Sentencia AP-042-15 — Registro 9813
Resumen
Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones en relación a al delito de asesinato. Estima el recurrente que la garantía constitucional que se considera violentada está contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... ¨CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el formal procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, a favor del señor CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de LELIS ARMANDO CASTELLANOS RIVERA.- Estima el recurrente que la garantía constitucional que se considera violentada está contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de agosto del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, la Abogada MARIANELA ZUNIGA SANCHEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MILTON OLEGARIO PAVON ROBLES, CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA y ARODIS BERTILIA GUZMAN RODRIGUEZ, a quienes se les supone responsables del delito ASESINATO, en perjuicio de LELIS ARMANDO CASTELLANOS RIVERA.(FOLIO 1 al 3 de la primera pieza de autos). 2) Que en fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Seccional de el Progreso, Departamento de Yoro, Resuelve: “PRIMERO: Imponer a los señores MILTON OLEGARIO PAVON ROBLES, CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA y ARODIS BERTILIA GUZMAN RODRIGUEZ, a quien se le supone responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de LELIS ARMANDO CASTELLANOS RIVERA, la medida cautelar de DETENCION JUDICIAL.- SEGUNDO: En base a los argumentos expuestos este Juzgado declara con lugar la CONVALIDACION DE LA DETENCION, del señor CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA…” (folio 16 al 19 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, RESUELVE: 1) Decretar Auto de formal procesamiento contra los señores MILTON OLEGARIO PAVON ROBLES, CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA y ARODIS BERTILIA GUZMAN RODRIGUEZ, por suponerlos responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de LELIS ARMANDO CASTELLANOS RIVERA; 2) Decretar prisión preventiva a los señores MILTON OLEGARIO PAVON ROBLES, CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA y ARODIS BERTILIA GUZMAN RODRIGUEZ…” (Folios 130 al 132 de la pieza del juzgado). 4) Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés RESUELVE: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Abogado MARLON IVÀN RODRÍGUEZ ESCALÒN, en su condición de Apoderado Defensor Privado, contra las resoluciones emitidas por parte del Juez de Letras Seccional de El Progreso Yoro, en fechas dieciocho (18) y veintidós(22) ambas del mes de agosto del año dos mil catorce(2014), en el proceso instruido contra CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA, a quien se le supone responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de LELIS ARMANDO CASTELLANOS RIVERA. SEGUNDO: CONFIRMAR las resoluciones de fecha dieciocho (18) y veintidós (22) ambas del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), venidas en apelación…” (folios 9 al 13 de la pieza de Corte de Apelaciones). 5) El recurrente Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de enero del año dos mil quince, interponiendo amparo a favor del señor CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha nueve de junio del año dos mil quince, esta Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar el presente recurso asimismo al advertirse del escrito de interposición que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, esta sala consideró procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo omitiendo la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen, de conformidad a lo establecido en el articulo 37 de la Ley del Ministerio Público CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, a favor del señor CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de LELIS ARMANDO CASTELLANOS RIVERA. CONSIDERANDO (4): Que el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de enero del año dos mil quince, interponiendo amparo a favor del señor CARLOS ROBERTO MARTINEZ ORELLANA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República, señalando, como lo hizo en su oportunidad ante el Tribunal de alzada; que esta en desacuerdo con la convalidación de la detención, cuando esta fue ordenada por un hecho suscitado el día dieciséis de agosto de dos mil catorce, por lo que considera que en este caso en particular, no es una facultad del Ministerio Publico; ya que tuvo tiempo suficiente para pedirle al Juez de Letras, la captura, estimando que no se reúnen los requisitos que señala el Artículo 176 del Código Procesal Penal, ya que tuvo que establecer los motivos suficientes desglosando los mismos para tal efecto. Así también señala que se ha presentado un legajo relativo a una intervención telefónica y que esta no se realizó en legal y debida forma, ya que el perito nombrado no entregó el resultado de la pericia al Juez de la causa, si no que entrega un informe al Ministerio Publico. CONSIDERANDO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, siendo que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación por lo cual, se consideró procedente continuar con el procedimiento de la presente acción; omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, que declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos, contra las resoluciones emitidas por parte del Juez de Letras Seccional de El Progreso Yoro, en fechas dieciocho (18) y veintidós(22) ambas del mes de agosto del año dos mil catorce(2014), se aprecia en la misma, que el Ad-Quem concluye que ha tenido a la vista el auto motivado correspondiente a la detención preventiva que hace referencia el Abogado Defensor; encuentra que el mismo esta debidamente motivado; y, que el mismo se basa en el Artículo 176 del Código Procesal penal, que faculta al Ministerio Público para realizar este tipo de convalidación; por lo que esa Corte esta de acuerdo con la convalidación realizada. Señala además que el Ministerio Público tenia las facultades de recibir la intervención que en su momento había realizado el Perito nombrado, para ser entregadas, como se hizo al Juez, quien fue quien las valoro como medios probatorios. Finalizando que todas las pruebas practicadas y evacuadas fueron valoradas por esa Corte; encontrando que con tales, concurren los indicios de participación en contra del imputado en los hechos que se le atribuyen, por lo que ese Tribunal estimó que es de aplicación el Artículo 297 numeral 1) del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el formal procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número 0042-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
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