Sentencia AL-502-17 — Registro 10351
Resumen
Resolución impugnada que resolvió recurso de apelación y confirmó desestimación de incidente excepción dilatoria por defectos procesales de representación por carecer de legitimación ordinaria, en relación a demanda laboral interpuesta contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia de una excepción dilatoria por defectos procesales de representación por carecer de legitimación ordinaria, misma que correspondía ser decidida por el Juez ante el cual se planteó y por el Tribunal de Alzada que conoció de la misma por vía de recurso de apelación, para todo lo cual, según alcanza a apreciar esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada, mediante la que deniega el recurso de apelación de mérito y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el recurso interpuesto por el recurrente fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor la sociedad mercantil denominada AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.L. DE C.V., (ASIS S. DE R.L. DE C.V.), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por el señor MANUEL DE JESUS SALVADOR PADILLA, en contra de la AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.L. DE C.V. y la empresa LEYDE Y DERIVADOS S.A. (LEYDE).-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que el recurrente funda su agravio en que con la resolución reclamada se tuvo por desestimada la excepción que planteó y se confirmó la decisión del A-quo, indicando el quejoso que se ha dejado en estado de indefensión a su representada toda vez que a criterio del reclamante, la Alzada da por probados los hechos alegados por el demandante.-CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con el acto reclamado se han vulnerado las garantías reconocidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y en especifico del acto reclamado se aprecia que la Alzada decidió confirmar la resolución apelada toda vez que para la proposición de los defectos que pueden ser alegados por las partes debe respetarse los principios de contradicción e intermediación, así mismo indica el Ad-quem que coincide con el A-quo en cuanto que al haber sido demandadas las dos sociedades es necesario emplazar a la empresa LEYDE Y DERIVADOS S.A. (LEYDE) para determinar lo que alega el recurrente en cuanto a que no existe una relación patronal entre la empresa LEYDE Y DERIVADOS S.A. (LEYDE) y el demandante.-CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia de una excepción dilatoria por defectos procesales de representación por carecer de legitimación ordinaria, misma que correspondía ser decidida por el Juez ante el cual se planteó y por el Tribunal de Alzada que conoció de la misma por vía de recurso de apelación, para todo lo cual, según alcanza a apreciar esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada, mediante la que deniega el recurso de apelación de mérito y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el recurso interpuesto por el recurrente fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 710 del Código del Trabajo; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor la sociedad mercantil denominada AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.L. DE C.V., (ASIS S. DE R.L. DE C.V.), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil diecisiete, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- .- NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME,-Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha diecinueve (19) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0502-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor la sociedad mercantil denominada AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.L. DE C.V., (ASIS S. DE R.L. DE C.V.), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete, con relación a la demanda laboral promovida por el señor MANUEL DE JESUS SALVADOR PADILLA, en contra de la AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.L. DE C.V. y la empresa LEYDE Y DERIVADOS S.A. (LEYDE).-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que el recurrente funda su agravio en que con la resolución reclamada se tuvo por desestimada la excepción que planteó y se confirmó la decisión del A-quo, indicando el quejoso que se ha dejado en estado de indefensión a su representada toda vez que a criterio del reclamante, la Alzada da por probados los hechos alegados por el demandante.-CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con el acto reclamado se han vulnerado las garantías reconocidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y en especifico del acto reclamado se aprecia que la Alzada decidió confirmar la resolución apelada toda vez que para la proposición de los defectos que pueden ser alegados por las partes debe respetarse los principios de contradicción e intermediación, así mismo indica el Ad-quem que coincide con el A-quo en cuanto que al haber sido demandadas las dos sociedades es necesario emplazar a la empresa LEYDE Y DERIVADOS S.A. (LEYDE) para determinar lo que alega el recurrente en cuanto a que no existe una relación patronal entre la empresa LEYDE Y DERIVADOS S.A. (LEYDE) y el demandante.-CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia de una excepción dilatoria por defectos procesales de representación por carecer de legitimación ordinaria, misma que correspondía ser decidida por el Juez ante el cual se planteó y por el Tribunal de Alzada que conoció de la misma por vía de recurso de apelación, para todo lo cual, según alcanza a apreciar esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada, mediante la que deniega el recurso de apelación de mérito y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el recurso interpuesto por el recurrente fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 710 del Código del Trabajo; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor la sociedad mercantil denominada AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.L. DE C.V., (ASIS S. DE R.L. DE C.V.), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil diecisiete, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- .- NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME,-Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.”-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha diecinueve (19) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0502-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL