Sentencia AL-692-15 — Registro 6586
Resumen
Sentencia confirmó auto interlocutorio que de oficio practicó la liquidación de salarios dejados de percibir y pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que debe pagar el recurrente a favor del demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencias, observamos que el el Ad Quem no motivó suficientemente su fallo, sin pronunciarse sobre los agravios que fueron planteados en la apelación y sin exponer los fundamentos legales que sustentan su parte dispositiva…"…"esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos y las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."
Legislación citada
- Decreto 360-2013, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil quince (2015), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. Considera el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha seis (6) de agosto del año dos mil (2008) compareció ante Juzgado Primero de Letras del Trabajo, Francisco Morazán, el señor JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo en consecuencia conceda todos los derechos que ostentan todos los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación al puestos de trabajo y restitución de funciones que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, decimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, costas, habilitación de días y horas inhabilidades, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. (Folios del 01 al 03 de la primera pieza de sus antecedentes).-2) Que el referido Juzgado dictó resolución en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), en el cual (SIC): “RESUELVE: DE OFICIO se proceda a practicar la liquidación de los salarios dejados de percibir de la siguiente manera: 1) El señor JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA, devengaba un salario promedio mensual de (L.46,200.00) multiplicado por (79) meses asciende a la cantidad de TRES MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L.3,649,800.00) y un salario promedio diario de (L. 1,540.00) multiplicado por (23) días asciende a la cantidad TREINTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS (L.35,420.00) para ser en conceptos de salarios dejados de percibir la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS (L.3,685,220.00) más lo condenado en las presentes diligencias que asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.191,268.00) para hacer un gran total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, CUATROSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.3,876,488.00) en concepto de pago de prestaciones e Indemnizaciones Laborales…”. (Folio 102 de la primera pieza de sus antecedentes).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en fecha dieciocho (18) de junio del dos mil quince (2015), (SIC) “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, actuando en su condición de Apelante y como Representante Procesal de la parte Demandada.- 2) CONFIRMANDO: El Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce de abril del año dos mil quince (14-04-2015).- 3) SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folios del 12 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) El recurrente Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés 23 de julio del año dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad Quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil dieciséis (2016.- 5) Que con fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis, la abogada SUSSY G COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emite dictamen, en el cual es de la opinión que SE OTORGUE el amparo interpuesto. (Folio 27 al 30 de la pieza del amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil quince (2015), haciendo la observación que en la formalización del recurso de Amparo interpuesto por el recurrente se establece estar dirigida la acción contra la resolución que antecede y la cual en la pieza de sus antecedentes en que procedió a liquidar los salarios dejados de percibir y las prestaciones e indemnizaciones laborales sin tomar en cuenta las Disposiciones Generales del Presupuesto de los años 2012, 2013 y 2014 que establece expresamente en dichos Decretos; formalización interpuesta en tiempo y forma el que constituye el acto contra el cual se reclama, indicando en el acápite de su antecedente que la misma autoridad que emitió el acto reclamado considerara que la misma vulnera las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82 y 90 en relación al artículo 64 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Luego de realizar un estudio exhaustivo del presente caso se puede establecer que el recurrente argumentó en su escrito de interposición de la acción de amparo, en que la Corte recurrida no se pronunció sobre lo alegado por el apelante en cuanto a la aplicación de las Disposiciones Generales del Presupuesto para los años 2012, 2013 y 2014, en los cuales se establece que los servidores públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la institución donde laboran, durante el tiempo que esté en proceso y pendiente de sentencia, podrán laborar bajo la forma de contratación en cualquier institución del sector público. En el caso de una sentencia definitiva en que el Estado fuere condenado a la indemnización o al reintegro con el pago de los salarios dejados de percibir, los salarios percibidos por el contrato formaran parte de la cuantificación de la indemnización de los salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria. De lo expuesto, estima el recurrente, al demandante se le debe deducir del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales el importe de los salarios que éste devengó en HONDUTEL, durante la secuela del juicio, ya que el señor José Manuel Cardona Figueroa laboró para dicho ente estatal desde el año dos mil diez (2010) al mes de abril del dos mil catorce (2014), por lo que cualquier acción en contrario significa un perjuicio reparable al patrimonio del Estado, al cancelar emolumentos económicos indemnizatorios duplicados.-CONSIDERANDO CINCO (5): Se desprende del Oficio DTH-290-06-2015 de fecha diecinueve (19) de junio del dos mil quince (2015), extendido la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) suscrito por la Licenciada MICHELLE MARIA SALVADOR, que el demandante laboró para HONDUTEL del primero (1) de Noviembre del dos mil diez (2010) al primero (1) de abril del dos mil catorce (2014), señalando que los valores recibidos solo pueden ser facilitados por una orden judicial, con lo cual se acredita fehacientemente que el demandante devengó durante la secuela del juicio para HONDUTEL, razón por la cual y amparado en Ley siendo la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) parte de la Administración Pública del Estado, al igual que lo es el UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por lo que una vez acreditados los salarios aludidos se debe deducir los que el demandante devengó en HONDUTEL durante la secuela del juicio de conformidad a las Disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para los años 2012,2013 y 2014 conforme a los Decretos números 255-2011 artículo 106; Decreto 223-2012, artículo 129; y, Decreto 360-2013 en su artículo Número 127, prescribe expresamente en dichos Decretos que los servidores públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la Institución donde laboran, durante el tiempo que este en proceso y pendiente de sentencia, podrán laborar bajo la forma de contratación (temporal) en cualquier institución del sector público. En el caso de una sentencia definitiva en que el Estado fuere condenado a la indemnización o al reintegro con el pago de los salarios dejados de percibir, los salarios percibidos por el contratado durante la secuela del juicio, formaran parte de la cuantificación de la indemnización de los salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia formaran parte de la liquidación de pago definitivo que se haga efectivo al demandante.-CONSIDERANDO SEIS (6): La Corte de Apelaciones en su resolución de fecha dieciocho (18) de junio del dos mil quince (2015) declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en representación de la UNIVESIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) y a su vez CONFIRMA el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán de fecha catorce (14) de abril del dos mil quince (2015) quien de OFICIO procede a practicar la liquidación de salarios, contraviniendo las DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA para los años 2012, 2013 y 2014, sin pronunciarse sobre los mismos, desconociendo así mismo que el decreto numero 360-2013 aludido en su artículo 127, homologa: ”Los servidores públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la Institución en que laboran, durante el tiempo en que este en trámite el proceso y pendiente de sentencia podrán laborar bajo la forma de (temporal) en cualquier institución del Sector Público”.-CONSIDERANDO SIETE (7): El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencias, observamos que el Ad Quem omitió pronunciarse sobre los agravios incoadas por la parte recurrente, por lo que si bien, fueron consignados en el tercer considerando del fallo recurrido, para posteriormente señalar en el octavo considerando que el Auto Interlocutorio fue dictado conforme a derecho, no menos cierto es, que el Ad Quem no motivó suficientemente su fallo, sin pronunciarse sobre los agravios que fueron planteados en la apelación y sin exponer los fundamentos legales que sustentan su parte dispositiva.-CONSIDERANDO OCHO (8): Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos y las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 64, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 314, 316 atribución 1, 321, 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 47 del Código del Trabajo; 106 Decreto 255-11; 129 Decreto 223-2012; 127 Decreto 360-13 FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesto por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el numero 0692-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL