Sentencia AL-109-14 — Registro 12060
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resuelve el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio proferido con relación a la demanda de Emplazamiento para que el Patrono pruebe la justa causa del despido. Estima el recurrente que se consideran violados los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que en fecha once de septiembre del año dos mil trece se realizó la audiencia denominada en materia Laboral Primera de Trámite (F.54 Tomo I pieza Demanda laboral), en el momento procesal oportuno las parte propusieron medios de prueba. La parte demandante entre sus medios de prueba propuso cuatrocientos ochenta y siete (487) Recibos de Caja, constando a folio cuatrocientos diecisiete (F.417 Tomo Demanda Laboral) del Tomo II de la Demanda Ordinaria de Reintegro, Expediente 709-13 el Certificado de Autenticidad No. 147623, de fecha nueve de septiembre del año dos mil trece (2013), timbrado, firmado y sellado por la Notaria NORMA LETICIA GODOY PALMA, que certifica una serie de copias entre ellas en el numeral 31) cuatrocientos ochenta y siete Recibos de Caja señalando el contenido de dichos recibos, que corresponde a ingresos de las Instituciones cotizantes por pago de aportaciones y cotizaciones, préstamos personales e hipotecarios y reingreso al sistema, en los cuales se identifica la institución que efectúa cada pago y el desglose correspondiente, finalmente declara su autenticidad por ser copias fieles a su original las cuales se encuentran en poder de la referida sociedad, Dando Fe la Notaria de haberlas tenido a la vista. De acuerdo a lo que dispone el artículo cuarenta y uno (41) de la Ley del Notariado, el Certificado de autenticidad contiene los requisitos exigidos por la ley, dando Fe de la autenticidad de las copias. Ciertamente que el artículo 39 de la Ley del Notariado, señala que el Notario por motivos de seguridad debe colocar su media firma y sello en cada hoja de las copias que autentique, si bien es cierto, la Notaria ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la misma ley en el artículo 41, ello no implica dejar de observar lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento del Código del Notariado que literalmente dispone: “Las auténticas de fotocopias o de cualquier otra reproducción efectuada por medios tecnológicos, el Notario, además de relacionar sumariamente el documento original y señalar el lugar o en poder de quien está el mismo, por motivos de seguridad deberá colocar su media firma y sello en cada hoja de la copia que se autentica (las negritas y subrayado es nuestro). Considerando que la seguridad jurídica es un derecho que surge como una necesidad de asegurar la certeza y correcta perpetuidad de los actos realizados entre las personas, quedando obligado el Notario (a), a dejar los actos y situaciones jurídicas sometidas a su conocimiento, totalmente claras, precisas y seguras, en ese sentido el Notario (a) proporciona seguridad jurídica tanto en la producción del acto o negocio jurídico conocida como seguridad jurídica sustancial y en la elaboración del documento que lo contiene conocida como seguridad jurídica formal. Por todo ello la omisión por parte de la Notaria de la media firma y sello en las copias de los documentos autenticados, le resta validez del certificado de autenticidad. En consecuencia los argumentos invocados por el impetrante son de recibo. CONSIDERANDO (8): Que el impetrante señala el incumplimiento del artículo 292 del Código Procesal Civil, que a su criterio obliga al Juez de instancia, a tomar un conocimiento directo del soporte de donde se extrae el documento que se pretende aportar. Al respecto esta Sala observa que el artículo 292 del Código Procesal Civil en su numeral 3 dispone: Para la efectividad de estos medios de prueba, el tribunal debe tomar conocimiento directo del contenido del instrumento aportado. 4)…; 5…. Revisado el medio de prueba aportado esta Sala aprecia que se trata de copias de recibos entre otros, que han sido autenticados, por ende, que el Juzgador se imponga del contenido de los mismos no implica un procedimiento complejo bastará con la lectura y el análisis de su contenido, para que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica le conceda lo que en derecho corresponda a la valoración del mismo; la situación es diferente si se tratase de audiovisuales puesto que no son documentos, lo que ameritan la práctica probatoria diferente. Aprecia la Sala que tanto el A-Quo como el Ad-Quem se impusieron del conocimiento de las copias autenticadas de los documentos relacionados. Por todo ello Tanto el A-Quo como el Tribunal de alzada debieron sujetarse a las disposiciones de la ley, de acuerdo a las exigencias y requisitos de la misma, el no hacerlo da lugar a la vulneración del debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que inobserva los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso. … CONSIDERNADO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Código del Notariado, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Notariado, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 292 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NORALISIS AMADOR a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de diciembre de dos mil trece, que resuelve el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de septiembre de dos mil trece; con relación a la demanda de Emplazamiento para que el Patrono pruebe la justa causa del despido promovida por la señora ARACELY ANGELINA MARADIAGA TORRES contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Director Ejecutivo y Representante legal ANDRES TORRES RODRIGUEZ. Estima el recurrente que se consideran violados los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de junio de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora ARACELY ANGELINA MARADIAGA TORRES promoviendo demanda de Emplazamiento para que el Patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenada la Institución demandada a reintegrarla al puesto de trabajo que ocupaba a otro puesto de igual categoría con las mismas condiciones de trabajo, en virtud de un despido directo e injusto, el pago de aumentos salariales otorgados conforme al Contrato colectivo y los concedidos por la misma Institución demandada, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que se produzca el reintegro, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Director Ejecutivo y Representante legal ANDRES TORRES RODRIGUEZ. 2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado antes referido celebró audiencia Primera de Tramite en fecha once de septiembre de dos mil trece, en la cual resolvió tener por propuestos los medios de prueba por parte de la apoderada demandada, admitiendo el medio de prueba INTERROGATORIO DE PARTE, el medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICO consistente en los documentos públicos presentados en el acto, teniéndolos por agregados y evacuados, el medio de prueba TESTIFICAL y el medio de prueba de RECONOCIMIENTO JUDICIAL, aprobado en todos sus numerales, señalando fecha para la audiencia Segunda de tramite a efecto de practicar el medio de prueba INTERROGATORIO DE PARTES admitido a la parte demandada. (Folios 54 al 59 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha dos de diciembre de dos mil trece, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada (Sic) “NORALIS” AMADOR, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra el auto interlocutorio emitido por el A-quo, relacionado en el numeral que precede, dictó resolución mediante la cual falla declarando Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada (Sic) “NORALIS” AMADOR, accionando como representante procesal apelante y Confirmando el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de (Sic) “octubre” del año dos mil trece. (Folios 46 al 48 de la pieza de segunda instancia). 4) Que en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, compareció ante este alto Tribunal, la Abogada NORALISIS AMADOR interponiendo recurso de amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra el auto resolutivo emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de diciembre de dos mil trece, por considerar que la misma viola los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala en fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, por formalizado en tiempo y forma el recurso, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de las diligencias por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 5) Que con fecha cinco de mayo de dos mil catorce, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada TANIA FIALLOS RIVERA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que SE DENIEGUE el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que CONFIRMÓ la resolución impugnada dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de septiembre del año dos mil trece, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ARACELY ANGELINA MARADIAGA TORRES, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo, manifiesta haber interpuesto el recurso de apelación contra la resolución dictada por el A-Quo, en fecha once de septiembre del año dos mil trece, con la finalidad de que revocara, reformara o anulara la referida actuación, sin embargo dicha actuación fue confirmada, siendo del criterio que la resolución de la Corte de Apelaciones no es conforme a derecho. Expone que existe violación al principio constitucional del Debido Proceso, señala que la prueba admitida en dicha resolución no reúne los requisitos de ley para ser considerada como tal, lo que fue acreditado pese a ello el auto fue confirmado por el Ad-Quem. Así mismo se quebranta el derecho de Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, quebrantamiento que para el recurrente se aprecia cuando el Tribunal de Alzada no revoca el auto recurrido, hace referencia al considerando número cuatro de la resolución impugnada. Respecto a la vulneración del Debido proceso (f. 25 pieza de amparo) señala que la violación a este principio se produce cuando la Corte de Apelaciones mediante la resolución dictada hace suya la decisión del Juez de Letras del Trabajo de admitir y evacuar los medios de prueba documental consistente en 487 recibos de caja y copia de correo electrónico, sin considerar que dichos documentos no se encuentran enmarcados en derecho, por la inobservancia de la parte que los propone de cumplir con el mandato contenido en la Ley del Notariada que convierte en ineficaz el documento, señala que la consideración dada a la oposición del medio de prueba tecnológico, consistente en el correo electrónico que obra en las diligencias de informe, tergiversa la norma procesal aplicable, a la correcta proposición y admisión de esta clase de prueba, ya que la norma adjetiva reconoce una aplicación de forma especial enmarcada en el artículo 292 del Código procesal Civil, que obliga al Juez de instancia a tomar un conocimiento directo del soporte de donde se extrae el documento que se pretende aportar, por lo que no debe relacionarse el principio de libre formación del convencimiento, si no está adecuada a la tarifa legal en esta clase de pruebas. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem dicta auto interlocutorio exponiendo en el considerando dos (2) “Que conforme lo determina la ley son admisibles todos los medios de prueba existentes. Dejando establecidos los medios de prueba admisibles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 251 del Código Procesal Civil, utilizado como norma supletoria a falta de disposición especial en el Código de Trabajo; señala que el caso que se conoce el representante procesal de la parte demandante ha hecho uso del medio de prueba documental consistente en la presentación de 487 recibos de caja, copia de correo electrónico, con el adjunto de dos recibos resúmenes de la planilla de la Alcaldía Municipal de fecha diciembre del 2012, y el Ministerio Público de fecha enero del año 2013, debidamente autenticados por la notaria NORMA LETICIA GODOY PALMA. En el considerando cuatro el Ad-Quem expone: “Que conforme lo determina la ley los documentos tienen fuerza probatoria si se aportan al proceso en original o por testimonio, copia fotostática autenticada, en tal caso bajo estudio tanto los recibos como el correo electrónico fueron presentados por el Representante procesal demandante en forma de fotocopia debidamente autenticados tal consta a (folios 30 al 136), de manera que la admisión de dichos documentos se encuentra enmarcado en derecho, puesto que el Juez no puede dudar del Ministro de Fe Pública, en este caso la Notario que dio fe de haber tenido a la vista documentos originales. Señaló además que el Juez goza del principio de libre formación del convencimiento. En consecuencia Declaró el SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (6): Que el Artículo dos (02) de la Ley de Notariado establece que “El Notariado es la Institución del Estado que garantiza la seguridad jurídica y la perpetua constancia de los actos, contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte; así como los asuntos no contenciosos determinados en esta y en otras leyes, que se sometan voluntariamente al conocimiento y decisión de la función notarial”. Por su parte el artículo 39 de la Ley del Notariado establece: “En las auténticas de fotocopias o de cualquier otra reproducción, efectuada por medios tecnológicos, el notario además, de relacionar sumariamente el documento original y de señalar el lugar o en poder de quien está el mismo, por motivos de seguridad deberá colocar su media firma y sello en cada hoja de la copia que se autentica. No obstante lo dispuesto en el artículo antes referido, el Artículo 41 de la ley en comento señala EL CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD, SU AGOTAMIENTO Y PROHIBICIONES, en cuanto al contenido en el numeral tres (03) establece que “cuando se trate de certificar la autenticidad de copias fotostáticas o fotográfica o cualquier otra reproducción tecnológica se comprobará que es idéntica con su original y se relacionará sumariamente el documento de que se trata, señalando además, el lugar donde se encuentra o en poder de quien se halle el original.” De igual manera el artículo 39 del Reglamento del Código del Notariado literalmente dispone: “Las auténticas de fotocopias o de cualquier otra reproducción efectuada por medios tecnológicos, el Notario, además de relacionar sumariamente el documento original y señalar el lugar o en poder de quien está el mismo, por motivos de seguridad deberá colocar su media firma y sello en cada hoja de la copia que se autentica CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que en fecha once de septiembre del año dos mil trece se realizó la audiencia denominada en materia Laboral Primera de Trámite (F.54 Tomo I pieza Demanda laboral), en el momento procesal oportuno las parte propusieron medios de prueba. La parte demandante entre sus medios de prueba propuso cuatrocientos ochenta y siete (487) Recibos de Caja, constando a folio cuatrocientos diecisiete (F.417 Tomo Demanda Laboral) del Tomo II de la Demanda Ordinaria de Reintegro, Expediente 709-13 el Certificado de Autenticidad No. 147623, de fecha nueve de septiembre del año dos mil trece (2013), timbrado, firmado y sellado por la Notaria NORMA LETICIA GODOY PALMA, que certifica una serie de copias entre ellas en el numeral 31) cuatrocientos ochenta y siete Recibos de Caja señalando el contenido de dichos recibos, que corresponde a ingresos de las Instituciones cotizantes por pago de aportaciones y cotizaciones, préstamos personales e hipotecarios y reingreso al sistema, en los cuales se identifica la institución que efectúa cada pago y el desglose correspondiente, finalmente declara su autenticidad por ser copias fieles a su original las cuales se encuentran en poder de la referida sociedad, Dando Fe la Notaria de haberlas tenido a la vista. De acuerdo a lo que dispone el artículo cuarenta y uno (41) de la Ley del Notariado, el Certificado de autenticidad contiene los requisitos exigidos por la ley, dando Fe de la autenticidad de las copias. Ciertamente que el artículo 39 de la Ley del Notariado, señala que el Notario por motivos de seguridad debe colocar su media firma y sello en cada hoja de las copias que autentique, si bien es cierto, la Notaria ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la misma ley en el artículo 41, ello no implica dejar de observar lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento del Código del Notariado que literalmente dispone: “Las auténticas de fotocopias o de cualquier otra reproducción efectuada por medios tecnológicos, el Notario, además de relacionar sumariamente el documento original y señalar el lugar o en poder de quien está el mismo, por motivos de seguridad deberá colocar su media firma y sello en cada hoja de la copia que se autentica (las negritas y subrayado es nuestro). Considerando que la seguridad jurídica es un derecho que surge como una necesidad de asegurar la certeza y correcta perpetuidad de los actos realizados entre las personas, quedando obligado el Notario (a), a dejar los actos y situaciones jurídicas sometidas a su conocimiento, totalmente claras, precisas y seguras, en ese sentido el Notario (a) proporciona seguridad jurídica tanto en la producción del acto o negocio jurídico conocida como seguridad jurídica sustancial y en la elaboración del documento que lo contiene conocida como seguridad jurídica formal. Por todo ello la omisión por parte de la Notaria de la media firma y sello en las copias de los documentos autenticados, le resta validez del certificado de autenticidad. En consecuencia los argumentos invocados por el impetrante son de recibo. CONSIDERANDO (8): Que el impetrante señala el incumplimiento del artículo 292 del Código Procesal Civil, que a su criterio obliga al Juez de instancia, a tomar un conocimiento directo del soporte de donde se extrae el documento que se pretende aportar. Al respecto esta Sala observa que el artículo 292 del Código Procesal Civil en su numeral 3 dispone: Para la efectividad de estos medios de prueba, el tribunal debe tomar conocimiento directo del contenido del instrumento aportado. 4)…; 5…. Revisado el medio de prueba aportado esta Sala aprecia que se trata de copias de recibos entre otros, que han sido autenticados, por ende, que el Juzgador se imponga del contenido de los mismos no implica un procedimiento complejo bastará con la lectura y el análisis de su contenido, para que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica le conceda lo que en derecho corresponda a la valoración del mismo; la situación es diferente si se tratase de audiovisuales puesto que no son documentos, lo que ameritan la práctica probatoria diferente. Aprecia la Sala que tanto el A-Quo como el Ad-Quem se impusieron del conocimiento de las copias autenticadas de los documentos relacionados. Por todo ello Tanto el A-Quo como el Tribunal de alzada debieron sujetarse a las disposiciones de la ley, de acuerdo a las exigencias y requisitos de la misma, el no hacerlo da lugar a la vulneración del debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que inobserva los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la impetrante ha tenido la mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente. CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público emitió su Opinión fiscal en fecha treinta de abril del año dos mil catorce, dictamen en el que se aprecia el estudio minuciosos de la foliada; concluye que no aprecia vulneración de ninguna garantía constitucional invocadas por el recurrente, siendo del parecer porque Se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERNADO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1,11 y 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 6, 8, 9 No. 2 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 7 inciso 2, 8 La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de La Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 9, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuestos EL AMPARO interpuesto por la Abogada NORALISIS AMADOR, a favor del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia de fecha dos de diciembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número 0109-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.