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Sentencia AC-658-15 — Registro 8878

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a solicitud de ejecución forzosa de Sentencia Judicial firme

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Como quedó fallado en la sentencia de donde se deriva la acción de ejecución de los dos títulos judiciales, se condenó a los intereses pactados y las respectivas costas del juicio, soportando la parte demandante (ejecutante) su acción de Dar en los precitados contratos de arrendamiento con opción a compra y los documentos junto con la cesión de derechos y garantía personal por parte de la entidad ejecutada y el estado de cuenta certificado por el contador de la sociedad mercantil

demandante, calificados y valorados jurídicamente en el juicio como ya se dijo, de títulos ejecutivos, sin que variara o se modificara en ningún momento la obligación, únicamente cambio el cesionario, lo que se deduce del contenido de los documentos acreditados y que fueron expuestos para debatir, habiendo concurrido las partes en el momento procesal oportuno, para probar y contraprobar y concluir los procesos de conformidad a las pretensiones de las partes, cuyo fallo de donde se derivan las acciones en estudio, es cosa juzgada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, a favor del GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil Seccional de San Pedro Sula, Cortés, en fecha quince de junio del año dos mil quince, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha diecinueve de marzo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés; con relación a la solicitud de sentencia judicial firme, seguida por la Sociedad mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A, contra la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GRUPO PARQUE INDUSTRIAL y URBANIZADORA CORONA S.A.- Estima el recurrente que el derecho y la garantía constitucional que se considera violentada está contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha treinta de noviembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A., solicitando ejecución forzosa de la Sentencia Judicial firme, contra la Sociedad Mercantil denominada Grupo Parque Industrial y Urbanizadora Corona, S.A (GRUPO CORONA), para que sea obligada a pagar la cantidad de Nueve Millones, Seiscientos sesenta y tres mil, Cuatrocientos Ochenta y Ocho con Noventa y Dos Centavos (LPS 9,663,488.92) en concepto de capital, más la cantidad de Dos Millones (2,000,000.00), habiendo resuelto dicho Juzgado en fecha veintinueve de julio del año dos mil trece, tener por admitida la solicitud de ejecución de Sentencia, y por medio del funcionario respectivo requerir personalmente en legal y debida forma al señor EMIN JORGE ABUFELE SALOMON, en su condición de representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZACION CORONA, S.A (GRUPO CORONA), para que en el acto del requerimiento proceda a pagar la cantidad de Un Millón Cuatrocientos Noventa Mil Quinientos Veintisiete Lempiras con treinta y dos centavos (LPS.1,490,527.32), a lo que fue condenado mediante Sentencia de fecha Treinta de Noviembre del Dos Mil Doce, además dicho funcionario tiene que advertirle que tiene el termino de tres días hábiles a partir del día siguiente del requerimiento para presentar oposición, y se le ordena al representante Legal de la Sociedad Ejecutiva que presente en el plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación, una declaración jurada en la cual se relacionen los bienes y derechos de los que es titular su representada…” (Folio 2 al 29 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha diecinueve de marzo del año dos mil quince, el Tribunal referido dictó sentencia mediante la cual: (Sic) “RESUELVE: 1) Estimar el motivo de oposición interpuesto por la Abogada EVELYN MONTEROSA SIERRA, en su condición de apoderada legal de La Sociedad Mercantil GRUPO PARQUE INDUSTRIAL y URBANIZADORA CORONA, S.A., consistente en la pluspetición. 2.- Líbrese atento Exhorto al Juzgado de Letras Seccional del Municipio de Choloma, departamento de Cortés, lo anterior en vista que las instalaciones de dicha sociedad mercantil quedan ubicadas en el municipio de Choloma, Cortés, para que por medio del funcionario respectivo proceda a Notificar al señor EMIN JORGE ABUFELE SALOMON, en su condición de representante de la Sociedad Mercantil GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA, S.A., sobre las ejecuciones de títulos judiciales promovidas por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., por las cantidades de El primero: por la cantidad de Un Millón Quinientos Diecisiete Mil, Trescientos Noventa y Cinco Lempiras con Dos Centavos (Lps.1,517,395.02) más la cantidad de Trescientos Setenta y Nueve Mil Trescientos cuarenta y ocho lempiras con sesenta y seis centavos (Lps. 379,348.66) que representan el 25% de la cantidad antes indicada para un total de UN MILLON, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.1,896.743.78), y EL Segundo: Por la cantidad de Nueve Millones, Seiscientos Sesenta y Tres Mil, Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras con Noventa y dos centavos (L.9,663.488.92) en concepto de capital e interés, mas la cantidad de Dos Millones, Cuatrocientos Quince Mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras con Veintitrés Centavos (Lps. 2,415,872.23) que representan el 25% de la cantidad antes indicada, los que sumados resultan en la cantidad de TRECE MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (LPS 13,976,104.93) debiendo el funcionario entregar copia del auto, así mismo hacerle la advertencia que no puede disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización. En caso de no encontrase el ejecutado en su domicilio, podrá efectuarse la diligencia de notificación a cualquier empleado o familiar mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, advirtiendo al destinatario de ésta que está obligado a entregar la copia de la resolución al destinatario de ésta a darle aviso, Debiendo dejar constancia de las actuaciones realizadas…” (Folios 143 AL 145 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha quince de junio el año dos mil quince, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Apoderado de Banco Continental S.A., y EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de apoderado legal del grupo Parque Industrial y Urbanizadora Corona S.A,. ambos contra la resolución de fecha diecinueve de marzo del año dos mil quince, emitida por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés; la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, (Sic) “RESUELVE 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO PADILLA, en su condición de apoderado legal de Banco Continental, contra la resolución dictada en fecha diecinueve de marzo del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras Civil de esta sección Judicial.- 2.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA, en su condición de Apoderada Legal del Grupo Parque Industrial y Urbanizadora Corona S.A, contra la resolución dictada en fecha diecinueve de marzo del dos mil quince por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial.- 3) CONFIRMAR la resolución apelada…” (Folios 7 al 10 de la pieza de corte de Apelaciones). 4) El recurrente Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, compareció ante este alto Tribunal en fecha dos de julio del año dos mil quince, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA S.A, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha quince de junio del año dos mil quince, violenta el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veinte de noviembre de dos mil quince; ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 5) Que con fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha quince (15) de junio del Dos mil quince (2015), que resolvió Recursos de Apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015), que RESOLVIO : 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado RICARDO PADILLA en su condición de Apoderado Legal de Banco Continental S.A.; 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada EVELYN MONTERROSA en su condición de Apoderada Legal de Grupo Parque Industrial y Urbanizadora Corona S.A. y 3) CONFIRMAR la Resolución Apelada. CONSIDERANDO(4): Que el recurrente motiva la formalización de Amparo contra la Resolución asumida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 15 de junio del 2015, por considerar que contiene una flagrante violación a la garantía constitucional del DEBIDO PROCESO a que tiene derecho su representada GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA S.A., al confirmar el fallo del Juez-Aquo, cuyo antecedente es la acumulación de dos procesos de ejecución forzosa de títulos judiciales, fundando en que los supuestos títulos ejecutivos son unos Contratos de Arrendamiento con Opción a compra los que fueron objeto de una cesión de derechos, por parte de su representada a METROPOLITANA ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO, quien a su vez cedió sus derechos a BANCO CONTINENTAL S.A., contratos suscritos por los señores JOSE MANUEL FLORES BERTRAND, SERGIO GEOVANNY SUAZO RUBI, GLENDA LASTENIA SABILLON MOLINA, OLGA MARINA SOSA, JOSE RICARDO MARTINEZ RÍOS Y SAULY ARIAS BANEGAS. CONSIDERANDO (5): Que el Recurrente manifiesta que al declararse SIN LUGAR el Recurso de Apelación y Confirmarse el fallo de primera instancia, no se cumple con la función de garantizar el debido proceso, ya que su representada fue condenada al pago de TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L.13,976,104.93), debido a la acumulación de dos procesos de ejecución de títulos judiciales, uno por Lps.1,517,395.02 más Lps.379,348.76 que representan el 