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Sentencia AL-629-16 — Registro 12071

Resumen

Recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán contra la sentencia emitida con relación a la ejecución provisional de la sentencia dictada en la demanda ordinaria laboral promovida contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Tomando en cuenta que estamos hablando de materia civil, que si bien es cierto es la que se aplica supletoriamente, también es cierto que estamos ante una amparo en materia laboral, por lo que a quien se le está solicitando caución es al trabajador que es la parte más débil de la relación laboral, entonces si existe la posibilidad que en materia civil no se preste garantía o caución con mayor razón en la materia laboral. Que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Trabajo de Francisco Morazán no vulnera la garantía contenida en el artículo 321 constitucional, ya que las resoluciones judiciales dictadas por el A quo como por el Ad quem, han sido emitidas dentro de las atribuciones a ellas conferidas, primeramente en la Constitución de la República en donde se indica que corresponderá a los órganos jurisdiccionales juzgar y ejecutar lo juzgado, estas atribuciones, tomando como marco legal lo preceptuado el artículo 321 constitucional que versa: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Del análisis se puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el principio de legalidad, consecuentemente no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ANTONIO CASTILLO RIVERA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha tres (3) de mayo del dos mil dieciséis (2016), contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha primero (1) de febrero del dos mil dieciséis (2016), con relación a la ejecución provisional de la sentencia dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS RICARDO SAGER MONTOYA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado CARLOS RICARDO SAGER MONTOYA a favor de sí mismo, promoviendo DEMANDA ORDINARA LABORAL PARA QUE SE DECLARE UNA RELACIÓN LABORAL COMO PERMANENTE Y EL CONSENCUENTE PAGO DE AJUSTE DE SALARIO EN FORMA RETROACTIVA QUE SE ME ADEUDA DESDE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011 HASTA LA FECHA, POR SER UN DERECHO QUE ME CORRESPONDE AL SER CONSIDERADO COMO EMPLEADO PERMANENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) a través de su Gerente General y Representante Legal el señor EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO. (Folios del 1 al 7 de la primera pieza de sus antecedentes) 2) Que en fecha tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014), el Juzgado dictó sentencia definitiva en donde falló (sic): “I.-Declarar CON LUGAR; DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE UNA RELACIÓN LABORAL COMO PERMANENTE Y EL CONSECUENTE PAGO DE AJUSTE DE SALARIO EN FORMA RETROACTIVA QUE SE ME ADEUDA POR SER UN DERECHO QUE ME CORRESPONDE AL SER CONSIDERADO COMO EMPLEADO PERMANENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA instaurada por el señor CARLOS RICARDO SAGER MONTOYA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO. II.-CONDENAR: A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO a lo siguiente: a) A que se tenga la relación laboral del señor CARLOS RICARDO SAGER MONTOYA como empleado permanente desde el 08 de marzo de 2010 fecha en que ingresó a laborar para la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE); b) A pagarle al señor CARLOS RICARDO SAGER MONTOYA un total de CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS L.109,315.39 desglosados de la siguiente manera: 1)En concepto de reajuste salarial del año 2011; 9.5% de aumento salarial por contratación colectiva la cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS L.32,792.06; 2)en concepto de reajuste salarial del año 2012; 10% de aumento salarial por contratación colectiva la cantidad de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTINUVE CENTAVOS L.50,251.29. 2) Por concepto de reajuste salarial, el 11% por contratación colectiva, la cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS L.26, 272.04.3) A que se le reconozca los demás derechos que como empleado permanente de la ENEE resulten a la fecha en que sea firme la sentencia condenatoria.-III.-DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta a la demanda de merito por la Representante de la parte procesal demandada…”. (Folios del 340 al 347 de la primera pieza de sus antecedentes) 3) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016), resolvió de la siguiente manera (sic): “Tal como consta en autos y se acompañan las copias debidamente autenticadas de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, y considerando la suscrita que dicha sentencia es ejecutable provisionalmente en aplicación a los artículos 771, 772, 773, 774 del Código Procesal Civil, y tal como se pide PROCEDASE A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL del título provisional ejecutivo consistente en la sentencia de fecha tres de octubre de 2014, proferida en el expediente 542-2013 en cuanto a la condena de: 1) Que la demandada EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA proceda a nombrar en forma permanente al señor CARLOS RICARDO SAGER MONTOYA en su puesto de trabajo desde el 08 de marzo de 2010 y teniendo de forma precisa la cuantía sobre la cual debe caer la ejecución provisional la cual es por la cantidad de CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.109,315.39) cantidad que corresponde a lo condenado en primera instancia y confirmada por el tribunal de alzada y que la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, deberá enterar al demandante o bien a su apoderado legal, condena deberán ser ejecutadas provisionalmente al momento del requerimiento que efectúe este Juzgado PREVIO la prestación de una caución por el 20% del valor condenado en concepto de REAJUSTE DE SALARIO ADEUDADO por la cantidad de L.21,863.07 a través de cheque certificado por una institución bancaria a favor del Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dicha caución es fijada en esa cantidad atendiendo a la proporcionalidad de la capacidad económica del solicitante a través de su apoderado legal, misma que tendrá que enterar a este Juzgado en un plazo de (5) días a partir de la notificación de esta resolución. Haciéndole la advertencia al ejecutante que en el eventual caso que la sentencia que se pretende ejecutar de forma provisional fuera total o parcialmente revocada, deberá de responder de todos los daños producidos al ejecutado, los cuales se exigirán de inmediato en este mismo proceso.” (Folio 30 de la pieza del A-quo). 4) No conforme con la resolución relacionada en el numeral que antecede, en fecha nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA interpuso recurso de reposición subsidiariamente de apelación. (Folio 31 de la pieza del A-quo) 5) Que la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al conocer del recurso de apelación interpuesto relacionado en numeral que anterior, en fecha tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016), falló: “1.-REFORMANDO la resolución apelada de fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis únicamente en cuanto a que fija una caución del 20% del valor condenado en concepto de reajuste de salario adeudado por la cantidad de Lps.21,863.07, en consecuencia se ordena la ejecución provisional tal y como lo ordena la Juez en el auto apelado sin la prestación de caución; 2.-SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folios del 48 al 50 de la pieza del Ad-quem) 6) Que el Abogado LUIS ANTONIO CASTILLO RIVERA, actuando a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), reclamando acción de amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad Quem que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República de Honduras. Teniéndose por formalizada la acción de amparo en fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 7) Que en fecha veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017), tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, la cual fue de la opinión de que “NO SE OTORGUE”, la presente acción de amparo, pues no han ocurrido las vulneraciones alegadas por el demandante, con las correspondientes consecuencias legales. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, se establece que en el escrito de interposición del recurso se desprende que el amparista acude a esta instancia aduciendo que con la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha tres (3) de mayo del dos mil dieciséis (2016), contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha primero (1) de febrero del dos mil dieciséis (2016), con relación a la ejecución provisional de la sentencia dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS RICARDO SAGER MONTOYA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) violenta las garantías constitucionales del debido proceso y al principio de legalidad consignados en la Carta Magna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que luego de un estudio exhaustivo de la presente acción de amparo interpuesto por el recurrente, como se hace constar en la causa quien arguye que el fallo proferido por el Ad Quem violenta las garantías contenidas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, quien acude a esta instancia argumentando que la Corte de Apelaciones emitió resolución contraria a derecho, al reformar el auto de fecha primero (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en el cual ordena al ejecutante que previo a la ejecución provisional de la sentencia debe cumplir con la prestación de la caución del veinte por ciento (20%) del valor condenado en concepto de reajuste de salario adeudado, apreciando que del análisis de los antecedentes del presente caso, el pago de la caución establecida constituye una exigencia injustificada ya que el demandante acudió a los tribunales a fin de que sus derechos sean protegidos, por lo tanto la caución del veinte por ciento (20%) a enterar, no es una obligación sine que nom exigida por la ley previo a solicitar la ejecución provisional de la sentencia. De lo anterior en consonancia con el artículo 773 y 774 numeral primero del Código Procesal Civil, en donde el solicitante de ejecución provisional no vendrá obligado a prestar garantía o caución para los posibles perjuicios que se podrían irrogar al ejecutado en caso de revocación de la sentencia, sin embargo podrá el Juez ordenar al solicitante la prestación de dicha garantía o caución previamente a la admisión de la solicitud a la vista de las circunstancias del caso y atendida la capacidad económica del solicitante por lo que se dictará mandamiento de ejecución provisional si el juez estima que concurren los presupuestos procesales, el título es provisionalmente ejecutable, se solicitó oportunamente y en su caso, el solicitante prestó la garantía correspondiente que hubiere fijado el Juez. Apreciándose lo anterior que si bien es cierto según la norma antes citada se establece la posibilidad de ordenar la garantía o caución, la misma podrá ser aplicada a la vista de las circunstancias del caso del solicitante, y el caso sub dice la misma constituye un gasto en perjuicio del accionante, quien ha comparecido al órgano jurisdiccional en tutela de sus derechos, por lo que se estaría restringiendo el mismo ante la consignación de un determinado valor monetario, cuando al empresa demandada (ENEE) fue la condenada a reconocerle sus derechos laborales. CONSIDERANDO CINCO (5): Tomando en cuenta que estamos hablando de materia civil, que si bien es cierto es la que se aplica supletoriamente, también es cierto que estamos ante una amparo en materia laboral, por lo que a quien se le está solicitando caución es al trabajador que es la parte más débil de la relación laboral, entonces si existe la posibilidad que en materia civil no se preste garantía o caución con mayor razón en la materia laboral. Que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Trabajo de Francisco Morazán no vulnera la garantía contenida en el artículo 321 constitucional, ya que las resoluciones judiciales dictadas por el A quo como por el Ad quem, han sido emitidas dentro de las atribuciones a ellas conferidas, primeramente en la Constitución de la República en donde se indica que corresponderá a los órganos jurisdiccionales juzgar y ejecutar lo juzgado, estas atribuciones, tomando como marco legal lo preceptuado el artículo 321 constitucional que versa: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Del análisis se puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el principio de legalidad, consecuentemente no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 2, 3 numeral 2, 41 numeral 1, 44, 45, 47, 49, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 858 Código del Trabajo; 22, 771 numeral 1. y 2., 773, 774 numeral 1. Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO

Interpuesta por el Abogado LUIS ANTONIO CASTILLO RIVERA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha tres (3) de mayo del dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA.- NOTIFÍQUESE FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0629-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL