Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1053-15 — Registro 12258

Resumen

Se interpuso recurso de amparo favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que declaró sin Lugar un recurso de apelación y confirmó el auto por el Juzgado de Letras con relación a la demanda ordinaria laboral. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 96.5 y 113 del Código de Trabajo, este último interpretado en su párrafo primero, según Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, los artículos 1, 2 y 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 77 de la Ley de Municipalidades.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO(10):Que el primer párrafo del artículo 113 del Código de Trabajo, fue interpretado según Decreto No. 89 del 24 de noviembre de 1969, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 19,956 del 23 de diciembre de 1969 en el sentido: La percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del Contrato, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código, debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, de consiguiente los Tribunales de Justicia no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir. CONSIDERANDO(11): Que de conformidad con lo anterior la Sala de lo Constitucional entiende que la sentencia dictada por el A-quo declara el reintegro al puesto de trabajo del cual fue despedida la demandante y aunado a ello el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que le puedan corresponder; derechos éstos a los que no se les debe realizar deducción alguna, durante el tiempo que dure el juicio, según la interpretación realizada al primer párrafo del artículo 113 del Código de Trabajo. Es importante señalar que el proceso laboral es la institución destinada a la actuación de pretensiones conforme con las normas de Derecho laboral, por órganos creados especialmente para ello. El proceso laboral se diferencia de los demás procesos, de una parte, por la especialización del órgano llamado a decidir y, de otra, porque la pretensión que se actúa en el mismo ha de pertenecer a la materia contencioso-laboral, es decir, que el derecho sustantivo aplicable debe ser Derecho del Trabajo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación y confirmó el auto dictado en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora SANTOS ISABEL DUARTE MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 96.5 y 113 del Código de Trabajo, este último interpretado en su párrafo primero, según Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, los artículos 1, 2 y 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 77 de la Ley de Municipalidades. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de octubre del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora SANTOS ISABEL DUARTE MALDONADO, actuando en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, para que el patrono pruebe justa causa de despido, en caso de no ser así que se le condene al reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones que al momento de su despido, asimismo, al pago de los aumentos salariales, bonificaciones y salarios dejados de percibir, que se otorgaron desde el momento de su despido hasta que se haya reintegrado, así como los demás beneficios salariales producto del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la sentencia condenatoria quede firme y se efectúe el reintegro y la condena en costas a la parte demandada. (Folios del 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes de primera instancia) 2)Que en fecha veintidós de enero del año dos mil trece, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en Audiencia de Juzgamiento dicto sentencia definitiva mediante la cual falló: (Sic)“1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro a su puesto de Trabajo promovida por la señora SANTOS ISABEL DUARTE MALDONADO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Actual Gerente y Representante legal el señor EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO; 2)CONDENAR a LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su Actual Gerente y Representante legal el señor EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO, a reintegrar a la señora SANTOS ISABEL DUARTE MALDONADO al puesto de trabajo del cual fue despedida en iguales o mejores condiciones, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden desde la fecha del despido hasta la fecha de su reintegro; …”(Folios del21 al 26 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3)Que en fecha seis de marzo del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora SANTOS ISABEL DUARTE MALDONADO, solicitando se requiriera a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, a través de su Representante Legal Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich, para que pague o consigne la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L. 369,108.83), en vista que la cantidad liquidada en el juicio asciende a la cantidad de L. 2,274,481.28. (Folios 64 y 84 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, el referido Juzgado emitió auto mediante el cual resolvió: (Sic)“…declarar Con lugar la solicitud, presentada por el representante de la parte demandante, en consecuencia que se requiera de pago por medio del receptor del despacho al señor ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH, en su condición de Representante legal de la ENEE para que al momento del requerimiento pague la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS L.369,108.33, haciéndole la prevención que si no paga o consigna se le embargaran bienes suficientes para hacer efectiva su obligación…”(Folio87 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ, en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la resolución relacionada en el acápite anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, mediante la cual fallo: (Sic) “I: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE WILSON CARCAMO en su condición de representante procesal de la parte demandada. II.- CONFIRMANDO el auto de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015) dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán…” (Folios del49 al 51 de la pieza de antecedentes de alzada) 6) Que el Abogado JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 96.5 y 113 del Código de Trabajo, este último interpretado en su párrafo primero, según Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, los artículos 1, 2 y 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el articulo 77 de la Ley de Municipalidades. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis. 7) Que en fecha de veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida ala Fiscal del Ministerio Público Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, quien en su dictamen fue de la opinión que “NO SE OTORGUE” el recurso de amparo por no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por el amparista. CONSIDERANDO(1):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2):Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia dictada por unanimidad de votos en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora Santos Isabel Duarte Maldonado en su condición personal en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente y Representante Legal EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte apelante y confirmo el auto apelado. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ, muestra su disconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 90 y 321de la Constitución de la República, en relación con los artículos 96.5 y 113 del Código de Trabajo, este último interpretado en su párrafo primero, según Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, los artículos 1, 2 y 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 77 de la Ley de Municipalidades; para ello explica que tales vulneraciones constitucionales se habrían suscitado en cuanto, estando determinado como hecho probado y cosa juzgada, la liquidación de que se hace referencia y que conllevo al crédito de L.1,905,712.45 en la cuenta bancaria de la demandante, valor que esta recibió a su entera satisfacción y sin protesta alguna, y que también fue aceptada de conformidad por el Representante Procesal de la Demandante, por lo cual no encuentra la fundamentación jurídica para que el juzgado de letras del trabajo concediera la solicitud de requerir de pago a la ENEE y que fuera presentada por el apoderado legal de la parte demandante, pretendiendo con tal solicitud el Representante Procesal de la Demandante que se le devuelvan a su poderdante los remanentes de salarios dejados de percibir y que fueron debitados por los conceptos del Impuesto Sobre la Renta, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Impuesto Vecinal y cuyos valores retenidos ascienden a trescientos sesenta y nueve mil ciento ocho lempiras con ochenta y tres centavos(L.369,108.83); pues el Representante procesal de la Demandante en comparecencia que se encuentra acreditada en la pieza principal de autos, compareció aceptando la liquidación por la cantidad de L.1,905,712.45, cantidad que contemplaba todas las deducciones de ley efectuadas. CONSIDERANDO(4): Que en el recurrente expresa que las resoluciones emitidas tanto por el A-quo y el Ad-quem, demuestran el desconocimiento absoluto de las disposiciones legales de orden tributario que son aplicables en el caso que nos ocupa, pues el Estado de Honduras a través de la ENEE, opera como agente retenedor para el cobro de dichos impuestos, tal como lo mandan por una parte, los artículos 1, 2 y 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 135 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y por otra, el artículo 77 de la Ley de Municipalidades; sin dejar de mencionar el mandato contenido en el artículo 96 numeral 5) del Código de Trabajo, de dicho mandato legal se desprende que las deducciones del impuesto vecinal, impuesto sobre la renta y seguro social constituyen obligaciones legales y deben ser deducidas al trabajador, en tal sentido, la devolución por el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (l.369,108.83), consentida a la demandante y confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, los conceptos contenidos en la resolución de fecha 28 de julio del 2015, es improcedente por no estar apegada a ley. Concluye el impetrante expresando que considera que la sentencia recurrida vulnera el principio de legalidad y la garantía del debido proceso por la falta de claridad motivación y fundamentación de la sentencia recurrida, al estar evidenciada la falta de aplicación de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, 96.5 y 113 del Código de Trabajo, este último interpretado en su párrafo primero, según Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, los artículos 1, 2 y 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 135 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no el derecho al debido proceso y el principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió revocar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante el cual el referido Juzgado, declaró con lugar la solicitud presentada por la parte demandante y ordenó requerir de pago a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por medio de su Representante legal. CONSIDERANDO(6):Que la Fiscal del Ministerio Público emitió Dictamen en relación al asunto sometido a estudio por este Alto Tribunal, siendo de la opinión que no se otorgue la Acción de Amparo promovida; sostiene la Fiscal que después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, no comparte el argumento esgrimido por el recurrente, que considera ultrajado el artículo 90 de la Constitución de la República que consagra el principio al debido proceso, por considerar el ente fiscal que el principio protectorio que rige en materia laboral le otorga una protección superior al trabajador, donde el examen que realiza la jurisdicción del trabajo abarca todos aquellos aspectos desfavorables que involucran beneficios mínimos irrenunciables, y que descansa en el principio de irrenunciabilidad que rige en materia laboral, el cual consiste en la imposibilidad del trabajador de renunciar o disponer en su propio perjuicio, aun con el concurso de su propia voluntad, a los derechos y créditos que se derivan del contrato de trabajo y de las leyes. Ambos principios sustentan el parecer de esa representación fiscal, en cuanto a considerar que el representante procesal de la parte demandante no puede renunciar al derecho que le asiste a la señora Santos Isabel Duarte Maldonado, de reclamar el pago total de su indemnización por los daños y perjuicios causados por el despido injusto del cual fue objeto. En ese orden de ideas y conforme la opinión del Ministerio Público, debe prestarse especial atención a lo prevenido en el artículo 3 del Código de Trabajo que expresa:”Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. CONSIDERANDO(7): Que la motivación fundamental del fallo que se impugna, este Tribunal lo encuentra básicamente en los acápites 6 y 7 que señalan: CONSIDERANDO (6): Que el artículo 113 del Código del Trabajo establece el derecho alternativo del trabajador que es despedido para demandar a su patrono solicitando alternativamente el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales o el reintegro y, en ambos casos, el pago de los salarios dejados de percibir contados desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia en caso de haber solicitado el pago de indemnizaciones laborales o hasta que se cumpla el reintegro solicitados en caso de haber solicitado el reintegro. Que el Congreso Nacional de la República mediante Decreto número 89 del 24 de noviembre de 1969 interpreto el artículo 113 del Código del Trabajo con relación a los salarios dejados de percibir, señalando que los tribunales de justicia no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir. CONSIDERANDO (7):Que el artículo 10 reformado de la Ley del impuesto sobre la Renta establece que no forman parte de la Renta Bruta y por consiguiente, no están gravados por el impuesto sobre la renta, entre otros, el valor de las prestaciones laborales. Que de igual forma el artículo 28 de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social señala que las prestaciones e indemnizaciones laborales no forman parte de la renta bruta de los contribuyentes. Que el Código del Trabajo establece los salarios dejados de percibir como indemnización a favor del trabajador que ha sido despedido injustamente por su patrono, despido que le ha provocado un desequilibrio en sus condiciones sociales y económicas al haberlo dejado sin empleo violando su derecho a la estabilidad, por lo que son una indemnización a título de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato de trabajo, por lo que no hay duda de que se trata de indemnizaciones laborales. CONSIDERANDO(8):Que la sentencia definitiva de fecha veintidós de enero del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, declara Con Lugar la Demanda ordinaria Laboral para el Reintegro a su puesto de Trabajo promovida por la señora Santos Isabel Duarte Maldonado, en contra de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y condena a la demandada a reintegrar a la demandante al puesto del trabajo del cual fue despedida en iguales o mejores condiciones, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden desde la fecha del despido hasta la fecha de su reintegro. CONSIDERANDO(9): Que el Código de Trabajo regula las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social, a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión[3]. Si bien los argumentos expuestos por el recurrente en amparo en cuanto a la obligación del trabajador a pagar los impuestos que la ley señala, el artículo 96 del Código de Trabajo enlista una serie de situaciones que son prohibidas al patrono inter aliala número 5 del precepto en comento señala: “Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen;…”. En ese orden de ideas el párrafo primero del artículo 113 de la normativa laboral preceptúa: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunica al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva…”-énfasis suplido-. CONSIDERANDO(10):Que el primer párrafo del artículo 113 del Código de Trabajo, fue interpretado según Decreto No. 89 del 24 de noviembre de 1969, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 19,956 del 23 de diciembre de 1969 en el sentido: La percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a titulo de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del Contrato, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código, debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, de consiguiente los Tribunales de Justicia no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir. CONSIDERANDO(11): Que de conformidad con lo anterior la Sala de lo Constitucional entiende que la sentencia dictada por el A-quo declara el reintegro al puesto de trabajo del cual fue despedida la demandante y aunado a ello el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que le puedan corresponder; derechos éstos a los que no se les debe realizar deducción alguna, durante el tiempo que dure el juicio, según la interpretación realizada al primer párrafo del artículo 113 del Código de Trabajo. Es importante señalar que el proceso laboral es la institución destinada a la actuación de pretensiones conforme con las normas de Derecho laboral, por órganos creados especialmente para ello. El proceso laboral se diferencia de los demás procesos, de una parte, por la especialización del órgano llamado a decidir y, de otra, porque la pretensión que se actúa en el mismo ha de pertenecer a la materia contencioso-laboral, es decir, que el derecho sustantivo aplicable debe ser Derecho del Trabajo. CONSIDERANDO(12): Que ilustrando el derecho de igualdad de las partes ante la ley en el proceso laboral, Alejandra Suárez Fernández sostiene que se tienen que remover los obstáculos que impidan o dificulten su realización a plenitud y para ello el poder público trata de evitar la indefensión y la inferioridad que puede producir la debilidad económica del trabajador frente al patrono. La referida autora sostiene que uno de los mecanismos utilizados para establecer esa igual es: “1°. La calificación como irrenunciable de los derechos del trabajador, lo que evita transacciones en las que se sacrifiquen tales derechos y trata de impedir que el trabajador se avenga a las pretensiones de la otra parte por miedo a las consecuencias que sus reclamaciones puedan posteriormente tener en su relación laboral…[4]”. CONSIDERANDO(13):Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO(14): Que como corolario de lo anterior este Alto Tribunal, encuentra que se ha respetado el debido proceso y el principio de legalidad invocados por el recurrente como vulnerados, toda vez que se ha observado la aplicación de la ley al caso concreto; la sentencia impugnada realiza una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante, aunado a ello la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad. CONSIDERANDO(15): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quemno quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.

POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 134, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 96.5 y 113 del Código del Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil quince (2015),por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1053-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3]Vid. Artículo 1 del Código de Trabajo.

[4]Alejandra Suárez Fernández, DERECHO DEL TRABAJO Conflictos Colectivos Seguridad Social Derecho Procesal del Trabajo. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Tercera edición, agosto 1996. Impreso en España LerkoPrint, S.A. Paseo de la Castellana, 121. 28046 Madrid. Págs. 275 & 276.