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Sentencia AC-845-16 — Registro 6831

Resumen

Sentencia otorga recurso de amparo por considerar que la resolución de primera instancia incurrió en violación de artículos constitucionales en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado en relación a la demanda de pago por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Al hacerlo, encuentra que dicho órgano jurisdiccional de la Sección Judicial de San Pedro Sula le ordena al juez de primera instancia que en virtud del otorgamiento de amparo, dicte nueva sentencia, esta vez apegándose a derecho, sin aclarar detalladamente en que consiste esto, tal como lo dispone el numeral tres del artículo 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional..."..."Es por ello que este alto tribunal de justicia disiente de la decisión tomada por el ad quem conociendo como órgano de jurisdicción constitucional. Lo procesalmente correcto es que el iudex a quo tome la decisión en el marco de la audiencia preliminar, determinando si existe o no la relación jurídica planteada a la demanda.[7] No habrá de resolver esto al final del proceso en sentencia definitiva, tal como se decidió equivocadamente en la sentencia que otorgó la garantía constitucional de amparo.- En consecuencia procede la reforma de la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis que se conoce en consulta obligatoria.- Dicha reforma deberá hacerse en el sentido de que si bien es cierto procede el otorgamiento de la garantía constitucional de amparo, en virtud de que tal como lo señala el amparista, el a quo no debió ordenar la subsanación que establece el artículo 450 del Código Procesal Civil, es de aclararse que tampoco es procedente la forma que propone el mismo amparista, quien propone que se resuelva en sentencia definitiva.- La forma de restituir deberá hacerse mediante la orden de este alto tribunal al juez de primera instancia para que decida la excepción de falta de legitimación pasiva en la audiencia preliminar con las actuaciones practicadas durante su desarrollo..."..."En el presente caso, consta en autos que la discusión sobre la legitimación pasiva fue traída a juicio por la parte demandada al momento de contestar la demanda promovida en su contra; es por ello que la audiencia preliminar es el momento procesal idóneo y oportuno para acreditar con los medios de prueba necesarios la legitimación cuestionada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTA: En consulta la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés mediante la cual otorgó la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SÁNCHEZ a favor de la sociedad mercantil denominada UNO HONDURAS S.A de C.V., en contra de la resolución dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, con relación a la demanda promovida por la vía del proceso declarativo ordinario por el señor RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA contra la sociedad mercantil UNO HONDURAS S.A de C.V. para el pago de deuda pendiente por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios que comprenden daño emergente y lucro cesante. Estima el amparista que con el acto reclamado se han violentado los artículos 1, 80, 82, 90 Y 321 de la Constitución de la Republica.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1) En fecha seis de junio de dos mil catorce, compareció el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SÁNCHEZ ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo la garantía de amparo a favor de la sociedad mercantil UNO HONDURAS S.A de C.V., contra la resolución dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, promovida por el señor RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA.- 2) Seguido el trámite correspondiente la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo de mérito y ordenó remitir las diligencias en consulta ante la honorable Suprema de Justicia. (Folios 33 al 35 de la pieza de antecedentes)- 3) En fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía de amparo de mérito, en virtud de la petición de estudio solicitada en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO UNO (1): Resumen de los alegatos expuestos por el petente en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El censor en su escrito de formalización señala que el a quo al resolver sobre las incidencias expuestas en la audiencia preliminar, dictó en forma oral la resolución siguiente: 1. Con relación a la prescripción el a quo determinó resolverla en la sentencia definitiva por tratarse de una excepción material que ataca el fondo del asunto. 2. Declara la inadmisión de la prueba documental aportada en forma extemporánea por la parte demandante en relación con el defecto procesal opuesto por la parte demandada. 3. Estima que existe falta de legitimación pasiva ad causam, pero que es de carácter subsanable en virtud de lo que establece los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil. En este sentido el juez le consulta a la parte demandante si va a subsanar el defecto señalado, habiendo contestado éste que sí, le concede diez días para continuar con la audiencia preliminar.- Contra la anterior decisión judicial, el petente formaliza garantía constitucional de amparo, demandando violación de los siguientes derechos: a) derecho a la legalidad, que circunscribe en los artículos 1 y 321 de la Constitución de la República; b) derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional; c) derecho de defensa, contenido en el artículo 82 constitucional.- A. Con relación al derecho de legalidad, explica, básicamente, que la decisión que impugna es arbitraria en virtud de que el juez actuó fuera de los límites de la ley; señala que aplicó indebidamente los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil, porque el artículo 449 del mismo código establece la falta de legitimación ad causam, es decir la falta de vinculación de UNO HONDURAS, S.A. con el objeto litigioso del proceso, de tal manera que habilita al demandante a presentar en su contra la demanda. En relación con este extremo, el petente agrega que este presupuesto no es subsanable.- Expone en suma a lo anterior, que el juez ha confundido la capacidad procesal con la legitimación. La primera, denominada también legitimación ad procesum, es dice el petente: “La capacidad procesal que hace referencia a la aptitud para comparecer en juicio, es decir la actuación física necesaria para personarse ante un tribunal o ante el sujeto correspondiente para otorgar un poder de representación a un procurador, a ello se refiere el artículo 59 del CPC, cuando señala el presupuesto… de capacidad procesal” Sigue exponiendo, el petente, que en cambio la legitimación ad causam consiste en: “La vinculación de un sujeto con el objeto litigioso determinado que habilita para solicitar una sentencia de fondo, a ello se refiere el artículo 59 del CPC, cuando señala el presupuesto: ‘…estar legitimadas…’, desarrollando precisamente el artículo 64.1,2),3) la legitimación ordinaria y extraordinaria, que aplica el juzgador fuera de su real contexto de ley, configurando este motivo.” En cuanto al artículo 449 del Código Procesal Civil, el censor indica que éste al referirse a la denuncia y examen de los defectos procesales, no incluye a la legitimación, conteniendo como tales únicamente los siguientes: la falta de capacidad, representación, postulación indebida, acumulación de pretensiones, oscuridad o ambigüedad el modo de proponer la demanda o la reconvención, litispendencia y cosa juzgada, inadecuación del procedimiento o compromiso arbitral.- Por lo que no eran aplicables los artículos 450 y 452 del Código Procesal Civil, concluyendo entonces que el presupuesto de legitimación es INSUBSANABLE. Razona que esto es porque el actor con su escrito de demanda afirma ser el titular con respecto del demandado de una relación jurídica u objeto litigioso. Eso, dice el amparista, debe dirimirse o resolverse en sentencia definitiva, porque no se ubican dentro de un elenco de excepciones o defectos materiales, expuestos en forma taxativa dentro de una lista cerrada.- B. Con relación al derecho de debido proceso señala que la resolución dictada por el a quo en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, es arbitraria, también señala que se encuentra viciada de incongruencia, puesto que lo se planteó como excepción, fue la falta de legitimación pasiva ad causam o para el pleito, la cual debía decidirse en sentencia definitiva; sin embargo el juez resolvió dicha pretensión como si se tratara de falta de personalidad de la parte demandada, la cual en nuestro código procesal es referida como capacidad procesal para el proceso, aplicando por tanto indebidamente los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil.- Manifiesta que la referida resolución rompe con los postulados del debido proceso, habida cuenta de que el legislador ya ha establecido los momentos para la presentación de alegaciones nuevas, estableciendo presupuestos para ello, así como momentos para la presentación de documentos, como en el caso de la presentación de la demanda, que se manifiesta a través del principio dispositivo, de oportunidad y aportación de parte, de forma que el juez no puede suplir las deficiencias de la parte demandante. Expresa que esto es lo que ha sucedido en el presente caso en que el a quo, vía subsanación le sugiere a la parte demandante que presente otras alegaciones o hechos y otros documentos para acreditar porque está demandando a UNO HONDURAS, S.A., poniéndole en flagrante desigualdad procesal, sin permitirle la oportunidad de contradecir, violentando de esta manera el derecho de defensa.- C. Con relación al derecho de defensa el petente cita las palabras del juez al responder a la aclaración que le solicitó la parte demandante en relación con la resolución; en dicha oportunidad el a quo expresó: “En el sentido que si el me asegura que EL PRUEBA a través de los documentos que va a este caso…no sé que documento va a utilizar. Me imagino que son certificaciones o algo por el estilo para acreditar porqué el está demandando a la representada suya.” Con ello manifiesta que se viola el debido proceso porque la ley ya establece los momentos para presentar los documentos; precisando que es en el momento de la presentación de la demanda, tal como lo expresó antes.- Para explicar la indefensión cita el contenido del artículo 11.3 del Código Procesal Civil, el cual prohíbe al juez aportar al proceso su conocimiento privado, negándole en todo caso su intervención de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria, salvo que el código expresamente disponga lo contrario.- El petente señala que el juez con lo expresado se ha parcializado invadiendo el campo que corresponde a la autonomía de la voluntad, la cual se hace valer mediante el principio dispositivo.- En conclusión cuestiona que el juez le haya manifestado al demandante, que si presenta certificaciones las admitirá, sin que esto sea procedente, debido a que la presentación debió darse en el momento de la presentación de la demanda.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se ha impugnado por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis en el marco de la audiencia preliminar por el honorable Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- El Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes al informar a la honorable Corte de Apelaciones Civil de ese mismo departamento, sobre los extremos que versa la presente garantía de amparo, transcribió lo siguiente: “1. Tener por contestada por parte del apoderado legal demandante la excepción material de la prescripción de la acción opuesta por parte demandada en que ataca el fondo se resolverá en el momento procesal oportuno el cual es al momento de dictar la respectiva sentencia definitiva. 2. Inadmitir por extemporáneos los documentos aportados por el apoderado legal demandante al momento de contestar el defecto procesal interpuesto por el apoderado judicial demandado… 3. En cuanto al defecto procesal de falta de legitimación pasiva ad causam, habiendo escuchado a ambas parte partes y por considerar este tribunal que el mismo es un, si bien es un defecto de falta de legitimación , el mismo a criterio de este juzgado es de carácter subsanable, tal y como lo establecen los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil, en ese sentido este juzgador se ve obligado en preguntarle al apoderado legal de la parte demandante, con fundamento en el artículo 20 del Código Procesal Civil, hacerle la siguiente pregunta al apoderado demandante: ¿Usted ratifica abogado Cálix su voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley y de subsanar el defecto señalado dentro del término que este tribunal señale?- Abogado Elías José Rosales Cálix: Si. –Habiendo sido la respuesta positiva en atención a las normas procesales que son inherente, al debido proceso, de igualdad de partes, contradicción este tribunal procede a interrumpir la presente audiencia a fin de que la parte demandante dentro del plazo de diez días proceda a subsanar el defecto procesal señalado por la parte demandada y una vez subsanado el mismo se señale fecha para la continuación de la presente audiencia preliminar. La presente resolución la fundamento en los artículos 3, 5, 7.1, 12.1, 12.5, 20, 59, 64, 287.3.4, 272.1, 450 y 451.1 en relación con el artículo 180.1 inciso a), todos del Código Procesal Civil. En este sentido el juez le consulta a la parte demandante si va a subsanar el defecto señalado, habiendo contestado éste que sí, le concede diez días para continuar con la audiencia preliminar.”- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el abogado Saúl Rodriguez Culotta, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se declarara inadmisible la presente garantía de amparo.- El fiscal arriba a la conclusión anterior haciendo la observación de que los argumentos del petente son meras actuaciones procesales susceptibles de recursos ordinarios. En virtud de ello indica que el caso bajo estudio se subsume en el supuesto de sobreseimiento que se encuentra en el numeral 8 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés mediante la cual otorga la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en que el juez al dictar la resolución ahora impugnada, confundió deliberadamente la capacidad procesal o ad procesum que hace referencia a la actitud para comparecer en juicio, es decir la actuación física necesaria para personarse ante el tribunal o ante el sujeto correspondiente para otorgar un poder de representación a un procurador, con la legitimación que vincula estrictamente a las partes con el objeto litigioso, en el caso de autos, es el contrato de suministros entre Rigoberto Benítez Guerra y Compañía Petrolera Nacional S. de R.L., cedido posteriormente a la sociedad UNO COPENA, S.A., siendo este extremo una cuestión preliminar de fondo que debe ser resuelta con la sentencia definitiva.- Manifiesta que dicha resolución viola el derecho a la legalidad reconocido en el artículo 1 y 321 de la Constitución de la República; indicando que la decisión, para que sea legítima, debe someterse a la ley, no concurriendo esto en el presente caso.- Señala que el señor juez con la aclaración de la referida resolución también viola el debido proceso y de defensa, en virtud de que con ello le permite a la parte demandante introducir nuevas alegaciones y nuevos documentos.- Expresa el ad quem que en autos se aprecia que el juez fundamentó la decisión tomada en los artículos 449.1 450 y 451.1 del Código Procesal Civil.- Señala el ad quem que con la resolución de primera instancia, el juez incurrió en violación de los artículos 82 y 90 constitucionales, ya que el demandado opuso la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam o para el pleito, excepción que debió ser resuelta en la sentencia definitiva o en el fondo, ya que es una excepción no subsanable, incurriendo el a quo en violación al debido proceso al haber sido resuelta en la audiencia preliminar como un acto subsanable, lo cual es totalmente improcedente, por lo que dicho tribunal de alzada estimó que el a quo aplicó indebidamente los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil.- Para la corte de apelaciones la resolución del a quo incurre en causal de indefensión en virtud de que se cumplen los siguientes requisitos: 1. Debe ser material, no formal, o meramente procesal. 2. Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3. Tiene que ser total y absoluta, es decir que suponga una reducción de la posibilidad de defensa de quien sufra la indefensión. 4. Debe ser definitiva o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5. Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo.- CONSIDERANDO CINCO (5): Sobre la consulta obligatoria. Fundamentos de la reforma de la sentencia. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Al hacerlo, encuentra que dicho órgano jurisdiccional de la Sección Judicial de San Pedro Sula le ordena al juez de primera instancia que en virtud del otorgamiento de amparo, dicte nueva sentencia, esta vez apegándose a derecho, sin aclarar detalladamente en que consiste esto, tal como lo dispone el numeral tres del artículo 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional.[1]- Haciendo deducción a partir de la motivación que sustenta el otorgamiento de amparo, se colige que la corte de apelaciones espera que para hacer efectiva la ejecución de dicha decisión, el a quo resuelva en sentencia definitiva la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam que fue opuesta por la parte demandada, argumentando que: “es una excepción no subsanable.” Tomando en consideración esto, la Sala de lo Constitucional estima que para resolver el presente asunto, se hace necesario destacar que la legitimación es uno de los presupuestos procesales de las partes indispensables para poder actuar validamente en el proceso civil[2]. Ésta puede ser ordinaria o extraordinaria.- La primera o sea la ordinaria, según la ley vigente y aplicable[3], consiste en ser titular de la relación jurídica u objeto litigioso, lo que nace por encontrarse en una posición contrapuesta con respecto de otra persona, ya sea para reclamar un derecho, una prestación o interés, en cuyo caso sería una legitimación activa; o para que se reclame de ella el cumplimiento de una obligación o prestación, lo que conlleva a una legitimación pasiva.- En cambio la extraordinaria es aquella que nace por disposición de la ley, sea por sustitución procesal o bien por razones de interés público o social[4].- Para que se trabe la litis, o sea para que exista un proceso judicial, es indispensable la identificación plena de las partes, es decir las personas que deben intervenir en el proceso. De manera que el presupuesto procesal denominado legitimación es un factor insoslayable que debe ser dilucidado desde el inicio y resulta ser un elemento que puede ser abordado en cualquier momento antes de dictarse sentencia e inclusive de oficio por el juzgador, tal como establece el artículo 12.2 del Código Procesal Civil.- Con relación al asunto bajo estudio, la Sala de lo Constitucional entiende que la excepción de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada en el presente caso, constituye una impugnación a la conformación del proceso mismo, debido a que su reclamación atenta contra la construcción de la relación jurídica procesal plasmada por la parte actora en su escrito de demanda; poniendo con ello en duda la validez de exigirle a la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A., la pretensión deducida, dejando entrever que es otra persona la que debe responder por ella.- Procesalmente hablando, el asunto de marras es un incidente en virtud de que es un extremo distinto al asunto principal, pero que tiene una relación inmediata con él.[5] Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 417 del Código Procesal Civil, se subsume en su numeral dos, a raíz de que siendo una impugnación al diseño mismo de la relación jurídica procesal propuesta en el escrito de demanda, es además de aquellas que deben decidirse previamente, suspendiendo la cuestión principal, objeto del proceso, tal como lo dispone el artículo 418.2 del Código Procesal Civil.[6]- Es por ello que este alto tribunal de justicia disiente de la decisión tomada por el ad quem conociendo como órgano de jurisdicción constitucional. Lo procesalmente correcto es que el iudex a quo tome la decisión en el marco de la audiencia preliminar, determinando si existe o no la relación jurídica planteada a la demanda.[7] No habrá de resolver esto al final del proceso en sentencia definitiva, tal como se decidió equivocadamente en la sentencia que otorgó la garantía constitucional de amparo.- En consecuencia procede la reforma de la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis que se conoce en consulta obligatoria.- Dicha reforma deberá hacerse en el sentido de que si bien es cierto procede el otorgamiento de la garantía constitucional de amparo, en virtud de que tal como lo señala el amparista, el a quo no debió ordenar la subsanación que establece el artículo 450 del Código Procesal Civil, es de aclararse que tampoco es procedente la forma que propone el mismo amparista, quien propone que se resuelva en sentencia definitiva.- La forma de restituir deberá hacerse mediante la orden de este alto tribunal al juez de primera instancia para que decida la excepción de falta de legitimación pasiva en la audiencia preliminar con las actuaciones practicadas durante su desarrollo. En este sentido, si se produjere como resultado la determinación de que la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A. de C.V., no tiene legitimación pasiva para ser demandada por el objeto litigioso que pretende el señor RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA, el a quo deberá estarse a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 450 del Código Procesal Civil que ordena el inmediato sobreseimiento y archivo de las actuaciones, en virtud de que como ya se ha señalado, el presupuesto procesal debatido es un asunto insubsanable. En caso contrario, o sea si el juez de primera instancia declara sin lugar la excepción mencionada, éste deberá ordenar la continuación normal del proceso en contra de la parte demandada, UNO HONDURAS, S.A.- CONSIDERANDO SEIS (6): Comentarios a manera de obiter dicta. La Sala de lo Constitucional a manera de ilustración pasa a referir que en disenso del criterio establecido por el a quo al momento de resolver los extremos que formaron parte del debate en la audiencia preliminar, este tribunal es de la opinión que el momento procesal oportuno para presentar la prueba necesaria para resolver la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado en su escrito de contestación, no es junto con la demanda, sino cuando sea cuestionada la legitimación de alguna de las partes en el proceso.- El artículo 425 del Código Procesal Civil lo que dispone es que la parte actora debe anexar a su demanda la prueba que acredite la calidad con que actúa la parte, es decir que debe acreditar la vinculación que cada una de las partes tiene en relación con el objeto litigioso.- Con más claridad el artículo 287.2 del Código Procesal Civil establece que el actor podrá presentar en la audiencia preliminar del proceso ordinario, o en la audiencia del proceso abreviado, los documentos cuya relevancia se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones efectuadas por el demandado al contestar a la demanda. En el presente caso, consta en autos que la discusión sobre la legitimación pasiva fue traída a juicio por la parte demandada al momento de contestar la demanda promovida en su contra; es por ello que la audiencia preliminar es el momento procesal idóneo y oportuno para acreditar con los medios de prueba necesarios la legitimación cuestionada.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 12.2, 59, 63.3, 64.1, 64.2, 287.2, 416.1. 417.2, 418.2, 425, 449.1 y párrafo primero del 450 del Código Procesal Civil; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; en el sentido de OTORGAR la garantía constitucional de amparo interpuesta y formalizada por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SÁNCHEZ a favor de la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A. de C.V., a efecto de que se le restituya los derechos de debido proceso y defensa, para lo cual el honorable Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés deberá dictar nueva resolución o si fuere necesario celebrar nuevamente audiencia preliminar, en la que deberá pronunciarse respecto de la legitimación que tiene la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A. de C.V., como parte demandada en relación con el ciudadano RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA, en la demanda que este último le ha entablado por la vía del proceso declarativo ordinario para el pago de deuda pendiente por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios que comprenden daño emergente y lucro cesante. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0845-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTA: En consulta la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés mediante la cual otorgó la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SÁNCHEZ a favor de la sociedad mercantil denominada UNO HONDURAS S.A de C.V., en contra de la resolución dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, con relación a la demanda promovida por la vía del proceso declarativo ordinario por el señor RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA contra la sociedad mercantil UNO HONDURAS S.A de C.V. para el pago de deuda pendiente por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios que comprenden daño emergente y lucro cesante. Estima el amparista que con el acto reclamado se han violentado los artículos 1, 80, 82, 90 Y 321 de la Constitución de la Republica.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1) En fecha seis de junio de dos mil catorce, compareció el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SÁNCHEZ ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo la garantía de amparo a favor de la sociedad mercantil UNO HONDURAS S.A de C.V., contra la resolución dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, promovida por el señor RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA.- 2) Seguido el trámite correspondiente la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo de mérito y ordenó remitir las diligencias en consulta ante la honorable Suprema de Justicia. (Folios 33 al 35 de la pieza de antecedentes)- 3) En fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía de amparo de mérito, en virtud de la petición de estudio solicitada en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO UNO (1): Resumen de los alegatos expuestos por el petente en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El censor en su escrito de formalización señala que el a quo al resolver sobre las incidencias expuestas en la audiencia preliminar, dictó en forma oral la resolución siguiente: 1. Con relación a la prescripción el a quo determinó resolverla en la sentencia definitiva por tratarse de una excepción material que ataca el fondo del asunto. 2. Declara la inadmisión de la prueba documental aportada en forma extemporánea por la parte demandante en relación con el defecto procesal opuesto por la parte demandada. 3. Estima que existe falta de legitimación pasiva ad causam, pero que es de carácter subsanable en virtud de lo que establece los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil. En este sentido el juez le consulta a la parte demandante si va a subsanar el defecto señalado, habiendo contestado éste que sí, le concede diez días para continuar con la audiencia preliminar.- Contra la anterior decisión judicial, el petente formaliza garantía constitucional de amparo, demandando violación de los siguientes derechos: a) derecho a la legalidad, que circunscribe en los artículos 1 y 321 de la Constitución de la República; b) derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional; c) derecho de defensa, contenido en el artículo 82 constitucional.- A. Con relación al derecho de legalidad, explica, básicamente, que la decisión que impugna es arbitraria en virtud de que el juez actuó fuera de los límites de la ley; señala que aplicó indebidamente los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil, porque el artículo 449 del mismo código establece la falta de legitimación ad causam, es decir la falta de vinculación de UNO HONDURAS, S.A. con el objeto litigioso del proceso, de tal manera que habilita al demandante a presentar en su contra la demanda. En relación con este extremo, el petente agrega que este presupuesto no es subsanable.- Expone en suma a lo anterior, que el juez ha confundido la capacidad procesal con la legitimación. La primera, denominada también legitimación ad procesum, es dice el petente: “La capacidad procesal que hace referencia a la aptitud para comparecer en juicio, es decir la actuación física necesaria para personarse ante un tribunal o ante el sujeto correspondiente para otorgar un poder de representación a un procurador, a ello se refiere el artículo 59 del CPC, cuando señala el presupuesto… de capacidad procesal” Sigue exponiendo, el petente, que en cambio la legitimación ad causam consiste en: “La vinculación de un sujeto con el objeto litigioso determinado que habilita para solicitar una sentencia de fondo, a ello se refiere el artículo 59 del CPC, cuando señala el presupuesto: ‘…estar legitimadas…’, desarrollando precisamente el artículo 64.1,2),3) la legitimación ordinaria y extraordinaria, que aplica el juzgador fuera de su real contexto de ley, configurando este motivo.” En cuanto al artículo 449 del Código Procesal Civil, el censor indica que éste al referirse a la denuncia y examen de los defectos procesales, no incluye a la legitimación, conteniendo como tales únicamente los siguientes: la falta de capacidad, representación, postulación indebida, acumulación de pretensiones, oscuridad o ambigüedad el modo de proponer la demanda o la reconvención, litispendencia y cosa juzgada, inadecuación del procedimiento o compromiso arbitral.- Por lo que no eran aplicables los artículos 450 y 452 del Código Procesal Civil, concluyendo entonces que el presupuesto de legitimación es INSUBSANABLE. Razona que esto es porque el actor con su escrito de demanda afirma ser el titular con respecto del demandado de una relación jurídica u objeto litigioso. Eso, dice el amparista, debe dirimirse o resolverse en sentencia definitiva, porque no se ubican dentro de un elenco de excepciones o defectos materiales, expuestos en forma taxativa dentro de una lista cerrada.- B. Con relación al derecho de debido proceso señala que la resolución dictada por el a quo en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, es arbitraria, también señala que se encuentra viciada de incongruencia, puesto que lo se planteó como excepción, fue la falta de legitimación pasiva ad causam o para el pleito, la cual debía decidirse en sentencia definitiva; sin embargo el juez resolvió dicha pretensión como si se tratara de falta de personalidad de la parte demandada, la cual en nuestro código procesal es referida como capacidad procesal para el proceso, aplicando por tanto indebidamente los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil.- Manifiesta que la referida resolución rompe con los postulados del debido proceso, habida cuenta de que el legislador ya ha establecido los momentos para la presentación de alegaciones nuevas, estableciendo presupuestos para ello, así como momentos para la presentación de documentos, como en el caso de la presentación de la demanda, que se manifiesta a través del principio dispositivo, de oportunidad y aportación de parte, de forma que el juez no puede suplir las deficiencias de la parte demandante. Expresa que esto es lo que ha sucedido en el presente caso en que el a quo, vía subsanación le sugiere a la parte demandante que presente otras alegaciones o hechos y otros documentos para acreditar porque está demandando a UNO HONDURAS, S.A., poniéndole en flagrante desigualdad procesal, sin permitirle la oportunidad de contradecir, violentando de esta manera el derecho de defensa.- C. Con relación al derecho de defensa el petente cita las palabras del juez al responder a la aclaración que le solicitó la parte demandante en relación con la resolución; en dicha oportunidad el a quo expresó: “En el sentido que si el me asegura que EL PRUEBA a través de los documentos que va a este caso…no sé que documento va a utilizar. Me imagino que son certificaciones o algo por el estilo para acreditar porqué el está demandando a la representada suya.” Con ello manifiesta que se viola el debido proceso porque la ley ya establece los momentos para presentar los documentos; precisando que es en el momento de la presentación de la demanda, tal como lo expresó antes.- Para explicar la indefensión cita el contenido del artículo 11.3 del Código Procesal Civil, el cual prohíbe al juez aportar al proceso su conocimiento privado, negándole en todo caso su intervención de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria, salvo que el código expresamente disponga lo contrario.- El petente señala que el juez con lo expresado se ha parcializado invadiendo el campo que corresponde a la autonomía de la voluntad, la cual se hace valer mediante el principio dispositivo.- En conclusión cuestiona que el juez le haya manifestado al demandante, que si presenta certificaciones las admitirá, sin que esto sea procedente, debido a que la presentación debió darse en el momento de la presentación de la demanda.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se ha impugnado por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis en el marco de la audiencia preliminar por el honorable Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- El Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes al informar a la honorable Corte de Apelaciones Civil de ese mismo departamento, sobre los extremos que versa la presente garantía de amparo, transcribió lo siguiente: “1. Tener por contestada por parte del apoderado legal demandante la excepción material de la prescripción de la acción opuesta por parte demandada en que ataca el fondo se resolverá en el momento procesal oportuno el cual es al momento de dictar la respectiva sentencia definitiva. 2. Inadmitir por extemporáneos los documentos aportados por el apoderado legal demandante al momento de contestar el defecto procesal interpuesto por el apoderado judicial demandado… 3. En cuanto al defecto procesal de falta de legitimación pasiva ad causam, habiendo escuchado a ambas parte partes y por considerar este tribunal que el mismo es un, si bien es un defecto de falta de legitimación , el mismo a criterio de este juzgado es de carácter subsanable, tal y como lo establecen los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil, en ese sentido este juzgador se ve obligado en preguntarle al apoderado legal de la parte demandante, con fundamento en el artículo 20 del Código Procesal Civil, hacerle la siguiente pregunta al apoderado demandante: ¿Usted ratifica abogado Cálix su voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley y de subsanar el defecto señalado dentro del término que este tribunal señale?- Abogado Elías José Rosales Cálix: Si. –Habiendo sido la respuesta positiva en atención a las normas procesales que son inherente, al debido proceso, de igualdad de partes, contradicción este tribunal procede a interrumpir la presente audiencia a fin de que la parte demandante dentro del plazo de diez días proceda a subsanar el defecto procesal señalado por la parte demandada y una vez subsanado el mismo se señale fecha para la continuación de la presente audiencia preliminar. La presente resolución la fundamento en los artículos 3, 5, 7.1, 12.1, 12.5, 20, 59, 64, 287.3.4, 272.1, 450 y 451.1 en relación con el artículo 180.1 inciso a), todos del Código Procesal Civil. En este sentido el juez le consulta a la parte demandante si va a subsanar el defecto señalado, habiendo contestado éste que sí, le concede diez días para continuar con la audiencia preliminar.”- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el abogado Saúl Rodriguez Culotta, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se declarara inadmisible la presente garantía de amparo.- El fiscal arriba a la conclusión anterior haciendo la observación de que los argumentos del petente son meras actuaciones procesales susceptibles de recursos ordinarios. En virtud de ello indica que el caso bajo estudio se subsume en el supuesto de sobreseimiento que se encuentra en el numeral 8 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés mediante la cual otorga la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en que el juez al dictar la resolución ahora impugnada, confundió deliberadamente la capacidad procesal o ad procesum que hace referencia a la actitud para comparecer en juicio, es decir la actuación física necesaria para personarse ante el tribunal o ante el sujeto correspondiente para otorgar un poder de representación a un procurador, con la legitimación que vincula estrictamente a las partes con el objeto litigioso, en el caso de autos, es el contrato de suministros entre Rigoberto Benítez Guerra y Compañía Petrolera Nacional S. de R.L., cedido posteriormente a la sociedad UNO COPENA, S.A., siendo este extremo una cuestión preliminar de fondo que debe ser resuelta con la sentencia definitiva.- Manifiesta que dicha resolución viola el derecho a la legalidad reconocido en el artículo 1 y 321 de la Constitución de la República; indicando que la decisión, para que sea legítima, debe someterse a la ley, no concurriendo esto en el presente caso.- Señala que el señor juez con la aclaración de la referida resolución también viola el debido proceso y de defensa, en virtud de que con ello le permite a la parte demandante introducir nuevas alegaciones y nuevos documentos.- Expresa el ad quem que en autos se aprecia que el juez fundamentó la decisión tomada en los artículos 449.1 450 y 451.1 del Código Procesal Civil.- Señala el ad quem que con la resolución de primera instancia, el juez incurrió en violación de los artículos 82 y 90 constitucionales, ya que el demandado opuso la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam o para el pleito, excepción que debió ser resuelta en la sentencia definitiva o en el fondo, ya que es una excepción no subsanable, incurriendo el a quo en violación al debido proceso al haber sido resuelta en la audiencia preliminar como un acto subsanable, lo cual es totalmente improcedente, por lo que dicho tribunal de alzada estimó que el a quo aplicó indebidamente los artículos 450 y 451 del Código Procesal Civil.- Para la corte de apelaciones la resolución del a quo incurre en causal de indefensión en virtud de que se cumplen los siguientes requisitos: 1. Debe ser material, no formal, o meramente procesal. 2. Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3. Tiene que ser total y absoluta, es decir que suponga una reducción de la posibilidad de defensa de quien sufra la indefensión. 4. Debe ser definitiva o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5. Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo.- CONSIDERANDO CINCO (5): Sobre la consulta obligatoria. Fundamentos de la reforma de la sentencia. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Al hacerlo, encuentra que dicho órgano jurisdiccional de la Sección Judicial de San Pedro Sula le ordena al juez de primera instancia que en virtud del otorgamiento de amparo, dicte nueva sentencia, esta vez apegándose a derecho, sin aclarar detalladamente en que consiste esto, tal como lo dispone el numeral tres del artículo 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional.[8]- Haciendo deducción a partir de la motivación que sustenta el otorgamiento de amparo, se colige que la corte de apelaciones espera que para hacer efectiva la ejecución de dicha decisión, el a quo resuelva en sentencia definitiva la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam que fue opuesta por la parte demandada, argumentando que: “es una excepción no subsanable.” Tomando en consideración esto, la Sala de lo Constitucional estima que para resolver el presente asunto, se hace necesario destacar que la legitimación es uno de los presupuestos procesales de las partes indispensables para poder actuar validamente en el proceso civil[9]. Ésta puede ser ordinaria o extraordinaria.- La primera o sea la ordinaria, según la ley vigente y aplicable[10], consiste en ser titular de la relación jurídica u objeto litigioso, lo que nace por encontrarse en una posición contrapuesta con respecto de otra persona, ya sea para reclamar un derecho, una prestación o interés, en cuyo caso sería una legitimación activa; o para que se reclame de ella el cumplimiento de una obligación o prestación, lo que conlleva a una legitimación pasiva.- En cambio la extraordinaria es aquella que nace por disposición de la ley, sea por sustitución procesal o bien por razones de interés público o social[11].- Para que se trabe la litis, o sea para que exista un proceso judicial, es indispensable la identificación plena de las partes, es decir las personas que deben intervenir en el proceso. De manera que el presupuesto procesal denominado legitimación es un factor insoslayable que debe ser dilucidado desde el inicio y resulta ser un elemento que puede ser abordado en cualquier momento antes de dictarse sentencia e inclusive de oficio por el juzgador, tal como establece el artículo 12.2 del Código Procesal Civil.- Con relación al asunto bajo estudio, la Sala de lo Constitucional entiende que la excepción de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada en el presente caso, constituye una impugnación a la conformación del proceso mismo, debido a que su reclamación atenta contra la construcción de la relación jurídica procesal plasmada por la parte actora en su escrito de demanda; poniendo con ello en duda la validez de exigirle a la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A., la pretensión deducida, dejando entrever que es otra persona la que debe responder por ella.- Procesalmente hablando, el asunto de marras es un incidente en virtud de que es un extremo distinto al asunto principal, pero que tiene una relación inmediata con él.[12] Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 417 del Código Procesal Civil, se subsume en su numeral dos, a raíz de que siendo una impugnación al diseño mismo de la relación jurídica procesal propuesta en el escrito de demanda, es además de aquellas que deben decidirse previamente, suspendiendo la cuestión principal, objeto del proceso, tal como lo dispone el artículo 418.2 del Código Procesal Civil.[13]- Es por ello que este alto tribunal de justicia disiente de la decisión tomada por el ad quem conociendo como órgano de jurisdicción constitucional. Lo procesalmente correcto es que el iudex a quo tome la decisión en el marco de la audiencia preliminar, determinando si existe o no la relación jurídica planteada a la demanda.[14] No habrá de resolver esto al final del proceso en sentencia definitiva, tal como se decidió equivocadamente en la sentencia que otorgó la garantía constitucional de amparo.- En consecuencia procede la reforma de la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis que se conoce en consulta obligatoria.- Dicha reforma deberá hacerse en el sentido de que si bien es cierto procede el otorgamiento de la garantía constitucional de amparo, en virtud de que tal como lo señala el amparista, el a quo no debió ordenar la subsanación que establece el artículo 450 del Código Procesal Civil, es de aclararse que tampoco es procedente la forma que propone el mismo amparista, quien propone que se resuelva en sentencia definitiva.- La forma de restituir deberá hacerse mediante la orden de este alto tribunal al juez de primera instancia para que decida la excepción de falta de legitimación pasiva en la audiencia preliminar con las actuaciones practicadas durante su desarrollo. En este sentido, si se produjere como resultado la determinación de que la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A. de C.V., no tiene legitimación pasiva para ser demandada por el objeto litigioso que pretende el señor RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA, el a quo deberá estarse a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 450 del Código Procesal Civil que ordena el inmediato sobreseimiento y archivo de las actuaciones, en virtud de que como ya se ha señalado, el presupuesto procesal debatido es un asunto insubsanable. En caso contrario, o sea si el juez de primera instancia declara sin lugar la excepción mencionada, éste deberá ordenar la continuación normal del proceso en contra de la parte demandada, UNO HONDURAS, S.A.- CONSIDERANDO SEIS (6): Comentarios a manera de obiter dicta. La Sala de lo Constitucional a manera de ilustración pasa a referir que en disenso del criterio establecido por el a quo al momento de resolver los extremos que formaron parte del debate en la audiencia preliminar, este tribunal es de la opinión que el momento procesal oportuno para presentar la prueba necesaria para resolver la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado en su escrito de contestación, no es junto con la demanda, sino cuando sea cuestionada la legitimación de alguna de las partes en el proceso.- El artículo 425 del Código Procesal Civil lo que dispone es que la parte actora debe anexar a su demanda la prueba que acredite la calidad con que actúa la parte, es decir que debe acreditar la vinculación que cada una de las partes tiene en relación con el objeto litigioso.- Con más claridad el artículo 287.2 del Código Procesal Civil establece que el actor podrá presentar en la audiencia preliminar del proceso ordinario, o en la audiencia del proceso abreviado, los documentos cuya relevancia se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones efectuadas por el demandado al contestar a la demanda. En el presente caso, consta en autos que la discusión sobre la legitimación pasiva fue traída a juicio por la parte demandada al momento de contestar la demanda promovida en su contra; es por ello que la audiencia preliminar es el momento procesal idóneo y oportuno para acreditar con los medios de prueba necesarios la legitimación cuestionada.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 12.2, 59, 63.3, 64.1, 64.2, 287.2, 416.1. 417.2, 418.2, 425, 449.1 y párrafo primero del 450 del Código Procesal Civil; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; en el sentido de OTORGAR la garantía constitucional de amparo interpuesta y formalizada por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SÁNCHEZ a favor de la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A. de C.V., a efecto de que se le restituya los derechos de debido proceso y defensa, para lo cual el honorable Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés deberá dictar nueva resolución o si fuere necesario celebrar nuevamente audiencia preliminar, en la que deberá pronunciarse respecto de la legitimación que tiene la sociedad mercantil UNO HONDURAS, S.A. de C.V., como parte demandada en relación con el ciudadano RIGOBERTO BENÍTEZ GUERRA, en la demanda que este último le ha entablado por la vía del proceso declarativo ordinario para el pago de deuda pendiente por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios que comprenden daño emergente y lucro cesante. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0845-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] El artículo 63 numeral 3) de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la sentencia que otorgue el amparo contenga en su parte dispositiva la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución.

[2] Vid. artículo 59 del Código Procesal Civil.

[3] Vid. Artículo 64.1 del Código Procesal Civil.

[4] Vid. Artículo 64.2 del Código Procesal Civil.

[5] Vid. Artículo 416.1 del Código Procesal Civil.

[6] El artículo 418.2 del Código Procesal Civil dispone: “Se suspenderá el curso del proceso principal, además de los casos previstos expresamente en este Código, cuando se suscite cuestión incidental referida:… 2. A cualquier otra incidencia que ocurra durante el proceso y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho o de derecho, para decidir sobre la continuación del proceso por sus trámites ordinarios o sobre su terminación.

[7] Vid. Artículo 449.1 del Código Procesal Civil que brinda una lista en numerus apertus de defectos procesales alegados por las partes en cuanto supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo.

[8] El artículo 63 numeral 3) de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la sentencia que otorgue el amparo contenga en su parte dispositiva la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución.

[9] Vid. artículo 59 del Código Procesal Civil.

[10] Vid. Artículo 64.1 del Código Procesal Civil.

[11] Vid. Artículo 64.2 del Código Procesal Civil.

[12] Vid. Artículo 416.1 del Código Procesal Civil.

[13] El artículo 418.2 del Código Procesal Civil dispone: “Se suspenderá el curso del proceso principal, además de los casos previstos expresamente en este Código, cuando se suscite cuestión incidental referida:… 2. A cualquier otra incidencia que ocurra durante el proceso y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho o de derecho, para decidir sobre la continuación del proceso por sus trámites ordinarios o sobre su terminación.

[14] Vid. Artículo 449.1 del Código Procesal Civil que brinda una lista en numerus apertus de defectos procesales alegados por las partes en cuanto supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo.