Sentencia AL-780-14 — Registro 6876
Resumen
Sentencia impugnada que confirma y declara sin lugar incidente de nulidad planteado por falta de acreditación con la que actua apoderado de parte demandante en relación a demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste salarial y de daños y perjuicios, interpuesta contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional al examinar con detalle el caso de mérito, observa lo siguiente:1) Que en el caso de autos la supuesta violación al derecho de defensa, según el recurrente ocurre por la falta de representación por parte del profesional del derecho de la parte demandante para comparecer a la Secretaría del Trabajo en representación de los trabajadores. Se hace necesario señalar que no es cualquier vicio o irregularidad que puede provocar la invalidación del acto, ya que las formalidades exigidas por la norma procesal no tiene un fin en sí mismas, sino que son impuestas para garantizar la inviolabilidad de la defensa, por lo tanto existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales, atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento, que de la lectura de autos se puede apreciar que de la audiencia celebrada en sede administrativa, comparecieron los apoderados legales de las partes, a tal grado que la ahora parte demandada, en su momento hizo un ofrecimiento a la parte actora, que según el acta se encontraban representados por el Abogado Hugo Baldemar Romero Ortega, lo cual conforme al artículo 617 letra g) del Código de Trabajo, dicha representación se debe tener por cierta, por lo que la autoridad administrativa lo tuvo como apoderado legal, no existiendo prueba que establezca que no lo es, en consecuencia se debe tener como apoderado, por otro lado es evidente su representación ya que compareció al órgano jurisdiccional a continuar con su representación, hecho consentido por la apoderada legal de la Municipalidad, quien pretende su anulación. Tomando lo anterior en cuenta, los cargos que han sido expuestos, no son de recibo por la Sala, debido a que, diferente a lo que denuncia el garantista, no procede la declaratoria de nulidad por defectos insustanciales en la forma, ya que solo podrán anularse las actuaciones de procedimientos que ocasionen a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad, que en este caso serían los trabajadores, y en el presente asunto la parte demandada no tiene legitimación para solicitar dicha nulidad ya que solo afirma la falta de acreditación por parte del compareciente al acto procesal viciado, pero no precisa cual es la defensa que no pudo realizar a consecuencia del acto cuestionado, asimismo, del estudio de la causa se puede apreciar, que la parte incidentista no objeto oportunamente la comparecencia del profesional del derecho Hugo Baldemar Romero Ortega, en la audiencia en sede administrativa, operando el Principio de Convalidación, que regula la nulidad, en tal sentido la representante procesal de la parte demandada, convalido dicho acto al no impugnarlo en el desarrollo de esa audiencia, por lo que resulta evidente para esta Sala que las alegaciones del impetrante, en cuanto a la procedencia de esta nulidad y consecuentemente la violación al derecho de defensa derivado de su desestimación, resultan enteramente infundadas. 2) En el caso de violación al debido proceso en contra de la Municipalidad de Saba, Departamento de Colon, el censor pretende que se ampare a su poderdante bajo el argumento de que se violentó el proceso debido legal, en virtud de que la motivación del ad quem al momento de dictar su sentencia, la misma es contradictoria y además que no expresa con claridad y precisión que hechos motivaron su convencimiento. La Sala estima, que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, por lo que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[4], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5] Por último, esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 617, letra G (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colon, en fecha diez de abril del año dos mil catorce, con relación a la demanda Ordinaria laboral, promovida por el abogado HUGO BALDEMAR ROMERO ORTEGA en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN (SITRAMUSA), y los señores FLORINDA A. ABELAR M., LIGIA C. POSAS M., IBRAN A. MEJIA M., OSCAR A. ARGUETA A., HECTOR R. DUEÑAS, RUTH L. PADILLA, JOSE E. COREA, LUZ M. MEZA N., CESAR ANTUNEZ M, ULVIAZ GRACIA A., KARLA R. MELENDEZ, DENNIS F. ALMENDAREZ R., SILVIA E. MARTINEZ M., HEIDY S. ANTUNEZ L., ISABEL CRUZ, CARLA E. CRUZ P., JAIME CANO, YENI M. ANTUNEZ R., JOSE A. MATUTE, JOSE CACERES H., MARLENY A. SERRANO S., NINOSKA G. RAMIREZ M., DANIEL V. URBINA S., SARA M. MUNGUIA, VIRGILIO O. DUARTE H., EDIL M. ALMENDAREZ, INGRID N. MARTINEZ y PEDRO A. GONZALES en su condición propia, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, a través de su representante legal, el señor alcalde municipal CARLOS ALBERTO VALLE.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 80, 90 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colon, el abogado HUGO BALDEMAR ROMERO ORTEGA, promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste salarial y pago de daños y perjuicios, en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, a través de su representante legal, el señor alcalde municipal CARLOS ALBERTO VALLE. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril del año dos mil catorce, celebró audiencia primera de tramite, en la cual la parte demandada quien interpuso incidente de nulidad absoluta de actuaciones en vista que en el acta administrativa de cierre de diligencias previas no se acredita la condición con la que actuó el abogado Hugo Baldemar Romero Ortega, por lo que el Juzgado resolvió lo siguiente: “este Juzgado de letras resuelve respecto al incidente presentado por la parte demandada declarar sin lugar en virtud de la improcedencia del mismo ya que se han realizado el agotamiento de la vía administrativa con las solemnidades establecidas en la Ley.-” (Folios once (F-11) al doce (F-12) de los antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por la abogada WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada WENDY Vanesa Mungía Menocal en su condición de apoderada de la municipalidad de Sabá, Colón; SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto de fecha Diez de Abril de dos mil Catorce, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón y del Trabajo por Ministerio de Ley, en la Demanda Laboral de Única Instancia promovida por el Abogado Hugo Baldemar Romero, contra la Municipalidad de Sabá, Colón representada por el señor alcalde Carlos Alberto Valle; con las consideraciones establecidas por este Ad-quem.-” (Folios cinco (F-5) al nueve (F-9) de los antecedente de segunda instancia). 4) Que el recurrente el abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diecinueve de junio del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 90 y 323 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha seis de octubre del año dos mil catorce.5) Que con fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el abogado Roger Ludovico Matus Zelaya, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito, pues no han ocurrido las vulneraciones denunciados por el amparista. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Que los alegatos del censor expuestos al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, se resumen de la siguiente manera: a) Señala que la sentencia dictada por la Corte recurrida en fecha 22 de mayo de 2014, es violatoria al derecho de defensa el cual es inviolable, ya que según el recurrente, es evidente que la Sentencia antes referida coloca al amparista en una situación de desventaja ante su opositor, pues la acción ejercida contra su representada no se ajusta a las normas mínimas que exige la Ley para este clase de juicios, por lo que la Corte Sentenciadora debió de haber reparado y corregido tal defecto, decretando una nulidad de actuaciones o en su lugar declarando con lugar el Recurso de Apelación y consecuentemente revocar el Auto apelado a fin de que el Juez A-quo dirigiera el proceso dentro del marco legal. b) La sentencia dictada por la Corte recurrida violenta la igualdad entre las partes. El principio de igualdad consagrado en el Constitución Política consiste en que no se configuren excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, siendo evidente que la resolución recurrida violenta la garantía constitucional invocada, pues toda persona debe ser oída con todas las formalidades que establece la ley. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Examen practicado por la Sala para verificar los hechos que se relacionan con el presente amparo. Que la Sala de lo Constitucional, constata los siguientes hechos en relación con la garantía constitucional de amparo que se estudia: (a) La presente causa inicia el veinticinco (25) de marzo del año dos mil catorce, mediante la presentación en el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colon, de la demanda de única instancia para el pago de reajuste salarial promovida por el Abogado Hugo Baldemar Romero Ortega en representación de Florinda A. Abelar, Ligia C. Posas y otros en contra de la Municipalidad de Saba, Colon, a través del Alcalde Municipal CARLOS ALBERTO VALLE. (b) En fecha diez (10) de abril del año dos mil catorce, se celebró en el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colon, la audiencia primera de tramite con la comparecencia de la Abogada Wendy Vannesa Munguía Menocal en su condición de apoderada legal de la parte demandada la Municipalidad de Saba, Colon, a través del Alcalde Municipal CARLOS ALBERTO VALLE, en donde promovió incidente de nulidad absoluta de actuaciones, en esa misma fecha, el A-quo resolvió declarar sin lugar el incidente de nulidad absoluta a lo planteado por la parte demandada, quien en el acto de notificación interpuso el recurso de apelación. (c) En fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida dicto sentencia declarando Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de la Municipalidad de Saba, Colon, en contra del auto interlocutorio de fecha diez de abril de dos mil catorce. (d) Señala el recurrente que la vulneración a las normas constitucionales se ha ocasionado en virtud de que se dio comienzo al trámite en sede judicial, sin haberse agotado debidamente el trámite en sede administrativa, lo que conlleva una nulidad absoluta de actuaciones a partir de la misma presentación de la demanda, pues si se analiza detenidamente el acta de conciliación celebrada el 17 de marzo de 2014, en ese momento el Abogado Baldemar Romero, no ostentaba ninguna representación legal de los reclamantes, y el juzgado resolvió declarar sin lugar el incidente de nulidad en virtud de la improcedencia del mismo por considerar el agotamiento de la vía administrativa. Asimismo señala el recurrente que la sentencia que dicto la Corte recurrida es contradictoria y además no expresa con claridad y precisión que hechos motivaron su convencimiento, reconoce que se omitieron requisitos formales y de fondo, los que conllevan a una indefensión total, apuntando que la Corte recurrida cometió error de juicio, al interpretar erróneamente la disposición contenida en el artículo 748 del Código de Trabajo, dándole una interpretación distinta de la que resulta de sus propios términos. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5).Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar con detalle el caso de mérito, observa lo siguiente:1) Que en el caso de autos la supuesta violación al derecho de defensa, según el recurrente ocurre por la falta de representación por parte del profesional del derecho de la parte demandante para comparecer a la Secretaría del Trabajo en representación de los trabajadores. Se hace necesario señalar que no es cualquier vicio o irregularidad que puede provocar la invalidación del acto, ya que las formalidades exigidas por la norma procesal no tiene un fin en sí mismas, sino que son impuestas para garantizar la inviolabilidad de la defensa, por lo tanto existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales, atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento, que de la lectura de autos se puede apreciar que de la audiencia celebrada en sede administrativa, comparecieron los apoderados legales de las partes, a tal grado que la ahora parte demandada, en su momento hizo un ofrecimiento a la parte actora, que según el acta se encontraban representados por el Abogado Hugo Baldemar Romero Ortega, lo cual conforme al artículo 617 letra g) del Código de Trabajo, dicha representación se debe tener por cierta, por lo que la autoridad administrativa lo tuvo como apoderado legal, no existiendo prueba que establezca que no lo es, en consecuencia se debe tener como apoderado, por otro lado es evidente su representación ya que compareció al órgano jurisdiccional a continuar con su representación, hecho consentido por la apoderada legal de la Municipalidad, quien pretende su anulación. Tomando lo anterior en cuenta, los cargos que han sido expuestos, no son de recibo por la Sala, debido a que, diferente a lo que denuncia el garantista, no procede la declaratoria de nulidad por defectos insustanciales en la forma, ya que solo podrán anularse las actuaciones de procedimientos que ocasionen a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad, que en este caso serían los trabajadores, y en el presente asunto la parte demandada no tiene legitimación para solicitar dicha nulidad ya que solo afirma la falta de acreditación por parte del compareciente al acto procesal viciado, pero no precisa cual es la defensa que no pudo realizar a consecuencia del acto cuestionado, asimismo, del estudio de la causa se puede apreciar, que la parte incidentista no objeto oportunamente la comparecencia del profesional del derecho Hugo Baldemar Romero Ortega, en la audiencia en sede administrativa, operando el Principio de Convalidación, que regula la nulidad, en tal sentido la representante procesal de la parte demandada, convalido dicho acto al no impugnarlo en el desarrollo de esa audiencia, por lo que resulta evidente para esta Sala que las alegaciones del impetrante, en cuanto a la procedencia de esta nulidad y consecuentemente la violación al derecho de defensa derivado de su desestimación, resultan enteramente infundadas. 2) En el caso de violación al debido proceso en contra de la Municipalidad de Saba, Departamento de Colon, el censor pretende que se ampare a su poderdante bajo el argumento de que se violentó el proceso debido legal, en virtud de que la motivación del ad quem al momento de dictar su sentencia, la misma es contradictoria y además que no expresa con claridad y precisión que hechos motivaron su convencimiento. La Sala estima, que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, por lo que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[4], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5] Por último, esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE DISPOSITIVA O FALLO /DECISUM DE LA SALA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 333 del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colon, en fecha diez de abril del año dos mil catorce, con relación a la demanda Ordinaria laboral, promovida por el abogado HUGO BALDEMAR ROMERO ORTEGA en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN (SITRAMUSA), y los señores FLORINDA A. ABELAR M., LIGIA C. POSAS M., IBRAN A. MEJIA M., OSCAR A. ARGUETA A., HECTOR R. DUEÑAS, RUTH L. PADILLA, JOSE E. COREA, LUZ M. MEZA N., CESAR ANTUNEZ M, ULVIAZ GRACIA A., KARLA R. MELENDEZ, DENNIS F. ALMENDAREZ R., SILVIA E. MARTINEZ M., HEIDY S. ANTUNEZ L., ISABEL CRUZ, CARLA E. CRUZ P., JAIME CANO, YENI M. ANTUNEZ R., JOSE A. MATUTE, JOSE CACERES H., MARLENY A. SERRANO S., NINOSKA G. RAMIREZ M., DANIEL V. URBINA S., SARA M. MUNGUIA, VIRGILIO O. DUARTE H., EDIL M. ALMENDAREZ, INGRID N. MARTINEZ y PEDRO A. GONZALES en su condición propia, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, a través de su representante legal, el señor alcalde municipal CARLOS ALBERTO VALLE.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0780-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2]
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[5] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA