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Sentencia AC-531-16 — Registro 8876

Resumen

Sentencia impugnada que confirmó la dictada en primera instancia y que declara con lugar demanda de cesación de comunidad de bienes y que condenó en costas a impetrante en su condición de demandado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada fue del criterio que con las pruebas documentales aportadas por los letrados judiciales de las partes no se logró demostrar que el lote de terreno adjudicado por parte de la señora JOSEFA ZOILA GAVARRETE (Q.D.D.G.) a su hijo el señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR en documento de compra y venta de quince manzanas de extensión superficial ubicadas en el lugar del Mangal y Quebrada Seca, Municipio del Níspero, departamento de Santa Bárbara, corresponda al terreno objeto de demanda, por no coincidir los límites y colindancias del terreno del cual los demandantes están solicitando la cesación de comunidad de bienes, asimismo, determina que sobre el documento privado suscrito por ambos, tendrá más fuerza probatoria el documento público debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, quedando acreditado que la pretensión de cese de comunidad de bienes promovida por los señores BERNARDO, MARÍA EVA, ANTOLINA todos de apellidos GARCÍA AGUILAR sobre dos bienes inmuebles ubicados en el Municipio del Níspero, departamento de Santa Bárbara, es procedente en virtud de ser propietarios junto al señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR de los bienes en mención, de conformidad al artículo 1575 del Código Civil y artículo 37 de la Ley de Propiedad. Asimismo, respecto a la condena en costas, la Alzada determinó la condena en costas al recurrente en aplicación de los artículos 221 y 219 numeral 1 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DANIELA MARINA GÓMEZ LÓPEZ a favor del señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, que confirma la sentencia por el JUZGADO DE LETRAS TERCERO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha once de noviembre de dos mil quince; con relación a la demanda de cesación de comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado promovida por los señores BERNARDO GARCÍA AGUILAR, MARÍA EVA GARCÍA AGUILAR y ANTOLINA GARCÍA AGUILAR contra el señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR. CONSIDERANDO: Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulneran en perjuicio de su representado los derechos de debido proceso, legalidad, defensa y propiedad contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero, 106, 321 y 323 de la Constitución de la República, pues la sentencia del Ad-quem confirmó la sentencia en la demanda de cesación de comunidad por el proceso abreviado promovida por los señores BERNARDO, MARÍA EVA, ANTOLINA todos de apellidos GARCÍA AGUILAR contra el señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR, además el Ad-Quem condenó en costas a éste último, valoró como prueba determinante para confirmar la sentencia del A-Quo, que tanto los señores BERNARDO, MARÍA EVA, ANTOLINA todos de apellidos GARCÍA AGUILAR como el señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR fueron declarados herederos de los bienes que a su muerte dejara su madre la señora JOSEFA AGUILAR GAVARRETE (Q.D.D.G.), bienes que se encontraban en comunidad de bienes y cuya partición no era posible en vista que no podían llegar a un acuerdo extrajudicial en virtud que el señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR se encuentra en posesión del bien con mayor extensión. CONSIDERANDO: Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada fue del criterio que con las pruebas documentales aportadas por los letrados judiciales de las partes no se logró demostrar que el lote de terreno adjudicado por parte de la señora JOSEFA ZOILA GAVARRETE (Q.D.D.G.) a su hijo el señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR en documento de compra y venta de quince manzanas de extensión superficial ubicadas en el lugar del Mangal y Quebrada Seca, Municipio del Níspero, departamento de Santa Bárbara, corresponda al terreno objeto de demanda, por no coincidir los límites y colindancias del terreno del cual los demandantes están solicitando la cesación de comunidad de bienes, asimismo, determina que sobre el documento privado suscrito por ambos, tendrá más fuerza probatoria el documento público debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, quedando acreditado que la pretensión de cese de comunidad de bienes promovida por los señores BERNARDO, MARÍA EVA, ANTOLINA todos de apellidos GARCÍA AGUILAR sobre dos bienes inmuebles ubicados en el Municipio del Níspero, departamento de Santa Bárbara, es procedente en virtud de ser propietarios junto al señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR de los bienes en mención, de conformidad al artículo 1575 del Código Civil y artículo 37 de la Ley de Propiedad. Asimismo, respecto a la condena en costas, la Alzada determinó la condena en costas al recurrente en aplicación de los artículos 221 y 219 numeral 1 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DANIELA MARINA GÓMEZ LÓPEZ a favor del señor MARCO TULIO GARCÍA AGUILAR contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha once de marzo de dos mil dieciséis; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0531-16.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL