Sentencia AC-932-15 — Registro 12123
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución interlocutoria que estimó oposición al reclamo de honorarios profesionales por actuaciones procesales de la Curador Ad-Litem de ejecutada en demanda ejecutiva de pago promovida por Banco Atlántida S A contra sociedades mercantiles; dicha confirmación es en virtud de la falta de legitimación pasiva de la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."después del estudio de los autos que conforman el caso en estudio y del fallo impugnado en esta vía constitucional, esta Sala estima necesario señalar que el Código Procesal Civil, desarrolla el procedimiento a seguir a efecto de solicitar Cobro de Honorarios, al respecto el artículo 89 numeral 1 establece:…"..."esta Sala de lo Constitucional advierte que BANCO ATLÁNTIDA S.A., no requirió de los servicios profesionales de la Abogada LENNIN EVELIN HERNANDEZ, en consecuencia la demandada en la solicitud de pago de Honorarios Profesionales, no tiene ninguna obligación con la demandante la Abogada Hernández, es decir no cuenta con la legitimación requerida como bien lo indica la resolución que se impugna en esta vía constitucional, es por ello que, el hecho de haber sido BANCO ATLÁNTIDA S.A., quien en su momento solicitó el nombramiento de Curador Ad Litem, no implica que exista obligación en cuanto al pago de los referido honorarios profesionales, siendo así el Curador Ad Litem podía reclamar el pago de honorarios profesionales en el proceso de ejecución del mismo y al no haberlo presentado de esa manera, presentar reclamo judicial contra quien si esta legitimado, en este caso el ejecutado, pues reiterando el nombramiento de Curador responde a la necesidad de defender los derechos de las personas ausentes en los procesos judiciales..."..."esta Sala estima que la decisión adoptada por el Ad-quem se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse respetado los derechos constitucionales invocados como vulnerados por el recurrente en amparo; garantizando el acceso a los tribunales, derecho implícito en el debido proceso, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a las personas que concurren a los tribunales en amparo de sus pretensiones, siendo entonces, con respeto a las garantías que señale cada uno de los trámites procedímentales, que la autoridad reconocerá o denegará esa pretensión, a través de una resolución de fondo justa y motivada, teniendo como parámetros de respeto, la aplicación de la Constitución y la ley aplicable al caso concreto..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Arancel del Profesional del Derecho, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Arancel del Profesional del Derecho, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA, a favor de la Abogada LENNIN EVELYN HERNANDEZ, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha treinta de julio del año dos mil quince, que declaró No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la demanda de Cobro de Honorarios profesionales promovida por el Abogado José Ramón Osorio Murillo, en su condición de Apoderado Legal de la señora LENIN EVELIN HERNÁNDEZ, contra la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en el artículos 90, 127 y 133 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha Trece (13) de noviembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición DE Apoderado Legal de la señora LENNIN EVELIN HERNANDEZ, interponiendo Demanda de Cobro de Honorarios Profesionales, por haber actuado la Abogada LENNIN EVELIN HERNANDEZ como curador Ad Litem en la demanda ejecutiva de pago promovida por la empresa mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A contra las sociedades mercantiles denominadas CARIBBEAN SEA FOOD, S. DE R.L. DE C.V. en su condición de deudora principal e INVERSIONES INMUEBLES Y TURISTICAS S.A. DE C.V. y N.V.N HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. ambas en su condición de Fiadores Solidarios. (Folios del 1 al 55 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015), el Tribunal referido dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la oposición presentada por el Abogado PATRICK JAMES BENNETT CONNOR, en el presente proceso.- SEGUNDO: SOBRESEER las presentes diligencias, por considerar que la demanda carece de presupuesto procesales es decir que existe falta de legitimación pasiva, esto sin perjuicio de que la parte demandante pueda ejercitar la acción nuevamente ante los órganos jurisdiccionales.- TERCERO: Que se notifique esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma procede interponerse el recurso de apelación, en el plazo de diez días a partir del acto de comunicación respectivo ante el órgano jurisdiccional que se recurre, de conformidad con los Artículos 690, 706, 707 y 709 del Código procesal Civil. Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo…” (Folios del 105 al 109fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha treinta (30) de julio del año dos mil quince (2015), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de Apoderado Legal de la señora LENNIN EVELIN HERNANDEZ, contra la resolución de fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida dictó resolución que falla: (Sic) “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, contra el auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince dictado por el Juzgado de Letras de esta sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- SEGUNDO: CONFIRMAR el auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, dictado en la Demanda de Cobro de Honorarios derivados de la prestación de servicios profesionales promovida por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de apoderado legal de la Abogada LENIN EVELIN HERNANDEZ, en el cual se declara con lugar la oposición presentada por el Abogado PATRICK JAMES BENNETT CONNOR.- TERCERO: CONDENAR en costas a la parte recurrente…” (Folios del 9 al 12 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).-4) Que el recurrente abogado JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha cinco (5) de octubre del año dos mil quince (2015), interponiendo recurso de amparo a favor de la Abogada LENNIN EVELYN HERNANDEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil quince (2015), violenta los artículos 90, 127 y 133 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016); ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 33 de la pieza de amparo).-5) Que con fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista.-CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha treinta de julio del año dos mil quince, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda de Cobro de Honorarios Profesionales promovida por el Abogado José Ramón Osorio Murillo, en su condición de Apoderado Legal de la Abogada LENNIN EVELIN HERNANDEZ, en contra de la empresa BANCO ATLÁNTIDA S.A., en virtud de haber representado como Curador Ad Litem a la sociedad demandada CARIBBEAN SEA FOOD, S. de R.L. de C.V. como deudor principal y las sociedades N.V.N. HONDURAS S de R.L. de C.V. y COORPORACIÓN DE INVERSIONES INMUEBLES Y TURÍSTICAS S.A. de C.V., en la demanda Ejecutiva de Pago que fuera promovida por el Abogado Landon Arnold Cough Ducker en su condición de Apoderado Legal de BANCO ATLÁNTIDA S.A., en contra del Grupo Caribbean a través de su Representante Legal el señor Anthony Vasile.- CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA, muestra su disconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representada las garantías constitucionales establecidas en los artículos 90, párrafo primero, 127 y 133 de la Constitución de la República; para ello plantea sus argumentos indicando que el debido proceso no es mas que la aplicación al ciudadano en casos concretos de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, de acuerdo a la naturaleza de cada juicio y estos tres aspectos deberán ser apreciados por un Juez o Tribunal competente. Arguye el recurrente que el artículo 3 del Código Procesal Civil[3], en plena concordancia con nuestra Carta Magna establece literalmente lo siguiente: “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”; continúa refiriendo el impetrante que el presente caso se ve cercenado el debido proceso a su representada, ya que coartan el libre acceso a tribunal competente violándose asimismo el artículo 1 del mismo CPC, ya que deslegitiman su actuación procesal, siendo claro en el expediente en el cual se le nombró Curador Ad Litem su capacidad procesal para poder entablar el cobro de honorarios profesionales incumplidos por una persona jurídica QUE SE BENEFICIO con sus actuaciones, siendo un precedente funesto tal actuación de la autoridad ya que le estaría diciendo a todos los profesionales del derecho que hayan sido nombrados como Curador Ad Litem que carecen legitimidad para poder reclamar sus honorarios profesionales a la persona cuyo producto de su actuación se ve beneficiado, en virtud de ser imposible ubicar a la persona demandada en juicio, cuyo único beneficiado con la continuación del proceso es el propio demandante.-CONSIDERANDO(4): Que en relación a la vulneración de los artículos 127[4] y 133[5] constitucionales, el recurrente lo desarrolla indicando que en los antecedentes de hecho que desarrollo en la formulación del presente Recurso de Amparo, manifestó a esta Honorable Corte la forma como se desarrollaron los actos procesales que dan origen al derecho de honorarios profesionales por parte de su representada, siendo un artículo de suma relevancia para sus pretensiones el consignado en el número 3 del Arancel del Profesional del Derecho que literalmente dice: “PAGO DE HONORARIOS El profesional del derecho devengara y percibirá honorarios de quienes le soliciten sus servicios O SE BENEFICIEN DE ELLOS en las oportunidades que correspondan y de conformidad con el presente Arancel, sea cual fuere el resultado del asunto a su cargo. Todo profesional del Derecho que conforme al presente Arancel devengare honorarios podrá pedir en cualquier estado del pleito o negocio que se le paguen los devengados, si por cualquier circunstancia cesare en el ejercicio de la representación” –lo resaltado es del recurrente-; dice asimismo el impetrante que es claro y categórico el relacionado artículo en el caso particular de la función de Curador Ad Litem, ya que éste presta sus servicios profesionales en beneficio en este caso de un acreedor que no localiza a su deudor y al ser imposible la continuación del proceso de ejecución de la garantía otorgada sin la intervención del profesional del derecho nombrado por el A-quo, el Arancel del profesional del derecho señala la obligación de cubrir sus honorarios profesionales por parte de la persona natural o jurídica que se beneficio con su labor dentro del proceso judicial para lo cual fue nombrado en el presente caso. Sostiene el impetrante que es una violación clara y directa al derecho al trabajo de su representada, ya que se especifica en el artículo 133 que los trabajadores intelectuales independientes serán objeto de una legislación protectora, en este caso seria el Arancel del Profesional del Derecho, que asimismo consigna en su artículo 15 que este tipo de créditos “… GOZARAN SIEMPRE DE PRIVILEGIO PREFERENTE ANTE CUALQUIER OTRO CREDITO”.- CONSIDERANDO(5): Que haciendo acopio a los argumentos planteados por el recurrente, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no los derechos constitucionales a que alude el mismo; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento principal del recurso versa principalmente con que el Tribunal de Alzada ha emitido una sentencia inconstitucional al declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente confirmar la resolución dictada por el A-quo, resolución a través de la cual el referido Juzgado, declara con lugar la oposición presentada a la solicitud de cobro de Honorario Profesionales promovida por el Abogado José Ramón Osorio Murillo en su condición de Apoderado Legal de la Abogada Lennin Evelin Hernández.-CONSIDERANDO(6): Que el Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, emitió el dictamen correspondiente en la presente acción constitucional, siendo de la opinión que se DENIEGUE la acción de amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista; arguye la Fiscal del Despacho, que del estudio de los autos se observa que se ha demandado a una persona jurídica –Banco Atlántida- que de acuerdo a la ley no tiene una obligación en relación con la parte demandante, ya que en este caso la parte demandante Abogada Lennin Evelin Hernández, no cuenta con la legitimación requerida ya que el hecho que Banco Atlántida en la sustanciación del proceso en la demanda ejecutiva de pago que promovió contra las sociedades mercantiles, solicitó el nombramiento del curador Ad Litem, tal circunstancia no necesariamente implica que tenga obligación de pago de honorarios profesionales a favor de quien actuó como tal -como Curador Ad Litem-; en consecuencia el Apoderado Legal que actuó como Curador Ad Litem podía reclamar el pago de honorarios profesionales dentro del proceso de ejecución del mismo o en su defecto presentar reclamo judicial de pago de honorarios profesionales en contra de quien si esta legitimado es decir el ejecutado.-CONSIDERANDO(7): Que después del estudio de los autos que conforman el caso en estudio y del fallo impugnado en esta vía constitucional, esta Sala estima necesario señalar que el Código Procesal Civil, desarrolla el procedimiento a seguir a efecto de solicitar Cobro de Honorarios, al respecto el artículo 89 numeral 1 establece: “COBRO DE HONORARIOS. 1. Los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al convenio de Honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama, en su caso.” (Lo subrayado es Nuestro); asimismo el artículo 3 del Arancel del Profesional del Derecho estipula: “PAGO DE HONORARIOS: El Profesional del Derecho devengará y percibirá honorarios de quienes le soliciten sus servicios o se beneficien de ellos, en las oportunidades que correspondan y de conformidad con el presente Arancel, sea cual fuere el resultado del asunto a su cargo. Todo Profesional del Derecho que conforme al presente Arancel devengare honorarios, podrá pedir en cualquier estado del pleito o negocio que se le paguen los devengados, si por cualquier circunstancia cesare en el ejercicio de la representación”.-CONSIDERANDO (8): Que el recurrente estima vulnerados derechos constitucionales cuando el Juez A-quo y el Ad-quem le han negado la petición a su representada de cobrar Honorarios Profesionales de la sociedad denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., cuando fungió como Curador Ad Litem en la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por BANCO ATLÁNTIDA S.A. contra las sociedades mercantiles denominadas CARIBBEAN SEA FOOD, S. DE R.L. DE C.V. en su condición de deudora principal e INVERSIONES INMUEBLES Y TURÍSTICAS S.A. DE C.V. y N.V.N HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. ambas en su condición de Fiadores Solidarios; por ello es importante establecer que el Curador Ad Litem es la persona encargada de asumir la defensa de la parte que por alguna circunstancia no puede concurrir al proceso o cuando ésta sea un incapaz y por dicha circunstancia no pueda asumir su defensa; el curador Ad Litem lo designa el juez encargado del proceso y su función principal es asumir la defensa de quien representa en el proceso; conforme a ello del estudio de los autos se ha podido constatar que la Abogada LENNIN EVELIN HERNANDEZ, fue nombrada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, como Curador Ad Litem del demandado ausente, el señor ANTHONY VASILE representante legal de las sociedades mercantiles denominadas CARIBBEAN SEA FOOD, S. DE R.L. DE C.V. en su condición de deudora principal e INVERSIONES INMUEBLES Y TURÍSTICAS S.A. DE C.V. y N.V.N HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. ambas en su condición de Fiadores Solidarios.-CONSIDERANDO (9): Que conforme a los argumentos expuestos por el recurrente en amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que BANCO ATLÁNTIDA S.A., no requirió de los servicios profesionales de la Abogada LENNIN EVELIN HERNANDEZ, en consecuencia la demandada en la solicitud de pago de Honorarios Profesionales, no tiene ninguna obligación con la demandante la Abogada Hernández, es decir no cuenta con la legitimación requerida como bien lo indica la resolución que se impugna en esta vía constitucional, es por ello que, el hecho de haber sido BANCO ATLÁNTIDA S.A., quien en su momento solicitó el nombramiento de Curador Ad Litem, no implica que exista obligación en cuanto al pago de los referido honorarios profesionales, siendo así el Curador Ad Litem podía reclamar el pago de honorarios profesionales en el proceso de ejecución del mismo y al no haberlo presentado de esa manera, presentar reclamo judicial contra quien si esta legitimado, en este caso el ejecutado, pues reiterando el nombramiento de Curador responde a la necesidad de defender los derechos de las personas ausentes en los procesos judiciales.-CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior esta Sala estima que la decisión adoptada por el Ad-quem se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse respetado los derechos constitucionales invocados como vulnerados por el recurrente en amparo; garantizando el acceso a los tribunales, derecho implícito en el debido proceso, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a las personas que concurren a los tribunales en amparo de sus pretensiones, siendo entonces, con respeto a las garantías que señale cada uno de los trámites procedímentales, que la autoridad reconocerá o denegará esa pretensión, a través de una resolución de fondo justa y motivada, teniendo como parámetros de respeto, la aplicación de la Constitución y la ley aplicable al caso concreto.- CONSIDERANDO (11): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (12): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO(13): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo.-CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 89, 426; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 5, 64 y 89 del Código Procesal Civil; 1, 2 y 3 del Arancel del Profesional del Derecho. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA, a favor de la Abogada LENNIN EVELYN HERNANDEZ, contra la resolución dictada en fecha treinta (30) de julio del año dos mil quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0932-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] En adelante CPC.
[4] “Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
[5] “Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora”.