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Sentencia AL-800-15 — Registro 12073

Resumen

Recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada con relación a un incidente por Declinatoria por Incompetencia del Tribunal por razón de la materia opuesto en el proceso de la demanda , el señor Douglas Martínez Sanchez en su condición personal, promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales contra Programa de Asignación Familiar (PRAF)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. CONSIDERANDO CATRORCE (14): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 872 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales"...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

EL Infrascrito secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica: El fallo que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA a favor del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF) contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiuno de julio de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, con relación a un incidente por Declinatoria por Incompetencia del Tribunal por razón de la materia opuesto en el proceso de la demanda promovida por el señor DOUGLAS FAUSTINO MARTINEZ SANCHEZ contra el PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 17, 18, 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1) Que en fecha nueve de junio de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor DOUGLAS FAUSTINO MARTINEZ SANCHEZ en su condición personal, promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), conocida ahora como SECRETARÍA DE ESTADO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). (Folios 01-03 de la primera pieza de antecedentes)2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, en la audiencia primera de trámite celebrada por el Tribunal A-Quo en fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el recurrente, promovió un Incidente por Declinatoria por Incompetencia de Tribunal en el contrato de servicio de consultoría, suscrito entre las partes, establece el sometimiento expreso al arbitraje institucional de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, conforme a la Ley de Arbitraje, alegaciones que fueron resueltas por el referido Juzgado en la continuación de la audiencia primera de tramite de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, fallando: “…1) Declarar sin lugar el incidente por declinatoria por incompetencia del tribunal por razón de la materia puesto por el representante procesal de la parte demanda (ESTADO DE HONDURAS) …2) sin costas en esta instancia…”. No conforme con esta resolución, en la misma comparecencia, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA en su condición antes referida interpuso recurso de reposición y subsidiariamente recurso de apelación, declarando el Órgano Jurisdiccional, Sin Lugar el recurso de reposición y admitiendo el recurso de apelación en el efecto devolutivo. (Folios 56-58/126-131 de la primera pieza de antecedentes).3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso de apelación antes relacionado, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince, resolvió: “…1) declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA… 2) confirmando el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince… 3) sin costas en esta instancia…” (Folios 38-40 de la segunda pieza de antecedentes.)4) Que el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal en fecha veinte de agosto de dos mil quince, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-Quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 17, 18, 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniéndose por formalizada la acción de amparo en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis.5) Que esta Sala, en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal del Despacho Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, la cual fue de la opinión de que “NO SE OTORGUE”, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiuno de julio de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, con relación a un incidente por Declinatoria por Incompetencia del Tribunal por razón de la materia opuesto en el proceso de la demanda promovida por el señor DOUGLAS FAUSTINO MARTINEZ SANCHEZ contra el PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio de su representado el contenido de los Artículos 17, 18, 60, 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que no se ha tenido la clara oportunidad de defender a su representada con las condiciones previamente enunciadas y previstas en la Constitución de la República de Honduras debido a que no se considera como tal lo establecido que obliga al juzgador a apegarse a la clausula arbitral que las partes consideraron y que se convierte en ley para ellos dirimir el presente litigio. Así con respecto a lo establecido como mandato constitucional que ordenó la creación de los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo con características improrrogables en el conocimiento de su materia, lo cual con las sentencias atentatorias emitidas usurpan esta jurisdicción. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, pronunciándose en el sentido de que en cuanto a las alegaciones de que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones le vulneró el derecho e defensa y debido proceso, se configuraría la vulneración si se hubiese privado al ahora reclamante a efectuar sus alegaciones o probar sus argumentos, impedir el ejercicio del derecho de los recursos que garantizan la legalidad de las actuaciones; y, que esto le hubiese provocado un lesión directa a la parte. Señalando también que las disposiciones del Código de Trabajo son de orden público, que se exceptúan de su aplicación los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales entendiéndose de acuerdo al Código de Trabajo como empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de amparo. Por lo que es del parecer de que no se otorgue el amparo solicitado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, basa su sentencia básicamente que el principio de la primacía de la realidad como uno de los principio fundamentales del Derecho del Trabajo, significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la practica y lo que surge en los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, “La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuando de una relación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubiesen pactado. Tal ocurre en el presente caso, donde resulta evidente que el contrato de trabajo independientemente del nombre que se le ha dado, en la práctica reúne todos los elementos esenciales del verdadero contrato de trabajo sujeto al ámbito de la jurisdicción laboral. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”. CONSIDERANDO ONCE (11): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio”. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”.CONSIDERANDO DOCE (12): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. CONSIDERANDO TRECE (13): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. CONSIDERANDO CATRORCE (14): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO DIECISIETE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte.CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales .CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firma y sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de la Sala Constitucional.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fechas veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete. Recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 800=15.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario de la Sala Constitucional0

[1] Articulo 19 del Código del Trabajo.

[2] Articulo 20 del Código del Trabajo.