Sentencia AC-919-15 — Registro 6649
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró infundada la queja contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que esta Sala teniendo como quehacer fundamental el entre el valor y significado que debe prevalecer en el caso concreto de la justicia o la norma aplicada. El Juez Constitucional con base en los principios de ponderación y proporcionalidad, deberá proteger y asegurar el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos al ciudadano de tal manera que éstos prevalezcan, porque el quebrantamiento de los derechos fundamentales causa perjuicios no solo a la persona recurrente sino que va más allá trastocando la administración de justicia por disposición del juez no de la ley, el permitirlo sería como dar licencia para que los órganos jurisdiccionales apliquen procedimientos inadecuados y arbitrarios que comprometen en el caso de estudio el derecho a la propiedad, específicamente, contrario a los principios constitucionales que invocan la justicia en el proceso civil, entre ellos el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, cuando se deniega el derecho al recurrente para intervenir en el proceso, ya que sin ser parte, resulta afectada en sus bienes por los actos de ejecución de la sentencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 750 del Código Procesal Civil, que literalmente dice: “Artículo. 750 INTERVENCIÓN DE TERCEROS. Podrá intervenir en la ejecución quien, sin ser parte ejecutante o ejecutada según éste Código, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución. La intervención lo será para la defensa de sus derechos e intereses, ejercitando los derechos y posibilidades y quedando sujeto a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico” (las cursivas son nuestras). El inobservar esta disposición claramente quebranta la Constitución de la República, que en el artículo 82 establece: “El derecho de defensa es inviolable, y los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. En cumplimiento a esta norma constitucional el “artículo 1 del Código Procesal Civil que estipula del derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales dispone: 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia”. En consecuencia el Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de este Artículo removiendo impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. “El derecho corresponde a toda persona para peticionar ante los Tribunales Civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimos”. El apartado tercero del artículo 1, va incluso más lejos al prohibir el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. En definitiva se trata del reconocimiento de la prohibición de cualquier forma de discriminación en el acceso a la tutela judicial efectiva, discriminación que sería contraria a los tratados internacionales, atentaría contra la dignidad del ser humano, reconocida en el art. 59 de la Constitución de la República, y sería directamente contraria a lo establecido en el art. 60 de la misma, que afirma que todos los hombres nacen iguales en derechos, no admitiéndose clases privilegiadas y siendo los hondureños iguales ante la Ley, declarando la punibilidad de toda discriminación. El párrafo final de este artículo expresamente ordena al órgano jurisdiccional velar por el cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. Sin perjuicio de lo ya dicho respecto de la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia, principio “pro actione” y prohibición de indefensión, es preciso que el proceso civil se desarrolle por medio de los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, por todo ello es quehacer de esta Sala de lo Constitucional, hacer que la justicia prevalezca, por lo que debe otorgarse el amparo a fin de que las actuaciones en la ejecución de la sentencia se ajusten a lo establecido en la Constitución de la República, el Código Procesal Civil y leyes de protección a los derechos Humanos, reconocidos por el Estado.-CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en el resto del ordenamiento jurídico.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 750 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero del dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, a favor de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA conocida también como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), que declaró infundada la queja interpuesta por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial, promovida por la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, contra los señores JOSE BERNARDO REYES y GLORIA DEYSI PONCE SORTO.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenidos en los artículos 82, 90, 92, 103, 106 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado Primero Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, el abogado RENE DIAZ VALENZUELA, actuando en su condición de apoderado Legal de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, interponiendo Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial en contra los señores JOSE BERNARDO REYES y GLORIA DEYSI PONCE SORTO. (Folios uno (01) al cuatro (04) de la primera pieza de antecedentes).-2) Que agotado el trámite correspondiente, el Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira, dictó resolución en fecha uno (01) de julio de dos mil quince (2015), en la cual resolvió: “… UNICO: En virtud de que en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de La Ciudad de Santa Rosa de Copán, revocó la suspensión del proceso por lo que se ordena a los señores JOSE BERNARDO REYES Y GLORIA DEYSI PONCE, procedan a desalojar el bien inmueble hipotecado a favor de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, para su cumplimiento efectivo líbrese Exhorto al Juzgado de Paz del Municipio de La Unión Departamento de Lempira, para que sea auxiliado por la fuerza pública de ser necesario, y proceda al desalojo del inmueble antes referido y se ponga en posesión a la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA.-…” (Folio ciento noventa y nueve (199) de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015), el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA (VIDA ABUNDANTE), compareció ante el Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira, presentando oposición al desalojo decretado, en consecuencia, el referido Juzgado dictó providencia en fecha cinco de agosto de dos mil quince, en la cual resolvió: “… Primero: Denegar la solicitud formulada por el Abogado Reynaldo Antonio Hernández, el sentido de oponerse al desalojo ya decretado, debiendo continuarse con la ejecución. …”(Folio doscientos ocho (208) de la primera pieza de antecedentes).-4) Que en fecha veinticuatro (24) de Agosto de dos mil quince (2015), el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el citado Juzgado de Letras, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de fecha cinco de agosto de dos mil quince, relacionada en el inciso precedente, por tanto, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras de Gracias, departamento de Lempira, dictó resolución mediante la cual Resolvió: “Inadmítase el Recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, en virtud de que la ley establece en el Artículo 707 de Código Procesal Civil, que éste procede solo contra autos definitivos que ponen fin al proceso, en consecuencia, siendo que la resolución de fecha Cinco de Agosto del Año Dos Mil Quince, no es un auto definitivo, no procede la interposición del recurso de apelación.-“ (Folios doscientos once (211) al doscientos catorce (214) de la primera pieza de antecedentes).-5) Que en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, interponiendo Recurso de Queja contra la resolución de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil quince (2015), dictada por el A-quo.-6) Que conociendo del Recurso de Queja promovido por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ,la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictó Resolución mediante la cual: “…RESUELVE: “DECLARAR INFUNDANDA la queja interpuesta por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Cultural Espiritual Evangélica Amigos de Tegucigalpa (Vida Abundante) en la Demanda de EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, incoada por la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, en contra de los señores JOSE BERNARDO REYES y GLORIA DEYSI PONCE SORTO.- NOTIFIQUESE”.(Folios seis (06) al siete (07) de la segunda pieza de antecedentes).-7) Que el recurrente Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil quince (2015), reclamando amparo a favor de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, conocida también como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, contra la resolución, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de las garantías y derechos contenidos en los artículos 82, 90, 92, 103, 106 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecisiete (17) de mayo de la año dos mil dieciséis (2016).-8) Que en fecha tres (3) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, y por emitido su dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la Acción de Amparo. (Folios cincuenta (50) al cincuenta y cuatro (54) de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO(3): Que se conoce en amparo la resolución dictada en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copán, mediante la cual declaró infundado un recurso de queja interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras departamental de Gracias Lempira, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial promovida por la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA contra los señores JOSE BERNARDO REYES Y GLORIA DEYSI PONCE SORTO.-CONSIDERANDO(4): Que el impetrante, en la formalización del recurso, relaciona el origen de la controversia que surge cuando “la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada interpone Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial y una Ejecución Hipotecaria en contra delos señores JOSE BERNARDO REYES HERNANDEZ Y GLORIA DEYSI PONCE SORTO, acción judicial que ejecutó en su momento una primera y especial hipoteca constituida por los deudores a favor de la referida cooperativa sobre un inmueble inscrito bajo el número 50 del tomo 273 del Instituto de la Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas de Lempira e inscrita la primera hipoteca bajo el número 25 del tomo 290 de esa misma circunscripción registral. Continúa exponiendo el recurrente que “mediante audiencia de subasta celebrada en la ciudad de Gracias departamento de Lempira, en fecha nueve (09) de enero de dos mil trece (2013), el Juzgador A-Quo adjudicó el bien inmueble anteriormente identificado a favor de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA”, sigue manifestando que en fecha cinco de agosto del dos mil quince el Juzgador A-Quo, ordenó el desalojo de la propiedad donde funciona CASA HOGAR VIDA ABUNDANTE, aduciendo que dicho inmueble es de la Cooperativa MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA”, propiedad inscrita a favor de su representada SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE bajo el número 93 del tomo 448 del Instituto de la Propiedad hipoteca y Anotaciones Preventivas de Lempira, describiendo dicho bien inmueble así como sus mejoras; inmueble que hubo por “compra realizada a la señora Reyes Mejía también conocida como MarlyLiset Reyes Mejía en fecha 19 de noviembre del 2012, mediante instrumento público Número 106, autorizado por el Notario JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ y en el cual se encuentra constituida primera y especial Hipoteca en Favor del Banco de Occidente”. Dice el recurrente que de acuerdo a lo antes expuesto “no existe motivo alguno para pretender que el inmueble rematado y adjudicado sea el mismo de la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovido por la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, ya que los asiento de inscripción son distintos y la impetrante jamás ha tenido ninguna relación ni civil, ni mercantil con la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA”. Precisando la recurrente que la “SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA EVANGELICA VIDA ABUNDANTE, no es responsable ni solidaria ni mancomunadamente de alguna obligación con la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, para responder con el inmueble hoy afectado; ya que las obligaciones nacen o se derivan de testamento, convención, contrato o ley”.-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante manifiesta que se le han quebrantado los artículos 82 del Derecho de defensa,90 del Debido Proceso, artículo 92 del Estado de Inocencia y el artículo 103 del Derecho a la Propiedad Privada, todos contenidos en la Constitución de la República. Exponiendo que el derecho de defensa se le vulnera cuando el Ad-quem “realiza una aplicación indebida del procedimiento de subasta y posterior adjudicación con orden de desalojo de un bien inmueble que no forma parte del patrimonio de los señores JOSE BERNARDO REYES HERNANDEZ Y GLORIA DEYSI PONCE SORTO”. En tanto que en el Debido Proceso ambas partes deben tener la posibilidad de formular alegaciones y probarlas. Toda persona al acceder a un proceso, solicitando la tutela judicial efectiva por parte del Estado, goza de un conjunto de derechos con implicaciones procesales, que le aseguren la posibilidad de sostener sus posiciones, y que la parte contraria haya podido formular lo propio. En relación al artículo 92 constitucional el recurrente señala que su representada la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, conocida también como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, no es responsable ni solidaria ni mancomunadamente de alguna obligación con la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, para responder con el inmueble hoy afectado. Señala que la resolución de fecha 21 de octubre del año 2014 infringe el derecho de propiedad que el Estado reconoce, fomenta y garantiza, porque dicha resolución con la adjudicación ordenada a favor de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, tiende a privar de sus bienes a la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, que no ha sido vencida ni condenada en ningún juicio promovido contra ella, señala que se intenta ejecutar contra sus poderdantes una resolución recaída en contra de otras personas. Finalmente expresa que su petición no se circunscribe a la denuncia de una mera ilegalidad pues lo que se razona es que el Juez A-quo se extralimitó al imponer una adjudicación y posterior orden de desalojo sobre un bien inmueble que no es parte del patrimonio del ejecutado y mucho menos de la garantía hipotecaria inscrita a favor del ejecutante.-CONSIDERANDO(6): Que el Ad-quem en la fundamentación jurídica señala la existencia de jurisprudencia menor en relación al artículo 902 del Código Procesal Civil, que dispone los casos cuando se suspenderá la tramitación de los procesos de ejecución, cuando haya oposición, cuando haya tercería de dominio y en los supuestos de prejudicialidad penal. Dejando establecido que ninguno de estos casos corresponde a la intervención de la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, por lo que no existió motivo alguno para que el Juez A-quo suspendiera la ejecución. Por lo que declaró infundada la Queja del Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ en representación de la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE.-CONSIDERANDO (7):Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala aprecia: En la Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial, presentada en fecha veintidós de mayo del año dos mil doce (F. 14 pieza de demanda) en el párrafo que corresponde a los Hechos se señala el préstamo (que concedió la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE) por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS, otorgado al señor JOSE BERNARDO REYES MEJIA. Para garantizar dicho préstamo la “señora GLORIA DEYSI PONCE SORTO constituyó a favor de la Cooperativa primera y especial hipoteca en la cual los ejecutados responden hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.400,000.00), más los respectivos intereses, sobre el inmueble de su propiedad que se describe así: Sobre un derecho equivalente a cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de un terreno ubicado dentro del Título de Tierras San Isidro del Potrero Grande, en el Lote número uno, denominado San Isidro, Vega Vieja, Chupadero Grande y Potreros del Coyolar, jurisdicción del Municipio de La Unión, departamento de Lempira, encontrándose en dicho derecho o acción las mejoras siguientes: una casa de habitación construida con paredes de bloque, artesón de madera de color, techo de lámina de teja, cielo de machimbre de madera de color, piso de cerámica, puertas de madera de color, ventanas de vidrio y balcones de hierro, consta de cuatro cuartos, dos salas, comedor y cocina, tres corredores en forma de U, paredes repelladas y pintadas por dentro y fuera, instalaciones eléctricas, agua potable, dos sanitarios con sus respectivos baños, una cocina extra en la parte de afuera, dos cuartos pila para almacenar agua con su lavandero. Inscrito bajo el Número CINCUENTA (50) del Tomo DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Lempiras e inscrita la primera Hipoteca bajo el Número VEINTICINCO (25) del Tomo DOSCIENTOS NOVENTA (290) del mismo Instituto Registral a favor de la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada”.“La señora GLORIA DEYSI PONCE SORTO hubo este inmueble por compra que hizo a la señora BLANCA ROSA RAMOS PAZ, mediante escritura No. 14 autorizada por el Notario Jose Alberto Calix Orellana, el día 26 de enero del año dos mil ocho e inscrita a su favor bajo el numero cincuenta (50) Tomo doscientos setenta y tres (273) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Lempira.-CONSIDERANDO (8): Que el recurrente se personó ante el Juzgado de Letras del Departamento de Gracias, Lempira, en fecha doce de noviembre del año dos mil catorce, presentando el tracto sucesivo de las propiedades de las que su representada ha efectuado compra venta en el Municipio de La Unión en el Departamento de Lempira, propiamente en el lugar denominado San Isidro, Vega Vieja, Chupadero Grande y potrero del Coyolar, conocido también por San Isidro, Potrero Grande. Manifestando en el literal c) de dicho personamiento: que el señor José Bernardo Reyes Hernández en fecha veintitrés (23) de septiembre del dos mil Nueve (2009), mediante instrumento número Mil setecientos cuarenta y dos (1742), autorizado por Notario Público vendió a la señora Marly Liset Reyes Mejía un lote ubicado en título de San Isidro Potrero Grande, La Unión Lempira, una acción de terreno inscrito bajo número veintiocho (28) tomo Trescientos veintiocho (328) del Registro de la Propiedad de Lempira. En el literal d)Señala que posteriormente la señora Marly Liset Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía, hipoteca el terreno antes descrito a favor de Banco de Occidente bajo el número seis (6) Tomo trescientos cuarenta y cuatro del Registro de la Propiedad. Literal e)La señora Marly Liset Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía, en fecha 19 de noviembre del año 2012, mediante instrumento número ciento seis (106), autorizado por el Notario JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, vendió al señor Evelio Reyes en su condición de presidente de la Junta Directiva y Apoderado de Iglesia Cristiana Vida Abundante un lote ubicado en título de San Isidro, Potrero Grande, La Unión Lempira, describiendo las medidas, colindancias y sus mejoras. La que se encuentra inscrita bajo el número 93 tomo 448 y gravada a favor de Banco de Occidente, bajo el mismo asiento del Registro de la Propiedad de Lempiras (F. 73 y 74 primera pieza). En el numeral Segundo de su personamiento el recurrente hace una explicación de los literales que anteceden señalando que el señor José Bernardo Reyes Hernández le vendió el terreno a la señora Marly Liset Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía. La señora Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía, le hipotecó con primera y especial Hipoteca dicha propiedad al Banco de Occidente. El diecinueve de noviembre del año dos mil doce, según instrumento público número ciento seis (F. 113 primera pieza), le vende dicha propiedad al señor EVELIO REYES HERNANDEZ quien actúa en su condición de Presidente de la Junta Directiva y apoderado de la IGLESIA CRISTIANA VIDA ABUNDANTE, constando en la cláusula Cuarta de la Escritura de compraventa (F. 116 primera pieza), que para garantizar las obligaciones crediticias que contrae en este documento su representada, que consiste en un préstamo que el BANCO DE OCCIDENTE, S.A., le concede por la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.1,400.000.00),más intereses, gastos y costas, cuyo otorgamiento y condiciones se plasman en la cláusula siguiente, constituye a favor del BANCO DE OCCIDENTE, S.A., LA PRIMERA Y ESPECIAL HIPOTECA sobre el inmueble descrito en la cláusula primera y que recién adquiere la IGLESIA CRISTIANA VIDA ABUNDANTE. En la Cláusula quinta del mismo instrumento queda establecido que el destino de los recursos (F. 117 primera pieza) es para cubrir préstamos a cargo de LA VENDEDORA y del señor JOSE BERNARDO REYES HERNANDEZ, contraídos con el BANCO DE OCCIDENTE, S.A. Se aprecia de los antecedentes que dicho instrumento público fue inscrito en el Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el Número 93 Tomo 448 (F. 123 de la primera pieza de autos). En fecha catorce de enero del año dos mil quince la Jueza de Letras resuelve sobre varios aspectos a saber: 1.- Suspende la ejecución forzosa mediante acumulación de pretensiones de Titulo Extrajudicial y de ejecución Hipotecario presentada por el abogado René Díaz Valenzuela en su condición de representante procesal de la cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada en contra de JOSE BERNARDO REYES MEJIA Y DEYSI PONCE SORTO. 2.- Declara sin lugar el personamiento a favor de la Sociedad Cultural Espiritual Evangélica Amigos de Tegucigalpa (Vida Abundante). Que el recurrente interpuso recurso de apelación mismo que el A quo inadmitió por considerar que no concurren los requisitos exigidos por la ley, finalmente presenta el recurso de queja que también es declarado infundado el Recurso de Queja presentado por el impetrante.-CONSIDERANDO (9): Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que “El Derecho de Propiedad consiste en el grado máximo de poder que una persona, sea natural o jurídica, privada o de derecho público, posee sobre una determinada cosa de la cual es titular sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, considerándose entre los derechos prioritarios por excelencia, ya que su estricto respeto posibilita el logro pleno de los otros derechos fundamentales; por lo que la intención del Juzgado de Letras de Gracias del departamento de Lempira en ejecutar una orden contenida en un oficio que altera la realidad jurídica del proceso, violenta el derecho de propiedad privada de personas distintas a las que se enfrentaron en el proceso en el que se dictó tal decisión, poniendo en peligro ese trascendental derecho Constitucional. En tal sentido no habiendo sido parte del proceso el accionante y por lo tanto no discutido en juicio los títulos de propiedad que éste ostenta, no pueden ser desalojados del inmueble que poseen.-CONSIDERANDO (10): Que ciertamente la sentencia dictada por Juez competente debe cumplirse, sin embargo en el proceso de Ejecución de la sentencia no deben vulnerarse las normas de procedimiento, la tutela judicial efectiva, el derecho de Defensa, Derecho a la propiedad, y las normas internacionales que protegen los Derechos Humanos, que además forman parte del Derecho Interno del Estado. Realizado el análisis respectivo se encuentra que ciertamente los deudores de la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada constituyeron a favor de ésta una primera y especial hipoteca sobre un bien inmueble que la deudora GLORIA DEYSI PONCE SORTO hubo por compra que hizo a la señora BLANCA ROSA RAMOS PAZ, mediante escritura No. 14 autorizada por el Notario Jose Alberto Calix Orellana, el día 26 de enero del año dos mil ocho e inscrita a su favor bajo el numero cincuenta (50) Tomo doscientos setenta y tres (273) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Lempira. En tanto que el bien inmueble que se pretende ejecutar fue vendido por la señora MARLY LISET REYES MEJÍA conocida también como MARLYLISET REYES MEJÍA, en fecha 19 de noviembre del año 2012, mediante instrumento número ciento seis (106), autorizado por el Notario JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, al señor EVELIO REYES en su condición de presidente de la Junta Directiva y Apoderado de la Iglesia Cristiana Vida Abundante. Además aprecia esta Sala, que no existe vinculación a través de contratos de compra venta, negociaciones, civiles o mercantiles, entre las personas que intervinieron tanto en la compra-venta del inmueble dejado en garantía hipotecaria por la señora GLORIA DEYSI PONCE SORTO, quien en ningún momento ha intervenido en la venta realizada al señor EVELIO REYES en la condición que ostenta antes referida, sino que ha sido persona distinta es decir la señora MARLY LISET REYES MEJÍA conocida también como MARLYLISET REYES MEJÍA; siendo así no es conforme a la justicia y al derecho pretender ejecutar una sentencia en una propiedad que no tiene ningún vínculo comercial, mercantil, civil, con la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, ni con ninguno de los deudores ahora demandados puesto que no existe ningún tipo de contrato de préstamo, fiador, garantía o aval, para responder con sus bienes la Iglesia Vida Abundante. En ese orden de ideas se vulneran los derechos constitucionales que deben prevalecer y protegerse al impetrante.-CONSIDERANDO (11): Que esta Sala teniendo como quehacer fundamental el velar por el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio de los derechos individuales, tal como lo manda la Constitución de la República y las normas internacionales sobre Derechos Humanos, el Código Procesal Civil y las normas de Derechos Humanos y entre el valor y significado que debe prevalecer en el caso concreto de la justicia o la norma aplicada. El Juez Constitucional con base en los principios de ponderación y proporcionalidad, deberá proteger y asegurar el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos al ciudadano de tal manera que éstos prevalezcan, porque el quebrantamiento de los derechos fundamentales causa perjuicios no solo a la persona recurrente sino que va más allá trastocando la administración de justicia por disposición del juez no de la ley, el permitirlo sería como dar licencia para que los órganos jurisdiccionales apliquen procedimientos inadecuados y arbitrarios que comprometen en el caso de estudio el derecho a la propiedad, específicamente, contrario a los principios constitucionales que invocan la justicia en el proceso civil, entre ellos el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, cuando se deniega el derecho al recurrente para intervenir en el proceso, ya que sin ser parte, resulta afectada en sus bienes por los actos de ejecución de la sentencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 750 del Código Procesal Civil, que literalmente dice: “Artículo. 750 INTERVENCIÓN DE TERCEROS. Podrá intervenir en la ejecución quien, sin ser parte ejecutante o ejecutada según éste Código, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución. La intervención lo será para la defensa de sus derechos e intereses, ejercitando los derechos y posibilidades y quedando sujeto a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico” (las cursivas son nuestras). El inobservar esta disposición claramente quebranta la Constitución de la República, que en el artículo 82 establece: “El derecho de defensa es inviolable, y los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. En cumplimiento a esta norma constitucional el “artículo 1 del Código Procesal Civil que estipula del derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales dispone: 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia”. En consecuencia el Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de este Artículo removiendo impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. “El derecho corresponde a toda persona para peticionar ante los Tribunales Civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimos”. El apartado tercero del artículo 1, va incluso más lejos al prohibir el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. En definitiva se trata del reconocimiento de la prohibición de cualquier forma de discriminación en el acceso a la tutela judicial efectiva, discriminación que sería contraria a los tratados internacionales, atentaría contra la dignidad del ser humano, reconocida en el art. 59 de la Constitución de la República, y sería directamente contraria a lo establecido en el art. 60 de la misma, que afirma que todos los hombres nacen iguales en derechos, no admitiéndose clases privilegiadas y siendo los hondureños iguales ante la Ley, declarando la punibilidad de toda discriminación. El párrafo final de este artículo expresamente ordena al órgano jurisdiccional velar por el cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. Sin perjuicio de lo ya dicho respecto de la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia, principio “pro actione” y prohibición de indefensión, es preciso que el proceso civil se desarrolle por medio de los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, por todo ello es quehacer de esta Sala de lo Constitucional, hacer que la justicia prevalezca, por lo que debe otorgarse el amparo a fin de que las actuaciones en la ejecución de la sentencia se ajusten a lo establecido en la Constitución de la República, el Código Procesal Civil y leyes de protección a los derechos Humanos, reconocidos por el Estado.-CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 1, 750 del Código Procesal Civil;1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ a favor de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA conocida como IGLESIA CRISTIANA VIDA ABUNDANTE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince. SEGUNDO: Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, proceda a dictar un nuevo fallo conforme lo establecido en el iter de esta sentencia. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el numero 0919-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero del dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, a favor de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA conocida también como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), que declaró infundada la queja interpuesta por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial, promovida por la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, contra los señores JOSE BERNARDO REYES y GLORIA DEYSI PONCE SORTO.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenidos en los artículos 82, 90, 92, 103, 106 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado Primero Departamental de Gracias, Departamento de Lempira, el abogado RENE DIAZ VALENZUELA, actuando en su condición de apoderado Legal de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, interponiendo Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial en contra los señores JOSE BERNARDO REYES y GLORIA DEYSI PONCE SORTO. (Folios uno (01) al cuatro (04) de la primera pieza de antecedentes).-2) Que agotado el trámite correspondiente, el Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira, dictó resolución en fecha uno (01) de julio de dos mil quince (2015), en la cual resolvió: “… UNICO: En virtud de que en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de La Ciudad de Santa Rosa de Copán, revocó la suspensión del proceso por lo que se ordena a los señores JOSE BERNARDO REYES Y GLORIA DEYSI PONCE, procedan a desalojar el bien inmueble hipotecado a favor de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, para su cumplimiento efectivo líbrese Exhorto al Juzgado de Paz del Municipio de La Unión Departamento de Lempira, para que sea auxiliado por la fuerza pública de ser necesario, y proceda al desalojo del inmueble antes referido y se ponga en posesión a la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA.-…” (Folio ciento noventa y nueve (199) de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015), el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA (VIDA ABUNDANTE), compareció ante el Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira, presentando oposición al desalojo decretado, en consecuencia, el referido Juzgado dictó providencia en fecha cinco de agosto de dos mil quince, en la cual resolvió: “… Primero: Denegar la solicitud formulada por el Abogado Reynaldo Antonio Hernández, el sentido de oponerse al desalojo ya decretado, debiendo continuarse con la ejecución. …”(Folio doscientos ocho (208) de la primera pieza de antecedentes).-4) Que en fecha veinticuatro (24) de Agosto de dos mil quince (2015), el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el citado Juzgado de Letras, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de fecha cinco de agosto de dos mil quince, relacionada en el inciso precedente, por tanto, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras de Gracias, departamento de Lempira, dictó resolución mediante la cual Resolvió: “Inadmítase el Recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, en virtud de que la ley establece en el Artículo 707 de Código Procesal Civil, que éste procede solo contra autos definitivos que ponen fin al proceso, en consecuencia, siendo que la resolución de fecha Cinco de Agosto del Año Dos Mil Quince, no es un auto definitivo, no procede la interposición del recurso de apelación.-“ (Folios doscientos once (211) al doscientos catorce (214) de la primera pieza de antecedentes).-5) Que en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, interponiendo Recurso de Queja contra la resolución de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil quince (2015), dictada por el A-quo.-6) Que conociendo del Recurso de Queja promovido por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ,la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictó Resolución mediante la cual: “…RESUELVE: “DECLARAR INFUNDANDA la queja interpuesta por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Cultural Espiritual Evangélica Amigos de Tegucigalpa (Vida Abundante) en la Demanda de EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, incoada por la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, en contra de los señores JOSE BERNARDO REYES y GLORIA DEYSI PONCE SORTO.- NOTIFIQUESE”.(Folios seis (06) al siete (07) de la segunda pieza de antecedentes).-7) Que el recurrente Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil quince (2015), reclamando amparo a favor de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, conocida también como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, contra la resolución, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de las garantías y derechos contenidos en los artículos 82, 90, 92, 103, 106 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecisiete (17) de mayo de la año dos mil dieciséis (2016).-8) Que en fecha tres (3) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, y por emitido su dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la Acción de Amparo. (Folios cincuenta (50) al cincuenta y cuatro (54) de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO(3): Que se conoce en amparo la resolución dictada en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copán, mediante la cual declaró infundado un recurso de queja interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras departamental de Gracias Lempira, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial promovida por la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA contra los señores JOSE BERNARDO REYES Y GLORIA DEYSI PONCE SORTO.-CONSIDERANDO(4): Que el impetrante, en la formalización del recurso, relaciona el origen de la controversia que surge cuando “la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada interpone Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial y una Ejecución Hipotecaria en contra delos señores JOSE BERNARDO REYES HERNANDEZ Y GLORIA DEYSI PONCE SORTO, acción judicial que ejecutó en su momento una primera y especial hipoteca constituida por los deudores a favor de la referida cooperativa sobre un inmueble inscrito bajo el número 50 del tomo 273 del Instituto de la Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas de Lempira e inscrita la primera hipoteca bajo el número 25 del tomo 290 de esa misma circunscripción registral. Continúa exponiendo el recurrente que “mediante audiencia de subasta celebrada en la ciudad de Gracias departamento de Lempira, en fecha nueve (09) de enero de dos mil trece (2013), el Juzgador A-Quo adjudicó el bien inmueble anteriormente identificado a favor de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA”, sigue manifestando que en fecha cinco de agosto del dos mil quince el Juzgador A-Quo, ordenó el desalojo de la propiedad donde funciona CASA HOGAR VIDA ABUNDANTE, aduciendo que dicho inmueble es de la Cooperativa MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA”, propiedad inscrita a favor de su representada SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE bajo el número 93 del tomo 448 del Instituto de la Propiedad hipoteca y Anotaciones Preventivas de Lempira, describiendo dicho bien inmueble así como sus mejoras; inmueble que hubo por “compra realizada a la señora Reyes Mejía también conocida como MarlyLiset Reyes Mejía en fecha 19 de noviembre del 2012, mediante instrumento público Número 106, autorizado por el Notario JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ y en el cual se encuentra constituida primera y especial Hipoteca en Favor del Banco de Occidente”. Dice el recurrente que de acuerdo a lo antes expuesto “no existe motivo alguno para pretender que el inmueble rematado y adjudicado sea el mismo de la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovido por la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, ya que los asiento de inscripción son distintos y la impetrante jamás ha tenido ninguna relación ni civil, ni mercantil con la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA”. Precisando la recurrente que la “SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA EVANGELICA VIDA ABUNDANTE, no es responsable ni solidaria ni mancomunadamente de alguna obligación con la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, para responder con el inmueble hoy afectado; ya que las obligaciones nacen o se derivan de testamento, convención, contrato o ley”.-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante manifiesta que se le han quebrantado los artículos 82 del Derecho de defensa,90 del Debido Proceso, artículo 92 del Estado de Inocencia y el artículo 103 del Derecho a la Propiedad Privada, todos contenidos en la Constitución de la República. Exponiendo que el derecho de defensa se le vulnera cuando el Ad-quem “realiza una aplicación indebida del procedimiento de subasta y posterior adjudicación con orden de desalojo de un bien inmueble que no forma parte del patrimonio de los señores JOSE BERNARDO REYES HERNANDEZ Y GLORIA DEYSI PONCE SORTO”. En tanto que en el Debido Proceso ambas partes deben tener la posibilidad de formular alegaciones y probarlas. Toda persona al acceder a un proceso, solicitando la tutela judicial efectiva por parte del Estado, goza de un conjunto de derechos con implicaciones procesales, que le aseguren la posibilidad de sostener sus posiciones, y que la parte contraria haya podido formular lo propio. En relación al artículo 92 constitucional el recurrente señala que su representada la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, conocida también como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, no es responsable ni solidaria ni mancomunadamente de alguna obligación con la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, para responder con el inmueble hoy afectado. Señala que la resolución de fecha 21 de octubre del año 2014 infringe el derecho de propiedad que el Estado reconoce, fomenta y garantiza, porque dicha resolución con la adjudicación ordenada a favor de la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE LIMITADA, tiende a privar de sus bienes a la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, que no ha sido vencida ni condenada en ningún juicio promovido contra ella, señala que se intenta ejecutar contra sus poderdantes una resolución recaída en contra de otras personas. Finalmente expresa que su petición no se circunscribe a la denuncia de una mera ilegalidad pues lo que se razona es que el Juez A-quo se extralimitó al imponer una adjudicación y posterior orden de desalojo sobre un bien inmueble que no es parte del patrimonio del ejecutado y mucho menos de la garantía hipotecaria inscrita a favor del ejecutante.-CONSIDERANDO(6): Que el Ad-quem en la fundamentación jurídica señala la existencia de jurisprudencia menor en relación al artículo 902 del Código Procesal Civil, que dispone los casos cuando se suspenderá la tramitación de los procesos de ejecución, cuando haya oposición, cuando haya tercería de dominio y en los supuestos de prejudicialidad penal. Dejando establecido que ninguno de estos casos corresponde a la intervención de la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE, por lo que no existió motivo alguno para que el Juez A-quo suspendiera la ejecución. Por lo que declaró infundada la Queja del Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ en representación de la SOCIEDAD ESPIRITUAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA, también conocida como IGLESIA VIDA ABUNDANTE.-CONSIDERANDO (7):Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala aprecia: En la Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial, presentada en fecha veintidós de mayo del año dos mil doce (F. 14 pieza de demanda) en el párrafo que corresponde a los Hechos se señala el préstamo (que concedió la COOPERATIVA MIXTA OCOTEPEQUE) por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS, otorgado al señor JOSE BERNARDO REYES MEJIA. Para garantizar dicho préstamo la “señora GLORIA DEYSI PONCE SORTO constituyó a favor de la Cooperativa primera y especial hipoteca en la cual los ejecutados responden hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.400,000.00), más los respectivos intereses, sobre el inmueble de su propiedad que se describe así: Sobre un derecho equivalente a cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de un terreno ubicado dentro del Título de Tierras San Isidro del Potrero Grande, en el Lote número uno, denominado San Isidro, Vega Vieja, Chupadero Grande y Potreros del Coyolar, jurisdicción del Municipio de La Unión, departamento de Lempira, encontrándose en dicho derecho o acción las mejoras siguientes: una casa de habitación construida con paredes de bloque, artesón de madera de color, techo de lámina de teja, cielo de machimbre de madera de color, piso de cerámica, puertas de madera de color, ventanas de vidrio y balcones de hierro, consta de cuatro cuartos, dos salas, comedor y cocina, tres corredores en forma de U, paredes repelladas y pintadas por dentro y fuera, instalaciones eléctricas, agua potable, dos sanitarios con sus respectivos baños, una cocina extra en la parte de afuera, dos cuartos pila para almacenar agua con su lavandero. Inscrito bajo el Número CINCUENTA (50) del Tomo DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Lempiras e inscrita la primera Hipoteca bajo el Número VEINTICINCO (25) del Tomo DOSCIENTOS NOVENTA (290) del mismo Instituto Registral a favor de la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada”.“La señora GLORIA DEYSI PONCE SORTO hubo este inmueble por compra que hizo a la señora BLANCA ROSA RAMOS PAZ, mediante escritura No. 14 autorizada por el Notario Jose Alberto Calix Orellana, el día 26 de enero del año dos mil ocho e inscrita a su favor bajo el numero cincuenta (50) Tomo doscientos setenta y tres (273) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Lempira.-CONSIDERANDO (8): Que el recurrente se personó ante el Juzgado de Letras del Departamento de Gracias, Lempira, en fecha doce de noviembre del año dos mil catorce, presentando el tracto sucesivo de las propiedades de las que su representada ha efectuado compra venta en el Municipio de La Unión en el Departamento de Lempira, propiamente en el lugar denominado San Isidro, Vega Vieja, Chupadero Grande y potrero del Coyolar, conocido también por San Isidro, Potrero Grande. Manifestando en el literal c) de dicho personamiento: que el señor José Bernardo Reyes Hernández en fecha veintitrés (23) de septiembre del dos mil Nueve (2009), mediante instrumento número Mil setecientos cuarenta y dos (1742), autorizado por Notario Público vendió a la señora Marly Liset Reyes Mejía un lote ubicado en título de San Isidro Potrero Grande, La Unión Lempira, una acción de terreno inscrito bajo número veintiocho (28) tomo Trescientos veintiocho (328) del Registro de la Propiedad de Lempira. En el literal d)Señala que posteriormente la señora Marly Liset Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía, hipoteca el terreno antes descrito a favor de Banco de Occidente bajo el número seis (6) Tomo trescientos cuarenta y cuatro del Registro de la Propiedad. Literal e)La señora Marly Liset Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía, en fecha 19 de noviembre del año 2012, mediante instrumento número ciento seis (106), autorizado por el Notario JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, vendió al señor Evelio Reyes en su condición de presidente de la Junta Directiva y Apoderado de Iglesia Cristiana Vida Abundante un lote ubicado en título de San Isidro, Potrero Grande, La Unión Lempira, describiendo las medidas, colindancias y sus mejoras. La que se encuentra inscrita bajo el número 93 tomo 448 y gravada a favor de Banco de Occidente, bajo el mismo asiento del Registro de la Propiedad de Lempiras (F. 73 y 74 primera pieza). En el numeral Segundo de su personamiento el recurrente hace una explicación de los literales que anteceden señalando que el señor José Bernardo Reyes Hernández le vendió el terreno a la señora Marly Liset Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía. La señora Reyes Mejía conocida también como Marly Liset Reyes Mejía, le hipotecó con primera y especial Hipoteca dicha propiedad al Banco de Occidente. El diecinueve de noviembre del año dos mil doce, según instrumento público número ciento seis (F. 113 primera pieza), le vende dicha propiedad al señor EVELIO REYES HERNANDEZ quien actúa en su condición de Presidente de la Junta Directiva y apoderado de la IGLESIA CRISTIANA VIDA ABUNDANTE, constando en la cláusula Cuarta de la Escritura de compraventa (F. 116 primera pieza), que para garantizar las obligaciones crediticias que contrae en este documento su representada, que consiste en un préstamo que el BANCO DE OCCIDENTE, S.A., le concede por la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.1,400.000.00),más intereses, gastos y costas, cuyo otorgamiento y condiciones se plasman en la cláusula siguiente, constituye a favor del BANCO DE OCCIDENTE, S.A., LA PRIMERA Y ESPECIAL HIPOTECA sobre el inmueble descrito en la cláusula primera y que recién adquiere la IGLESIA CRISTIANA VIDA ABUNDANTE. En la Cláusula quinta del mismo instrumento queda establecido que el destino de los recursos (F. 117 primera pieza) es para cubrir préstamos a cargo de LA VENDEDORA y del señor JOSE BERNARDO REYES HERNANDEZ, contraídos con el BANCO DE OCCIDENTE, S.A. Se aprecia de los antecedentes que dicho instrumento público fue inscrito en el Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el Número 93 Tomo 448 (F. 123 de la primera pieza de autos). En fecha catorce de enero del año dos mil quince la Jueza de Letras resuelve sobre varios aspectos a saber: 1.- Suspende la ejecución forzosa mediante acumulación de pretensiones de Titulo Extrajudicial y de ejecución Hipotecario presentada por el abogado René Díaz Valenzuela en su condición de representante procesal de la cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada en contra de JOSE BERNARDO REYES MEJIA Y DEYSI PONCE SORTO. 2.- Declara sin lugar el personamiento a favor de la Sociedad Cultural Espiritual Evangélica Amigos de Tegucigalpa (Vida Abundante). Que el recurrente interpuso recurso de apelación mismo que el A quo inadmitió por considerar que no concurren los requisitos exigidos por la ley, finalmente presenta el recurso de queja que también es declarado infundado el Recurso de Queja presentado por el impetrante.-CONSIDERANDO (9): Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que “El Derecho de Propiedad consiste en el grado máximo de poder que una persona, sea natural o jurídica, privada o de derecho público, posee sobre una determinada cosa de la cual es titular sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, considerándose entre los derechos prioritarios por excelencia, ya que su estricto respeto posibilita el logro pleno de los otros derechos fundamentales; por lo que la intención del Juzgado de Letras de Gracias del departamento de Lempira en ejecutar una orden contenida en un oficio que altera la realidad jurídica del proceso, violenta el derecho de propiedad privada de personas distintas a las que se enfrentaron en el proceso en el que se dictó tal decisión, poniendo en peligro ese trascendental derecho Constitucional. En tal sentido no habiendo sido parte del proceso el accionante y por lo tanto no discutido en juicio los títulos de propiedad que éste ostenta, no pueden ser desalojados del inmueble que poseen.-CONSIDERANDO (10): Que ciertamente la sentencia dictada por Juez competente debe cumplirse, sin embargo en el proceso de Ejecución de la sentencia no deben vulnerarse las normas de procedimiento, la tutela judicial efectiva, el derecho de Defensa, Derecho a la propiedad, y las normas internacionales que protegen los Derechos Humanos, que además forman parte del Derecho Interno del Estado. Realizado el análisis respectivo se encuentra que ciertamente los deudores de la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada constituyeron a favor de ésta una primera y especial hipoteca sobre un bien inmueble que la deudora GLORIA DEYSI PONCE SORTO hubo por compra que hizo a la señora BLANCA ROSA RAMOS PAZ, mediante escritura No. 14 autorizada por el Notario Jose Alberto Calix Orellana, el día 26 de enero del año dos mil ocho e inscrita a su favor bajo el numero cincuenta (50) Tomo doscientos setenta y tres (273) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Lempira. En tanto que el bien inmueble que se pretende ejecutar fue vendido por la señora MARLY LISET REYES MEJÍA conocida también como MARLYLISET REYES MEJÍA, en fecha 19 de noviembre del año 2012, mediante instrumento número ciento seis (106), autorizado por el Notario JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, al señor EVELIO REYES en su condición de presidente de la Junta Directiva y Apoderado de la Iglesia Cristiana Vida Abundante. Además aprecia esta Sala, que no existe vinculación a través de contratos de compra venta, negociaciones, civiles o mercantiles, entre las personas que intervinieron tanto en la compra-venta del inmueble dejado en garantía hipotecaria por la señora GLORIA DEYSI PONCE SORTO, quien en ningún momento ha intervenido en la venta realizada al señor EVELIO REYES en la condición que ostenta antes referida, sino que ha sido persona distinta es decir la señora MARLY LISET REYES MEJÍA conocida también como MARLYLISET REYES MEJÍA; siendo así no es conforme a la justicia y al derecho pretender ejecutar una sentencia en una propiedad que no tiene ningún vínculo comercial, mercantil, civil, con la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, ni con ninguno de los deudores ahora demandados puesto que no existe ningún tipo de contrato de préstamo, fiador, garantía o aval, para responder con sus bienes la Iglesia Vida Abundante. En ese orden de ideas se vulneran los derechos constitucionales que deben prevalecer y protegerse al impetrante.-CONSIDERANDO (11): Que esta Sala teniendo como quehacer fundamental el velar por el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio de los derechos individuales, tal como lo manda la Constitución de la República y las normas internacionales sobre Derechos Humanos, el Código Procesal Civil y las normas de Derechos Humanos y entre el valor y significado que debe prevalecer en el caso concreto de la justicia o la norma aplicada. El Juez Constitucional con base en los principios de ponderación y proporcionalidad, deberá proteger y asegurar el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos al ciudadano de tal manera que éstos prevalezcan, porque el quebrantamiento de los derechos fundamentales causa perjuicios no solo a la persona recurrente sino que va más allá trastocando la administración de justicia por disposición del juez no de la ley, el permitirlo sería como dar licencia para que los órganos jurisdiccionales apliquen procedimientos inadecuados y arbitrarios que comprometen en el caso de estudio el derecho a la propiedad, específicamente, contrario a los principios constitucionales que invocan la justicia en el proceso civil, entre ellos el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, cuando se deniega el derecho al recurrente para intervenir en el proceso, ya que sin ser parte, resulta afectada en sus bienes por los actos de ejecución de la sentencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 750 del Código Procesal Civil, que literalmente dice: “Artículo. 750 INTERVENCIÓN DE TERCEROS. Podrá intervenir en la ejecución quien, sin ser parte ejecutante o ejecutada según éste Código, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución. La intervención lo será para la defensa de sus derechos e intereses, ejercitando los derechos y posibilidades y quedando sujeto a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico” (las cursivas son nuestras). El inobservar esta disposición claramente quebranta la Constitución de la República, que en el artículo 82 establece: “El derecho de defensa es inviolable, y los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. En cumplimiento a esta norma constitucional el “artículo 1 del Código Procesal Civil que estipula del derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales dispone: 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia”. En consecuencia el Órgano Jurisdiccional velará por el cumplimiento de este Artículo removiendo impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. “El derecho corresponde a toda persona para peticionar ante los Tribunales Civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimos”. El apartado tercero del artículo 1, va incluso más lejos al prohibir el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. En definitiva se trata del reconocimiento de la prohibición de cualquier forma de discriminación en el acceso a la tutela judicial efectiva, discriminación que sería contraria a los tratados internacionales, atentaría contra la dignidad del ser humano, reconocida en el art. 59 de la Constitución de la República, y sería directamente contraria a lo establecido en el art. 60 de la misma, que afirma que todos los hombres nacen iguales en derechos, no admitiéndose clases privilegiadas y siendo los hondureños iguales ante la Ley, declarando la punibilidad de toda discriminación. El párrafo final de este artículo expresamente ordena al órgano jurisdiccional velar por el cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos. Sin perjuicio de lo ya dicho respecto de la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia, principio “pro actione” y prohibición de indefensión, es preciso que el proceso civil se desarrolle por medio de los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, por todo ello es quehacer de esta Sala de lo Constitucional, hacer que la justicia prevalezca, por lo que debe otorgarse el amparo a fin de que las actuaciones en la ejecución de la sentencia se ajusten a lo establecido en la Constitución de la República, el Código Procesal Civil y leyes de protección a los derechos Humanos, reconocidos por el Estado.-CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 1, 750 del Código Procesal Civil;1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ a favor de la SOCIEDAD CULTURAL EVANGÉLICA AMIGOS DE TEGUCIGALPA conocida como IGLESIA CRISTIANA VIDA ABUNDANTE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince. SEGUNDO: Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, proceda a dictar un nuevo fallo conforme lo establecido en el iter de esta sentencia. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el numero 0919-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL