Sentencia AL-626-16 — Registro 6710
Resumen
La Sala Constitucional en precedentes jurisprudenciales ha establecido que las estipulaciones consignadas en algunos contratos de servicios profesionales no corresponden a la realidad, ya que estos presentan sus propias características que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y son nulos de pleno derecho porque implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador.
Respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.." Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este Artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”.-
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna..."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 40 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha quince de junio de dos mil dieciséis, que CONFIRMÓ el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por la señora FANY JESSENIA CASTRO VALDERRAMOS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República de Honduras.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintiuno de enero de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada FANY YESSENIA CASTRO VALDERRAMOS promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA REINSTALACIÓN A MI PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCIÓN A MIS FUNCIONES, POR HABER SIDO SUSPENDIDA DEL MISMO Y ANTE LA NEGATIVA DEL PATRONO DE LA NO SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO, Y POR EXISTIR YA, UNA ACCIÓN JUDICIAL EN ESTE JUZGADO PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO MI RELACIÓN LABORAL. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. COSTAS DEL JUICIO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- SE OTORGA PODER.” contra el ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su Representante Legal el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. (Folios 1-3 de la pieza del A-quo).- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en la continuación de la audiencia de primera de trámite, para decidir sobre el Incidente por Declinatoria por Falta de Jurisdicción del Tribunal y Defecto Procesal de Litis Pendencia opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada en fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, declaró procedente en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, declarar SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE LITIS PENDENCIA opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada y falló: “I.-Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL y EFECTO PROCESAL DE LITIS PENDENCIA… II.-SIN COSTAS en esta instancia.” (Folio 376-382 de la pieza del A-quo).- 3) No conforme con la resolución relacionada en el numeral que antecede, en la misma continuación de la audiencia de primera de trámite la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ en su condición de Representante Procesal de la parte demanda interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación por no estar conforme con el auto interlocutorio dictado. En ese mismo acto el Juzgado resolvió declarar Sin Lugar el recurso de reposición interpuesto. (Folio 382 de la pieza del A-quo).- 4) Que la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al conocer del recurso de apelación antes relacionado, en fecha quince de junio de dos mil dieciséis, falló: “1.-Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación, opuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, Representante Procesal demandada.- 2.-CONFIRMAR el auto de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán… 3.-SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 95-98 la pieza del Ad-quem.).- 5) Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, actuando a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República de Honduras. Teniéndose por formalizada la acción de amparo en fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.- 6) Que esta Sala, en fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, la cual fue de la opinión de “QUE SE DENIEGUE” el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil dieciséis, que CONFIRMÓ el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por la señora FANY JESSENIA CASTRO VALDERRAMOS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en los Artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República, por cuanto de conformidad a nuestra normativa laboral administrativa, no se puede contemplar como empleada regular, por haber ejercido una labor en forma temporal, regidas por las clausulas del contrato de Servicios Profesionales, suscrito con su representado, en la que consta el inicio de su labor en la sede administrativa y su finalización; de lo anterior se deduce que los servidores públicos temporales que acuden erróneamente a la instancia del Juzgado de Trabajo, están fuera del alcance de la protección que brinda el Código de Trabajo, pues los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Técnicos celebrados, se colige la existencia de ciertas clausulas contractuales, las cuales son el cuerpo que regula la prestación del servicio de las partes y el ente administrativo que entre ellas esta la fecha de inicio y finalización. Las que son de amplio conocimiento de la demandante.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vinculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la laboral tal y como se ha planteado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil trece (2013), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de merito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es no competente para conocer del mismo.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este Artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que consta en el expediente que la parte demandada, entre los medios allegados al proceso en relación al incidente de Declinatoria, acredita contratos de servicios profesionales, suscritos entre las partes, mismos que en la cláusula Octava establecen que: “Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción”.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERNADO DIECIOCHO (18): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que no procede la celebración de contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado; y, conforme lo dispuesto en el Código de Trabajo, son nulos ipso jure, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, Código de Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, en consecuencia se tiene como no valido el sometimiento en dichos contratos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y siendo que la relación laboral entra dentro del campo de la materia laboral regulada por el Código de Trabajo, es procedente declarar sin lugar el incidente y defecto procesal, interpuestos por el representante procesal de la demandada. Por lo que procede su confirmatoria.- CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del año dos mil quince.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0626-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha quince de junio de dos mil dieciséis, que CONFIRMÓ el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por la señora FANY JESSENIA CASTRO VALDERRAMOS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República de Honduras.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintiuno de enero de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada FANY YESSENIA CASTRO VALDERRAMOS promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA REINSTALACIÓN A MI PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCIÓN A MIS FUNCIONES, POR HABER SIDO SUSPENDIDA DEL MISMO Y ANTE LA NEGATIVA DEL PATRONO DE LA NO SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO, Y POR EXISTIR YA, UNA ACCIÓN JUDICIAL EN ESTE JUZGADO PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO MI RELACIÓN LABORAL. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. COSTAS DEL JUICIO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- SE OTORGA PODER.” contra el ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su Representante Legal el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. (Folios 1-3 de la pieza del A-quo).- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en la continuación de la audiencia de primera de trámite, para decidir sobre el Incidente por Declinatoria por Falta de Jurisdicción del Tribunal y Defecto Procesal de Litis Pendencia opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada en fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, declaró procedente en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, declarar SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE LITIS PENDENCIA opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada y falló: “I.-Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL y EFECTO PROCESAL DE LITIS PENDENCIA… II.-SIN COSTAS en esta instancia.” (Folio 376-382 de la pieza del A-quo).- 3) No conforme con la resolución relacionada en el numeral que antecede, en la misma continuación de la audiencia de primera de trámite la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ en su condición de Representante Procesal de la parte demanda interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación por no estar conforme con el auto interlocutorio dictado. En ese mismo acto el Juzgado resolvió declarar Sin Lugar el recurso de reposición interpuesto. (Folio 382 de la pieza del A-quo).- 4) Que la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al conocer del recurso de apelación antes relacionado, en fecha quince de junio de dos mil dieciséis, falló: “1.-Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación, opuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, Representante Procesal demandada.- 2.-CONFIRMAR el auto de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán… 3.-SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 95-98 la pieza del Ad-quem.).- 5) Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, actuando a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República de Honduras. Teniéndose por formalizada la acción de amparo en fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.- 6) Que esta Sala, en fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, la cual fue de la opinión de “QUE SE DENIEGUE” el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de junio de dos mil dieciséis, que CONFIRMÓ el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por la señora FANY JESSENIA CASTRO VALDERRAMOS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en los Artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República, por cuanto de conformidad a nuestra normativa laboral administrativa, no se puede contemplar como empleada regular, por haber ejercido una labor en forma temporal, regidas por las clausulas del contrato de Servicios Profesionales, suscrito con su representado, en la que consta el inicio de su labor en la sede administrativa y su finalización; de lo anterior se deduce que los servidores públicos temporales que acuden erróneamente a la instancia del Juzgado de Trabajo, están fuera del alcance de la protección que brinda el Código de Trabajo, pues los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Técnicos celebrados, se colige la existencia de ciertas clausulas contractuales, las cuales son el cuerpo que regula la prestación del servicio de las partes y el ente administrativo que entre ellas esta la fecha de inicio y finalización. Las que son de amplio conocimiento de la demandante.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vinculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la laboral tal y como se ha planteado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil trece (2013), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de merito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es no competente para conocer del mismo.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[3]”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este Artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[4]”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que consta en el expediente que la parte demandada, entre los medios allegados al proceso en relación al incidente de Declinatoria, acredita contratos de servicios profesionales, suscritos entre las partes, mismos que en la cláusula Octava establecen que: “Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción”.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERNADO DIECIOCHO (18): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que no procede la celebración de contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado; y, conforme lo dispuesto en el Código de Trabajo, son nulos ipso jure, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, Código de Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, en consecuencia se tiene como no valido el sometimiento en dichos contratos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y siendo que la relación laboral entra dentro del campo de la materia laboral regulada por el Código de Trabajo, es procedente declarar sin lugar el incidente y defecto procesal, interpuestos por el representante procesal de la demandada. Por lo que procede su confirmatoria.- CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del año dos mil quince.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0626-2016.- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
JML
[1] Articulo 19 del Código del Trabajo.
[2] Articulo 20 del Código del Trabajo.
[3] Articulo 19 del Código del Trabajo.
[4] Articulo 20 del Código del Trabajo.