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Sentencia AL-387-15 — Registro 6629

Resumen

Sentencia declaró sin lugar una excusa presentada en el recurso de apelación contra actuaciones del juzgado de primera instancia en la demanda laboral para que se declare por tiempo definido una relación laboral como instructor A-I con reclamo de reintegro al puesto que ostentaba y al pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Para que esta Sala se pronuncie debe observar los hechos desde el prisma de la Justicia Constitucional como el mecanismo para hacer respetar y garantizar los derechos fundamentales de las partes intervinientes en el proceso. Es así que los plazos y términos están prescritos en la ley en consecuencia solo podrá dejar de cumplirse por causas determinadas en la ley, en ese orden de ideas, ciertamente que la salud es un derecho relevante en la vida de las personas y la pérdida de la misma en muchas ocasiones es difícil de impedir. Sin embargo en el caso que nos ocupa, no se duda de la pérdida de salud de la recurrente, sin embargo de acuerdo a lo manifestado por ella misma, conoce las causas que afectan su salud, puesto que ha dicho que ya ha ocurrido tal acontecimiento en otra oportunidad (otra audiencia a la que no pudo comparecer), por lo que no es un hecho imprevisible e inevitable, en ese sentido la ciencia médica provee los tratamientos propios para dicha afectación de salud, por lo que no es un hecho que la recurrente no haya podido evitar o prevenir al menos, siguiendo el tratamiento adecuado, siendo que el hecho ha podido ser previsto con la diligencia exigible o evitado con una actividad diligente, no existe el caso fortuito, por otra parte la recurrente debió utilizar cualquier medio de comunicación disponible a su alcance, para informar al Tribunal su no comparecencia. Siendo así resulta que la impetrante dejó transcurrir el término señalado para realizar la audiencia de alegaciones, por lo que la resolución dictada por el Ad quem es conforme a derecho, quien no ha hecho sino sujetarse a lo que la ley establece..."..."esta Sala observa que la resolución dictada por el Tribunal de alzada es conforme a derecho, sujetándose estrictamente a la ley en cumplimiento a los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que el quebranto al debido proceso invocado por la impetrante no es de recibo..."..."esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la recurrente ha tenido la mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DALIA ELIZABETH HAM NAVARRO, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, que declaro sin lugar una excusa presentada en el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda laboral promovida por la señora ALEJANDRA MARCELA GODOY, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.- Considera la recurrente que se le ha violentado el articulo 82 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la señora ALEJANDRA MARCELA GODOY NAVARRO, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. (Folio 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes).- 2) Que el referido Juzgado, dictó resolución en fecha cinco de febrero de dos mil quince, en el cual RESUELVE: 1) “Declarando CON LUGAR la demanda acumulada promovida por la señora ALEJANDRA MARCELA GODOY ALVARADO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de la Rectora JULIETA CASTELLANOS RUIZ, en cuanto a que se le declare por tiempo indefinido su relación laboral como instructor A-I y como consecuencia se ordene el reintegro al puesto que ostentaba al momento de la terminación laboral, y a pagar los salarios dejados de percibir; 2) CONDENA AL DEMANDADO la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a reconocer a ALEJANDRA MARCELA GODOY ALVARADO, se le declare por tiempo indefinido su relación laboral como instructor A-I desde el inicio de la relación laboral a reconocerle los derechos que ostenta los trabajadores permanentes y como consecuencia se ordene el reintegro al puesto que desempeñaba al momento de la terminación laboral y a pagar los salarios dejados de percibir. 3) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por ALEJANDRA MARCELA GODOY ALVARADO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, (UNAH) a través de la Rectora JULIETA CASTELLANOS RUIZ, en cuanto al pago de salarios adeudados 4) ABSUELVE AL DEMANDADO la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, (UNAH) a través de la Rectora JULIETA CASTELLANOS RUIZ, a pagar los salarios adeudados) a ALEJANDRA MARCELA GODOY ALVARADO.- 5) SIN COSTAS en esta instancia”...(Folio 110 al 113 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que encontrándose el expediente de merito en la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, para la Audiencia de Alegaciones en el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DALIA ELIZABET HAM NAVARRO, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, en la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por la señora ALEJANDRA MARCELA GODOY ALVARADO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), quien presentó excusa en relación a la no comparecencia a la audiencia de alegaciones celebrada el día dos (2) de marzo del año dos mil quince (2015) y asimismo solicita señale nueva fecha para la celebración de la mismas. (Folios 3 y 4 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, Declara Sin Lugar la excusa presentada por la Abogada DALIA ELIZABETH NAVARRO, en virtud que la recurrente espero hasta el día siguiente para presentar la excusa correspondiente, sin embargo pudo haber notificado su estado de salud el mismo día por cualquiera de los medios electrónicos existentes. (Folio 6 segunda pieza de antecedentes).- 5) La recurrente abogada DALIA ELIZABETH HAM NAVARRO, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de mayo del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representada, el artículo 82 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha once de agosto del agosto de dos mil quince.- 6) Que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Sin Lugar una excusa presentada en el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda laboral promovida por la señora ALEJANDRA MARCELA GODOY contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo, en su parte conducente (F. 27 pieza de amparo) dice: "1.-Para el día lunes dos de marzo del presente año a la una con quince minutos de la tarde, la corte de apelaciones del Trabajo, señaló audiencia de Alegaciones, en la demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora ALEJANDRA MARCELA GODOY contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H)". 2.- Sigue manifestando la impetrante que el día antes señalado se vio obligada acudir al Centro Médico de la Colonia San Miguel, en virtud de que se le elevó la presión arterial a 140, señalando que tiene antecedentes de haberse puesto mal en ocasión anterior y no haber asistido a una audiencia también señalada, presentando excusa acreditando su no comparecencia, con la diferencia que la excusa anterior se la extendió el Hospital Escuela Universitario, en virtud de que para esa ocasión se encontraba en una reunión en el mismo. La recurrente considera que se ha vulnerado el derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional, al no permitirle hacer sus alegaciones a pesar de haber presentado excusa, señalando que ha venido padeciendo de la presión desde hace varios días lo que está acreditado no solo en ese expediente. Asimismo dice que se le irrespeta el Debido proceso al negársele el derecho procesal a una nueva audiencia por caso fortuito ya que como dice la constancia la presión se le elevó a pesar de estar en tratamiento, lo que no pudo evitar o prevenir.- CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en fecha dos (02) de marzo del año dos mil quince a la una y quince minutos de la tarde día señalado para la celebración de la audiencia de Alegaciones. Resulta que una vez abierta que fue dicha audiencia no compareció la abogada DALIA ELIZABETH HAM quien ostenta la condición de apoderada apelante, por lo que la corte impugnada "RESUELVE: 1.-Habiéndose hecho una espera prudencial a la Abogada DALIA ELIZABETH HAM NAVARRO en su condición de apoderada apelante y no habiendo comparecido a la audiencia se le precluye el derecho a formular alegatos, artículo 858 del Código del Trabajo en relación con el 18 numeral 2), 22), y 126), del Código Procesal Civil".- CONSIDERANDO (6): Que la palabra “preclusión” es un vocablo típicamente jurídico cuyo significado alude a la sanción que trae consigo el desaprovechamiento de los términos por la parte interesada. La regla es que si no ejercita el derecho dentro del término legal que le ha sido fijado, se extingue ese derecho en su perjuicio…. Es la institución jurídica en virtud de la cual, la parte dentro del proceso está imposibilitada para ejercer un derecho fuera del momento oportuno en que pudo haberlo hecho.- CONSIDERANDO (7): Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 del código Procesal Civil de los tiempos de realización de los Actos Procesales; en su numeral 1 dispone: “Las actuaciones judiciales se practicarán puntualmente en la fecha, día y hora hábil señalados, sin admitirse dilación”. El incumplimiento a esta disposición de acuerdo al artículo 122 del mismo cuerpo legal da lugar a incurrir en una FALTA GRAVE de parte del Juez o Magistrado que sin justificación, no cumple con realizar las actuaciones judiciales en la fecha señalada o dentro del plazo legal respectivo. Por su parte el artículo 123 del código de rito, dispone la PERENTORIEDAD DEL PLAZO es decir son improrrogables, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito apreciable por el tribunal.- CONSIDERANDO (8): Que la recurrente ha señalado que la causa por la que no compareció a la audiencia de alegaciones señalada por el Tribunal de alzada resulta de un hecho fortuito. De acuerdo a la doctrina con las palabras “caso fortuito o fuerza mayor se designa el impedimento que sobreviene para cumplir la obligación, debido a un suceso extraordinario ajeno a la voluntad del deudor”. “Aunque pudiera establecerse cierta diferencia entre el significado de ambas expresiones, en la práctica carecería de utilidad, pues las leyes modernas, al igual de las romanas, emplean indistintamente una u otra en el sentido de impedimento insuperable”[1]. De acuerdo a su significado el caso fortuito alude a la circunstancia de ser una cosa imprevista y fuerza mayor a la de ser insuperable, es decir un evento que aunque pudiera preverse es inevitable, en un sentido amplio en materia civil el caso fortuito es sinónimo de la fuerza mayor señalándose dos causas para ello, que son los hechos producidos por el hombre y los producidos por la naturaleza, no caen en estas categorías aquellos hechos cuya intensidad no sobrepasa lo que acontece normalmente[2]. Si bien la recurrente en la formalización del recurso expresa “…caso fortuito ya que como dice la constancia la presión se le elevó a pesar de estar en tratamiento, lo que no pudo evitar o prevenir” (las negritas son nuestras). Examinado que fue el documento no se aprecia en ninguna de sus partes que la medico tratante deje establecido que la paciente a pesar de estar en tratamiento sufrió dicha alteración a su salud, no existe tal aseveración. En consecuencia debe tenerse en cuenta en el caso fortuito por definición, que es imprevisible e inevitable, si el hecho ha podido ser previsto con la diligencia exigible o evitado con una actividad diligente, no habrá caso fortuito, tal como acontece en el caso que nos ocupa.- CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que efectivamente la apelante, ahora recurrente no compareció a la audiencia de alegaciones señalada por el Tribunal de alzada, manifestando haberse encontrado enferma y tener que presentarse a una clínica médica, lo que considera un hecho fortuito, por lo que, al no señalarle nueva audiencia se le quebranta sus derechos constitucionales. Consta en los antecedentes, la hoja simple de recetario del Centro Médico San Miguel (Folio 5 Segunda pieza), que corresponde a una constancia extendida a la impetrante haciendo constar que fue tratada en esa clínica por crisis hipertensiva el día dos de marzo del año 2015; no se aprecia la hora de ingreso de la paciente ni su hora de salida, ni fue consignado en la misma lo manifestado por la recurrente, referido a que en la constancia se expresa que “la presión se le elevó a pesar de estar en tratamiento, lo que no pudo evitar o prevenir. Para que esta Sala se pronuncie debe observar los hechos desde el prisma de la Justicia Constitucional como el mecanismo para hacer respetar y garantizar los derechos fundamentales de las partes intervinientes en el proceso. Es así que los plazos y términos están prescritos en la ley en consecuencia solo podrá dejar de cumplirse por causas determinadas en la ley, en ese orden de ideas, ciertamente que la salud es un derecho relevante en la vida de las personas y la pérdida de la misma en muchas ocasiones es difícil de impedir. Sin embargo en el caso que nos ocupa, no se duda de la pérdida de salud de la recurrente, sin embargo de acuerdo a lo manifestado por ella misma, conoce las causas que afectan su salud, puesto que ha dicho que ya ha ocurrido tal acontecimiento en otra oportunidad (otra audiencia a la que no pudo comparecer), por lo que no es un hecho imprevisible e inevitable, en ese sentido la ciencia médica provee los tratamientos propios para dicha afectación de salud, por lo que no es un hecho que la recurrente no haya podido evitar o prevenir al menos, siguiendo el tratamiento adecuado, siendo que el hecho ha podido ser previsto con la diligencia exigible o evitado con una actividad diligente, no existe el caso fortuito, por otra parte la recurrente debió utilizar cualquier medio de comunicación disponible a su alcance, para informar al Tribunal su no comparecencia. Siendo así resulta que la impetrante dejó transcurrir el término señalado para realizar la audiencia de alegaciones, por lo que la resolución dictada por el Ad quem es conforme a derecho, quien no ha hecho sino sujetarse a lo que la ley establece.- CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Acorde a lo antes señalado, esta Sala observa que la resolución dictada por el Tribunal de alzada es conforme a derecho, sujetándose estrictamente a la ley en cumplimiento a los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que el quebranto al debido proceso invocado por la impetrante no es de recibo.- CONSIDERANDO (11): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones.- CONSIDERANDO (12): Que de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la recurrente ha tenido la mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente.- CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada DALIA ELIZABETH HAM NAVARRO, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán. Y MNADA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0387-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL