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Sentencia AC-600-17 — Registro 7627

Resumen

Sentencia denegó acción de amparo a favor de recurrente contra resoluciones dictadas por juzgado de primera instancia en demanda de ejecución hipotecaria promovida por Banco Atlántida S A contra coherederos ab intestato de Raúl Laitano Andino (QDDG) los señores María del Transito Barahona Barahona, Marcela, Karen Janina, Marlen Enid, María Jose de apellidos Laitano Barahona, María Fernanda Laitano López, Raúl Alberto, José Carlos, Nicole todos de apellidos Laitano Rodríguez

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de la revisión de los antecedentes se observa, que a folio 393 del Tomo II de la primera pieza, en la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Civil con fecha 16 de marzo del 2017se resuelve el escrito presentado por la suplicante relativo a los motivos de nulidad y suspensión de la audiencia de remate, se le tiene por personada y se inadmite a trámite la nulidad planteada por no ser el momento procesal oportuno, ya no procede su tramitación, hizo caso omiso de los plazos para formular las oposiciones con anterioridad a la convocatoria de la subasta como ya estaba advertida en el requerimiento y notificación del mandamiento judicial, lo que se aprecia en autos, presenta su escrito de nulidad hasta en fecha 13 de marzo del 2017 cuando ya estaba señalada la audiencia de subasta para el día 17 de marzo del 2017 la que aparece a folio 398 de la primera pieza de autos tomo II, celebrada la misma en la fecha y hora señalada, la que tuvo por objeto enajenar mediante subasta los bienes inmuebles hipotecados propiedad del causante RAUL LAITANO ANDINO y ocupados por los ejecutados en su condición de herederos ab intestato de la masa hereditaria del referido Causante y cuya cantidad reclamada a la hora de la subasta ascendía a la cantidad de SESENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (L.61,351.626.86) en concepto de capital, intereses normales y moratorios, comisión por administración, costas personales y procesales, resolviendo el Juzgado tener por bien hecha la postura del ejecutante por una cantidad superior al 75% del avalúo pactado por las partes en la escrituras públicas que constituyeron titulo ejecutivo, adjudicando los bienes subastados, ordenando la posesión material de los mismos, de conformidad a la ley, igualmente a la reserva del derecho de reclamar al ejecutado la cantidad restante hasta que quede satisfecho el derecho por la obligación total, en razón que la cantidad por la que se hizo la postura no cubre la totalidad de la obligación reclamada. La Actuación del 23 de marzo del 2017, a folio 408 de autos, recoge la actuación contenida en el Acta de Posesión material de un bien inmueble al ejecutante Banco Atlántida S.A. ubicado en Santa Lucia,donde funciona Motel Monte fresco, haciéndose presente en el momento de la actuación como consta en el Acta la impetrante, un notario que levantó acta y la señora María del Tránsito Barahona manifestado oposición a la posesión material del bien inmueble y solicitando retirar todos los bienes muebles de su propiedad, otorgándoles el ejecutante hasta el día 30 de marzo del 2017 para su retiro. Corre a folio 436 de la misma pieza de autos, la resolución de fecha 30 de marzo del 2017, emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, y en su parte dispositiva resolvió declarar SIN LUGAR el embargo de cuentas bancarias registradas en Banco Atlántida S.A. a título personal de los herederos del causante, medida solicitada por el ejecutante Banco Atlántida para satisfacer la obligación total, a lo que el juzgador hizo hincapié en que el proceso había finalizado con la subasta de bienes hipotecados, que los saldos insatisfechos se ejecuten mediante otro proceso. Se razona de las anteriores resoluciones impugnadas, que todas las actuaciones se encuadran dentro del debido proceso, respetando los términos y plazos, a fin de que las partes tanto el ejecutante como los ejecutados hicieran uso de los términos y recursos que les franquea la ley, respetando el debido proceso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Civil, en estricto apego a la normativa procesal que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada en consonancia con los que contempla en su artículo 90 la Constitución de la República, lo que se evidencia ha sucedido durante la tramitación del proceso..."..."la Sala en atención al caso sub judice venido en consulta y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional no comparte el fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, por lo siguiente: 1) Que en la parte resolutiva de la Sentencia falla DENEGANDO EL RECURSO, pues del estudio se deduce que no se ha denegado u omitido acto alguno contra el recurrente, el mismo fue resuelto jurídicamente en la aplicación de causales de inadmisibilidad 3 y 9 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada;2)Que el Tribunal de Alzada, omitió pronunciarse en la sentencia sobre la medida cautelar implementada en la admisión del Amparo CON SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO bajo responsabilidad de la recurrente, según auto de fecha 31 de marzo del 2017; al no constar en autos que la medida se haya revocado o modificado antes de dictar sentencia, según lo dispone el artículo 61 de la Ley sobre Justicia constitucional, es procedente reformar la sentencia venida en consulta, laque deberá leerse en su parte dispositiva así: 1)SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO, y 2) Dejar sin valor y efecto la medida cautelar de suspensión del acto reclamado, cuyo objeto era proteger la Litis en el juicio, librando las comunicaciones de estilo para efectos de ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, a favor de SI MISMA, contra las Resoluciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fechas dieciséis, diecisiete, veintitrés y treinta (16, 17, 23 y 30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra los coherederos ab-intestato del Señor RAUL LAITANO ANDINO, los Señores MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA, MARCELA, KAREN JANINA, MARLEN ENID, MARIA JOSE DE APELLIDOS LAITANO BARAHONA, MARIA FERNANDA LAITANO LOPEZ, RAUL ALBERTO, JOSE CARLOS y NICOLE, TODOS DE APELLIDOS LAITANO RODRIGUEZ.- Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 103 y 105 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, en su condición de apoderado legal de BANCO ATLANTIDA S.A., promoviendo Demanda de Ejecución Hipotecaria, contra los coherederos ab-intestato del Señor RAUL LAITANO ANDINO, los Señores MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA, MARCELA, KAREN JANINA, MARLEN ENID, MARIA JOSE DE APELLIDOS LAITANO BARAHONA, MARIA FERNANDA LAITANO LOPEZ, RAUL ALBERTO, JOSE CARLOS y NICOLE, TODOS DE APELLIDOS LAITANO RODRIGUEZ. (Folios 1–47 del Tomo I de los antecedentes de Primera Instancia) 2) Que siguiendo el trámite legal correspondiente el citado Juzgado, emitió las siguientes resoluciones: A) En fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado dicto Auto Resolutivo en el cual Resolvió: (SIC) “Primero: Téngase por personada en la presente ejecución a la Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, en su condición personal y libre ejercicio de su profesión.-Segundo: Se inadmite a trámite la nulidad planteada por dicha profesional, pues en este momento procesal en que se encuentra el presente juicio no procede la tramitación de la misma, porque ella tuvo la oportunidad y los plazos previstos en el Código Procesal Civil para hacer valer su derecho formulando oposición con anterioridad a la convocatoria de la subasta y no lo hizo, consecuentemente, en este proceso se ha observado el debido proceso y no ha existido violación alguna a garantías y principios como alega la Ejecutada, tal como se les explico en los fundamentos de este auto, en consecuencia, se deja subsistente la audiencia de subasta para el día 17 del corriente mes y año.”; B) En fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado emitió el Acta de Audiencia de Subasta, en donde Resolvió: (SIC) “1)… se tiene por bien hecha la postura ofrecida por la Parte Ejecutante, por la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L. 57,464,844.30) cantidad que es superior al 75% del avaluó pactado por las partes en las escrituras publicas que constituyeron titulo ejecutivos, de acuerdo al art. 850.2 del CPC, por tanto, por esta resolución SE LE ADJUDICAN los bienes descritos anteriormente… 2) Extiéndase certificación integra de la presente acta de audiencia al Adjudicatario, es decir el Representante del BANCO ATLANTIDA S.A., para que proceda a inscribir el derecho de su representado ante el Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán, y de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, respectivamente, sin necesidad de escritura traslaticia de dominio.- 3) Líbrese Mandamiento al Instituto de la Propiedad de los citados Departamentos, para que se sirvan cancelar los gravámenes antes relacionados que pesan sobre los bienes inmuebles objetos de esta subasta, insertándose en los mismos las indicaciones de los artículos 862 y 909.4 del CPC, procédase a ponérsele en posesión material de los mismos a la parte ejecutante BANCO ATLANTIDA S.A., a través de los funcionarios Judiciales de la jurisdicción de los inmuebles subastados… 4) Resérvesele el derecho a la Parte Ejecutante BANCO ATLANTIDA S.A., de perseguir mas bienes de la Parte Ejecutada hasta que quede completamente satisfecho el derecho de su representado en la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 3, 886,782.56), en virtud que la cantidad por la que se hizo la postura no cubre la totalidad de la obligación reclamada… 5) Que la Secretaria del Despacho proceda a notificar la presente resolución a la Parte Ejecutada en el presente juicio, a excepción de los ejecutados que se hicieron presentes a la celebración de la presente audiencia aun de que no se encuentran personados en el presente juicio pero presenciaron el desarrollo de la subasta…”; C) En fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se emite el Acta de Posesión en donde se pone en posesión material del inmueble al BANCO ATLANTIDA S.A., a través del abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, como legitimo propietario por adjudicación y la parte ejecutada manifiesta que van a proceder a retirar todo los bienes muebles que puedan, así como aquellos que son propios de si mismos, dándoles un plazo de desocupación hasta el día viernes treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017); D) En fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado emitió Auto Resolutivo en el que Resolvió: (SIC) “Se declara SIN LUGAR el embargo de cuentas bancarias registradas en el BANCO ATLANTIDA, S.A., peticionadas por el Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, parte Ejecutante, ya que este proceso finalizo con la subasta de los bienes objeto de juicio, por consiguientes, los saldos restantes a su favor deberán ser ejecutados mediante otro proceso tal como se le expuso en los fundamentos de este auto.”(Folios 393, 394, 398–403, 408, 409 y 436 del Tomo II de los antecedentes de Primera Instancia) 4) Que en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, la Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, a favor del SI MISMA, interponiendo acción de amparo contra las Resoluciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fechas dieciséis, diecisiete, veintitrés y treinta (16, 17, 23 y 30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que el acto recurrido han violentado los derechos constitucionales contenido en los artículos 82, 90, 103 y 105 de la Constitución de la República. (Folios 1 y 2 de los antecedentes de Segunda Instancia) 5) Que en fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “PRIMERO: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO, presentada por la Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, accionando en causa propia, impetrada la referida acción constitucional contra las resoluciones de fecha dieciséis (16) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), la Audiencia de Subasta de fecha diecisiete (17) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), Acta de Posesión veintitrés (23) de Marzo de dos mil diecisiete (2017) y el Auto de fecha treinta (30) de Marzo de dos mil diecisiete (2017), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el Expediente Numero 0801-2015-09607-CPEH contentivo de la DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA, promovida por el Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, actuando en su condición de Apoderado Legal del BANCO ATLANTIDA, S.A. en contra de los Co-herederos ab intestato del Causante el señor RAUL LAITANO ANDINO (Q.E.P.D.) a los Señores MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA, MARCELA LAITANO BARAHONA, KAREN JANINA LAITANO BARAHONA, MERLEN ENID LAITANO BARAHONA, MARIA JOSE LAITANO BARAHONA, MARIA FERNANDA LAITANO LOPEZ, RAUL ALBERTO LAITANO RODRIGUEZ, JOSE CARLOS LAITANO RODRIGUEZ, NICOLE LAITANO RODRIGUEZ,.- SEGUNDO:” (Folios 69–74 al de los antecedentes de Segunda Instancia). 6) Que en fecha once (11) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene los Recursos de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, asimismo que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha dos (2) de junio del dos mil diecisiete (2017) por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que denegó el recurso interpuesto contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fechas dieciséis (16), diecisiete (17), veintitrés (23) y treinta (30) de marzo del dos mi diecisiete (2017), promovido por la abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA a favor de SI MISMA, en relación a la demanda de Ejecución de Titulo Hipotecario en la que actúa como ejecutante el Banco Atlántida S.A. CONTRA los co-herederos Ab-Intestato del causante señor RAUL LAITANO ANDINO en su condición de ejecutados MARIA DEL TRANSITO BARAHONA BARAHONA, MARCELA LAITANO BARAHONA, KAREN JANINA LAITANO BARAHONA, MERLE ENID LAITANO BARAHONAMARIA JOSE LAITANO BARAHONA, MARIA FERNANDA LAITANO LOPEZ, RAUL ALBERTO LAITANO RODRIGUEZ, JOSE CARLOS LAITANO RODRIGUEZ Y NICOLE LAITANO RODRIGUEZ. CONSIDERANDO (03): Que el origen del presente recurso de amparo, lo constituye una demanda de ejecución forzosa de título hipotecario y que el Banco Atlántida en su condición de ejecutante demandó a los co-herederos del Causante señor RAUL LAITANO ANDINO a quien en vida se le concedieron tres préstamos hipotecarios cuya obligación garantizo con cuatro bienes inmuebles de su propiedad y que el monto total incluyendo saldo a capital, saldo de intereses normales o pactados, saldo de intereses moratorios y comisión por administración asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.49,880,565.69), por una obligación que es liquida y actualmente exigible. CONSIDERANDO (4): Que a folio 133 de los autos en el Tomo II de la primera pieza, aparece el Acta de Requerimiento y Notificación a la impetrante MERLEN ENID LAITANO BARAHONA de fecha 16 de marzo del 2016, para que en el acto pagara o consignara la cantidad demandada más los intereses y costas del juicio bajo las prevenciones de ley, que transcurridos 30 días desde el requerimiento de pago y la práctica de las oportunas notificaciones se procedería a instancia del actor, del deudor o del tercer poseedor a la subasta del bien hipotecado, así como de la oposición que podría hacer el ejecutado la que debería formularla por escrito antes de la convocatoria a la subasta, alegando los motivos de oposición a la ejecución contemplados en la ley; seguidamente a folio 134 de la misma pieza, se encuentra la Dación en Cuenta por parte del Secretario del Juzgado, donde da fe del requerimiento y la notificación del mandamiento de ejecución efectuado a MERLE ENID LAITANO BARAHONA en horas 2:47 P.M. del día 16 de marzo del 2016. CONSIDERANDO(5): Que de la revisión de los antecedentes se observa, que a folio 393 del Tomo II de la primera pieza, en la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Civil con fecha 16 de marzo del 2017se resuelve el escrito presentado por la suplicante relativo a los motivos de nulidad y suspensión de la audiencia de remate, se le tiene por personada y se inadmite a trámite la nulidad planteada por no ser el momento procesal oportuno, ya no procede su tramitación, hizo caso omiso de los plazos para formular las oposiciones con anterioridad a la convocatoria de la subasta como ya estaba advertida en el requerimiento y notificación del mandamiento judicial, lo que se aprecia en autos, presenta su escrito de nulidad hasta en fecha 13 de marzo del 2017 cuando ya estaba señalada la audiencia de subasta para el día 17 de marzo del 2017 la que aparece a folio 398 de la primera pieza de autos tomo II, celebrada la misma en la fecha y hora señalada, la que tuvo por objeto enajenar mediante subasta los bienes inmuebles hipotecados propiedad del causante RAUL LAITANO ANDINO y ocupados por los ejecutados en su condición de herederos ab intestato de la masa hereditaria del referido Causante y cuya cantidad reclamada a la hora de la subasta ascendía a la cantidad de SESENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (L.61,351.626.86) en concepto de capital, intereses normales y moratorios, comisión por administración, costas personales y procesales, resolviendo el Juzgado tener por bien hecha la postura del ejecutante por una cantidad superior al 75% del avalúo pactado por las partes en la escrituras públicas que constituyeron titulo ejecutivo, adjudicando los bienes subastados, ordenando la posesión material de los mismos, de conformidad a la ley, igualmente a la reserva del derecho de reclamar al ejecutado la cantidad restante hasta que quede satisfecho el derecho por la obligación total, en razón que la cantidad por la que se hizo la postura no cubre la totalidad de la obligación reclamada. La Actuación del 23 de marzo del 2017, a folio 408 de autos, recoge la actuación contenida en el Acta de Posesión material de un bien inmueble al ejecutante Banco Atlántida S.A. ubicado en Santa Lucia,donde funciona Motel Monte fresco, haciéndose presente en el momento de la actuación como consta en el Acta la impetrante, un notario que levantó acta y la señora María del Tránsito Barahona manifestado oposición a la posesión material del bien inmueble y solicitando retirar todos los bienes muebles de su propiedad, otorgándoles el ejecutante hasta el día 30 de marzo del 2017 para su retiro. Corre a folio 436 de la misma pieza de autos, la resolución de fecha 30 de marzo del 2017, emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, y en su parte dispositiva resolvió declarar SIN LUGAR el embargo de cuentas bancarias registradas en Banco Atlántida S.A. a título personal de los herederos del causante, medida solicitada por el ejecutante Banco Atlántida para satisfacer la obligación total, a lo que el juzgador hizo hincapié en que el proceso había finalizado con la subasta de bienes hipotecados, que los saldos insatisfechos se ejecuten mediante otro proceso. Se razona de las anteriores resoluciones impugnadas, que todas las actuaciones se encuadran dentro del debido proceso, respetando los términos y plazos, a fin de que las partes tanto el ejecutante como los ejecutados hicieran uso de los términos y recursos que les franquea la ley, respetando el debido proceso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Civil, en estricto apego a la normativa procesal que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada en consonancia con los que contempla en su artículo 90 la Constitución de la República, lo que se evidencia ha sucedido durante la tramitación del proceso. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de Alzada en fecha dos (2) de junio del dos mil diecisiete (2017) emitió fallo denegando el Recurso de Amparo sobre las resoluciones recurridas, que según la suplicante, en su tramitación se omitieron normas esenciales del procedimiento y la concurrencia de violación a garantías constitucionales y el principio Pro Homine, al inadmitir el Juez A-Quo a trámite la nulidad planteada contra el auto de fecha 16 de marzo del 2017, el Ad-Quem entre otras consideraciones, fundamenta la denegatoria del recurso, en que la impetrante en su calidad de ejecutada tuvo la oportunidad de oponerse a la ejecución hipotecaria y de hacer uso de sus derechos dentro de los plazos y formas que la norma procesal estipula y no lo hizo, por lo que se produce una situación consentida por la parte ejecutada, y que al estudiar los autos y cada una de las actuaciones realizadas las mismas se circunscribe dentro de las acciones de inadmisibilidad del recurso de amparo, tal como lo dispone el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que entre otros aspectos, expresa, es inadmisible el Recurso de Amparo cuando: “1… 2…; 3)Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos cuando el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales los recursos o acciones, salo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondiente”, 4…5…6….7…8… y 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constateen forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso”. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (7): Que la ley precisa que el Recurso de Amparo tiene como finalidad proteger a las personas contra las acciones u omisiones o amenaza de violación de las autoridades públicas y demás entidades señaladas en la ley que lesionen, restrinjan, alteren o tergiversen los derechos reconocidos en la Constitución y demás leyes ordinarias, es así, que la Sala en atención al caso sub judice venido en consulta y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional no comparte el fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, por lo siguiente: 1) Que en la parte resolutiva de la Sentencia falla DENEGANDO EL RECURSO, pues del estudio se deduce que no se ha denegado u omitido acto alguno contra el recurrente, el mismo fue resuelto jurídicamente en la aplicación de causales de inadmisibilidad 3 y 9 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada;2)Que el Tribunal de Alzada, omitió pronunciarse en la sentencia sobre la medida cautelar implementada en la admisión del Amparo CONSUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO bajo responsabilidad de la recurrente, según auto de fecha 31 de marzo del 2017; al no constar en autos que la medida se haya revocado o modificado antes de dictar sentencia, según lo dispone el artículo 61 de la Ley sobre Justicia constitucional, es procedente reformar la sentencia venida en consulta, laque deberá leerse en su parte dispositiva así: 1)SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO, y 2) Dejar sin valor y efecto la medida cautelar de suspensión del acto reclamado, cuyo objeto era proteger la Litis en el juicio, librando las comunicaciones de estilo para efectos de ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2; 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 46.3.9. y párrafo ultimo, 61, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;FALLA: 1.REFORMANDO la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha dos (2) de Junio del dos mil diecisiete (2017), 2. SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO. y, 3. Dejar sin valor y efecto la medida cautelar de suspensión del acto reclamado, cuyo objeto era proteger la Litis en el juicio, librando las comunicaciones de estilo para los efectos de ley en el Recurso de Amparo presentado por la abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA a favor de sí misma. Y MANDA: Quecon certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÍQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, Firma y sello. CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el número 0600=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.