Sentencia AL-677-15 — Registro 12074
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro o reinstalación en un mismo puesto de trabajo o en otros por lo menos en igualdad o mejores condiciones, pago de salarios dejados de Percibir y demás derechos adquiridos contra COCESNA
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (10) : Que los privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la indebida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. Que las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que de conformidad a los convenios suscritos con los Estados, hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente en lo relativos a contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO (11). Que las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional consuetudinario, según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas, en su Artículo 1 establece el alcance de la aplicación de la inmunidad jurisdiccional de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Estado, señalando taxativamente los términos empleados para su aplicación, excluyendo los Contratos de Trabajo. Artículo 2.Términos empleados 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por “tribunal” cualquier órgano de un Estado, sea cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judiciales; b)se entiende por “Estado”:I) El Estado y sus diversos órganos de gobierno; II) los elementos constitutivos de un Estado federal o las subdivisiones políticas del Estado, que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana y actúen en tal carácter; III) los organismos o instituciones del Estado u otras entidades, en la medida en que estén facultados para realizar y realicen efectivamente actos en ejercicio de la autoridad soberana del Estado; IV) los representantes del Estado cuando actúen en tal carácter; c) se entiende por “transacción mercantil”: I) todo contrato o transacción mercantil de compraventa de bienes o prestación de servicios; II) todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese préstamo o a esa transacción; III) cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos individuales de trabajo. Aunado a estas disposiciones, se suma lo preceptuado en la Convención de Viena, de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma "pacta suntservanda" están universalmente reconocidos, convención que no señala en sus estatutos reconocimiento expreso de la inmunidad con respecto a la Jurisdicción laboral o del trabajo. CONSIDERANDO (12): Que el derecho del trabajo es reconocido universalmente como un derecho humano, respetado y garantizado constitucionalmente por los países así como en los tratados internacionales suscritos lo que obliga a los contratantes al cumplimiento de lo pactado, y el caso de las demandas contra COCESNA hay pronunciamiento suficiente en cuanto a las sentencias emitidas, señalándose “que en los estatutos de la Corporación se establece que el personal que labora para COCESNA estará regulado por el Código de Servicios, por el Reglamento Interno de Trabajo y por las leyes laborales del lugar donde prestan sus servicios”; por lo que al invocar inmunidad jurisdiccional en la nueva demanda originada por el no cumplimiento de un fallo proferido y emanado por autoridad judicial competente, al dejar de reintegrar al trabajador y más bien darle carta de despido, este derecho amparado no puede quedar como certeza jurídica ideal, sino que debe satisfacer el reconocimiento de su derecho, al no concretarse, vulnera los derechos garantizados por la Constitución de la República, los consignados en los instrumentos internacionales suscritos; es así, que el Estado está obligado a garantizar a los ciudadanos que acuden a los tribunales un debido proceso, a que se respeten sus derechos como demandante o demandado, garantizando el derecho amparado a través de la tutela judicial efectiva, que se respete los convenios y tratados internacionales en materia de trabajo en los que Honduras es parte para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra todo acto y omisiones contrarios a la ley , por lo expuesto, se concluye que la Jurisdiccional Laboral es competente para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida por el recurrente ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS para su reintegro al mismo cargo o en otro con igualdad de condiciones y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos pretendidos."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (9): Que el caso objeto de estudio en esta Sala, de conformidad a los antecedentes, el asunto se contrae a que COCESNA no acató el fallo de fecha 19 de febrero del 2013 emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, que mediante sentencia definitiva declaró con lugar una demanda y ordenó el reintegro del trabajador, COCESNA hizo caso omiso al fallo y en fecha 5 de marzo del 2013, fecha en la que aparentemente sería reintegrado despide nuevamente al trabajador, lo que dio origen a una nueva demanda ordinaria para el reintegro y demás derechos que pudieren corresponder, una vez admitida la nueva demanda, se emplazó a la demandada (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo y en la contestación de fecha 14 de enero del 2014, interpuso Denuncia por Declinatoria invocando falta de Jurisdicción, a lo que el Juzgado en auto de fecha 30 de enero del 2015, resuelve inadmitir la demanda y rechaza la denuncia por declinatoria, por falta de jurisdicción en virtud de la inadmisión; esta actitud de parte de la demandada al incumplir el fallo proferido en sentencia firme y que vincula de forma directa con la nueva acción promovida, evidencia de forma clara un acto de desobediencia a la autoridad judicial y de menosprecio a la justicia hondureña, antecedentes suficientes para que la Jurisdicción Laboral conozca nuevamente de la Demanda Laboral en la que el trabajador persigue el reintegro, el cumplimiento de la ley y lo establecido en el Convenio Sede, en el que expresamente está pactado el reconocimiento de los derechos laborales a los trabajadores, haciendo susceptible a la Corporación (COCESNA) del sometimiento a la jurisdicción laboral interna del país sede, trayendo como consecuencia que la denuncia de Declinatoria por falta de jurisdicción que interpuso ante el Juzgado que conoce de la acción, sea declarada sin lugar por razón de la jurisdicción. CONSIDERANDO (10) : Que los privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la indebida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. Que las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que de conformidad a los convenios suscritos con los Estados, hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente en lo relativos a contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas. CONSIDERANDO (11). Que las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional consuetudinario, según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas, en su Artículo 1 establece el alcance de la aplicación de la inmunidad jurisdiccional de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Estado, señalando taxativamente los términos empleados para su aplicación, excluyendo los Contratos de Trabajo. Artículo 2.Términos empleados 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por “tribunal” cualquier órgano de un Estado, sea cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judiciales; b)se entiende por “Estado”:I) El Estado y sus diversos órganos de gobierno; II) los elementos constitutivos de un Estado federal o las subdivisiones políticas del Estado, que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana y actúen en tal carácter; III) los organismos o instituciones del Estado u otras entidades, en la medida en que estén facultados para realizar y realicen efectivamente actos en ejercicio de la autoridad soberana del Estado; IV) los representantes del Estado cuando actúen en tal carácter; c) se entiende por “transacción mercantil”: I) todo contrato o transacción mercantil de compraventa de bienes o prestación de servicios; II) todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese préstamo o a esa transacción; III) cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos individuales de trabajo. Aunado a estas disposiciones, se suma lo preceptuado en la Convención de Viena, de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma "pacta suntservanda" están universalmente reconocidos, convención que no señala en sus estatutos reconocimiento expreso de la inmunidad con respecto a la Jurisdicción laboral o del trabajo."
Legislación citada
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA BERNARDINA OCHOA SAGASTUME, a favor del señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil quince (2015), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil quince (2015), con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS.- considera el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 60, 61, 63, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de Francisco Morazán, el señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS, interponiendo Demanda ordinaria Laboral para el reintegro o reinstalación en un mismo puesto de trabajo o en otros por lo menos en igualdad o mejores condiciones, pago de salarios dejados de Percibir y demás derechos adquiridos.- habilitación de días y horas inhábiles.- (Folio 01 al 05 de la primera pieza del Juzgado). 2) Que el referido Juzgado, dictó resolución en fecha treinta (30) de enero del año dos mil quince (2015), en el cual RESOLVIO: “Se procede a Inadmitir la presente demanda que fue admitida según auto de fecha 1 de agosto del año 2013, mismo que corre a folio 12 de los autos, ya que en esas fecha, ese Juzgado desconocía de dicha situación, por lo que se ordena una vez firme el presente auto, que se manden archivar las diligencias; agregar a los autos los documentos acompañados. En cuanto a la Denuncia de Declinatoria por Falta de Jurisdicción el mismo se RECHAZA en virtud que la demanda de mérito ha sido Inadmitida, por las razones antes expuestas. (Folio 74 al 75 de la pieza del juzgado). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada GLORIA BERNARDINA OCHOA SAGASTUME, en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince (2015), (SIC)“FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada GLORIA BERNARDINA OCHOA SAGASTUME, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandante apelante.- 2)CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de enero del año dos mil quince, que corre agregada a (folios 77 al 39) de la pieza compulsada…” (Folios 10 al 12 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente Abogada GLORIA BERNARDINA OCHOA SAGASTUME, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS, por considerar que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 60, 61, 63, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016) (Folio 117 de la pieza de Amparo). 5) Que con fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil dieciséis, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE acción de amparo interpuesta. (Folio 120 al 124 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo de conformidad a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitucional de la República; así como artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en Decreto Legislativo No.244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución otorga. Igualmente el artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no se obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil quince (2015), en la que falló declarando : SIN LUGAR el Recurso de Apelación y CONFIRMA el Auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha Treinta (30) de enero del año dos mil quince (2015), que corre agregado a(Folio 74-75 P-2), relativo a la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro o reinstalación en un mismo puesto de trabajo o en otro , en igualdad o mejores condiciones. Pago de salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos, promovida por el señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS contra la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COSESNA). CONSIDERANDO (4): El Recurrente formalizó su Acción de Amparo en fecha veinte (20) de mayo del Dos mil dieciséis (2016), expresando que se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el articulo 60 sobre libertad e igualdad de derechos, el 61 sobre inviolabilidad a la vida, seguridad e igualdad ante la ley; 63 relativo a las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre;64 Que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; 80Sobre el derecho de petición; 82 El derecho a la defensa que es inviolable; 90 Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, relativo al debido proceso; 128 sobre la regulación de las relaciones patrono y trabajadores; 134 El sometimiento a la Jurisdicción del Trabajo de las controversias jurídicas que se suscitan en la relación entre trabajadores y patronos; 135 La armonía entre el capital y el trabajo y 303 La potestad de impartir justicia en nombre del Estado. La impetrante expresa que el tribunal de alzada, al confirmar el auto interlocutorio ha vulnerado las garantías consagradas en la constitución a favor de su representado, y que aunque en su considerando 8 expresa : “que corresponde a los órganos jurisdiccionales, aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”, la resolución carece de fundamentación fáctica, y jurídica en cuanto a la excepción de inmunidad de jurisdicción, por cuanto en ninguna parte del mundo existen los llamados derechos absolutos, es decir, no es un derecho absoluto que CONCESNA contrate personal para laborar en territorio hondureño violando las normas constitucionales, laborales y tratados internacionales, relacionados al derecho de los trabajadores, llamados también derechos humanos y derechos sociales, amparándose en la excepción de inmunidad de jurisdicción para no cumplir con las obligaciones y los pasivos laborales de los trabajadores hondureños contratados bajo la legislación interna de este país. Estima la recurrente que aunque la Corte de Apelaciones del Trabajo estima que CONCESNA goza de inmunidad jurisdiccional, no es menos cierto que la jurisdicción de una nación en su territorio es exclusiva y absoluta, no es susceptible de ninguna limitación que no fuese impuesta por ella misma. Explica la recurrente, que el Ad-Quem desconoció en su fallo el Articulo 11 de la Convención de las Naciones Unidas del 2004, sobre la excepción de la inmunidad de jurisdicción, exclusivamente sobre los contratos de trabajo, “los contratos de trabajo entre un Estado y una persona natural respecto a un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de otro Estado, cuyos tribunales conozcan del asunto”, disposición que debió ser aplicada para declarar con lugar el recurso, ya que las acciones interpuestas por su representado son las de un hondureño que está sujeto a las leyes y jurisdicción hondureña así como los conflictos que pudieren suscitarse en las relaciones patrono-trabajador. Recalca que la inmunidad que se le otorga a los Organismos Internacionales es en razón de permitir la facilitación de sus actividades con relación a la jurisdicción nacional del Estado donde tienen su sede. CONSIDERANDO (5) : Que el Tribunal de Alzada que conoció el Recurso de Apelación contra la resolución emitida por el A-Quo, sentencia en estudio por esta sala, establece en el Considerando Seis (6) que “La CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA conocida como “COCESNA”, ha demostrado con suficiente prueba documental la existencia del Convenio suscrito entre el Estado de Honduras a través del Poder Ejecutivo y COCESNA así como la ratificación del mismo por el Poder Legislativo, que le garantiza el respeto al fiel cumplimiento de los principios del derecho contenido en sus estatutos como un Organismo de Integración Centroamericana que goza del privilegio de inmunidad jurisdiccional para no ser demandada ante los tribunales ordinarios, igual que los demás organismos internacionales de integración regional. Deviniendo la Juez A Quo al solo tener conocimiento de la inmunidad de Jurisdicción que protege a la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVCIOS DE NAVEGACION AEREA “COCESNA” declarar la inadmisibilidad de la demanda, sin tener que entrar a dilucidar ningún otro incidente, como ocurre en el caso de autos, ya que resulta innecesario pronunciarse, sobre la denuncia de Declinatoria opuesta, por el simple hecho de proceder de pleno derecho la inadmisibilidad de la acción”.- CONSIDERANDO (6):Que el Convenio Sede suscrito por el Gobierno de Honduras y la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA “COCESNA” suscrito el 29 de agosto del año 2000, tiene como sustento el Convenio Constitutivo de la Corporación, firmado con Honduras el 26 de febrero de 1960 y aprobado por el Congreso Nacional el 17 de mayo del mismo año, denominándolo como un Organismo Internacional y que la sede es el territorio hondureño, en base a ello, estimó que concederá a la Corporación respecto a las obras que realice y servicios que establezca en los respectivos territorios centroamericanos, las facilidades y privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones, y acordó las disposiciones pertinentes para el adecuado cumplimiento del mismo, en lo que se refiere a prerrogativas, inmunidades y exenciones de COCESNA, y para los funcionarios prerrogativas e inmunidades de conformidad a los principios y prácticas del derecho internacional. CONSIDERANDO (7): Que en el Convenio Sede suscrito por la Corporación y el Estado de Honduras, también se establece entre otros aspectos en el artículo 22: “…. COCESNA cooperará con las autoridades competentes de la República de Honduras para facilitar la administración adecuada de Justicia, velará por el cumplimiento de las leyes del país y ordenanzas de policía y evitará que concurran abusos en relación a las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en el convenio”.Igualmente, en el artículo 23 del mismo instrumento convencional, se declara la obediencia a las leyes internas, “el Gerente General y demás funcionarios de COCESNA se obligan a respetar a las autoridades nacionales y a obedecer las leyes de la República, desde su ingreso al territorio nacional y tendrán derecho a ser protegidos por ellas”. Indudablemente este artículo armoniza con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados, En su Parte III establece, Procesos en que la inmunidad del Estado no se puede hacer valer, Artículo 11:Contratos de trabajo:1. Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa, ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en un proceso relativo a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona natural respecto de un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de ese otro Estado. CONSIDERANDO (8): Que de conformidad a la Ley se entiende por Organismo Internacional, aquella organización sujeta al derecho público internacional, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos Estados para tratar aspectos que les son comunes. COCESNA en el Convenio constitutivo y adoptado por Honduras, en su artículo 3, establece que la Corporación gozará de personalidad jurídica, podrá ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente, para llenar sus fines, tendrá el carácter de institución de utilidad pública; sin embargo, el Estado de Honduras reconoce la inmunidad diplomática concedida a través de los convenios suscritos y que han seguido el formalismo de procedimientos internos, Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, que propendan a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos contemplada en su artículo 15 constitucional, igualmente el respeto a todas las regulaciones y recomendaciones que recogen las convenciones internacionales sobre el mismo tema y a la luz del artículo 64, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. CONSIDERANDO (9): Que el caso objeto de estudio en esta Sala, de conformidad a los antecedentes, el asunto se contrae a que COCESNA no acató el fallo de fecha 19 de febrero del 2013 emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, que mediante sentencia definitiva declaró con lugar una demanda y ordenó el reintegro del trabajador, COCESNA hizo caso omiso al fallo y en fecha 5 de marzo del 2013, fecha en la que aparentemente sería reintegrado despide nuevamente al trabajador, lo que dio origen a una nueva demanda ordinaria para el reintegro y demás derechos que pudieren corresponder, una vez admitida la nueva demanda, se emplazó a la demandada (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo y en la contestación de fecha 14 de enero del 2014, interpuso Denuncia por Declinatoria invocando falta de Jurisdicción, a lo que el Juzgado en auto de fecha 30 de enero del 2015, resuelve inadmitir la demanda y rechaza la denuncia por declinatoria, por falta de jurisdicción en virtud de la inadmisión; esta actitud de parte de la demandada al incumplir el fallo proferido en sentencia firme y que vincula de forma directa con la nueva acción promovida, evidencia de forma clara un acto de desobediencia a la autoridad judicial y de menosprecio a la justicia hondureña, antecedentes suficientes para que la Jurisdicción Laboral conozca nuevamente de la Demanda Laboral en la que el trabajador persigue el reintegro, el cumplimiento de la ley y lo establecido en el Convenio Sede, en el que expresamente está pactado el reconocimiento de los derechos laborales a los trabajadores, haciendo susceptible a la Corporación (COCESNA) del sometimiento a la jurisdicción laboral interna del país sede, trayendo como consecuencia que la denuncia de Declinatoria por falta de jurisdicción que interpuso ante el Juzgado que conoce de la acción, sea declarada sin lugar por razón de la jurisdicción. CONSIDERANDO (10) : Que los privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la indebida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. Que las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que de conformidad a los convenios suscritos con los Estados, hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente en lo relativos a contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas. CONSIDERANDO (11). Que las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional consuetudinario, según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas, en su Artículo 1 establece el alcance de la aplicación de la inmunidad jurisdiccional de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Estado, señalando taxativamente los términos empleados para su aplicación, excluyendo los Contratos de Trabajo. Artículo 2.Términos empleados 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por “tribunal” cualquier órgano de un Estado, sea cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judiciales; b)se entiende por “Estado”:I) El Estado y sus diversos órganos de gobierno; II) los elementos constitutivos de un Estado federal o las subdivisiones políticas del Estado, que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana y actúen en tal carácter; III) los organismos o instituciones del Estado u otras entidades, en la medida en que estén facultados para realizar y realicen efectivamente actos en ejercicio de la autoridad soberana del Estado; IV) los representantes del Estado cuando actúen en tal carácter; c) se entiende por “transacción mercantil”: I) todo contrato o transacción mercantil de compraventa de bienes o prestación de servicios; II) todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese préstamo o a esa transacción; III) cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos individuales de trabajo. Aunado a estas disposiciones, se suma lo preceptuado en la Convención de Viena, de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma "pacta suntservanda" están universalmente reconocidos, convención que no señala en sus estatutos reconocimiento expreso de la inmunidad con respecto a la Jurisdicción laboral o del trabajo. CONSIDERANDO (12): Que el derecho del trabajo es reconocido universalmente como un derecho humano, respetado y garantizado constitucionalmente por los países así como en los tratados internacionales suscritos lo que obliga a los contratantes al cumplimiento de lo pactado, y el caso de las demandas contra COCESNA hay pronunciamiento suficiente en cuanto a las sentencias emitidas, señalándose “que en los estatutos de la Corporación se establece que el personal que labora para COCESNA estará regulado por el Código de Servicios, por el Reglamento Interno de Trabajo y por las leyes laborales del lugar donde prestan sus servicios”; por lo que al invocar inmunidad jurisdiccional en la nueva demanda originada por el no cumplimiento de un fallo proferido y emanado por autoridad judicial competente, al dejar de reintegrar al trabajador y más bien darle carta de despido, este derecho amparado no puede quedar como certeza jurídica ideal, sino que debe satisfacer el reconocimiento de su derecho, al no concretarse, vulnera los derechos garantizados por la Constitución de la República, los consignados en los instrumentos internacionales suscritos; es así, que el Estado está obligado a garantizar a los ciudadanos que acuden a los tribunales un debido proceso, a que se respeten sus derechos como demandante o demandado, garantizando el derecho amparado a través de la tutela judicial efectiva, que se respete los convenios y tratados internacionales en materia de trabajo en los que Honduras es parte para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra todo acto y omisiones contrarios a la ley , por lo expuesto, se concluye que la Jurisdiccional Laboral es competente para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida por el recurrente ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS para su reintegro al mismo cargo o en otro con igualdad de condiciones y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos pretendidos. CONSIDERANDO (13):Que el articulo 15 proclama y hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, relacionado con el 82, establece que el derecho de defensa e inviolable, que los ciudadanos tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, igualmente en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos en el articulo 8 consagra el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, púbicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones; y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantiza el derecho de defensa, de igualdad de las partes en un proceso ante los tribunales y cortes de justicia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho de defensa en su artículo 8.1, el derecho a ser oída con las debidas garantías, por lo que el derecho de defensa está consagrado y garantizado, tanto por las leyes internas como en convenciones y tratados internacionales ligados al debido proceso, el que no se ha observado en el caso sub judice, el recurrente está amparado tanto por la ley interna como por los convenios y tratados internacionales para acudir a defender sus derechos ante la Jurisdicción Laboral hondureña para que se haga efectiva su pretensión y evitar que se sigan vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (14): Que de conformidad a los considerándos que anteceden y como intérprete último y definitivo de asegurar una eficaz protección de los derechos humanos, el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, la Sala concluye que se otorgue el amparo a favor del recurrente por considerar que se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el impetrante. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 61, 64, 82, 90, 183, 303, 313 No.5., 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 132,143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 346 del Código Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 9 No.2, 41, 54, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Tratados Internacionales: Articulo 8de la Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículos 1, 2 y 11 de la Convención de las Naciones Unidas del año 2004; FALLA:1)OTORGANDO el presente recurso de Amparo recurrido por la abogada GLORIA BERNARDINA OCHOA SAGASTUME a favor del señor ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS y 2) REVOCA la sentencia de fecha veintitrés (23) de abril del dos mil quince (2015) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, y en consecuencia, proceda a dictar nueva sentencia en la que se garanticen los derechos violados al agraviado respetando el debido proceso y legítima defensa, retrotrayéndose al momento procesal de donde parte la vulneración de derechos a la parte recurrente en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO O REINSTALACIÓN EN UN MISMO PUESTO DE TRABAJO O EN OTRO , EN IGUALDAD O MEJORES CONDICIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS DERECHOS ADQUIRIDOS, PROMOVIDA POR LA ABOGADA GLORIA BERNARDINA OCHOA SAGASTUME EN SU CONDICIÓN DE APODERA LEGAL DEL SEÑOR ROBERTO BENJAMIN PAVON TURCIOS CONTRA LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COSESNA).Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello.- CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el numero 0677-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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