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Sentencia AL-128-16 — Registro 12062

Resumen

Recurso de Amparo interpuesto a favor de la Sociedad Mercantil, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Desde la perspectiva constitucional el papel de las formalidades legales no son un fin en sí mismas, sino que buscan garantizar a los intervinientes del proceso una efectiva defensa de sus derechos e intereses.-Es por ello que para la Sala de lo Constitucional, corresponde denegar el amparo presentado, declarando que la decisión del ad quem que se ha impugnado por la vía constitucional del amparo, se encuentra arreglada a derecho, por no vislumbrarse violación alguna al derecho de defensa y al debido proceso.-"...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete. -VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V, (SETECH), contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de noviembre del año dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ARNALDO GODOY PINEDA, HERMES ALIRIO PACHECO, JUAN JOSE BANEGAS Y OTROS, contra la Sociedad Mercantil denominada SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L DE C.V, (SETECH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 82, 90, y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado HENRY DONALDO LAZO DOMINGUEZ, en su condición de apoderado legal de los señores ARNALDO GODOY PINEDA, HERMES ALIRIO PACHECO, JUAN JOSE BANEGAS Y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral contraída al pago de salarios adeudados, contra la Sociedad Mercantil denominada SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L DE C.V, (SETECH). (Folio 01 al 14 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que en Audiencia de Juzgamiento celebrada en fecha once de marzo de dos mil catorce, el Juzgado de Letras del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en la cual falló, DECLARANDO SIN LUGAR la demanda promovida por el Abogado HENRY DONALDO LAZO DOMINGUEZ, en su condición antes indicada, ABSOLVIENDO a la Sociedad Mercantil SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L DE C.V, (SETECH), del pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, Y CONDENÓ a la Sociedad Mercantil SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L DE C.V, (SETECH) a pagar a los demandantes la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.1,681,129.87). (Folios 220 al 226 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha trece de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V, (SETECH), solicitando se practicara reconocimiento judicial en las oficinas de la Inspección General de Trabajo, a fin de establecer in situ, el arreglo que se llevó a cabo en la referida oficina. (Folios 260 y 261 de la primera pieza de antecedentes).-4) Que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio de fecha dos de noviembre de dos mil quince, en el cual Resolvió: “PRIMERO: En cuanto al arreglo al que hace referencia el compareciente, corre folios 220 al 226 de autos la sentencia definitiva dictada por este juzgado en la cual consta específicamente en el considerando número (12), que lo solicitado por el compareciente en este acto fue resuelto por la suscrita. SEGUNDO: asimismo en cuanto al Reconocimiento Judicial solicitado por el compareciente, el cual se llevaría a cabo en la Inspección General del Trabajo, la Suscrita considera innecesario en vista que para el fin que tiene dicho medio de prueba ya fue resuelto en sentencia definitiva, en consecuencia por lo antes relacionado SE RECHAZA lo solicitado por el compareciente. Téngase por recibido los documentos que en este acto presenta el compareciente los cuales se mandan agregar a los autos…” (Folio 272 de la primera pieza de antecedentes) .-5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, en su condición antes indicada, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, en la cual: “…FALLA:I. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Teodoro Valester Gallo, en su condición de representante procesal de la sociedad Seguridad Técnica de Honduras S. de R.L. de C.V. (Setech); II. CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de noviembre del año dos mil quince, ….” (Folios 08 al 10 de la segunda pieza de antecedentes).-6) Que el recurrente Abogado TEODORO VALESTER GALLO, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L DE C.V, (SETECH), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, violenta en perjuicio de su representada, los artículos 82, 90, y 321 de la Constitución de la República. Teniendo formalizado en tiempo y forma la presente acción en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis.-7) Que con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, Se tuvo por evacuado la vista concedida la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, y por emitido su dictamen, en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. -ARGUMENTACIÓN JURÍDICA..-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo, estima que la resolución que se impugna, mediante la cual se declara sin lugar la apelación interpuesta, vulnera los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-Explica que se vulnera por una parte lo establecido en el artículo 379 del Código del Trabajo, el cual dispone que “todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente” y al mismo tiempo se vulnera los artículos 23 y 78 del Código de Comercio, en cuanto a que dichos artículos disponen sobre quienes recaen la representación de las sociedades de responsabilidad limitada.-Por otra parte señala que no es cierto que su poderdante, le haya otorgado la atribución que señala la juez de primera instancia, ya que el instrumento de poder otorgado a su persona lo que incorpora es que “pida requerimientos” que es cuestión diferente a ser requerido, por lo que al confrontar el criterio del juzgador con lo que dispone el poderdante, lo indicado por el A-Quo y el Ad quem al confirmar el auto apelado, hace suyos argumentos contrarios a lo que resulta de los propios términos del poder, por lo que los juzgadores de primera y segunda instancia incurren en equivocación en la interpretación de la ley, ya que los mismos confunden lo que es un requerimiento con una comunicación acto que se encuentra debidamente determinado en el artículo 138 numeral 2 del Código Procesal Civil., por lo que no es cierto que su representado, aclara que la facultad de recibir requerimiento no está comprendida dentro de las facultades otorgada a su persona. -Expresa que en este caso, es necesario que un requerimiento procesal de pago se practique en la persona de los representantes legales de su representada y no en su persona.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dispuso en su resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, declarar sin lugar la apelación interpuesta por el apoderado procesal de la sociedad mercantil SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L., contra la resolución de fecha dos de noviembre de dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán.-El ad quem fundamenta la anterior decisión en que del estudio de las diligencias, que conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo, los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de tramite; se sustanciaran sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencias definitivas, salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines, requieran una decisión previa, por otra parte encontrándose el presente juicio en etapa de ejecución, dispone el artículo 786 del Código del Trabajo, que en el juicio ejecutivo o etapa de ejecución no cobran incidentes ni excepciones, salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo y como se dijo el arreglo de pago es con anterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia.-Asimismo señala el Ad-Quem, que en cuanto a los requerimientos al profesional el derecho representante de la parte ejecutada, ya el artículo 138 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por disposición del artículo 858 del Código del Trabajo señala, que la comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de una representante procesal, quien firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. El agente de tribunales, abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA al emitir su dictamen fue de la opinión porque nose otorgue la garantía constitucional de amparo de mérito.-Para el Ministerio Publico no se ha violentado las garantías constitucionales a las que la recurrente hace referencia en su petición de amparo, ya que conforme lo dispuesto en el Código de Trabajo los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite, los cuales se sustanciaran sin interrumpir el juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, por lo que encontrándose el juicio en la fase de ejecución ya no cabrán incidentes ni excepciones. -Señalando la representante del Ministerio Publico, en cuanto al requerimiento efectuado al profesional del derecho, representante de la parte ejecutada, el Código Procesal Civil como norma supletoria por disposición del Código del Trabajo, manda que la comunicación con las partes personadas en juicio se hará a través de su representante procesal, por lo que con la resolución emitida por el Juzgado y confirmada por la Corte de Apelaciones se la ha tutelado tanto el derecho de defensa como el debido proceso.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. Este alto tribunal al examinar la formalización de la garantía constitucional de amparo, entiende que ésta tiene como propósito que se declare que la sentencia interlocutoria decretada por el ad quem, como acto de autoridad que es, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-En virtud de lo anterior el presente examen se centra en la presunta violación de los derechos de defensa y debido proceso legal, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-En complemento a todo lo hasta ahora expuesto, la Sala advierte que el examen que se hace en el contexto de la garantía constitucional de amparo, no tiene por objetivo verificar el cumplimiento de lo que dispone la norma legal, sino el goce y respeto de los derechos fundamentales.-En este sentido, la pregunta que habrá de formularse es: ¿Dada la decisión del ad quem de confirmar el requerimiento hecho al profesional del derecho, en su condición de apoderado procesal de la parte ejecutada sociedad mercantil SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L., trae como consecuencia que se vulnere los derechos de defensa y debido proceso de la referida Sociedad? .- Para empezar cabe señalarse que una de los componentes más relevantes del debido proceso es el derecho de defensa y por ende este análisis tomará este último como presupuesto para la existencia del primero.-Una vez establecido esto, se entiende que el derecho de defensa, en el contexto de un proceso legal, tiene como propósito último, garantizar a cada interviniente la posibilidad de enfrentar o hacer oposición cierta y efectiva, a cualquier señalamiento, imputación, censura; o en general, a cualquier agresión a un interés o derecho legítimo.-El derecho de defensa tiene un componente activo y otro reactivo. Esto quiere decir que la parte litigante de un proceso, ya sea judicial o administrativo, tiene facultades de proponer y refutar, ya sea: hechos, pruebas y alegatos de derecho. -El derecho de defensa comporta el ejercicio de otros derechos que le son consustanciales y que se entremezclan; verbigracia: a) El derecho de tutela judicial efectiva[4]; b) el derecho a no ser sancionado o vencido en juicio, sin antes haber sido oído ante un juez natural, independiente, profesional e imparcial; c) derecho a la asistencia técnica o sea ser representado o asistido por un profesional del derecho de su elección; d) con plena libertad de aportar alegaciones y pruebas en igualdad de condiciones en relación con la parte contraria; e) todo dentro de un plazo legal y razonable; etc.-Sin pretender hacer un tratado sobre el derecho de defensa, sino para tener una idea general, pero a la vez clara de éste, la Sala de lo Constitucional, llama la atención sobre el hecho de que dicho derecho comprende la idea de: “oportunidad de intervención en el proceso”; o sea el ejercicio voluntario y libre de la tutela de sus intereses y derechos; haciéndose oír por una parte y por otra, teniendo la plena seguridad de que todo lo expresado y aportado de su parte en el proceso, será tomado en cuenta, o será considerado y valorado por quien decide.-Asimismo el derecho de defensa no sólo opera en relación con la otra parte, sino en relación con el mismo juez en su condición de representante del Estado, o sea del pueblo democráticamente organizado.-El juez en virtud del derecho de defensa está en la obligación de garantizar la intervención libre y plena de cada uno de los intervinientes, proveyéndoles en un ambiente de igualdad, de los espacios que la ley permite para oírles y tomar en cuenta sus aportes en la construcción de la “verdad objetiva”, debatida en el proceso. Asimismo la obligación de dictar un fallo fundamentado en ley, debidamente argumentado; es decir motivado razonablemente.-De igual forma el derecho de defensa incluye el deber de la autoridad de mantener informadas a las partes de todas las incidencias del proceso. Asimismo de informarles los medios de impugnación que franquea la ley a su favor, para que puedan recurrir las decisiones adversas, exigiendo su revisión y si fuere el caso, su enmienda.-Sobre este último aspecto es que se circunscribe el asunto sub iudice, es decir: por una parte la comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes, en este caso un requerimiento a la parte ejecutada; y por otra parte, la oportunidad de reaccionar frente al mandato ordenado por el juez, ya sea positivamente accediendo o bien oponiéndose, inclusive mediante un recurso impugnatorio.-Este tema desde el punto de vista constitucional, refiere que el cumplimiento de las formalidades articuladas en la ley, debe tener como cuestión de fondo la garantía de que el acto de comunicación brinda el conocimiento necesario para lograr la reacción de quien se considere perjudicado con el acto comunicado.-Considerando todos estos elementos, es dable señalar que en el caso bajo examen, se observa que el requerimiento realizado al abogado TEODORO VALESTER GALLO, en su condición de apoderado procesal de la parte ejecutada, sociedad mercantil SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L., no le produjo a ésta indefensión alguna. -El artículo 858 del Código del Trabajo deja establecido que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo se aplicarán las normas análogas del Código de Procedimientos; ahora Código Procesal Civil.-Asimismo el artículo 779 del Código del Trabajo señala que:“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial arbitral firme. Cuando de fallos judiciales, laudos arbitrales, actos o documentos indubitados se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 509 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles, según sea el caso.”.-En consecuencia, para el cumplimiento de las obligaciones, se debe seguir el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, por lo que al analizar el artículo 139.1, el cual establece las obligaciones del apoderado legal de las partes, en este caso, establece:“La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su representante procesal quien firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante.”Es de hace notar en consecuencia, que si bien es cierto, el cumplimiento de la obligación derivada del fallo condenatorio correspondía a la empresa demandada a través de su administradores o gerentes (artículos 23 y 78 del Código de Comercio) de acuerdo a la normativa procesal vigente, el requerimiento puede hacerse al apoderado legal para que éste le hiciere saber a su poderdante el cumplimiento de la obligación. -En ese sentido resulta totalmente innecesario exigir que el requerimiento se efectué a quienes hacen de representante legal de la parte ejecutada. Es evidente que el resultado de dicha actuación conduciría al mismo estado actual del proceso, por lo que se estima que la innecesaria retracción de las diligencias, genera un perjuicio a la parte demandante.-Las formalidades del procedimiento e incluso del proceso, se encuentran previstas para garantizar a las partes todos los derechos que conforman lo que se ha denominado como debido proceso; por lo que la exigencia de estas formalidades en un cumplimiento a ultranza, tal como lo demanda el ad quem, al confirmar el requerimiento y sus actuaciones derivadas, sin existir un caso de indefensión, resulta ser el despropósito de una ley mal interpretada y aplicada.-Desde la perspectiva constitucional el papel de las formalidades legales no son un fin en sí mismas, sino que buscan garantizar a los intervinientes del proceso una efectiva defensa de sus derechos e intereses.-Es por ello que para la Sala de lo Constitucional, corresponde denegar el amparo presentado, declarando que la decisión del ad quem que se ha impugnado por la vía constitucional del amparo, se encuentra arreglada a derecho, por no vislumbrarse violación alguna al derecho de defensa y al debido proceso.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 82, 90, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2 y 3 literal c), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado TEODORO VALLESTER GALLO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V, (SETECH), contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de noviembre del año dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ARNALDO GODOY PINEDA, HERMES ALIRIO PACHECO, JUAN JOSE BANEGAS Y OTROS, contra Sociedad Mercantil denominada SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S DE R.L DE C.V, (SETECH).Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0128-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2]Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3]Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4]En términos generales, la tutela judicial efectiva es el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales y a obtener de estos una decisión motivada que pueda ser reclamada inclusive de manera coactiva.