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Sentencia AC-992-15 — Registro 8882

Resumen

Resolución impugnada que confirmó sentencia dictada en primera instancia que declaró sin lugar demanda de Cesación de Comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado promovida por impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(9)Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se desprende que el demandante se declaró heredero ab intestato del causante GABINO BARDALES ALEMAN, (su difunto padre), además de que existen otros herederos del referido causante, según lo expone el mismo demandante en la Demanda de Cesación de Comunidad, quien Una vez declarado heredero procedió a inscribir la sentencia en el Registro de Sentencias que opera en Juticalpa, Olancho, con el Número 43, Tomo 40. Sin embargo a lo largo del proceso no fue posible para el demandante acreditar mediante documento debidamente Registrado en el Instituto de la Propiedad, que la propiedad sobre la que pretende la cesación de comunidad, fue propiedad del causante GABINO BARDALES ALEMAN. En ese orden de idea sesta Sala aprecia que tanto la resolución dictada por el A quo como la confirmación de ésta por el Ad quem es conforme a Derecho, ambas resoluciones descansan en el cumplimiento de la Constitución y la ley; ya que ciertamente sería arbitrario dictar una resolución diferente sin el sustento probatorio que acredite la pretensión del recurrente. Apreciando que tanto el Debido Proceso como el Derecho de defensa se han garantizado en el proceso, tanto por el tribunal de primera instancia como el alzada, que han respetado, las formalidades, solemnidades, requisitos exigidos por la ley, de igual forma han tenido las mismas oportunidades procesales para hacer valer sus pretensiones, ejercitando la acción recursiva cuando lo ha considerado oportuno a sus intereses, por todo ello los argumentos del impetrante, y su apreciación de vulneración de normas constitucionales no son de recibo.-CONSIDERANDO: (10) Que el Ministerio Público a través de su representante, emitió dictamen en fecha 16 de mayo del año 2016, mediante el es de la opinión que a lo largo del proceso no se aprecia ninguna violación a un derecho fundamental por lo que fue del parecer que No se otorgue el amparo interpuesto.-CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE VIRGILIO OCHOA ANDERSON, a favor del señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contra la Resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015), que declaró sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Segundo de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil catorce (2014), con relación a la Demanda de Cesación de Comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado promovida por el señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 82y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa del departamento de Olancho, el señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, en su condición personal, interponiendo Demanda de Cesación de Comunidad de Bienes a tramitarse por la vía del Proceso Abreviado, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO.- (Folio 1 al 5 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, dictó sentencia en la cual FALLA: “UNO: Declarando SIN LUGAR la demanda de Proceso Abreviado de CESACION DE COMUNIDAD DE BIENES, interpuesta por el señor FELIPE NERY BARDALES, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO, ambos de generales ya expresada en el preámbulo de esta sentencia…” (Folio 68 al 70 de la pieza del Juzgado).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil catorce (2014), relacionada en el numeral que precede, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015), mediante la cual: “FALLA: 1° DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado VIRGILIO OCHOA HERNANDEZ, Representante Procesal de la parte demandada. 2° CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva dictada en fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa, Olancho…” Folios 7 al 15 de la pieza de corte de Apelaciones).- 4) El recurrente Abogado JOSE VIRGILIO OCHOA ANDERSON, compareció ante este alto Tribunal en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), interponiendo recurso de amparo a favor del señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015),violenta los artículo 82 Y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para la formalización del recurso de amparo, asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se apreció que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual consideró procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen.-6) Que con fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SUSSY G COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el amparo solicitado, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución promulgada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, mediante la cual declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la demanda de cesación de comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado promovido por el señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO.-CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la exposición de la acción de Amparo interpuesta manifiesta haber presentado ante el Juzgado de Letras competente una Demanda de cesación de Comunidad de Bienes a tramitarse por el Procedimiento Abreviado, el que siguió el trámite correspondiente, habiéndose dictado sentencia definitiva en fecha 04 de noviembre del año 2014, mediante la cual el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa, Olancho Falló declarando SIN LUGAR la demanda, no conforme con dicho fallo el demandante presentó recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que en fecha 16 de de febrero del año dos mil quince, Declara sin lugar el Recurso de apelación y confirma la Sentencia Definitiva antes relacionada. Además manifiesta el recurrente que la sentencia carece de motivación al no expresar claramente los razonamientos fácticos y jurídicos que deben conducir a la apreciación y valoración de las pruebas de conformidad con la sana critica, la cual claramente violenta derechos fundamentales garantizados en la Constitución de la República. Expresando que se han vulnerado el Derecho a la Defensa y al debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 constitucionales.-CONSIDERANDO: (5)Que el origen de la acción de Amparo que ahora nos ocupa es la resolución dictada por el A quo mediante la cual declara sin lugar la Demanda de Proceso Abreviado de Cesación de Comunidad de Bienes en virtud de que pese, a que las partes propusieron medios probatorios no se probó la existencia de la comunidad de bienes y la cómoda división de los mismos, ya que la parte demandante no acreditó la posesión de los mismos al no existir ningún documento privado, escritura pública que acredite que dichos inmuebles eran del señor GABINO BARDALES ALEMAN. Resolución que fue impugnada ante la Corte de Apelaciones (hoy recurrida), al haber declarado sin lugar el recurso de apelación y confirmado la sentencia dictada por el Aquo.-CONSIDERANDO: (6) Que la Corte de Apelaciones impugnada en su relación expone los antecedentes de hechos y las actuaciones de las partes en conflicto, en el numeral 6 de los Antecedentes de Hecho deja establecido que el demandante se declaró heredero Ab Intestato de su difunto Padre, así mismo no se encuentra acreditado instrumento debidamente registrado en el Instituto de la Propiedad en donde el señor GABINO BARDALES ALEMAN (QDDG),aparezca como dueño de determinado inmueble, declarando sin lugar el Recurso de apelación.-CONSIDERANDO: (7)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas el Ad quem ha observado las exigencias de la ley respetando el debido proceso.-CONSIDERANDO: (8)Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa.-CONSIDERANDO: (9)Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se desprende que el demandante se declaró heredero ab intestato del causante GABINO BARDALES ALEMAN, (su difunto padre), además de que existen otros herederos del referido causante, según lo expone el mismo demandante en la Demanda de Cesación de Comunidad, quien Una vez declarado heredero procedió a inscribir la sentencia en el Registro de Sentencias que opera en Juticalpa, Olancho, con el Número 43, Tomo 40. Sin embargo a lo largo del proceso no fue posible para el demandante acreditar mediante documento debidamente Registrado en el Instituto de la Propiedad, que la propiedad sobre la que pretende la cesación de comunidad, fue propiedad del causante GABINO BARDALES ALEMAN. En ese orden de idea sesta Sala aprecia que tanto la resolución dictada por el A quo como la confirmación de ésta por el Ad quem es conforme a Derecho, ambas resoluciones descansan en el cumplimiento de la Constitución y la ley; ya que ciertamente sería arbitrario dictar una resolución diferente sin el sustento probatorio que acredite la pretensión del recurrente. Apreciando que tanto el Debido Proceso como el Derecho de defensa se han garantizado en el proceso, tanto por el tribunal de primera instancia como el alzada, que han respetado, las formalidades, solemnidades, requisitos exigidos por la ley, de igual forma han tenido las mismas oportunidades procesales para hacer valer sus pretensiones, ejercitando la acción recursiva cuando lo ha considerado oportuno a sus intereses, por todo ello los argumentos del impetrante, y su apreciación de vulneración de normas constitucionales no son de recibo.-CONSIDERANDO: (10) Que el Ministerio Público a través de su representante, emitió dictamen en fecha 16 de mayo del año 2016, mediante el es de la opinión que a lo largo del proceso no se aprecia ninguna violación a un derecho fundamental por lo que fue del parecer que No se otorgue el amparo interpuesto.-CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1364, 1365, 1765 del Código Civil; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado JOSE VIRGILIO OCHOA ANDERSON, a favor de FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contrala sentencia de fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0992-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE VIRGILIO OCHOA ANDERSON, a favor del señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contra la Resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015), que declaró sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Segundo de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil catorce (2014), con relación a la Demanda de Cesación de Comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado promovida por el señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 82y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa del departamento de Olancho, el señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, en su condición personal, interponiendo Demanda de Cesación de Comunidad de Bienes a tramitarse por la vía del Proceso Abreviado, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO.- (Folio 1 al 5 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, dictó sentencia en la cual FALLA: “UNO: Declarando SIN LUGAR la demanda de Proceso Abreviado de CESACION DE COMUNIDAD DE BIENES, interpuesta por el señor FELIPE NERY BARDALES, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO, ambos de generales ya expresada en el preámbulo de esta sentencia…” (Folio 68 al 70 de la pieza del Juzgado).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil catorce (2014), relacionada en el numeral que precede, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015), mediante la cual: “FALLA: 1° DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado VIRGILIO OCHOA HERNANDEZ, Representante Procesal de la parte demandada. 2° CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva dictada en fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa, Olancho…” Folios 7 al 15 de la pieza de corte de Apelaciones).- 4) El recurrente Abogado JOSE VIRGILIO OCHOA ANDERSON, compareció ante este alto Tribunal en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), interponiendo recurso de amparo a favor del señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015),violenta los artículo 82 Y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para la formalización del recurso de amparo, asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se apreció que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual consideró procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen.-6) Que con fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SUSSY G COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el amparo solicitado, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución promulgada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, mediante la cual declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la demanda de cesación de comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado promovido por el señor FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contra la señora GLORIA CANTILLANO ESCOTO.-CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la exposición de la acción de Amparo interpuesta manifiesta haber presentado ante el Juzgado de Letras competente una Demanda de cesación de Comunidad de Bienes a tramitarse por el Procedimiento Abreviado, el que siguió el trámite correspondiente, habiéndose dictado sentencia definitiva en fecha 04 de noviembre del año 2014, mediante la cual el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Juticalpa, Olancho Falló declarando SIN LUGAR la demanda, no conforme con dicho fallo el demandante presentó recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que en fecha 16 de de febrero del año dos mil quince, Declara sin lugar el Recurso de apelación y confirma la Sentencia Definitiva antes relacionada. Además manifiesta el recurrente que la sentencia carece de motivación al no expresar claramente los razonamientos fácticos y jurídicos que deben conducir a la apreciación y valoración de las pruebas de conformidad con la sana critica, la cual claramente violenta derechos fundamentales garantizados en la Constitución de la República. Expresando que se han vulnerado el Derecho a la Defensa y al debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 constitucionales.-CONSIDERANDO: (5)Que el origen de la acción de Amparo que ahora nos ocupa es la resolución dictada por el A quo mediante la cual declara sin lugar la Demanda de Proceso Abreviado de Cesación de Comunidad de Bienes en virtud de que pese, a que las partes propusieron medios probatorios no se probó la existencia de la comunidad de bienes y la cómoda división de los mismos, ya que la parte demandante no acreditó la posesión de los mismos al no existir ningún documento privado, escritura pública que acredite que dichos inmuebles eran del señor GABINO BARDALES ALEMAN. Resolución que fue impugnada ante la Corte de Apelaciones (hoy recurrida), al haber declarado sin lugar el recurso de apelación y confirmado la sentencia dictada por el Aquo.-CONSIDERANDO: (6) Que la Corte de Apelaciones impugnada en su relación expone los antecedentes de hechos y las actuaciones de las partes en conflicto, en el numeral 6 de los Antecedentes de Hecho deja establecido que el demandante se declaró heredero Ab Intestato de su difunto Padre, así mismo no se encuentra acreditado instrumento debidamente registrado en el Instituto de la Propiedad en donde el señor GABINO BARDALES ALEMAN (QDDG),aparezca como dueño de determinado inmueble, declarando sin lugar el Recurso de apelación.-CONSIDERANDO: (7)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas el Ad quem ha observado las exigencias de la ley respetando el debido proceso.-CONSIDERANDO: (8)Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa.-CONSIDERANDO: (9)Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se desprende que el demandante se declaró heredero ab intestato del causante GABINO BARDALES ALEMAN, (su difunto padre), además de que existen otros herederos del referido causante, según lo expone el mismo demandante en la Demanda de Cesación de Comunidad, quien Una vez declarado heredero procedió a inscribir la sentencia en el Registro de Sentencias que opera en Juticalpa, Olancho, con el Número 43, Tomo 40. Sin embargo a lo largo del proceso no fue posible para el demandante acreditar mediante documento debidamente Registrado en el Instituto de la Propiedad, que la propiedad sobre la que pretende la cesación de comunidad, fue propiedad del causante GABINO BARDALES ALEMAN. En ese orden de idea sesta Sala aprecia que tanto la resolución dictada por el A quo como la confirmación de ésta por el Ad quem es conforme a Derecho, ambas resoluciones descansan en el cumplimiento de la Constitución y la ley; ya que ciertamente sería arbitrario dictar una resolución diferente sin el sustento probatorio que acredite la pretensión del recurrente. Apreciando que tanto el Debido Proceso como el Derecho de defensa se han garantizado en el proceso, tanto por el tribunal de primera instancia como el alzada, que han respetado, las formalidades, solemnidades, requisitos exigidos por la ley, de igual forma han tenido las mismas oportunidades procesales para hacer valer sus pretensiones, ejercitando la acción recursiva cuando lo ha considerado oportuno a sus intereses, por todo ello los argumentos del impetrante, y su apreciación de vulneración de normas constitucionales no son de recibo.-CONSIDERANDO: (10) Que el Ministerio Público a través de su representante, emitió dictamen en fecha 16 de mayo del año 2016, mediante el es de la opinión que a lo largo del proceso no se aprecia ninguna violación a un derecho fundamental por lo que fue del parecer que No se otorgue el amparo interpuesto.-CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1364, 1365, 1765 del Código Civil; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado JOSE VIRGILIO OCHOA ANDERSON, a favor de FELIPE NERY BARDALES BARDALES, contrala sentencia de fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0992-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL