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Sentencia AL-28-17 — Registro 12057

Resumen

Recurso de Amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda Ordinaria Laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este articulo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. CONSIDERANDO DOCE (12): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DINA CARLOTA MOLINA UYOA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que Confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda Ordinaria Laboral, Promovida por la señora FELA ISABEL CHAVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora FELA ISABEL CHAVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, interponiendo demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA)- (Folio 01 al 03 de la primera pieza del Juzgado)2) Que el referido Juzgado, en Audiencia Primera de Trámite de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) Resolvió: Declarar Sin Lugar el Incidente por declinatoria de incompetencia de Tribunal, Opuesto por el representante procesal de la parte demandada…” (Folio 18 al 22 de la pieza del Juzgado)3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINA CARLOTA MOLINA UYOA en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) FALLA:1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada DINA CARLOTA MOLINA UYOA, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandada apelante.- 2) Confirmando el Auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de septiembre del año 2016, que corre a folios 18 al 22 de la pieza compulsada…”. (Folio 37 al 39 de la pieza de la Corte de Apelaciones)4) La recurrente abogada DINA CARLOTA MOLINA UYOA, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República. 5) En fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciséis (2016), la Sala declara caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, asimismo conforme se desprende el escrito de interposición se aprecia que la recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación por lo cual es procedente continuar con el procedimiento dando vistas de los antecedentes por el termino de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen. (folio 22 de la pieza de amparo) 6) Que con fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que Confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda Ordinaria Laboral, Promovida por la señora FELA ISABEL CHAVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada DINA CARLOTA MOLINA UYOA, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, pues se colige que la vulneración por parte de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo al emanar la Sentencia objeto de este Tutelar Amparo, lo constituye el hecho, que el actor, al acudir con sus pretensiones al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, no observó en su libelo de la demanda, el procedimiento y la forma que señala la Ley para esta clase de juicios que es el dirigir correctamente su designación ante el órgano y representante competente; asimismo es evidente la violación cuando está bien claro, que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, es incompetente para conocer esta causa; a pesar de haberse acreditado el defecto que contiene la designación del Tribunal para conocer de la demanda y contra quien se dirige la misma, tal como lo establece la Clausula Novena, del Contrato: ”SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversia que surgiere de este contrato, será sometida en todo al derecho administrativo interno de la institución y en ultima instancia ante la normativa establecida por la Ley de lo Contencioso Administrativo”; es decir que dada la naturaleza de los contratos administrativos estos están sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vinculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la laboral tal y como se ha planteado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el A-quo en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil trece (2013), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda. CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de merito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es no competente para conocer del mismo. CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este articulo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. CONSIDERANDO DOCE (12): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO DIECISIETE (17): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en la existencia de una relación jurídica laboral y no la prestación de contratos de servicios profesionales, las que se refieren a otra relación de trabajos técnicos, en consecuencia el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo esta apegado a derecho. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DINA CARLOTA MOLINA UYOA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 028=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Articulo 19 del Código del Trabajo.

[2] Articulo 20 del Código del Trabajo.