Sentencia AC-864-13 — Registro 12122
Resumen
Sentencia declaró infundado recurso de Queja contra auto dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar recurso de reposición y subsidiario recurso de apelación contra resolución dictada por el mismo juzgado estimando demanda ejecutiva de pago promovida contra recurrente en su condición de aval solidario; el Tribunal de Alzada también declaró firme el fallo recurrido; además concluyó que el juez a-quo fundamentó su resolución en un artículo incorrecto indicando que el correcto es el 915 del Código Procesal Civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar infundada una queja presentada contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha uno de abril del año dos mil doce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO YORO LIMITADA (COOPACYL), contra las señoras CLAUDIA ESTELA PADILLA, como Deudor Principal y ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO, en su condición de Aval Solidario; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor de la señora ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO, contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, que declaró infundada una queja presentada contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha uno de abril del año dos mil doce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO YORO LIMITADA (COOPACYL), contra las señoras CLAUDIA ESTELA PADILLA, como Deudor Principal y ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO, en su condición de Aval Solidario. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a sus representados los derechos contenidos en los Artículos 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil nueve, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO, el Abogado HECTOR RENAN ALFARO ZUNIGA, en su condición personal, presentando demanda Ejecutiva de Pago contra las señoras CLAUDIA ESTELA PADILLA, como Deudor Principal y ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO, en su condición de Aval Solidario, para que previos los trámite legales, sean condenadas a pagar la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.155,000.00), más los intereses, gastos y costas, según pagaré endosado en procuración a favor del demandante por el Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro Limitada (COOPACYL). (Folios 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha diez de octubre de dos mil doce, el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, dictó sentencia definitiva en la cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Abogado HECTOR RENAN ALFARO ZUNIGA de generales ya conocidas en su condición de Apoderado Legal de La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Yoro” Limitada (COOPACYL), contra la señora ANA LIZZETTE PADILLA CARCAMO, de generales conocidas, para que pague la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.155,000.00), en concepto de capital más intereses y las costas del presente juicio a favor de la COOPACYL.- …”. (Folios 149 al 151 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que con fecha veinte de marzo de dos mil trece, el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, actuando en su condición de Apoderado judicial de las señoras CLAUDIA ESTELA PADILLA y ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, interponiendo recurso de reposición y subsidiaria apelación contra la sentencia relacionada en el numeral anterior, en consecuencia, el Juzgado antes referido, mediante auto de fecha uno de abril de dos mil trece, resolvió: “…Se declara sin lugar, en virtud que después de notificada las partes de una sentencia definitiva en un juicio declarativo que se encuentre en trámite antes de entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, a partir de la fecha de la sentencia dictada, las demás actuaciones posteriores se debe aplicar las normas establecidas en dicho Código, tal como se establece en el Artículo 913 del CPC.- …”. (Folio 153 de la primera pieza de los antecedentes).4) Que conociendo del recurso de queja interpuesto por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, en su condición de representante procesal de la señora ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO contra resolución de fecha uno de abril de dos mil trece, relacionada en el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiuno de junio de dos mil trece, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “1) Declarar Infundada la queja interpuesta en contra del auto de fecha uno de abril del dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro. 2) Se declara firme la Sentencia de fecha diez de octubre del dos mil doce,…” (Folio 14 de la segunda pieza de los antecedentes). 5) Que el recurrente Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, reclamando amparo contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil trece, dictada por la citada Corte de Apelaciones, la cual considera violatoria de los dispuesto en los Artículos 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Que en esa misma fecha la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se declaró incompetente para conocer de la presente acción de amparo, remitiendo los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folios 02 al 20 y 21 de la pieza de amparo). 6) Que recibidas las diligencias de la Corte de Apelaciones y siguiendo el trámite correspondiente, habiéndose concedida vista al recurrente para que formalizara su acción, y en virtud de que el recurrente no hizo uso del mismo, en fecha cinco de noviembre de dos mil quince, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso, asimismo y desprendiéndose que en el escrito de interposición del recurso el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a efecto de que emitiera el correspondiente dictamen. (Folio 42 de la pieza de amparo).7) Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de la Fiscal del Despacho Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, siendo del parecer porque “NO SE OTORGUE” el recurso de mérito por existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento De Cortés, de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, que declaró infundada una queja presentada contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha uno de abril del año dos mil doce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO YORO LIMITADA (COOPACYL), contra las señoras CLAUDIA ESTELA PADILLA, como Deudor Principal y ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO, en su condición de Aval Solidario. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se le han violentado a sus representadas los derechos contenidos en el Artículos 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; la violación al debido proceso cuando la Corte de Apelaciones declara Infundada la queja interpuesta en contra del auto de fecha uno de abril del dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro; declara además firme la Sentencia de fecha diez de octubre del dos mil doce. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta; en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento De Cortés, de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, que declaró infundada una queja presentada contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha uno de abril del año dos mil doce, esta concluye que el Juez en su resolución se fundamentó en lo estipulado en el Artículo 923 del Código Procesal, lo cual es incorrecto, el caso que no ocupa se refiera a un juicio especial cuya fundamentación es el Artículo 915 del Código Procesal Civil, pero de igual manera debió observarse el trámite dispuesto en la norma procesal vigente; por lo tanto debe declararse infundada la queja interpuesta por la parte, debiendo comunicarse al Juzgado de Letras de Yoro; y, como lo establece el Artículo 734.2 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar infundada una queja presentada contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha uno de abril del año dos mil doce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO YORO LIMITADA (COOPACYL), contra las señoras CLAUDIA ESTELA PADILLA, como Deudor Principal y ANA LIZETTE PADILLA CARCAMO, en su condición de Aval Solidario; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-864-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL