Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-112-15 — Registro 12061

Resumen

Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que resolvió un recurso de apelación presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón , con relación a la demanda laboral de pago de prestaciones laborales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO DIEZ (10):Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO ONCE (11):Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO DOCE (12):Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es que confirmar la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colon, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que el amparo esta presentado fuera del plazo ordenado en el artículo 46 numeral 4) en relación con el 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que cabe sobreseer el amparo demandado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada OLGA ESPERANZA AVALOS PEREZ, a favor del señor JOSÈ RAUL PEREZ, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, con relación a la demanda laboral de pago de prestaciones laborales promovida por la señora LITHZA MIREYA LOPEZ NUFIO, contra el señor JOSE RAUL PEREZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha dieciocho de abril del año dos mil trece, compareció ante Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, el abogado JUAN JOSE SORTO MARTINEZ, actuando en su condición de apoderado legal de la señora LITHZA MIREYA LOPEZ NUFIO, interponiendo demanda laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, contra el señor JOSE RAUL PEREZ.(Folio 01 al 09 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el referido Juzgado, dictó Sentencia en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, en el cual RESUELVE: SENTENCIA INCIDENTAL: “ La Suscrita tiene a bien declara SIN LUGAR lo planteado por la Apoderada de la parte demandada, ya que ha su criterio de esta Suscrita está referida demanda reúne los requisitos de admisibilidad establecido en los artículo 703, 704, 705, 706, 707 y 709, conforme a la demanda laboral y no por demanda ejecutiva de pago como ella lo establece, sin perjuicio de la resultas del juicio que puedan producirse al evacuarse las pruebas que van hacer ofertadas por las partes procesales, ya que si bien es cierto la parte demandada en la contestación del hecho primera de la referida demanda acepta que la señora LITHZA MIREYA LOPEZ NUFIO, fungió como secretaria cuatro años, ocho meses y tres días en el bufete del Abogado Mario Francisco Pérez; aportando además de que al momento de la conciliación estableció que iba a conciliar posteriormente en virtud de que en este momento no tenia la capacidad de pago, para esta suscrita con lo antes expresado por la parte demandada tácitamente acepta la demanda promovida por la parte demandante.-…”.(Folio 43 al 44 de la primera pieza de antecedentes) .-3) Que la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada OLGA ESPERANZA AVALOS PEREZ, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, RESUELVE: Declarar no ha lugar el recurso de apelación y CONFIRMA el auto apelado.(Folios 06 al 09 de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente abogado JUAN CARLOS VALLADARES, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de febrero del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSÈ RAUL PEREZ, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, violenta en perjuicio de su representado, los artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha nueve de junio del año dos mil quince, esta Sala declaró caducado el término concedido al recurrente para formalizar su acción de amparo, sin embargo al advertirse del escrito de interposición del presente recurso, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, consideró pertinente continuar con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, y ordeno la vista de los autos al Fiscal del Despacho. (Folio 19 de la pieza de amparo).-6) Que con fecha dos de julio de dos mil quince, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE SOBRESEA la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO UNO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, que resolvió declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, en relación a la Demanda Laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios, séptimo día, preaviso promovida por el abogado JUAN JOSE SORTO MARTINEZ, como apoderado legal de la señora LITHZA MIREYA LOPEZ NUFIO contra el señor JOSE RAUL PEREZ.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la resolución recurrida en Amparo; por estimar que la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida incurre en error SIC“por una parte valora el Instrumento Público número 1366, de convenio suscrito por las partes como Acta Notarial desconociendo su verdadero valor al afirmar que no fue debidamente homologado por la autoridad del Trabajo de conformidad con el Artículo 379 del Código del Trabajo, es evidente que es un convenio de transacción entre las partes pues su contenido así lo determina la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba valora dicho instrumento como Acta Notarial, aun cuando el contenido del mismo se desprende que no es un Acta Notarial, ya que ésta está definida expresamente en el artículo 21 del Código del Notariado que dice en su parte conducente: “Acta Notarial es el Instrumento Público que autoriza el Notario, a requerimiento del interesado o por disposición de la Ley, en el que se consignan los hechos y circunstancias que presencie o que ante él se declaren o le conste….” De lo anterior resulta una evidente violación al debido proceso por cuanto la Sentencia dictada en apelación se hizo en contravención al mismo y se violentó en consecuencia el derecho de defensa de mi representado, y al no considerarlo así en su resolución la Corte acusada, está en abierta contradicción del Artículo 21 párrafo primero del Código del Notariado, con lo que SE VIOLENTA EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TIENE MI MANDANTE AL DEBIDO PROCESO, consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República y el derecho de defensa consignado en el Artículo 82 de la Constitución de la República.(Ver Folio número 3 pieza de amparo) .-CONSIDERANDO CINCO (5):Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha 25 de junio de dos mil quince, en el sentido de que se decrete sobreseimiento de las diligencias por concurrir causa de inadmisibilidad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46, numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, concurre una causa de inadmisibilidad como ser, “cuando no se hubiese ejercido la acción de amparo dentro del plazo establecido” en el Artículo antes citado, siendo que el termino le empezó a correr a partir de la notificación de la reposición de la sentencia de apelación que es la resolución que causa agravio, empezándose a correr el término a partir del 28 de noviembre del dos mil catorce, y el recurrente interpuso su recurso en fecha dos de febrero de dos mil quince, ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6):Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, en consecuencia la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.-CONSIDERANDO DIEZ (10):Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO ONCE (11):Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO DOCE (12):Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es que confirmar la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colon, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que el amparo esta presentado fuera del plazo ordenado en el artículo 46 numeral 4) en relación con el 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que cabe sobreseer el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 4), 48, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0112-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL