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Sentencia AL-164-17 — Registro 6709

Resumen

Sentencia confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda laboral de pago de indemnización por accidente de trabajo, pago de prestaciones, derechos adquiridos por despido injustificado y salarios dejados de percibir promovida contra el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., once de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, a favor del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS); recurso contra la Sentencia Interlocutoria de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete, dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL FRANCISCO MORAZÁN, que confirmó la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis; con relación a la Demanda Ordinaria para el pago de indemnización por accidente de trabajo, pago de prestaciones, derechos adquiridos por despido injustificado y salarios dejados de percibir promovida por la señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO, contra el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS).-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el Quejoso es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado el debido proceso a su representada , al no apreciar la Alzada el hecho de que la señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO dirigió la demanda contra el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS), siendo ésta una institución desconcentrada del Estado, y dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tal como lo expresa el Decreto 12-2000, reformado por el 137-2011.- CONSIDERANDO: Que el recurrente invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, las garantías reconocidas en los artículos 82, 90,228, 304 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes y en especifico de la resolución censurada por el accionante, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el Recurso de Apelación, en virtud de que apreció que el punto sometido a discusión consistía en la existencia de un contrato de trabajo el cual no puede fundarse solamente en la existencia de un contrato de servicios profesionales el que establece un término determinado de duración, y siendo que los contratos suscritos en este caso cumplen con los elementos del contrato de trabajo requeridos por el articulo 20 del Código de Trabajo no dejando de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. - CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, a favor del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS); recurso contra la Sentencia Interlocutoria de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete, dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL FRANCISCO MORAZÁN, que confirmó la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha once (11) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0164-2017.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., once de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, a favor del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS); recurso contra la Sentencia Interlocutoria de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete, dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL FRANCISCO MORAZÁN, que confirmó la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis; con relación a la Demanda Ordinaria para el pago de indemnización por accidente de trabajo, pago de prestaciones, derechos adquiridos por despido injustificado y salarios dejados de percibir promovida por la señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO, contra el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS).-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el Quejoso es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado el debido proceso a su representada , al no apreciar la Alzada el hecho de que la señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO dirigió la demanda contra el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS), siendo ésta una institución desconcentrada del Estado, y dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tal como lo expresa el Decreto 12-2000, reformado por el 137-2011.- CONSIDERANDO: Que el recurrente invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, las garantías reconocidas en los artículos 82, 90,228, 304 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes y en especifico de la resolución censurada por el accionante, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el Recurso de Apelación, en virtud de que apreció que el punto sometido a discusión consistía en la existencia de un contrato de trabajo el cual no puede fundarse solamente en la existencia de un contrato de servicios profesionales el que establece un término determinado de duración, y siendo que los contratos suscritos en este caso cumplen con los elementos del contrato de trabajo requeridos por el articulo 20 del Código de Trabajo no dejando de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. - CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, a favor del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS); recurso contra la Sentencia Interlocutoria de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete, dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL FRANCISCO MORAZÁN, que confirmó la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha once (11) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0164-2017.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL