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Sentencia AC-859-14 — Registro 8881

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar Apelación y confirmó la Resolución del a -quo, con relación a la Demanda para el pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien hipotecado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que con respecto al fondo de la supuesta vulneración de derechos, esta Sala considera que no es correcta la denuncia puesto que la norma procesal civil determina en su artículo 853 y 854 como se llevará a cabo la adjudicación de los bienes no vendidos o levantados en el embargo, así como se llevara el pago de las sumas debidas, indicando en el segundo artículo mencionado, en su primer numeral que las cantidades que se obtengan a favor de los ejecutantes se aplicará al pago de lo adeudado de lo principal, intereses y costas, pero el resto, si lo hay, como en el presente caso, se pondrá a disposición del deudor-ejecutado.- CONSIDERANDO (9):Que por todo lo anterior es procedente declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto, en vista de que la resolución denunciada del Ad-Quem está bien fundamentada y motivada, sustentando en el artículo 744 de la norma procesal en materia de derecho privado que fija que los límites de la actividad ejecutiva será el contenido del título de ejecución, siendo nulos los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no integradas en la pretensión debatida en el proceso, pudiendo hacer valer la nulidad mediante los recursos de reposición y apelación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil diecisiete.- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGAa favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de marzo del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, en fecha trece de diciembre del año dos mil trece, con relación a la demanda de ejecución forzosa hipotecaria promovida por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la Señora GEIBI MELISSA MARTINEZ..- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 70 preámbulo, 80, 82 y 90 preámbulode la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., promoviendo demanda de ejecución forzosa hipotecaria en contra de la Señora GEIBI MELISSA MARTINEZ.- 2)Que seguido el tramite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Segundo Seccional, en fecha trece de diciembre del año dos mil trece, llevo a cabo Audiencia de Subasta en la cual resolvió: “…QUINTO: Que de conformidad a lo anteriormente señalado se le adjudica el bien objeto de la presente subasta y ya descrito anteriormente a la Sociedad Mercantil denominada Banco Atlántida S.A., como legítimo propietario por adjudicación judicial y se ordena que se le ponga en posesión efectiva del bien objeto del presente remate, por el Crédito, más intereses corrientes, moratorios, costas personales y procesales que corresponden a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (LPS. 1,858,455.20), debiéndose poner a disposición de la deudora el resto o remanente del valor de la tasación del bien inmueble en la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (LPS. 1,134,892.60).-…” (Folios ochenta y nueve (89) al noventa y uno (91) del la pieza de primera instancia).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de marzo del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “1º. DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación Interpuesto por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición expresada; 2º. CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva dicta en fecha trece de diciembre del dos mil trece por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, El Paraíso.” (Folios siete (07) al trece (13) de la pieza de segunda instancia).- 4) Que la recurrente Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA compareció ante este alto Tribunal, en fecha treinta de julio del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70 preámbulo, 80, 82 y 90 preámbulo de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha siete de enero del año dos mil quince.- 5) Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se debe rechazar de plano por INADMISIBLE y SOBRESEER LAS DILIGENCIAS con los correspondientes efectos legales, pues en el expediente consta la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (1): Que se conoce la acción de Amparo Civil interpuesta por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUADA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA BANCO ATLANTIDA, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, que declara sin lugares Recurso de Apelación y confirma el auto dictado por EL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; con relación a la DEMANDA PARA EL PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA CONTRA UN BIEN HIPOTECADO, promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA, S.A., contra la señora GEIDI MELISSA MARTINEZ.- CONSIDERANDO (2): Que el recurrente en la formalización del recurso expone de manera detallada el motivo de la demanda, así como los diferentes momentos procesales, el uso de los recursos que le franquea la ley señalando que la sentencia recurrida, ha vulnerado las garantías constitucionales de defensa y debido proceso consignadas en los artículos 70, 80, 82 y 90 preámbulo de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que la recurrente, interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en fecha trece de diciembre del año dos mil trece por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, el Paraíso en la Demanda Ejecutiva de Pago por ejecución directa y Exclusiva de Título Extrajudicial Hipotecario promovida por Banco Atlántida, S.A. El Ad-Quem, en el fallo dictado en fecha diez de marzo del año dos mil catorce establece los antecedentes de hecho, mediante una relación circunstanciada de los hechos y momentos procesales en que las partes han intervenido. Dejando establecido en el párrafo quinto del fallo, que “del examen del caso de autos se observa que se la audiencia de Subasta 0703-2012-00028 se realizó cumpliendo con todos los requisitos de ley, a la que comparecieron tanto la parte ejecutante como la parte ejecutada, habiéndose adjudicado el inmueble subastado a favor de BANCO ATLANTIDA, S.A., por la cantidad adeuda mas intereses y costas del juicio. En el párrafo SEXTO expone el Ad-Quem, que consta en autos que el inmueble objeto de la hipoteca y posterior subasta fue valorado de común acuerdo en la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS ,lo que consta en la cláusula PRIMERA del testimonio del Instrumento número seiscientos ochenta y cinco (685) de fecha uno de noviembre del año dos mil once, de constitución de Hipoteca, por lo que al momento de la adjudicación se constató que la deuda ascendía únicamente a la cantidad de UN MILLON, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 1,858.455.20), valor que se desglosa de la información proporcionada por el mismo ejecutante al momento de presentar la liquidación correspondiente. Invoca el Tribunal de alzada el artículo 844.2 del Código Procesal Civil: ADJUDICACION DE BIENES. 11… 2.- La adjudicación de bienes al acreedor extingue su crédito hasta el límite del valor del bien. Si dicho valor fuera superior al importe de su crédito deberá abonar la diferencia”. Y en el caso de autos se encuentra acreditado que el valor del inmueble subastado sobrepasa la cantidad adeudada por el ejecutado, por lo que al encontrarse satisfecho el crédito del ejecutante por una cantidad menor, es procedente que la diferencia sea abonada a la parte ejecutada. Por todo ello la Corte de Apelaciones impugnada Declaró sin lugar el Recurso de Apelación, Confirmando la sentencia definitiva dictada en fecha trece de diciembre del año dos mil trece, por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, El Paraíso.- CONSIDERANDO (4):Que esta Sala aprecia: Que habiendo sido declarada sin lugar la apelación interpuesta por la ahora recurrente, procedió a interponer el recurso de reposición en fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce (F-19 de la pieza de amparo), misma que fue inadmitida y declarada sin lugar, procediendo a venir en amparo ante esta Sala de justicia. Estudiados lo antecedentes, la acción recursiva de la que hizo uso la recurrente, y la resolución impugnada, esta Sala aprecia el artículo 694 del Código Procesal Civil, de la “PROCEDENCIA Y FUNDAMENTACIÓN 1.- La reposición procede contra todas las providencia y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración”, tal como se observa en la norma el único requisito es que los autos de los que se pide su reposición no sean definitivos. Siendoque uno de los requisitos ineludibles de la acción de Amparo es la definitividad de las resoluciones, actos o hechos de que se denuncian en sede constitucional, se tiene por válido la interposición del mismo, para poder acceder a esta extraordinaria.- CONSIDERANDO (5):Que la casación es un recurso que la ley le franquea a las partes cuando han obtenido resultados adversos a sus pretensiones en el planteamiento del recurso de apelación, lo que no constituye una instancia sino un recurso excepcional y extraordinario que debe aplicarse solo a los casos estrictamente señalados en la ley, cuando las partes consideran que las resoluciones dictadas por el A-Quo o el Ad-Quem les ha causado agravios, incluso quebrantado los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. El artículo 717 de las Resoluciones Recurribles dispone: “Solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencia que expresamente establezca este código”. Entendiéndose con ello que por regla general serán recurribles en casación las sentencia emitidas por las Cortes de Apelaciones en todos los procesos del juicio ordinario.- CONSIDERANDO (6):Que el presente proceso es de los denominados de Ejecución Forzosa, específicamente es una ejecución hipotecaria, no un proceso declarativo ordinario, por lo que no procede el recurso de casación y el único recurso al que el quejoso podía optar para su revisión extraordinaria es el Amparo, adicionalmente el Código Procesal civil determina en su artículo 798 que las sentencias dictadas en los procesos ejecutivos no producirán efecto de cosa juzgada, quedando a las partes a salvo su derecho para promover el proceso ordinario sobre la cuestión sustanciada.- CONSIDERANDO (7):Que el Ministerio Público después del análisis detallado de la acción de amparo interpuesta concluye que la acción debe rechazarse de plano por inadmisible y sobreseer las diligencias, posición que no es congruente para esta Sala de lo constitucional, por las razones antes explicadas, considerando que se debe de dar trámite a la pretensión y dar un pronunciamiento de fondo.- CONSIDERANDO (8):Que con respecto al fondo de la supuesta vulneración de derechos, esta Sala considera que no es correcta la denuncia puesto que la norma procesal civil determina en su artículo 853 y 854 como se llevará a cabo la adjudicación de los bienes no vendidos o levantados en el embargo, así como se llevara el pago de las sumas debidas, indicando en el segundo artículo mencionado, en su primer numeral que las cantidades que se obtengan a favor de los ejecutantes se aplicará al pago de lo adeudado de lo principal, intereses y costas, pero el resto, si lo hay, como en el presente caso, se pondrá a disposición del deudor-ejecutado.- CONSIDERANDO (9):Que por todo lo anterior es procedente declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto, en vista de que la resolución denunciada del Ad-Quem esta bien fundamentada y motivada, sustentando en el artículo 744 de la norma procesal en materia de derecho privado que fija que los límites de la actividad ejecutiva será el contenido del título de ejecución, siendo nulos los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no integradas en la pretensión debatida en el proceso, pudiendo hacer valer la nulidad mediante los recursos de reposición y apelación.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5,137 y 257 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 3, 50, 54 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 742, 743, 744, 798, 853, 854, 887 y 909 del Código Procesal Civil, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.FALLA: DENEGAR el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto del dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PANIAGUA, actuando en representación del BANCO ATLANTIDA, S.,A., contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintidós de Marzo del año dos mil diecisiete, mediante la cual se DENIEGA la acción de AMPARO, contra resolución de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, dictada por La Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de ejecución Forzosa hipotecaria promovida por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PANIAGUA, actuando en representación del BANCO ATLANTIDA, S.,A.- CONSIDERANDO: Que la abogada LILIANA PATRICIA PAZ PANIAGUA compareció ante esta Sala formalizando la acción de amparo en representación de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., en la que se dictó sentencia denegando LA ACCIÓN de AMPARO en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, contra la que interpone recurso de Reposición en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete.- CONSIDERANDO: Que el Recurso de Reposición es aquel que se interpone para que el mismo Juez, Tribunal o Sala, que ha dictado la resolución la revoque o modifique “por contrario imperio”, es decir, en el ejercicio de la misma potestad decisoria inherente a la función jurisdiccional que ejerce. El recurrente debe exponer según su criterio una crítica razonada de la resolución impugnada haciendo saber al Juzgador las razones para considerar que existe un error in iudicando o error in procedendo, es decir lo que pretende se corrija y, en otros términos, expresión de agravios.- CONSIDERANDO: Que la recurrente a comparecido interponiendo recurso de Reposición exponiendo una relación de los hechos y preceptos que motivaron el recurso de Amparo, lo que ciertamente ya tuvo conocimiento esta Sala, al haberlos expuesto en el escrito de la interposición de dicha Acción. Luego expone un párrafo denominado Réplicas deducidas a la sentencia dictada en la demanda de amparo que a su parecer justifican la petición de reposición del fallo dictado. Del escrito se aprecia que hace referencia en primer lugar al considerando siete (7) de la sentencia de amparo, mediante el cual se expresa la opinión del Ministerio Público, que dice: “que la acción debe rechazarse de plano por inadmisible y sobreseer las diligencias, posición que no es congruente para la Sala de lo constitucional por las razones previamente explicadas en los considerandos anteriores, considerando que debía darse trámite a la pretensión y dar un pronunciamiento de fondo. También hace referencia al considerando ocho (8) de la sentencia impugnada, mediante la cual la Sala expone “que con respecto al fondo de la supuesta vulneración de derechos, esta Sala considera que no es correcta la denuncia puesto que la norma procesal civil determina en su artículo 853 y 854 como se llevará a cabo la adjudicación de bienes no vendidos o levantados en el embargo, así como se llevará el pago de las sumas debidas, indicando en el segundo artículo mencionado, en su primer numeral que las cantidades que se obtengan a favor de los ejecutantes se aplicará al pago de lo adeudado de lo principal, intereses y costas, pero el resto si lo hay, como en el presente caso, se pondrá a disposición del deudor-ejecutado. Señala el recurrente el considerando nueve (9) de la sentencia impugnada, en que la Sala declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto, en vista de que la resolución impugnada, dictada por el Ad- quem está fundamentada, motivada y sustentada en el artículo (744) de la norma procesal.- CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada LILIAN PATRICIA PAZ PANIAGA, en el recurso de reposición no son de recibo, los argumentos con los que comparece son los mismos que ya han sido analizados por esta Sala y se ha dado respuesta, siendo el contexto de la sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo recurrido. La Sala encontró procedente Denegar la Acción de amparo en virtud de no encontrar quebrantamiento de los Derechos - Garantías invocados.- CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada LILIAN PATRICIA PAZ PANIAGA, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y la Resolución de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0859-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil diecisiete.- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGAa favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de marzo del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, en fecha trece de diciembre del año dos mil trece, con relación a la demanda de ejecución forzosa hipotecaria promovida por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la Señora GEIBI MELISSA MARTINEZ..- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 70 preámbulo, 80, 82 y 90 preámbulode la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., promoviendo demanda de ejecución forzosa hipotecaria en contra de la Señora GEIBI MELISSA MARTINEZ.- 2)Que seguido el tramite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Segundo Seccional, en fecha trece de diciembre del año dos mil trece, llevo a cabo Audiencia de Subasta en la cual resolvió: “…QUINTO: Que de conformidad a lo anteriormente señalado se le adjudica el bien objeto de la presente subasta y ya descrito anteriormente a la Sociedad Mercantil denominada Banco Atlántida S.A., como legítimo propietario por adjudicación judicial y se ordena que se le ponga en posesión efectiva del bien objeto del presente remate, por el Crédito, más intereses corrientes, moratorios, costas personales y procesales que corresponden a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (LPS. 1,858,455.20), debiéndose poner a disposición de la deudora el resto o remanente del valor de la tasación del bien inmueble en la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (LPS. 1,134,892.60).-…” (Folios ochenta y nueve (89) al noventa y uno (91) del la pieza de primera instancia).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de marzo del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “1º. DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación Interpuesto por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA en su condición expresada; 2º. CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva dicta en fecha trece de diciembre del dos mil trece por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, El Paraíso.” (Folios siete (07) al trece (13) de la pieza de segunda instancia).- 4) Que la recurrente Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA compareció ante este alto Tribunal, en fecha treinta de julio del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70 preámbulo, 80, 82 y 90 preámbulo de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha siete de enero del año dos mil quince.- 5) Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se debe rechazar de plano por INADMISIBLE y SOBRESEER LAS DILIGENCIAS con los correspondientes efectos legales, pues en el expediente consta la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (1): Que se conoce la acción de Amparo Civil interpuesta por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PAGUADA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA BANCO ATLANTIDA, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, que declara sin lugares Recurso de Apelación y confirma el auto dictado por EL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; con relación a la DEMANDA PARA EL PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA CONTRA UN BIEN HIPOTECADO, promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLANTIDA, S.A., contra la señora GEIDI MELISSA MARTINEZ.- CONSIDERANDO (2): Que el recurrente en la formalización del recurso expone de manera detallada el motivo de la demanda, así como los diferentes momentos procesales, el uso de los recursos que le franquea la ley señalando que la sentencia recurrida, ha vulnerado las garantías constitucionales de defensa y debido proceso consignadas en los artículos 70, 80, 82 y 90 preámbulo de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que la recurrente, interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en fecha trece de diciembre del año dos mil trece por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, el Paraíso en la Demanda Ejecutiva de Pago por ejecución directa y Exclusiva de Título Extrajudicial Hipotecario promovida por Banco Atlántida, S.A. El Ad-Quem, en el fallo dictado en fecha diez de marzo del año dos mil catorce establece los antecedentes de hecho, mediante una relación circunstanciada de los hechos y momentos procesales en que las partes han intervenido. Dejando establecido en el párrafo quinto del fallo, que “del examen del caso de autos se observa que se la audiencia de Subasta 0703-2012-00028 se realizó cumpliendo con todos los requisitos de ley, a la que comparecieron tanto la parte ejecutante como la parte ejecutada, habiéndose adjudicado el inmueble subastado a favor de BANCO ATLANTIDA, S.A., por la cantidad adeuda mas intereses y costas del juicio. En el párrafo SEXTO expone el Ad-Quem, que consta en autos que el inmueble objeto de la hipoteca y posterior subasta fue valorado de común acuerdo en la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS ,lo que consta en la cláusula PRIMERA del testimonio del Instrumento número seiscientos ochenta y cinco (685) de fecha uno de noviembre del año dos mil once, de constitución de Hipoteca, por lo que al momento de la adjudicación se constató que la deuda ascendía únicamente a la cantidad de UN MILLON, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 1,858.455.20), valor que se desglosa de la información proporcionada por el mismo ejecutante al momento de presentar la liquidación correspondiente. Invoca el Tribunal de alzada el artículo 844.2 del Código Procesal Civil: ADJUDICACION DE BIENES. 11… 2.- La adjudicación de bienes al acreedor extingue su crédito hasta el límite del valor del bien. Si dicho valor fuera superior al importe de su crédito deberá abonar la diferencia”. Y en el caso de autos se encuentra acreditado que el valor del inmueble subastado sobrepasa la cantidad adeudada por el ejecutado, por lo que al encontrarse satisfecho el crédito del ejecutante por una cantidad menor, es procedente que la diferencia sea abonada a la parte ejecutada. Por todo ello la Corte de Apelaciones impugnada Declaró sin lugar el Recurso de Apelación, Confirmando la sentencia definitiva dictada en fecha trece de diciembre del año dos mil trece, por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, El Paraíso.- CONSIDERANDO (4):Que esta Sala aprecia: Que habiendo sido declarada sin lugar la apelación interpuesta por la ahora recurrente, procedió a interponer el recurso de reposición en fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce (F-19 de la pieza de amparo), misma que fue inadmitida y declarada sin lugar, procediendo a venir en amparo ante esta Sala de justicia. Estudiados lo antecedentes, la acción recursiva de la que hizo uso la recurrente, y la resolución impugnada, esta Sala aprecia el artículo 694 del Código Procesal Civil, de la “PROCEDENCIA Y FUNDAMENTACIÓN 1.- La reposición procede contra todas las providencia y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración”, tal como se observa en la norma el único requisito es que los autos de los que se pide su reposición no sean definitivos. Siendoque uno de los requisitos ineludibles de la acción de Amparo es la definitividad de las resoluciones, actos o hechos de que se denuncian en sede constitucional, se tiene por válido la interposición del mismo, para poder acceder a esta extraordinaria.- CONSIDERANDO (5):Que la casación es un recurso que la ley le franquea a las partes cuando han obtenido resultados adversos a sus pretensiones en el planteamiento del recurso de apelación, lo que no constituye una instancia sino un recurso excepcional y extraordinario que debe aplicarse solo a los casos estrictamente señalados en la ley, cuando las partes consideran que las resoluciones dictadas por el A-Quo o el Ad-Quem les ha causado agravios, incluso quebrantado los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. El artículo 717 de las Resoluciones Recurribles dispone: “Solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario así como las sentencia que expresamente establezca este código”. Entendiéndose con ello que por regla general serán recurribles en casación las sentencia emitidas por las Cortes de Apelaciones en todos los procesos del juicio ordinario.- CONSIDERANDO (6):Que el presente proceso es de los denominados de Ejecución Forzosa, específicamente es una ejecución hipotecaria, no un proceso declarativo ordinario, por lo que no procede el recurso de casación y el único recurso al que el quejoso podía optar para su revisión extraordinaria es el Amparo, adicionalmente el Código Procesal civil determina en su artículo 798 que las sentencias dictadas en los procesos ejecutivos no producirán efecto de cosa juzgada, quedando a las partes a salvo su derecho para promover el proceso ordinario sobre la cuestión sustanciada.- CONSIDERANDO (7):Que el Ministerio Público después del análisis detallado de la acción de amparo interpuesta concluye que la acción debe rechazarse de plano por inadmisible y sobreseer las diligencias, posición que no es congruente para esta Sala de lo constitucional, por las razones antes explicadas, considerando que se debe de dar trámite a la pretensión y dar un pronunciamiento de fondo.- CONSIDERANDO (8):Que con respecto al fondo de la supuesta vulneración de derechos, esta Sala considera que no es correcta la denuncia puesto que la norma procesal civil determina en su artículo 853 y 854 como se llevará a cabo la adjudicación de los bienes no vendidos o levantados en el embargo, así como se llevara el pago de las sumas debidas, indicando en el segundo artículo mencionado, en su primer numeral que las cantidades que se obtengan a favor de los ejecutantes se aplicará al pago de lo adeudado de lo principal, intereses y costas, pero el resto, si lo hay, como en el presente caso, se pondrá a disposición del deudor-ejecutado.- CONSIDERANDO (9):Que por todo lo anterior es procedente declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto, en vista de que la resolución denunciada del Ad-Quem esta bien fundamentada y motivada, sustentando en el artículo 744 de la norma procesal en materia de derecho privado que fija que los límites de la actividad ejecutiva será el contenido del título de ejecución, siendo nulos los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no integradas en la pretensión debatida en el proceso, pudiendo hacer valer la nulidad mediante los recursos de reposición y apelación.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5,137 y 257 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 3, 50, 54 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 742, 743, 744, 798, 853, 854, 887 y 909 del Código Procesal Civil, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.FALLA: DENEGAR el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto del dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PANIAGUA, actuando en representación del BANCO ATLANTIDA, S.,A., contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintidós de Marzo del año dos mil diecisiete, mediante la cual se DENIEGA la acción de AMPARO, contra resolución de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, dictada por La Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de ejecución Forzosa hipotecaria promovida por la Abogada LILIANA PATRICIA PAZ PANIAGUA, actuando en representación del BANCO ATLANTIDA, S.,A.- CONSIDERANDO: Que la abogada LILIANA PATRICIA PAZ PANIAGUA compareció ante esta Sala formalizando la acción de amparo en representación de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., en la que se dictó sentencia denegando LA ACCIÓN de AMPARO en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, contra la que interpone recurso de Reposición en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete.- CONSIDERANDO: Que el Recurso de Reposición es aquel que se interpone para que el mismo Juez, Tribunal o Sala, que ha dictado la resolución la revoque o modifique “por contrario imperio”, es decir, en el ejercicio de la misma potestad decisoria inherente a la función jurisdiccional que ejerce. El recurrente debe exponer según su criterio una crítica razonada de la resolución impugnada haciendo saber al Juzgador las razones para considerar que existe un error in iudicando o error in procedendo, es decir lo que pretende se corrija y, en otros términos, expresión de agravios.- CONSIDERANDO: Que la recurrente a comparecido interponiendo recurso de Reposición exponiendo una relación de los hechos y preceptos que motivaron el recurso de Amparo, lo que ciertamente ya tuvo conocimiento esta Sala, al haberlos expuesto en el escrito de la interposición de dicha Acción. Luego expone un párrafo denominado Réplicas deducidas a la sentencia dictada en la demanda de amparo que a su parecer justifican la petición de reposición del fallo dictado. Del escrito se aprecia que hace referencia en primer lugar al considerando siete (7) de la sentencia de amparo, mediante el cual se expresa la opinión del Ministerio Público, que dice: “que la acción debe rechazarse de plano por inadmisible y sobreseer las diligencias, posición que no es congruente para la Sala de lo constitucional por las razones previamente explicadas en los considerandos anteriores, considerando que debía darse trámite a la pretensión y dar un pronunciamiento de fondo. También hace referencia al considerando ocho (8) de la sentencia impugnada, mediante la cual la Sala expone “que con respecto al fondo de la supuesta vulneración de derechos, esta Sala considera que no es correcta la denuncia puesto que la norma procesal civil determina en su artículo 853 y 854 como se llevará a cabo la adjudicación de bienes no vendidos o levantados en el embargo, así como se llevará el pago de las sumas debidas, indicando en el segundo artículo mencionado, en su primer numeral que las cantidades que se obtengan a favor de los ejecutantes se aplicará al pago de lo adeudado de lo principal, intereses y costas, pero el resto si lo hay, como en el presente caso, se pondrá a disposición del deudor-ejecutado. Señala el recurrente el considerando nueve (9) de la sentencia impugnada, en que la Sala declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto, en vista de que la resolución impugnada, dictada por el Ad- quem está fundamentada, motivada y sustentada en el artículo (744) de la norma procesal.- CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada LILIAN PATRICIA PAZ PANIAGA, en el recurso de reposición no son de recibo, los argumentos con los que comparece son los mismos que ya han sido analizados por esta Sala y se ha dado respuesta, siendo el contexto de la sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo recurrido. La Sala encontró procedente Denegar la Acción de amparo en virtud de no encontrar quebrantamiento de los Derechos - Garantías invocados.- CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada LILIAN PATRICIA PAZ PANIAGA, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y la Resolución de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0859-2014.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional