado legal del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recusación contra la Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, Abogada MARCELA AMADOR THEODORE, invocando como causal enemistad manifiesta. (Folios 01 al 07 de la pieza de recusación I).- 3) En fecha siete septiembre de dos mil dieciséis, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERÓN LAINEZ, interpuso nueva recusación contra la citada Juez de Letras, invocando como causal interés directo en el juicio. (Folios 01 al 04 de la pieza de recusación II).-4) Que el Juzgado de Letras citado, celebró audiencias incidentales en ambas recusaciones, en fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual resolvió rechazando las pruebas propuestas por la parte demandada, por estimar el Juzgado que esos medios de prueba debieron ir acompañados a los incidentes de recusación planteados en su momento. (Folios 30 al 37 pieza de recusación I y folios 20 al 26 pieza de recusación II).-5) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, interponiendo acción de amparo a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas en las piezas separadas de recusación, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que los actos recurridos han violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 60 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 7 del recurso de amparo No. 263-2016 de la Corte de Apelaciones).- 6) Que en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en la cual Falló: (SIC) “OTORGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), en consecuencia SE ORDENA 1) ANULAR las actuaciones del incidente de RECUSACION I y II a partir e inclusive de la audiencia incidental que aparece a folio numero treinta (30) de la pieza separada del incidente de Recusación I y en adelante; y a partir e inclusive de la audiencia incidental que aparece a folio numero veinte (20) de la pieza separada de Recusación II y en adelante.- 2) Llevar a cabo nuevamente la audiencia incidental respetando todas las garantías procesales e igualitarias para ambas partes.-…”. (Folios 40 al 48 de la pieza de amparo No. 263-2016 de la Corte de Apelaciones).- 7) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa; todas en relación a la Demanda promovida por los Señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO OLIVA y OTROS, miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República, puesto que las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa; todas en relación a la Demanda promovida por los Señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO OLIVA y OTROS, miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP); en vista que se ha vedado el derecho a formular prueba, así como existe un trato desigual, ya que las pruebas presentadas bajo la misma forma por parte del incidentista, si fueron admitidas y evacuadas, lo cual es una violación al principio de igualdad.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); cuando señala que ante la inadmisión de los medios de prueba propuestos por la parte demandada en el incidente de recusación, fundamentando el A-Quo en disposiciones contrarias al acto concreto, a dicha parte no se le dejó proponer la prueba con la cual pretendía o pretende probar su posición en el incidente de recusación (limitación sustancial del Derecho de Defensa e imputable al órgano jurisdiccional); el Derecho de Defensa supone que toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley establece y ninguna autoridad o individuo puede impedir, restringir o perturbar si no es fundado en ley. Por lo que procede otorgar el amparo solicitado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que, también, la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0072-2017.

ARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.- VISTO: En consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa; todas en relación a la Demanda promovida por los Señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO OLIVA y OTROS, miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).- Manifestando el recurrente que los actos recurridos han violentado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, en su condición de apoderada legal de los señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA, ANDRES ABELINIO AVILA, LENIN ERNESTO MARTINEZ, XIOMARA ZULEMA AGUILAR ROMERO, HUGO CHAVEZ MAYORQUIN, MARIO ALBERTO ANDINO MARTINEZ, MARLON ANTONIO MARTINEZ BLANDON, FELIX ANTONIO CORRALES TORRES, VICTOR MANUEL MONTES MOLINA, todos miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, promoviendo Demanda Ordinaria de Nulidad de la Resolución No. 05/2016 de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, dictada por DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), así como de las Resoluciones número 02-2016 del veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), y la Resolución número 03-2016 del veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016), emitidas por la JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP) y los acuerdos Nos. 001/20-07-2016 de fecha veinte (20) de julio de 2016 y número 006-2016 de fecha veintiuno (21) de julio de 2016, emitidos por la JUNTA DIRECTIVA Y POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), respectiva-mente. (Folios 1 al 19 de los antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERÓN LAINEZ, actuando en su condición de apoderado legal del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recusación contra la Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, Abogada MARCELA AMADOR THEODORE, invocando como causal enemistad manifiesta. (Folios 01 al 07 de la pieza de recusación I).- 3) En fecha siete septiembre de dos mil dieciséis, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERÓN LAINEZ, interpuso nueva recusación contra la citada Juez de Letras, invocando como causal interés directo en el juicio. (Folios 01 al 04 de la pieza de recusación II).-4) Que el Juzgado de Letras citado, celebró audiencias incidentales en ambas recusaciones, en fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual resolvió rechazando las pruebas propuestas por la parte demandada, por estimar el Juzgado que esos medios de prueba debieron ir acompañados a los incidentes de recusación planteados en su momento. (Folios 30 al 37 pieza de recusación I y folios 20 al 26 pieza de recusación II).-5) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, interponiendo acción de amparo a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas en las piezas separadas de recusación, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que los actos recurridos han violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 60 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 7 del recurso de amparo No. 263-2016 de la Corte de Apelaciones).- 6) Que en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en la cual Falló: (SIC) “OTORGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), en consecuencia SE ORDENA 1) ANULAR las actuaciones del incidente de RECUSACION I y II a partir e inclusive de la audiencia incidental que aparece a folio numero treinta (30) de la pieza separada del incidente de Recusación I y en adelante; y a partir e inclusive de la audiencia incidental que aparece a folio numero veinte (20) de la pieza separada de Recusación II y en adelante.- 2) Llevar a cabo nuevamente la audiencia incidental respetando todas las garantías procesales e igualitarias para ambas partes.-…”. (Folios 40 al 48 de la pieza de amparo No. 263-2016 de la Corte de Apelaciones).- 7) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa; todas en relación a la Demanda promovida por los Señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO OLIVA y OTROS, miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República, puesto que las resoluciones de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa; todas en relación a la Demanda promovida por los Señores MARCIAL ENRIQUE BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO OLIVA y OTROS, miembros de la JUNTA DIRECTIVA y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP); en vista que se ha vedado el derecho a formular prueba, así como existe un trato desigual, ya que las pruebas presentadas bajo la misma forma por parte del incidentista, si fueron admitidas y evacuadas, lo cual es una violación al principio de igualdad.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); cuando señala que ante la inadmisión de los medios de prueba propuestos por la parte demandada en el incidente de recusación, fundamentando el A-Quo en disposiciones contrarias al acto concreto, a dicha parte no se le dejó proponer la prueba con la cual pretendía o pretende probar su posición en el incidente de recusación (limitación sustancial del Derecho de Defensa e imputable al órgano jurisdiccional); el Derecho de Defensa supone que toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley establece y ninguna autoridad o individuo puede impedir, restringir o perturbar si no es fundado en ley. Por lo que procede otorgar el amparo solicitado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que, también, la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0072-2017.-Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL