Sentencia AC-662-16 — Registro 6618
Resumen
Sentencia anuló fallo dictado por el juzgado de primera instancia y actuaciones posteriores al personamiento de la Procuraduría General de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ésta Sala en el caso sub judice observa que lo expuesto en agravios por el quejoso no se deriva perjuicio por la que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados el reclamante..."..."Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron entre otros el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que la Alzada aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa..."..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."..."Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO FLORES FLORES a favor del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI), contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce de abril de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco de octubre de dos mil cinco; con relación a la demanda de nulidad de contratos de honorarios profesionales promovida por el FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI), contra los Abogados ELMER EDY FUGON MARTINEZ, JULIO CESAR CRUZ BONILLA y CARLOS VALLEJO CERRATO.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente indica que la Alzada dicta una nulidad de actuaciones fundada en un pronunciamiento ilegal de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se anula absolutamente la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dos, y las actuaciones posteriores al personamiento de la Procuraduría General de la República, lo cual estima el peticionario dicha disposición obedece a una interpretación errónea de la ley y por tanto el Ad-quem no debió acatar dicha orden ilegal en detrimento de su representada.- CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con la emisión del acto reclamado se han vulnerado las garantías y derechos establecidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada, en cumplimiento de la sentencia dicta por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fecha cinco (05) de octubre del año dos mil cinco, declaró la nulidad absoluta de las actuaciones en que intervino la Procuraduría General de la República, por carecer de absoluta legitimidad ordinaria para actuar en su condición de representante legal del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI), en virtud de que dicha institución se rige por su propia ley, dejando incólume la sentencia definitiva y firme de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dos, dictada por el A-quo.- CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta.- CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que lo expuesto en agravios por el quejoso no se deriva perjuicio por la que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados el reclamante.- CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la victima, y que no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.- CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron entre otros el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que la Alzada aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO FLORES FLORES, a favor del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI); recurso contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”