Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-939-16 — Registro 13470

Resumen

Resolución declaró con lugar recurso de apelación, revocó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia en demanda ordinaria laboral promovida contra recurrente; la Autoridad recurrida concluyó que la sentencia definitiva condenatoria dictada quedó firme y adquirió el carácter de cosa juzgada por no haber sido recurrida por las partes, siendo arbitrario decretar el archivo de un proceso laboral cuando el procedimiento de liquidación de salarios caídos se encontraba inconcluso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de septiembre de dos mil diecisiete.-VISTO los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO a favor de la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNACIONAL HONDURAS, S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el ocho de agosto de dos mil dieciséis, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA, en fecha doce de febrero de dos mil dieciséis; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora CARLA VERLEENE BODDEN MERREN contra la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNACIONAL HONDURAS, S.A.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulnera en perjuicio de su representado el derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 64 y 321 de la Constitución de la República, pues la citada Corte de Apelaciones admite un recurso de queja y manda a trámite un recurso de apelación que fue interpuesto en forma extemporánea, además sobre los mismos hechos ya había emitido una sentencia y luego emite otra sentencia distinta creando con ello confusión.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución censurada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se deduce que el Ad-quem arribó a la conclusión de que correspondía declarar ha lugar el recurso de apelación y revocar el auto interlocutorio apelado, en vista de que consta de autos que la sentencia definitiva condenatoria dictada por el A-Quo quedó firme y adquirió el carácter de cosa juzgada por no haber sido recurrida por las partes, siendo arbitrario decretar el archivo de un proceso laboral cuando el procedimiento de liquidación de salarios caídos se encontraba inconcluso.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 195 del Código Procesal Civil; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO a favor de la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNACIONAL HONDURAS, S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el ocho de agosto de dos mil dieciséis; por existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0939-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de septiembre de dos mil diecisiete.-VISTO los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO a favor de la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNACIONAL HONDURAS, S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el ocho de agosto de dos mil dieciséis, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA, en fecha doce de febrero de dos mil dieciséis; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora CARLA VERLEENE BODDEN MERREN contra la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNACIONAL HONDURAS, S.A.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulnera en perjuicio de su representado el derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 64 y 321 de la Constitución de la República, pues la citada Corte de Apelaciones admite un recurso de queja y manda a trámite un recurso de apelación que fue interpuesto en forma extemporánea, además sobre los mismos hechos ya había emitido una sentencia y luego emite otra sentencia distinta creando con ello confusión.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución censurada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se deduce que el Ad-quem arribó a la conclusión de que correspondía declarar ha lugar el recurso de apelación y revocar el auto interlocutorio apelado, en vista de que consta de autos que la sentencia definitiva condenatoria dictada por el A-Quo quedó firme y adquirió el carácter de cosa juzgada por no haber sido recurrida por las partes, siendo arbitrario decretar el archivo de un proceso laboral cuando el procedimiento de liquidación de salarios caídos se encontraba inconcluso.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 195 del Código Procesal Civil; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO a favor de la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNACIONAL HONDURAS, S.A., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el ocho de agosto de dos mil dieciséis; por existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0939-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL