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Sentencia AC-690-16 — Registro 8879

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar recurso de apelación,decretó de oficio nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto que admite a trámite demanda ,al considerar que en el caso sub-júdice concurre litis consorcio pasivo necesario, que obliga a terceras personas naturales vinculadas jurídicamente con el demandante,en virtud de contrato de compra venta de terreno para la construcción de viviendas, las que debieron ser demandadas interpuesto con relación a demanda de reivindicación de dominio, restitución de frutos civil e indemnización de daños y perjuicios mediante proceso ordinario promovida por impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…": Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, decretó de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce de la primera pieza de autos donde se admite a trámite la demanda de mérito, al considerar que en el caso sub-júdice concurre el litis consorcio pasivo necesario, que obliga a terceras personas naturales vinculadas jurídicamente con el demandante José Elías Arita Vásquez, por virtud de contrato de compra venta de un terreno para la construcción de viviendas, las que debieron ser demandadas, por cuanto la sentencia que se produjo les puede perjudicar, lo que violenta el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de los mismos.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso2

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA a favor del señor JOSÉ ELÍAS ARITA VASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA, el diecinueve de noviembre de dos mil quince; con relación a la demanda de reivindicación de dominio, restitución de frutos civil e indemnización de daños y perjuicios mediante proceso ordinario promovida por el señor JOSÉ ELÍAS ARITA VASQUEZ, contra las señoras BELINDA NOLASCO DELCID y LUCIA CERROS.-CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de propiedad y debido proceso contenidos en los artículos 103 y 90 de la Constitución de la República, pues con la nulidad absoluta de actuaciones decretada se pretende que se demande a otras personas que no están legitimadas para ser parte en el juicio.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, decretó de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce de la primera pieza de autos donde se admite a trámite la demanda de mérito, al considerar que en el caso sub-júdice concurre el litis consorcio pasivo necesario, que obliga a terceras personas naturales vinculadas jurídicamente con el demandante José Elías Arita Vásquez, por virtud de contrato de compra venta de un terreno para la construcción de viviendas, las que debieron ser demandadas, por cuanto la sentencia que se produjo les puede perjudicar, lo que violenta el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de los mismos.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA a favor del señor JOSÉ ELÍAS ARITA VASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0690-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA a favor del señor JOSÉ ELÍAS ARITA VASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA, el diecinueve de noviembre de dos mil quince; con relación a la demanda de reivindicación de dominio, restitución de frutos civil e indemnización de daños y perjuicios mediante proceso ordinario promovida por el señor JOSÉ ELÍAS ARITA VASQUEZ, contra las señoras BELINDA NOLASCO DELCID y LUCIA CERROS.-CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de propiedad y debido proceso contenidos en los artículos 103 y 90 de la Constitución de la República, pues con la nulidad absoluta de actuaciones decretada se pretende que se demande a otras personas que no están legitimadas para ser parte en el juicio.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, decretó de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce de la primera pieza de autos donde se admite a trámite la demanda de mérito, al considerar que en el caso sub-júdice concurre el litis consorcio pasivo necesario, que obliga a terceras personas naturales vinculadas jurídicamente con el demandante José Elías Arita Vásquez, por virtud de contrato de compra venta de un terreno para la construcción de viviendas, las que debieron ser demandadas, por cuanto la sentencia que se produjo les puede perjudicar, lo que violenta el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de los mismos.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA a favor del señor JOSÉ ELÍAS ARITA VASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0690-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL