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Sentencia AC-770-16 — Registro 10471

Resumen

Resolución que declaró con lugar recurso de amparo interpuesto por Ministerio Público contra empresa quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola, manifiesta recurrente que dicha autoridad atendió una denuncia de los pobladores de que se les había cortado el suministro eléctrico, habilitando el mismo con excepción de la vivienda de representado por recurrente,a quien responsabilizaron de los daños y resolvieron cargarle el costo de toda la reparación imponiéndole el cobro de la misma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, cuando no consta la existencia de un procedimiento, documentado en relación a los gastos, que permita al señor Welcome para poder ejercitar su derecho de defensa, a efecto de ser oído, de ser parte en ese procedimiento, aportar prueba, impugnar la imposición de la sanción económica relacionada, en los términos que establecen los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso administrativo y judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada en fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola, según Decreto Legislativo No.183-92, manifiesta la recurrente que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dicha autoridad atendió una denuncia de los pobladores del Barrio Man Trapp de que se les había cortado el suministro eléctrico, habilitando el mismo con excepción de la vivienda del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME a quien responsabilizaron de los daños y resolvieron cargarle el costo de toda la reparación imponiéndole el cobro de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS Y SEIS CENTAVOS (L.110,452.06). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 103 y 178 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES._ 1) Que en fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, la Abogada VERA ELOISA GALVEZ interponiendo recurso de amparo a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de energía eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola, según Decreto Legislativo No.183-92, manifiesta la recurrente que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dicha autoridad atendió una denuncia de los pobladores del Barrio Man Trapp de que se les había cortado el suministro eléctrico, habilitando el mismo con excepción de la vivienda del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME a quien responsabilizaron de los daños y resolvieron cargarle el costo de toda la reparación imponiéndole el cobro de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS Y SEIS CENTAVOS (L.110,452.06). Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los Artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 103 y 178 de la Constitución de la República. (Folios 1-6 de los antecedentes).-2) Que en fecha uno de junio de dos mil dieciséis, el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, emitió auto en donde ordenó remitir por cuestión de competencia la acción de amparo impetrada a la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. (Folio 7 de los antecedentes).-3) Que en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, resolvió admitir la acción interpuesta por el Ministerio Público sin Suspensión del Acto Reclamado y en ese mismo acto ordenó al señor Luey Lamar Mclaughlin Presidente del Consejo de Administración de la Empresa y Sociedad Mercantil Roatán Electric Company (RECO) con domicilio en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, rindiera informe de lo denunciado por el amparista dentro del término de cinco días hábiles, remitiendo a la vez un extracto, si existiere, del expediente administrativo en donde conste la decisión objeto del litigio. (Folios 21-23 de los antecedentes) .- 4) En fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el informe solicitado a la empresa antes citada, por parte de la Abogada JENNY GABRIELA ALMENDARES FLORES, en su condición de Representante de la Sociedad Mercantil ROATÁN ELECTRIC COMPANY S. A. DE C. V. (RECO S. A. DE C. V.), de donde se desprende lo siguiente: “PRIMERO: En fecha 19 de octubre del 2010, la sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S A. DE C. V. recibió por parte del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME una solicitud de servicios de energía eléctrica para una vivienda en la colonia Man Trap, el cual le fue concedido mediante suscripción de contrato de adhesión, el cual establecía una serie de obligaciones, entre estas están: “….4) De conformidad con el Artículo 35 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico, RECO tendrá el derecho de suspender el servicio a cualquiera de sus abonados en forma inmediata sin necesidad de preaviso en los siguientes casos: a) cuando el usuario está en mora en el pago del suministro de energía eléctrica. b)…, cuando se violen las condiciones pactadas para el suministro. c) Cuándo se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedad por desperfectos en las instalaciones del abonado…”. Se resalta lo aplicable al caso concreto. A su vez el mismo contrato señala: “Las instalaciones internas ya sean residenciales, …, deberán cumplir con las normas impuestas para tal efecto por RECO, quien podrá brindar el suministro de energía eléctrica en caso de que a su criterio las instalaciones no reúnan los requisitos técnicos a ser conectados a la red de distribución todo bajo los siguientes entendidos: a)…, b) Que RECO se reserva el derecho a rechazar cualquier instalación o aparato eléctrico que no esté de acuerdo a las instalaciones de seguridad aplicado por RECO y que a criterio exclusivo de RECO represente un peligro para las instalaciones de la empresa o para terceros o afecte desfavorablemente el suministro del servicio… d) Es obligación de los abonados la buena conservación tanto de los aparatos de medición, como de cualquier otra obra, equipo o accesorio propiedad de RECO, necesarios para brindarle servicio al abonado. …el abonado responderá por las perdidas causadas a la empresa por cualquier daño o destrucción de los mismos…” (Se subraya lo esencial). Conforme a lo antes expuesto el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, como cualquier otro abonado ACEPTÓ las condiciones contractuales, obligándose a cumplirlas. SEGUNDO: El 8 de marzo del 2016, el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME presentó la infundada denuncia MP-55-2,016, obviando que las acciones de la empresa responden únicamente a lo dispuesto en el citado Artículo 35 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico, así como al cumplimiento y ejecución del contrato de fecha 19 de octubre de 2,016.- No obstante el Ministerio Público, obvió el hecho de que el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME tiene una deuda con RECO mayor de ciento trece mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con seis centavos (113,452.06).- Esta deuda se origina como ya se ha dicho, porque en el año 1995, se construyó en MAN TRAP una línea eléctrica dentro de un terreno constituido para servidumbre en la vía publica, no obstante en el año 2,014, el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME solicitó a RECO la reubicación de dicha línea, señalando como motivo su intención de construir en la casa donde habita. Es así que se le explicó por parte del personal de RECO, que si el requería reubicar la línea para su conveniencia como lo hace cualquier abonado, tenia que pagar un monto por la mano de obra y materia, que asciende aproximadamente a la cantidad de ciento diez mil lempiras (Lps.110,000.00) pero el señor WELCOME se molestó ante esa oferta y dijo que no iba a pagar nada.- Se le mejoró la misma para que sólo pagara la mano de obra con un costo de dieciséis mil lempiras (Lps.16,000.00) y aún así no aceptó e inició sus denuncias contra RECO. En el mes de enero de 2,016 el poste que fue instalado en 1995, se cayó en la época de lluvias, ya que los cables estaban tocando un árbol de mangos, por lo que RECO envió una cuadrilla para reparar la retenida, lo cual no fue permitido por el señor WELCOME, afectando a los vecinos de MAN TRAP, quienes reclamaron a RECO y sus técnicos les explicaron la situación y se decidió remendar al otro lado, invirtiendo RECO en la mano de obra, materiales, más gastos.”. (Folios 30-47 de los antecedentes).-5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “DECLARAR CON LUGAR la Garantía de Amparo interpuesto por el Ministerio Público en su condición antes indicada y a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra la Empresa Roatán Electric Company S. A., respecto a los derechos de Defensa, Debido Proceso y Vivienda Digna.- MANDA: Primero: Notificar la presente resolución de oficio personalmente a los intervinientes, a más tardar el día siguiente al de su fecha, de no ser posible, las notificaciones se harán por medio de Cédula o Edictos.- Segundo: Remítase las presentes diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en consulta de la decisión tomada por esta Corte de Apelaciones.- Tercero: Que la Secretaría del despacho libre Exhorto insertado íntegramente a la presente sentencia y lo remita al Juzgado de Letras Departamental de Roatán; a efecto de que la Receptora de ese Tribunal se constituya ante el señor (a) Gerente General de la Empresa Roatán Electric Company S. A. (RECO) y lo requiera para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados a partir del requerimiento, proceda a cumplir con lo ordenado en esta sentencia.”. (Folios 133-137 de los antecedentes).-6) Que en fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola, según Decreto Legislativo No.183-92.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dicha autoridad atendió una denuncia de los pobladores del Barrio Man Trapp de que se les había cortado el suministro eléctrico, habilitando el mismo con excepción de la vivienda del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME a quien responsabilizaron de los daños y resolvieron cargarle el costo de toda la reparación imponiéndole el cobro de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS Y SEIS CENTAVOS (L110,452.06). Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los Artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 103 y 178 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, cuando no consta la existencia de un procedimiento, documentado en relación a los gastos, que permita al señor Welcome para poder ejercitar su derecho de defensa, a efecto de ser oído, de ser parte en ese procedimiento, aportar prueba, impugnar la imposición de la sanción económica relacionada, en los términos que establecen los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso administrativo y judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada en fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada en fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0770-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola, según Decreto Legislativo No.183-92, manifiesta la recurrente que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dicha autoridad atendió una denuncia de los pobladores del Barrio Man Trapp de que se les había cortado el suministro eléctrico, habilitando el mismo con excepción de la vivienda del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME a quien responsabilizaron de los daños y resolvieron cargarle el costo de toda la reparación imponiéndole el cobro de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS Y SEIS CENTAVOS (L.110,452.06). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 103 y 178 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES._ 1) Que en fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, la Abogada VERA ELOISA GALVEZ interponiendo recurso de amparo a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de energía eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola, según Decreto Legislativo No.183-92, manifiesta la recurrente que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dicha autoridad atendió una denuncia de los pobladores del Barrio Man Trapp de que se les había cortado el suministro eléctrico, habilitando el mismo con excepción de la vivienda del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME a quien responsabilizaron de los daños y resolvieron cargarle el costo de toda la reparación imponiéndole el cobro de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS Y SEIS CENTAVOS (L.110,452.06). Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los Artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 103 y 178 de la Constitución de la República. (Folios 1-6 de los antecedentes).-2) Que en fecha uno de junio de dos mil dieciséis, el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, emitió auto en donde ordenó remitir por cuestión de competencia la acción de amparo impetrada a la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. (Folio 7 de los antecedentes).-3) Que en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, resolvió admitir la acción interpuesta por el Ministerio Público sin Suspensión del Acto Reclamado y en ese mismo acto ordenó al señor Luey Lamar Mclaughlin Presidente del Consejo de Administración de la Empresa y Sociedad Mercantil Roatán Electric Company (RECO) con domicilio en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, rindiera informe de lo denunciado por el amparista dentro del término de cinco días hábiles, remitiendo a la vez un extracto, si existiere, del expediente administrativo en donde conste la decisión objeto del litigio. (Folios 21-23 de los antecedentes) .- 4) En fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el informe solicitado a la empresa antes citada, por parte de la Abogada JENNY GABRIELA ALMENDARES FLORES, en su condición de Representante de la Sociedad Mercantil ROATÁN ELECTRIC COMPANY S. A. DE C. V. (RECO S. A. DE C. V.), de donde se desprende lo siguiente: “PRIMERO: En fecha 19 de octubre del 2010, la sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S A. DE C. V. recibió por parte del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME una solicitud de servicios de energía eléctrica para una vivienda en la colonia Man Trap, el cual le fue concedido mediante suscripción de contrato de adhesión, el cual establecía una serie de obligaciones, entre estas están: “….4) De conformidad con el Artículo 35 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico, RECO tendrá el derecho de suspender el servicio a cualquiera de sus abonados en forma inmediata sin necesidad de preaviso en los siguientes casos: a) cuando el usuario está en mora en el pago del suministro de energía eléctrica. b)…, cuando se violen las condiciones pactadas para el suministro. c) Cuándo se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedad por desperfectos en las instalaciones del abonado…”. Se resalta lo aplicable al caso concreto. A su vez el mismo contrato señala: “Las instalaciones internas ya sean residenciales, …, deberán cumplir con las normas impuestas para tal efecto por RECO, quien podrá brindar el suministro de energía eléctrica en caso de que a su criterio las instalaciones no reúnan los requisitos técnicos a ser conectados a la red de distribución todo bajo los siguientes entendidos: a)…, b) Que RECO se reserva el derecho a rechazar cualquier instalación o aparato eléctrico que no esté de acuerdo a las instalaciones de seguridad aplicado por RECO y que a criterio exclusivo de RECO represente un peligro para las instalaciones de la empresa o para terceros o afecte desfavorablemente el suministro del servicio… d) Es obligación de los abonados la buena conservación tanto de los aparatos de medición, como de cualquier otra obra, equipo o accesorio propiedad de RECO, necesarios para brindarle servicio al abonado. …el abonado responderá por las perdidas causadas a la empresa por cualquier daño o destrucción de los mismos…” (Se subraya lo esencial). Conforme a lo antes expuesto el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, como cualquier otro abonado ACEPTÓ las condiciones contractuales, obligándose a cumplirlas. SEGUNDO: El 8 de marzo del 2016, el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME presentó la infundada denuncia MP-55-2,016, obviando que las acciones de la empresa responden únicamente a lo dispuesto en el citado Artículo 35 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico, así como al cumplimiento y ejecución del contrato de fecha 19 de octubre de 2,016.- No obstante el Ministerio Público, obvió el hecho de que el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME tiene una deuda con RECO mayor de ciento trece mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con seis centavos (113,452.06).- Esta deuda se origina como ya se ha dicho, porque en el año 1995, se construyó en MAN TRAP una línea eléctrica dentro de un terreno constituido para servidumbre en la vía publica, no obstante en el año 2,014, el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME solicitó a RECO la reubicación de dicha línea, señalando como motivo su intención de construir en la casa donde habita. Es así que se le explicó por parte del personal de RECO, que si el requería reubicar la línea para su conveniencia como lo hace cualquier abonado, tenia que pagar un monto por la mano de obra y materia, que asciende aproximadamente a la cantidad de ciento diez mil lempiras (Lps.110,000.00) pero el señor WELCOME se molestó ante esa oferta y dijo que no iba a pagar nada.- Se le mejoró la misma para que sólo pagara la mano de obra con un costo de dieciséis mil lempiras (Lps.16,000.00) y aún así no aceptó e inició sus denuncias contra RECO. En el mes de enero de 2,016 el poste que fue instalado en 1995, se cayó en la época de lluvias, ya que los cables estaban tocando un árbol de mangos, por lo que RECO envió una cuadrilla para reparar la retenida, lo cual no fue permitido por el señor WELCOME, afectando a los vecinos de MAN TRAP, quienes reclamaron a RECO y sus técnicos les explicaron la situación y se decidió remendar al otro lado, invirtiendo RECO en la mano de obra, materiales, más gastos.”. (Folios 30-47 de los antecedentes).-5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “DECLARAR CON LUGAR la Garantía de Amparo interpuesto por el Ministerio Público en su condición antes indicada y a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra la Empresa Roatán Electric Company S. A., respecto a los derechos de Defensa, Debido Proceso y Vivienda Digna.- MANDA: Primero: Notificar la presente resolución de oficio personalmente a los intervinientes, a más tardar el día siguiente al de su fecha, de no ser posible, las notificaciones se harán por medio de Cédula o Edictos.- Segundo: Remítase las presentes diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en consulta de la decisión tomada por esta Corte de Apelaciones.- Tercero: Que la Secretaría del despacho libre Exhorto insertado íntegramente a la presente sentencia y lo remita al Juzgado de Letras Departamental de Roatán; a efecto de que la Receptora de ese Tribunal se constituya ante el señor (a) Gerente General de la Empresa Roatán Electric Company S. A. (RECO) y lo requiera para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados a partir del requerimiento, proceda a cumplir con lo ordenado en esta sentencia.”. (Folios 133-137 de los antecedentes).-6) Que en fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola, según Decreto Legislativo No.183-92.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dicha autoridad atendió una denuncia de los pobladores del Barrio Man Trapp de que se les había cortado el suministro eléctrico, habilitando el mismo con excepción de la vivienda del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME a quien responsabilizaron de los daños y resolvieron cargarle el costo de toda la reparación imponiéndole el cobro de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS Y SEIS CENTAVOS (L110,452.06). Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los Artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 103 y 178 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, cuando no consta la existencia de un procedimiento, documentado en relación a los gastos, que permita al señor Welcome para poder ejercitar su derecho de defensa, a efecto de ser oído, de ser parte en ese procedimiento, aportar prueba, impugnar la imposición de la sanción económica relacionada, en los términos que establecen los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso administrativo y judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada en fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público a favor del señor AROBIA ALEXANDER WELCOME, contra actuaciones de la Sociedad Mercantil ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A. (RECO) quien actúa por delegación del Estado de Honduras a través de un contrato para brindar el servicio de Energía Eléctrica en los Municipios de Roatán y José Santos Guardiola.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada en fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0770-2016.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL