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Sentencia AL-872-16 — Registro 10482

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar recurso de Apelación y confirmó el auto interlocutorio en virtud de firmeza de sentencia lo único que procedía era su ejecutoria; siendo en ese caso la liquidación de la misma, por lo que no cabía la práctica de diligencia alguna como pretendía el recurrente, más que la que señalará el Juez para efectuar la correspondiente liquidación, al no caber contra ella medios de impugnación que permitieran modificarla, en relación a demanda labora interpuesta contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas. que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veitisiete de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE); contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis; con relación a la demanda laboral promovida por los señores DENITZA SCARLETT MARTÍNEZ FLORES, CLEOFÁS MEJÍA DUBON, GUSTAVO ADOLFO SALADO BARAHONA, EMERSON ALBERTO MOLINA ZELAYA, RONALD JOSÉ DÍAZ FLORES, LUIS FERNANDO GONZALES GUTIÉRREZ y MARÍA DEL CARMEN CASTILLO contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece, el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO: Que arguye el recurrente la existencia de violaciones a la garantía constitucional del debido proceso articulo 90 de la Constitución de la República, violaciones que alega fueron cometidas por el A-quo y confirmadas por el Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis; pues el A-quem confirma la interpretación errónea que hace la Juez, quien consignó números de expedientes y nombres que no están relacionados con la presente demanda, además en comparecencia de fecha 14 de junio de dos mil dieciséis, se presentó constancia extendida por el departamento de planillas de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), mediante el cual acreditó que en los años 2014, 2015 y parte del 2016 dicha empresa no había otorgado incrementos salariales en concepto de Índice Inflacionario ni mucho menos por negociación colectiva, para que fuera tomada en cuenta al momento de elaborar la liquidación de los ajustes condenados.- CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes y en específico de la resolución censurada por el recurrente, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó el auto interlocutorio de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictado por el A-quo, en virtud de que apreció que estando firme la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, lo único que procedía era su ejecutoria; siendo en ese caso la liquidación de la misma, por lo que no cabía la práctica de diligencia alguna como pretendía el recurrente, más que la que señalará el Juez para efectuar la correspondiente liquidación, al no caber contra ella medios de impugnación que permitieran modificarla.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas. que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE); contra la sentencia definitiva , dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, al advertir esta Sala la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0872-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veitisiete de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE); contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis; con relación a la demanda laboral promovida por los señores DENITZA SCARLETT MARTÍNEZ FLORES, CLEOFÁS MEJÍA DUBON, GUSTAVO ADOLFO SALADO BARAHONA, EMERSON ALBERTO MOLINA ZELAYA, RONALD JOSÉ DÍAZ FLORES, LUIS FERNANDO GONZALES GUTIÉRREZ y MARÍA DEL CARMEN CASTILLO contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece, el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO: Que arguye el recurrente la existencia de violaciones a la garantía constitucional del debido proceso articulo 90 de la Constitución de la República, violaciones que alega fueron cometidas por el A-quo y confirmadas por el Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis; pues el A-quem confirma la interpretación errónea que hace la Juez, quien consignó números de expedientes y nombres que no están relacionados con la presente demanda, además en comparecencia de fecha 14 de junio de dos mil dieciséis, se presentó constancia extendida por el departamento de planillas de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), mediante el cual acreditó que en los años 2014, 2015 y parte del 2016 dicha empresa no había otorgado incrementos salariales en concepto de Índice Inflacionario ni mucho menos por negociación colectiva, para que fuera tomada en cuenta al momento de elaborar la liquidación de los ajustes condenados.- CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes y en específico de la resolución censurada por el recurrente, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó el auto interlocutorio de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictado por el A-quo, en virtud de que apreció que estando firme la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, lo único que procedía era su ejecutoria; siendo en ese caso la liquidación de la misma, por lo que no cabía la práctica de diligencia alguna como pretendía el recurrente, más que la que señalará el Juez para efectuar la correspondiente liquidación, al no caber contra ella medios de impugnación que permitieran modificarla.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas. que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE); contra la sentencia definitiva , dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, al advertir esta Sala la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0872-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional