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Sentencia AC-487-16 — Registro 6830

Resumen

Se interpuso recurso de amparo a favor del señor Felipe Jesús Dabdoub Saravia, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccioal de la Ceiba , Atlantida en la que resolvió sin lugar el recurso de reposición interpuesto en cuanto: a.-Nulidad de admisión de la demanda presentada por la empresa mercantil Hotel La Quinta S. de R.L.; b.-) Sin lugar la declaración del crédito como usuario. c-) Acumulación de procesos.-Se declara con lugar la petición de transferir en propiedad las acciones de inversiones Mega S.A. que fueron endosadas en garantía

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Del expediente de mérito se desprende que las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho uso de los recursos que han estimado a su favor, recursos que han sido resueltos por él A Quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, si bien es cierto no se ha resuelto a favor del mismo, ese no es motivo para afirmar que se ha violentados el derecho alegado, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales; en tal sentido de que no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente el Juez competente. Sirve de referencia, lo planteado ante el Juzgado de Letras en referencia a la nulidad por violación esencial del procedimiento, que se declare que el crédito es usurario, el ofrecimiento de transferir en propiedades las acciones dadas y aceptadas en garantía, la revisión de la medida cautelar y la acumulación de procesos en principio es una decisión de los Jueces y Tribunales, quienes las resuelven en base a las particularidades del caso en relación con lo que se pretende, siendo en consecuencia un juicio propio de la instancia procesal ordinaria y por tanto no susceptible de amparo, a menos que la decisión ponga en precario los derechos que la Constitución impone como producto de una valoración defectuosa de los hechos o constituya una decisión arbitraria del juzgador, en la presente causa se observa que el A Quo resuelve la petición del recurrente en todos los puntos, resultando que el acto reclamado en amparo responde al procedimiento determinado por la Ley, mismo que ha sido instado, tramitado y decidido de conformidad con las exigencias de la normativa que rige la materia civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), denegando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ a favor del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), con relación a la demanda para la ejecución forzosa de título extrajudicial, promovida por la sociedad Mercantil HOTEL LA QUINTA S.de R.L., representada por el señor ABDALA HILSACA ZERENE contra el señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 contenidos en la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1.Que en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ interponiendo recurso de amparo a favor del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), en la que resolvió (sic):PRIMERO:…;SEGUNDO:…;TERCERO:…;CUARTO:…;QUINTO:…;SEXTO:…sin lugar el recurso de reposición interpuesto en cuanto: a.-Nulidad de admisión de la demanda presentada por la empresa mercantil Hotel La Quinta S. de R.L.; b.-) Sin lugar la declaración del crédito como usuario. c-) Acumulación de procesos.-Se declara con lugar la petición de transferir en propiedad las acciones de inversiones Mega S.A. que fueron endosadas en garantía.-SEPTIMO: El auto que resuelve el recurso de reposición no se podrá recurrir, sin perjuicio de que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso...”. (Folios del 130 al 131 del expediente de sus antecedentes)- 2. Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, dictó sentencia en fecha trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló (sic): “PRIMERO: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Francisco Javier Mejía Sánchez en su condición de apoderado del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA contra el auto pronunciado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida en fecha nueve de diciembre del año dos mil quince (2015), en la demanda para la ejecución forzosa de título extrajudicial que ha promovido el Hotel La Quinta S. de R.L. representada por el señor ABDALA HILSACA ZERENE contra FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA.-SEGUNDO: Remitir en Consulta Obligatoria ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…”. (Folio del 108 al 112 de los antecedentes)- 3) Que con fecha tres (3) de mayo del dos mil dieciséis (2016) la Abogada JOSEFA ELIZABETH GUEVARA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión que no se aprecia ninguna garantía constitucional lesionada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídas y han hecho valer sus pretensiones frente a la Señora Juez del Despacho.- 4) Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), denegando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ a favor del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), con relación a la demanda para la ejecución forzosa de título extrajudicial, promovida por la sociedad Mercantil HOTEL LA QUINTA S.de R.L., representada por el señor ABDALA HILSACA ZERENE contra el señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA.- CONSIDERANDO CINCO (5): Establece el recurrente en la interposición del recurso de amparo contra el auto emitido por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), alega que con la resolución antes referida él A Quo violenta normas esenciales de procedimiento al dar trámite a la demanda para el pago de un préstamo a interés comercial al no exigirle al demandante la presentación de documento de registro de prestamista no bancario, violentando de esta manera el debido proceso consignado en el artículo 90 Constitucional, ya que una de las formalidades que exige la Ley del Sistema Financiero Nacional específicamente en su artículo 173 establece que se considera prestamista no bancario a personas naturales o jurídicas que presten dinero a interés y que obliga a esos prestamistas a inscribirse en el registro respectivo e impone a los Jueces y Tribunales de la República la prohibición de no dar trámites a demandas para el pago de préstamos a menos que vayan acompañadas de un certificado en el que conste que el demandante ha cumplido la obligación que le impone el referido artículo. Además, alega que el órgano judicial no satisface todos los requerimientos necesarios para garantizar la efectividad del derecho al juez natural que debe gozar el ejecutado FELIPE DABDOUB SARAVIA, violentándole con el ello el debido proceso, pues pese a que el funcionario judicial tiene la capacidad para ejercer la jurisdicción de acuerdo a la naturaleza de los hechos y la división del trabajo establecida por el legislador en el sentido que le corresponde el conocimiento de las solicitudes de declaratoria judicial crédito usuario. Finalmente, arguye que el A Quo, al no acumular los procesos con conexión jurídica mencionados está limitando el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacer oír y obtener una decisión favorable sobre todo cuando consideramos que no ha existido buena fe y lealtad del ejecutante violentando con ella el derecho de defensa judicial, pues según lo preceptuado en el Código Procesal Civil en su artículo 100 establece la acumulación entre otros supuestos que exista conexión jurídica, como lo existe entre los bienes adyacentes que la judicatura ordenó embargar en la demanda de ejecución…” Argumentos estos que considera el recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO SEIS (6): El proceso se compone de distintas etapas, concatenadas unas con otras que le confiere cuerpo y lógica, estructura a fin de desembocar en una decisión final en la que se decida el destino del conflicto. En ese sentido, en el Libro Sexto del Código Procesal Civil se recoge la ejecución forzosa, tanto en lo que se refiere a la ejecución de títulos judiciales como extrajudiciales; régimen sencillo y eficaz que basta con la prestación de la solicitud de ejecución y una vez examinado el título por el Juez, y de ser conforme, dictará el respectivo mandamiento de ejecución como el acto material que da inicio a las actuaciones ejecutivas.- CONSIDERANDO SIETE (7): Del expediente de mérito se desprende que las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho uso de los recursos que han estimado a su favor, recursos que han sido resueltos por él A Quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, si bien es cierto no se ha resuelto a favor del mismo, ese no es motivo para afirmar que se ha violentados el derecho alegado, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales; en tal sentido de que no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente el Juez competente. Sirve de referencia, lo planteado ante el Juzgado de Letras en referencia a la nulidad por violación esencial del procedimiento, que se declare que el crédito es usurario, el ofrecimiento de transferir en propiedades las acciones dadas y aceptadas en garantía, la revisión de la medida cautelar y la acumulación de procesos en principio es una decisión de los Jueces y Tribunales, quienes las resuelven en base a las particularidades del caso en relación con lo que se pretende, siendo en consecuencia un juicio propio de la instancia procesal ordinaria y por tanto no susceptible de amparo, a menos que la decisión ponga en precario los derechos que la Constitución impone como producto de una valoración defectuosa de los hechos o constituya una decisión arbitraria del juzgador, en la presente causa se observa que el A Quo resuelve la petición del recurrente en todos los puntos, resultando que el acto reclamado en amparo responde al procedimiento determinado por la Ley, mismo que ha sido instado, tramitado y decidido de conformidad con las exigencias de la normativa que rige la materia civil.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que en consideración a los señalamientos antes expuestos este Alto Tribunal estima que no se han vulnerado las garantías y derechos invocados por el recurrente pues se aprecia que la resolución del Juzgado de Letras de la Sección Judicial resolvió con causa válida fundada en derecho la petición del recurrente con los requisitos, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material respetando el derecho de defensa y el debido proceso e igualmente manteniendo igualdad de las partes en el proceso. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República, 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 2, 8, 100, 757, 783, del Código de Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral 2, 41, 45, 51, 52, 54, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016); Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0487-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), denegando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ a favor del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), con relación a la demanda para la ejecución forzosa de título extrajudicial, promovida por la sociedad Mercantil HOTEL LA QUINTA S.de R.L., representada por el señor ABDALA HILSACA ZERENE contra el señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 contenidos en la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1.Que en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ interponiendo recurso de amparo a favor del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), en la que resolvió (sic):PRIMERO:…;SEGUNDO:…;TERCERO:…;CUARTO:…;QUINTO:…;SEXTO:…sin lugar el recurso de reposición interpuesto en cuanto: a.-Nulidad de admisión de la demanda presentada por la empresa mercantil Hotel La Quinta S. de R.L.; b.-) Sin lugar la declaración del crédito como usuario. c-) Acumulación de procesos.-Se declara con lugar la petición de transferir en propiedad las acciones de inversiones Mega S.A. que fueron endosadas en garantía.-SEPTIMO: El auto que resuelve el recurso de reposición no se podrá recurrir, sin perjuicio de que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso...”. (Folios del 130 al 131 del expediente de sus antecedentes)- 2. Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, dictó sentencia en fecha trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló (sic): “PRIMERO: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Francisco Javier Mejía Sánchez en su condición de apoderado del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA contra el auto pronunciado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida en fecha nueve de diciembre del año dos mil quince (2015), en la demanda para la ejecución forzosa de título extrajudicial que ha promovido el Hotel La Quinta S. de R.L. representada por el señor ABDALA HILSACA ZERENE contra FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA.-SEGUNDO: Remitir en Consulta Obligatoria ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…”. (Folio del 108 al 112 de los antecedentes)- 3) Que con fecha tres (3) de mayo del dos mil dieciséis (2016) la Abogada JOSEFA ELIZABETH GUEVARA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión que no se aprecia ninguna garantía constitucional lesionada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídas y han hecho valer sus pretensiones frente a la Señora Juez del Despacho.- 4) Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), denegando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO JAVIER MEJIA SANCHEZ a favor del señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), con relación a la demanda para la ejecución forzosa de título extrajudicial, promovida por la sociedad Mercantil HOTEL LA QUINTA S.de R.L., representada por el señor ABDALA HILSACA ZERENE contra el señor FELIPE JESUS DABDOUB SARAVIA.- CONSIDERANDO CINCO (5): Establece el recurrente en la interposición del recurso de amparo contra el auto emitido por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), alega que con la resolución antes referida él A Quo violenta normas esenciales de procedimiento al dar trámite a la demanda para el pago de un préstamo a interés comercial al no exigirle al demandante la presentación de documento de registro de prestamista no bancario, violentando de esta manera el debido proceso consignado en el artículo 90 Constitucional, ya que una de las formalidades que exige la Ley del Sistema Financiero Nacional específicamente en su artículo 173 establece que se considera prestamista no bancario a personas naturales o jurídicas que presten dinero a interés y que obliga a esos prestamistas a inscribirse en el registro respectivo e impone a los Jueces y Tribunales de la República la prohibición de no dar trámites a demandas para el pago de préstamos a menos que vayan acompañadas de un certificado en el que conste que el demandante ha cumplido la obligación que le impone el referido artículo. Además, alega que el órgano judicial no satisface todos los requerimientos necesarios para garantizar la efectividad del derecho al juez natural que debe gozar el ejecutado FELIPE DABDOUB SARAVIA, violentándole con el ello el debido proceso, pues pese a que el funcionario judicial tiene la capacidad para ejercer la jurisdicción de acuerdo a la naturaleza de los hechos y la división del trabajo establecida por el legislador en el sentido que le corresponde el conocimiento de las solicitudes de declaratoria judicial crédito usuario. Finalmente, arguye que el A Quo, al no acumular los procesos con conexión jurídica mencionados está limitando el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacer oír y obtener una decisión favorable sobre todo cuando consideramos que no ha existido buena fe y lealtad del ejecutante violentando con ella el derecho de defensa judicial, pues según lo preceptuado en el Código Procesal Civil en su artículo 100 establece la acumulación entre otros supuestos que exista conexión jurídica, como lo existe entre los bienes adyacentes que la judicatura ordenó embargar en la demanda de ejecución…” Argumentos estos que considera el recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO SEIS (6): El proceso se compone de distintas etapas, concatenadas unas con otras que le confiere cuerpo y lógica, estructura a fin de desembocar en una decisión final en la que se decida el destino del conflicto. En ese sentido, en el Libro Sexto del Código Procesal Civil se recoge la ejecución forzosa, tanto en lo que se refiere a la ejecución de títulos judiciales como extrajudiciales; régimen sencillo y eficaz que basta con la prestación de la solicitud de ejecución y una vez examinado el título por el Juez, y de ser conforme, dictará el respectivo mandamiento de ejecución como el acto material que da inicio a las actuaciones ejecutivas.- CONSIDERANDO SIETE (7): Del expediente de mérito se desprende que las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho uso de los recursos que han estimado a su favor, recursos que han sido resueltos por él A Quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, si bien es cierto no se ha resuelto a favor del mismo, ese no es motivo para afirmar que se ha violentados el derecho alegado, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales; en tal sentido de que no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente el Juez competente. Sirve de referencia, lo planteado ante el Juzgado de Letras en referencia a la nulidad por violación esencial del procedimiento, que se declare que el crédito es usurario, el ofrecimiento de transferir en propiedades las acciones dadas y aceptadas en garantía, la revisión de la medida cautelar y la acumulación de procesos en principio es una decisión de los Jueces y Tribunales, quienes las resuelven en base a las particularidades del caso en relación con lo que se pretende, siendo en consecuencia un juicio propio de la instancia procesal ordinaria y por tanto no susceptible de amparo, a menos que la decisión ponga en precario los derechos que la Constitución impone como producto de una valoración defectuosa de los hechos o constituya una decisión arbitraria del juzgador, en la presente causa se observa que el A Quo resuelve la petición del recurrente en todos los puntos, resultando que el acto reclamado en amparo responde al procedimiento determinado por la Ley, mismo que ha sido instado, tramitado y decidido de conformidad con las exigencias de la normativa que rige la materia civil.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que en consideración a los señalamientos antes expuestos este Alto Tribunal estima que no se han vulnerado las garantías y derechos invocados por el recurrente pues se aprecia que la resolución del Juzgado de Letras de la Sección Judicial resolvió con causa válida fundada en derecho la petición del recurrente con los requisitos, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material respetando el derecho de defensa y el debido proceso e igualmente manteniendo igualdad de las partes en el proceso. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República, 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 2, 8, 100, 757, 783, del Código de Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral 2, 41, 45, 51, 52, 54, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, de fecha trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016); Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0487-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

CEDV