25% de la cantidad anterior y otro por la suma de Lps.9,663,488.92, más Lps.2,415,872.23 que representan el 25% de la cantidad citada, evidenciando falta de aplicación de las leyes vigentes aplicables, ya que en la cantidad pretendida por la entidad bancaria se utilizó una forma de cálculo de interés compuesto que no corresponde a la oficializada para las instituciones bancarias y financieras del país, provocando un exceso en perjuicio de la parte ejecutada, cantidad total que representa una diferencia abismal entre lo que se debe y lo condenado, lo que causa además un daño, una infracción o violación a la garantía del debido proceso y que la Sala deviene a determinar si los montos señalados, se encuentran correctamente calculados. CONSIDERANDO (6): Que en fecha veintidós de enero del año dos mil dieciséis, el Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, emitió dictamen siendo del parecer porque NO SE OTORGUE el recurso de mérito, por no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO (7): Que al estudiarse las motivaciones y fundamentación jurídica, las partes concurrieron al tribunal de alzada para que se declarara CON LUGAR la excepción de pluspetición interpuesta por la parte ejecutada, con respecto al porcentaje calculado en torno a las cantidades reclamadas, claramente se estable en el artículo 763.5 del Código Procesal Civil, se llama pluspetición cuando el ejecutante pide más de lo debido, porque se incluyen partidas indebidas según el titulo o porque la cantidad que se ha instado no se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el titulo. Consta en autos que el ejecutado fue requerido de pago en fecha 21 de agosto del 2014, señor EMIN ABUFELE SALOMON en su condición de Representante Legal de la Sociedad mercantil GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA S.A. para el pago de la cantidad de Lps.9,663.488.92, condenada en sentencia de fecha 30 de noviembre del 2012 y a la cantidad de Lps.1,517,395.02 más la cantidad de Lps.11,180,883.94 que representan el 25% de las cantidades antes indicadas que provisionalmente se fijan en concepto de interés que se devenga durante la ejecución y la costas del proceso. CONSIDERANDO (8): Que de las cantidades señalas se contrae que sumadas resultó LPS.22,361.767.88, cantidad por la que fue requerida la parte ejecutada, razón que la movió a interponer oposición por el motivo de pluspetición, que equivale al exceso cuantitativo de la demanda sobre lo exigible o debido, oposición a la ejecución por pluspetición resolviendo el A-Quo, en la Audiencia de Oposición en la parte dispositiva del fallo, no estimar la oposición presentada por la parte ejecutada, en vista que se trata de un error material según lo expuesto en los razonamientos y fundamentos de derecho en la resolución ordenando requerir a la sociedad GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA S.A. por la cantidad de TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.13,976,104.93) en concepto de capital e intereses a la fecha, mas el 25% más los intereses devengados durante la ejecución de forma provisional, costas del juicio, de los títulos judiciales acumuladas para efectos de ejecución, de conformidad a lo establecido en el artículo 757.2 del Código Procesal civil, “…en caso de ejecución de dinero, se deberá indicar además la cantidad por la que se pretende la ejecución, incluyendo en ella los intereses legales y pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud”. Esta cantidad se podrá incrementar hasta un veinticinco por ciento (25%) para cubrir el pago de los intereses devengados y las costas ocasionadas durante la ejecución, relacionado con el artículo 802.2 del mismo cuerpo legal establece, que, igualmente alcanzará a la cantidad que provisionalmente se fije en concepto de intereses devengados durante la ejecución y de costas, sin que esta cantidad pueda exceder el veinticinco por ciento (25%) de la señalada en el numeral anterior, salvo que excepcionalmente se justifique una cuantía superior previsible, atendidas las circunstancias del caso. La ejecución por estas cantidades se entiende sin perjuicio de la posterior liquidación. CONSIDERANDO (9): Que el auto resolutivo de la Audiencia de Oposición emitido por el Juzgado fue apelado por la parte ejecutada, para que se declara la nulidad del mismo, a lo que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, luego de las expresiones de agravios en fecha 29 de enero del 2015 FALLO declarando la nulidad del auto de fecha 23 de octubre del 2014 y sin costas. En fecha 19 de marzo del 2015 el Juzgado de Letras de la Sección de San Pedro Sula, Cortés, atendiendo lo ordenado por la Corte de Apelaciones falló estimando el motivo de Oposición y resolvió de conformidad a los montos estimados de la forma siguiente EL PRIMERO: Lps.1,517,395.02 más la cantidad Lps.379,348.76 que representa el 25% de la cantidad antes indicado totalizando Lps.1,896,743.78.- EL SEGUNDO: LPS.9,663,488.92 en concepto de capital e intereses más la suma de Lps.2,415,872.23 que representa el 25% de la cantidad antes indicada, lo que sumado resulta en la cantidad de TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.13,976,104.93), sin embargo las partes, tanto la ejecutante como ejecutada interpusieron recurso de apelación, se dieron los tramites de ley expresaron los agravios y la respectiva contestación, dictando sentencia la corte de Apelaciones de lo Civil en fecha 15 de julio del 2015, declarando SIN LUGAR AMBOS RECURSOS Y CONFIRMANDO LA SENTENCIA APELADA, OBJETO DE la presente ACCION DE AMPARO. CONSIDERANDO (10): Que al estudiar las actuaciones de las partes en el proceso, se aprecia que el Tribunal Ad-Quem al declarar sin lugar el recurso interpuesto por la parte ejecutada de la resolución impugnada, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 19 de marzo del 2015 no violenta el artículo 757 del Código Procesal Civil, por tanto la resolución está fundamentada en derecho y referenciada con el artículo 802.2 del mismo cuerpo legal, que autoriza que el mandato de ejecución, alcanzará a la cantidad que provisionalmente se fije en concepto de intereses devengados durante la ejecución y de costas, sin que exceda del 25% en consonancia a lo dispuesto igualmente en el Código Civil articulo 1367, que si el pago consistiera en cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a la falta de convenio en el interés legal, lo que equivale que en los supuestos de ejecución por una cantidad dineraria deberá indicar la suma por la que se pretende la ejecución, mas los intereses legales y pertinentes devengado hasta el momento de la solicitud, incrementada eventualmente en un 25% para cubrir el pago de los intereses devengados y las costas ocasionadas durante el juicio. Se concluye, que procede su confirmación; ya que no vulnera el derecho de defensa, o se violentan normas de carácter obligatorio cuyo incumpliendo acarrea perjuicio para alguna de las partes. CONSIDERANDO (11): Que el Amparista igualmente motiva su acción en que los supuestos títulos ejecutivos son unos Contratos de Arrendamiento con Opción a compra los que fueron objeto de una cesión de derechos, por parte de su representada a METROPOLITANA ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO, quien a su vez cedió sus derechos a BANCO CONTINENTAL S.A. contratos suscritos por los señores JOSE MANUEL FLORES BERTRAND, SERGIO GEOVANNY SUAZO RUBI, GLENDA LASTENIA SABILLON MOLINA, OLGA MARINA SOSA, JOSE RICARDO MARTINEZ RÍOS Y SAULY ARIAS BANEGAS, sin que mediara autorización o consentimiento alguno del Garante. CONSIDERANDO (12): Que los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil establecen que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales así como los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, las pruebas tenidas en cuenta, la valoración atribuida a las mismas, función que compete al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto sometido a su conocimiento como efectivamente se dio en las diligencias estudiadas. CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, el derecho de ser oído; el conocimiento de los hechos controvertidos en el proceso; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (14): Que el debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Asimismo, implica la obligación de dictar una sentencia de fondo ajustada en derecho, ello no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que deben de cumplirse todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, estimando por un lado y desestimando por otro, la pretensión interesada por una de las partes, sin que el recurrente pretenda que quien conoce de la causa, comparta el criterio expresado. CONSIDERANDO (15): Que el presente caso está enmarcado dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte ejecutada tuvo acceso al proceso sin limitación alguna, hizo uso de sus derechos y cuantos recursos estimo conveniente presentar en el momento procesal oportuno, como se desprende de autos, presentando cuantas pretensiones consideró, respetándose y cumpliéndose con todas las garantías en el juicio, obteniendo una resolución fundada y razonada en derecho, y aunque la pretensión fue adversa a sus intereses, se aprecia que durante la tramitación del juicio se cumplieron todos los requisitos dentro del marco de la ley. CONSIDERANDO (16): Que los motivos en que se ampara el recurrente, no se han violentando o vulnerado, están marcados dentro del procedimiento como se aprecia en todas las piezas del proceso, observando que en todas las instancias desde que inicio el juicio en el año 2004 y se falló la Demanda Ejecutiva de Dar, cuya sentencia es firme y es cosa juzgada, fallada el 30 de noviembre del 2012, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en la que se condenó a la ejecutada GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA S.A., al pago de un millón cuatrocientos noventa mil quinientos veintisiete lempiras con treinta y dos centavos más los intereses pactados, con costas e instando que se siguiera con el proceso de ejecución. Esta Sala considera que se han cumplimentado de forma sucinta todos los procedimientos hasta probar los hechos controvertidos y fallados en las instancias que conocieron del asunto, así como la aplicación y fundamentación jurídica que en derecho corresponde, apreciándose que los razonamientos y motivación expuestos en la demanda de amparo, son ajenos a la violación de derechos constitucionales como los invocados. CONSIDERANDO (17): Que la Ejecutada GRUPO PARQUE INDUSTRIAL Y URBANIZADORA CORONA S.A. en sus hechos petitorios, el amparista relaciona que es respetuosa de la ley y que no se niega a pagar lo adeudado en las cantidades que legalmente corresponden, la parte demandante (ejecutante) hizo valer en el momento procesal oportuno los contratos de arrendamiento con opción a compra junto con una cesión de derechos y garantía personal por parte de la entidad ejecutada y el estado de cuenta certificado por el contador de la sociedad mercantil demandante, lo que consideró el tribunal de alzada como títulos ejecutivos con fuerza de ley retrotrayéndose a la fecha de la suscripción de los mismos y a lo valorado en el fallo por el Juez A-quo, en lo concerniente a que la Ley del Sistema Financiero les otorga carácter de ejecutivos, ya que con los mismos se otorgaron créditos a los arrendatarios para la compra de lotes, por tal motivo se les considera documentos de crédito, como lo contempla el artículo 104 de la Ley del Sistema Financiero, igualmente en las obligaciones de Dar ya la ley en su artículo 447 del Código Procesal Civil se enumeran los documentos que puede hacer valer el demandante en el cumplimiento de una obligación, pretender darles el calificativo de documentos de naturaleza civil por parte del amparista no cabe, la ley les da su calificativo como ya quedo fundamentado en los fallos. CONSIDERANDO (18): Que el amparista igualmente motiva su acción en que los intereses calculados para el cumplimiento de la obligación de su representada se utilizó una fórmula de interés compuesto que no corresponde a la oficializada para las instituciones bancarias y financieras del país, provocando un exceso en perjuicio de la parte ejecutada, cantidad total que representa una diferencia abismal entre lo que se debe y lo condenado. Como quedó fallado en la sentencia de donde se deriva la acción de ejecución de los dos títulos judiciales, se condenó a los intereses pactados y las respectivas costas del juicio, soportando la parte demandante (ejecutante) su acción de Dar en los precitados contratos de arrendamiento con opción a compra y los documentos junto con la cesión de derechos y garantía personal por parte de la entidad ejecutada y el estado de cuenta certificado por el contador de la sociedad mercantil demandante, calificados y valorados jurídicamente en el juicio como ya se dijo, de títulos ejecutivos, sin que variara o se modificara en ningún momento la obligación, únicamente cambio el cesionario, lo que se deduce del contenido de los documentos acreditados y que fueron expuestos para debatir, habiendo concurrido las partes en el momento procesal oportuno, para probar y contraprobar y concluir los procesos de conformidad a las pretensiones de las partes, cuyo fallo de donde se derivan las acciones en estudio, es cosa juzgada. CONSIDERANDO (19) : Que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso, así como el estudio de las piezas que conforman el proceso, objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación sobre la acción de amparo presentada, en la que el amparista manifestó la violación al DEBIDO PROCESO, Articulo 90 de la Constitución de la República: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal Competente con la FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE”, en sentencia pronunciada por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha quince (15) de Junio del año dos mil quince (2015), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCION DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTEO DE CORTES, el diecinueve de marzo del año dos mil quince, con relación a la ejecución de títulos judiciales seguidos por la Sociedad Mercantil denominado BANCO CONTINENTAL S.A. contra la Sociedad Mercantil Grupo Parque Industrial y Urbanizadora Corona S.A.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa e igualdad procesal; por ello, de acuerdo a las motivaciones que preceden; es PROCEDENTE DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE AMPARO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0658-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL