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Sentencia AC-674-15 — Registro 12087

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación contra la resolución en la demanda ejecutiva de pago. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "(12): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ejecutiva de pago promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra el señor CARLOS ROBERTO ARGEÑAL NUÑEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMMA EDITH MURILLO MEMBREÑO, a favor del BANCO DEL PAIS S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de marzo del año dos mil quince, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ejecutiva de pago promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra el señor CARLOS ROBERTO ARGEÑAL NUÑEZ.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en el Artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha veinte de agosto del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada EMMA EDITH MURILLO MEMBREÑO, en su condición de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., interponiendo Demanda Ejecutiva de Pago contra el señor CARLOS ROBERTO ARGEÑAL NUÑEZ, para que sea obligado a pagar la cantidad de Ochocientos Cuarenta y Siete Mil, Ciento Sesenta y Tres Lempiras con Setenta y Seis Centavos (LPS 847,163.76) distribuidos así: Ochocientos cinco mil trescientos setenta y cinco Lempiras (L.805,375.00), en concepto de capital vencido, más la suma de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L.41,788.76), en concepto de intereses vencidos calculados a la fecha diecinueve de julio del año 2010, más los intereses que se causen con posterioridad, hasta la completa cancelación de lo adeudado además de los gastos y costas del presente juicio.(Folio 1 al 2 de la pieza del Juzgado).2) Que en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, señaló audiencia de remate para el día miércoles catorce (14) de marzo del año dos mil doce (2012), a la nueve de la mañana (9:00 a.m.) a efecto de proceder en pública subasta a la venta del inmueble embargado en el presente juicio. (Folio 31 de la pieza del Juzgado).3) Que en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil doce (2012), se celebró Audiencia de Remate en la cual se Resolvió: 1) En vista que no hay más postores, adjudíquese el inmueble descrito anteriormente al BANCO DEL PAIS S.A. por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (185,000.00) que cubre más las dos terceras partes del avaluó del inmueble objeto de este remate… 3) Con las inserciones de estilo y delegando amplías facultades líbrese atenta comunicación al Instituto de la Propiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán, a fin que cancela la primera hipoteca inscrita bajo el número 24 del Tomo 4883 y embargo inscrito bajo matricula número 643726 asiento 4 ambos a favor del Banco del País S.A., en cuanto a cancelar la prohibición de celebrar Actos y Contratos sin lugar, en virtud que el embargo fue registrado con posterioridad a dicha medida precautoria…”. (Folio 60 de la pieza del Juzgado).4) Que en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil doce (2012), la Abogada EMMA EDITH MURILLO MEMBREÑO, Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., solicitó se Rectificara lo resuelto en audiencia de remate; Que se ordenara la elaboración de escritura traslaticia de dominio a favor de su poderdante, habiendo resuelto dicho Juzgado en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil doce (2012), sin lugar en virtud que cuando se decretó la prohibición de celebrar actos y contratos según demanda sumaria de alimentos, dicha medida precautoria fue decretada por el Juzgado de Letras de Familia, y no por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán…”. (Folio 66 al 69 de la pieza del Juzgado).5) Que en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil catorce (2014), el referido Tribunal resolvió la manifestación presentada por la Abogada EMMA EDITH MURILLO MEMBREÑO, en la que solicitó que se librara comunicación cancelando todos los gravámenes que afectaban el inmueble embargado, habiendo resuelto dicho Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, Sin Lugar por improcedente y que se esté a lo dispuesto en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil doce (2012). (Folios 72 al 74 de la primera pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha veinte de marzo del año dos mil quince, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada EMMA EDITH MURILLO MEMBREÑO, en su condición de Apoderada de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil catorce (2014), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán dictó su sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ENMA EDIT MURILLO MEMBREÑO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, en la Demanda Ejecutiva de pago, relacionada en el preámbulo del presente fallo.- SEGUNDO: Confirmando el auto recurrido visible a folio 74 de los autos de primera instancia…”. Folios 6 al 11 de la pieza de corte de Apelaciones).7) La recurrente Abogada EMMA EDITH MURILLO MEMBREÑO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte de julio del año dos mil quince, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA BANCO DEL PAIS S.A., afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil quince (2015), violenta el Artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha cinco (5) de enero del año dos mil dieciséis (2016); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. 8) Que con fecha veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de marzo del año dos mil quince, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ejecutiva de pago promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra el señor CARLOS ROBERTO ARGEÑAL NUÑEZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se le han violentado a su representada los derechos contenidos en el Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; la violación al debido proceso cuando la Corte de Apelaciones no esta cumpliendo con la función pública de la Jurisdicción de Administrar Justicia en nombre del Estado de Honduras, ya que no está aplicando las normas legales que la ley prescribe para aplicarla al caso concreto, que en el presente caso en primer término el A-Quo debió mandar a cancelar las demás anotaciones contenidas al margen del asiento del dominio a efecto que el remate efectuado pudiera ser inscrito y no fue ordenado así. Al resolver el Estado fuera de las reglas de interpretación de la Ley, lo hace sin base jurídica violentando el debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta; en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que en la sentencia de la Corte de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de marzo del año dos mil quince, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; la misma concluye que la prohibición de celebrar actos y contratos fue dictada por otro Juzgado de letras de igual rango jerárquico, lo procedente es que la recurrente se dirija a ese Tribunal para que en vista de los autos puedan decidir el asunto de esa medida cautelar por derecho de familia. Por lo que ese Tribunal de Alzada fue del criterio que el auto impugnado se encuentra arreglado a derecho, por lo que no procede estimar la apelación de que se ha hecho mérito y si procede confirmar la providencia apelada. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ejecutiva de pago promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra el señor CARLOS ROBERTO ARGEÑAL NUÑEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-674-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL