Sentencia AC-639-16 — Registro 12085
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declaró con lugar el recurso de apelación con relación a la demanda ordinaria de rescisión de un contrato privado de promesa de venta promovida. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la constitución de la república.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CINCO (5):Se aprecia en autos de la causa de mérito que el Juez A Quo, no es lo suficientemente claro y exhaustivo en su resolución para establecer las razones por las que considera que existen motivos para suspender el proceso civil, pues se limita a manifestar que existe una intima conexión entre el objeto de este proceso y la cuestión penal, sin dar una mayor ilustración al respecto, lo que se traduce en la interposición del recurso de apelación interpuesto, al analizar la pretensión tanto de la demanda promovida por el señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ como la demanda reconvencional promovida por el señor RAMON ANTONIO ROSA ZERON, se colige que es la resolución del contrato privado de promesa de compra venta de un inmueble donde se establece que el antecedente de dominio del inmueble prometido en venta no es el Número 76 del Tomo 40 del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, pues este inmueble corresponde a un lugar distinto y tampoco es propiedad de los prominentes vendedores, señalándose que efectivamente el señor RAMON ANTONIO ROSA ZERON es dueño de un inmueble hipotecado bajo Matrícula 582488 del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán; hecho que se considera como un ocultamiento de información esencial de parte de los prominentes vendedores sobre la situación jurídica objeto de transacción, lo que a criterio del Tribunal de Sentencia, resulta suficiente para calificar la conducta en el tipo penal de fraude , y no como lo dice el recurrente, que el delito de fraude es instado contra sus clientes porque al inmueble le faltaban algunos enseres, documento que obra en el folio 348 al 365 de la primera pieza de los autos. CONSIDERANDO SEIS (6):Se considera que los hechos denunciados en la demanda civil y en la demanda reconvencional no están íntimamente ligados a la acusación por el delito de fraude que se persigue en el expediente de mérito y por ello no procede la suspensión del juicio civil por prejudicialidad penal, pues los hechos que según el Tribunal de Sentencia considera son delictivos, como lo es el inmueble prometido en venta está ubicado en lugar distinto y no pertenece al prominente vendedor porque el asiento registral detallado en el contrato de promesa de venta se refiere a otro inmueble, siendo hechos distintos a los que fueron alegados en la demanda civil original y en la demanda reconvencional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, consecuentemente a las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS a favor del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha diez (10)de septiembre de dos mil quince (2015), dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria de rescisión de un contrato privado de promesa de venta promovida por el Abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, actuando en representación del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ contra los señores RAMÓN ANTONIO ROSA ZERÓN y EILEEN VANESSA SUAZO TROCHEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012),compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, actuando en representación del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ, promoviendo demanda ordinaria para que se declare la resolución o cancelación de un contrato privado de promesa de venta de un inmueble, devolución de cantidades de dinero, habilitación de días y horas inhábiles, condena de costas, se acompañan documentos reclamando la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.1,200,000.00) contra los señores RAMÓN ANTONIO ROSA ZERÓN y AILEEN VANESSA SUAZO TROCHEZ.(Folios del 1 al 7 de la pieza de sus antecedentes) 2) Que en fecha veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015), el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ, interpuso ante el Juzgado referido, prejudicialidad penal y suspensión para seguir conociendo de un juicio civil por existir causa penal, según manifiesta el recurrente que: “Existe en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, M.D.C., sala 4, una causa criminal por el delito de otros fraudes y que consta en el expediente No.4-280-2013, y en la cual ya se dictó una sentencia condenatoria en contra de los señores RAMÓN ANTONIO ROSA ZERÓN Y AILEEN VANESSA SUAZO TROCHEZ quienes fueron condenados a una pena de 30 años de reclusión cuya sentencia es de fecha 11 de diciembre del año 2014, la cual fue objeto de casación por parte de los condenados y está siendo conocida en este instante por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal”. Que en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015), el Juzgado resolvió (sic): “PRIMERO: En cuanto a la cuestión de prejudicialidad penal planteada por el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS, en su condición de representante procesal del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ, este Juzgado estima no haber lugar, por el momento, a la referida suspensión sin perjuicio de la posibilidad de acordar la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal cuando el proceso se halle pendiente solo de sentencia…”.(Folios del 366 al367 de la pieza separada de la oposición del título extrajudicial)
3)Que en fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015), el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolvió (sic): “PRIMERO: Siendo que el proceso está pendiente solo de sentencia; en consecuencia, se procede a ESTIMAR la cuestión de prejudicialidad penal planteada en la presente demanda.-SEGUNDO: Suspéndase la tramitación del proceso civil por prejudicialidad, por concurrir las circunstancias necesarias para su acogimiento.-TERCERO: La suspensión se levantará cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación.-CUARTO: Contra la presente resolución cabe el recurso de apelación.” (Folios del 459 al 460 de la pieza de sus antecedentes) 4)Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), el Abogado OMAR KARIN REYES MONCADA, en su condición de Apoderado de los señores RAMÓN ANTONIO ROSA ZERÓN Y EILEEN VANESSA SUAZO TROCHEZ, interpuso recurso de apelación contra la resolución antes relacionada, asimismo, el Juzgado antes referido, mediante auto de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015), tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación interpuesto por parte del Abogado antes citado como parte demandada, contra el auto relacionado en el numeral anterior y se le concedió al Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS en su condición de Representante Procesal del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ como parte demandante el plazo de diez (10) días hábiles para que conteste los agravios expresados por el Abogado demandado, indicándoles que en el mismo escrito que se contesten los agravios los apelados se podrán adherir a la apelación para lo cual formularan los correspondientes agravios que la resolución le cause; y de este se concederá el plazo de cinco (5) días a la parte contraria para que los conteste señalándole que el indicado plazo de diez (10) días empezará a correr al día siguiente de la notificación del presente auto. 5) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó resolución en la cual falló: “PRIMERO: Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.-SEGUNDO: Se revoca la misma y se ordena al Juzgado de Primera instancia, seguir con el juicio ante la inexistencia de prejudicialidad penal, dictando la sentencia correspondiente...” (Folios del 9 al 13 de la pieza de segunda instancia) 6) Que el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo contra la sentencia proferida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN de fecha veinte (20) de abril del dos mil dieciséis (2016), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito el (8) ocho de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 7) Que en fecha de ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien en su dictamen fue de la opinión porque se “DENIEGUE” el presente amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2):Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3):Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015), dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria de rescisión de un contrato privado de promesa de venta promovida por el Abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, actuando en representación del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ contra los señores RAMÓN ANTONIO ROSA ZERÓN y EILEEN VANESSA SUAZO TROCHEZ, por considerar que la misma vulnera la garantía constitucional del Derecho al Debido Proceso consagradas en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Señala el impetrante en su recurso de amparo que la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN le ha vulnerado las garantía constitucional del debido proceso invocada en la acción de amparo, considerando por un lado que existe prejudicialidad penal, por lo que el juicio civil debe ser suspendido para evitar sentencias contradictorias entre el Tribunal de lo Penal y el de lo Civil, por fundamentarse en los mismos hechos relacionados; y, por otro lado el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN dispuso que la suspensión de actuaciones por prejudicialidad penal se haría cuando el proceso se encuentre pendiente solo de sentencia, considerando que el auto tiene el carácter de firme y autoridad de cosa juzgada, sin embargo considera que el Ad Quem no respetó ese carácter de firmeza y Cosa Juzgada de la supra indicada resolución del Juzgado de fecha diez (10) de septiembre del dos mil quince (2015). CONSIDERANDO CINCO (5):Se aprecia en autos de la causa de mérito que el Juez A Quo, no es lo suficientemente claro y exhaustivo en su resolución para establecer las razones por las que considera que existen motivos para suspender el proceso civil, pues se limita a manifestar que existe una intima conexión entre el objeto de este proceso y la cuestión penal, sin dar una mayor ilustración al respecto, lo que se traduce en la interposición del recurso de apelación interpuesto, al analizar la pretensión tanto de la demanda promovida por el señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ como la demanda reconvencional promovida por el señor RAMON ANTONIO ROSA ZERON, se colige que es la resolución del contrato privado de promesa de compra venta de un inmueble donde se establece que el antecedente de dominio del inmueble prometido en venta no es el Número 76 del Tomo 40 del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, pues este inmueble corresponde a un lugar distinto y tampoco es propiedad de los prominentes vendedores, señalándose que efectivamente el señor RAMON ANTONIO ROSA ZERON es dueño de un inmueble hipotecado bajo Matrícula 582488 del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán; hecho que se considera como un ocultamiento de información esencial de parte de los prominentes vendedores sobre la situación jurídica objeto de transacción, lo que a criterio del Tribunal de Sentencia, resulta suficiente para calificar la conducta en el tipo penal de fraude , y no como lo dice el recurrente, que el delito de fraude es instado contra sus clientes porque al inmueble le faltaban algunos enseres, documento que obra en el folio 348 al 365 de la primera pieza de los autos. CONSIDERANDO SEIS (6):Se considera que los hechos denunciados en la demanda civil y en la demanda reconvencional no están íntimamente ligados a la acusación por el delito de fraude que se persigue en el expediente de mérito y por ello no procede la suspensión del juicio civil por prejudicialidad penal, pues los hechos que según el Tribunal de Sentencia considera son delictivos, como lo es el inmueble prometido en venta está ubicado en lugar distinto y no pertenece al prominente vendedor porque el asiento registral detallado en el contrato de promesa de venta se refiere a otro inmueble, siendo hechos distintos a los que fueron alegados en la demanda civil original y en la demanda reconvencional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, consecuentemente a las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90,183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 7,700, 704, 705 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la acción de AMPARO interpuesto por el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS a favor del señor MARIO ALEXANDER ALVAREZ HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.-REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes junio del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0639-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL