Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-722-16 — Registro 8880

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que ordenó el archivo del expediente ante la no subsanación de la demanda para el pago por incumplimiento de una póliza de seguro de vida promovida por recurrente contra Seguros Crefisa S A

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.."..."en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO a favor del señor OMAR ALEXIS OCHOA HENRIQUEZ, en su condición personal y en representación de su menor hijo OMAR GILBERTO OCHOA GARCÍA y WALESKA YAMILETH LÓPEZ DURÓN, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el quince de octubre de dos mil quince; con relación a la demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de una póliza de seguro de vida promovida por el señor OMAR ALEXIS OCHOA HENRIQUEZ, en su condición personal y en representación de su menor hijo OMAR GILBERTO OCHOA GARCÍA y WALESKA YAMILETH LÓPEZ DURÓN contra la sociedad mercantil denominada SEGUROS CREFISA, S.A. (Exp. No. 0801-2015-055544).-CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues la resolución dictada por el A-quo donde se concede el término para subsanar la demanda debió de habérsele notificado a ella y no a la Abogada Lily Marlene Benguche Issazi, pues ésta le había sustituido el poder con que actuaba.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declaró sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito y confirmó la resolución apelada, al considerar que se notificó a la abogada Lily Marlene Benguche Issazi, la resolución donde se le concedía el término para que subsanara la demanda, pues la apoderada sustituta no había aceptado el poder a ella conferido, además de constar en autos que la secretaría del A-Quo trató infructuosamente de notificar dicha resolución a la apoderada legal sustituta, por lo cual ante la falta de cumplimiento de la representante procesal de la parte demandante de subsanar la demanda, se ordenó el archivo del expediente y que se devolvieran los anexos.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.

CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO a favor del señor OMAR ALEXIS OCHOA HENRIQUEZ, en su condición personal y en representación de su menor hijo OMAR GILBERTO OCHOA GARCÍA y WALESKA YAMILETH LÓPEZ DURÓN, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 0722-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO a favor del señor OMAR ALEXIS OCHOA HENRIQUEZ, en su condición personal y en representación de su menor hijo OMAR GILBERTO OCHOA GARCÍA y WALESKA YAMILETH LÓPEZ DURÓN, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el quince de octubre de dos mil quince; con relación a la demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de una póliza de seguro de vida promovida por el señor OMAR ALEXIS OCHOA HENRIQUEZ, en su condición personal y en representación de su menor hijo OMAR GILBERTO OCHOA GARCÍA y WALESKA YAMILETH LÓPEZ DURÓN contra la sociedad mercantil denominada SEGUROS CREFISA, S.A. (Exp. No. 0801-2015-055544).-CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues la resolución dictada por el A-quo donde se concede el término para subsanar la demanda debió de habérsele notificado a ella y no a la Abogada Lily Marlene Benguche Issazi, pues ésta le había sustituido el poder con que actuaba.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declaró sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito y confirmó la resolución apelada, al considerar que se notificó a la abogada Lily Marlene Benguche Issazi, la resolución donde se le concedía el término para que subsanara la demanda, pues la apoderada sustituta no había aceptado el poder a ella conferido, además de constar en autos que la secretaría del A-Quo trató infructuosamente de notificar dicha resolución a la apoderada legal sustituta, por lo cual ante la falta de cumplimiento de la representante procesal de la parte demandante de subsanar la demanda, se ordenó el archivo del expediente y que se devolvieran los anexos.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.

CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NANCY JOSSET MARTINEZ CASTRO a favor del señor OMAR ALEXIS OCHOA HENRIQUEZ, en su condición personal y en representación de su menor hijo OMAR GILBERTO OCHOA GARCÍA y WALESKA YAMILETH LÓPEZ DURÓN, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 0722-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL