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Sentencia AC-456-15 — Registro 12096

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por que declaró sin lugar un recurso de apelación con relación a la demanda de reconocimiento forzoso de paternidad. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 95 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que aun y cuando se den los requisitos para que se dé la cosa juzgada formal, era necesario realizar un análisis exhaustivo para determinar si hubo cosa juzgada material, concluyendo, como quedó dicho, que al no haber habido un juicio con todas las garantías de un debido proceso legal, por la falta de la evacuación del medio de prueba que manda el artículo 118 del Código de Familia, refiriéndose al medio de prueba científico (ADN), se obtuvo una respuesta no constitutiva de una verdadera justicia material, ya que la respuesta obtenida no se refiere al objeto del proceso, es decir, no ser determinó si el ahora recurrente es el padre de la menor o no. Así las cosas, declarar que hubo cosa juzgada, va en contra del interés superior del niño establecido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 119 constitucional, y en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, a saber quienes son sus padres, reiterando que, solo con una sentencia determinante de la exclusión o confirmación de paternidad se podrá entrar a considerar si hay cosa juzgada o no. El resultado que se obtenga de la evacuación de supramencionado medio de prueba que manda la ley <artículo 118 Código de familia> debe considerarse como un hecho nuevo la evacuación del mismo, siendo procedente subsumir el presente caso en el numeral 3 del artículo 210 del Código Procesal Civil, el que constituye una excepción a la cosa Juzgada material; disponiendo: “No integra la cosa juzgada y se consideran hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento a las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión a los actos de alegación en el proceso en que aquellas se formularen.” En el caso que nos ocupa, constituiría nuevo hecho el resultado de la prueba científica evacuada, con ello se entraría en un verdadero juicio, con observancia al artículo 90 constitucional y 8 de la Convención americana de los Derechos Humanos, lo que no ocurrió en el anterior proceso, con la garantía de principios como el contradictorio, igualdad de armas, eficacia y consecuentemente el debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional concluye que no existe en el proceso en curso la vulneración al aforismo latino Non bis in ídem “No dos veces por igual causa. En materia penal significa que no cabe aplicar dos sanciones por una misma infracción ni acusar otra vez por igual hecho, a no mediar nuevas pruebas y dentro de gran limitación” contenido en el artículo 95 constitucional, por lo que es procedente denegar el amparo de que se ha hecho mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DANIEL TORRES SALGADO, a favor del señor CARLO LUCINO BETANCOURTH CASTILLO, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación, contra actuaciones del Juzgado de Letras de Familia de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece, con relación a la demanda de reconocimiento forzoso de paternidad promovida por la señora THESLA CORITZA ALVARADO RIOS contra el señor CARLO LUCINO BETANCOURTH CASTILLO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 95 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha once de octubre del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, la señora THESLA CORITZA ALVARADO RIOS, en representación de su menor hija F. A. R., promoviendo DEMANDA DECLARATIVA ABREVIADA NO DISPOSITIVA DE RECONOCIMIENTO FORZOSO DE PATERNIDAD, en contra del señor CARLO LUCINO BETANCOURTH CASTILLO. (Folios uno (01) al tres (03) de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece, el Juzgado antes referido dicto auto mediante el cual Resuelve: “PRIMERO: En atención a lo antes expuesto, se declara DESESTIMADA la excepción de cosa juzgada, planteada por el Abogado DANIEL TORRES HERRERA, como representante procesal del señor CARLO LUCINO BETANCOURTH CASTILLO. SEGUNDO: En consecuencia, sígase con el curso del juicio y señálese audiencia para continuar con la interrumpida, una vez notificadas las partes de la presente resolución…”. 3) Que en fecha treinta de enero del año dos mil quince, conociendo de un recurso de apelación promovido por el abogado FERNANDO ERICK CALDERON VALLE, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, Resuelve: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO. SEGUNDO: CONFIRMANDO EL AUTO fecha Veintisiete de Noviembre del año dos mil Trece, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. (Folios diez (10) al quince (15) de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado DANIEL TORRES SALGADO, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de mayo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor CARLO LUCINO BETANCOURTH CASTILLO, contra la sentencia, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero de dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha tres de julio del año dos mil quince. 5) Que en fecha cinco de agosto del año dos mil quince, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que en la formalización de la acción de amparo interpuesta en fecha uno de julio del año dos mil quince, el Abogado DANIEL TORRES SALGADO en su condición de representante procesal del recurrente CARLO LUCINO BETANCOURT CASTILLO, manifiesta que la señora THESLA CORITZA ALVARADO RIOS, interpuso en su contra una demanda ordinaria de reconocimiento de paternidad para que en sentencia definitiva sea declarado Padre de la menor F. A. R., en fecha ocho de febrero del año dos mil nueve, la cual fue declarada sin lugar mediante sentencia definitiva dictada en fecha diez de febrero de dos mil doce por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, motivando en su sentencia el A-quo que: la parte demandante propuso como medio de prueba número uno “Dictamen Pericial” (ADN), el que no se evacuó por lo que concluye “que no se probó con certeza y cientificidad la paternidad del señor CARLO LUCINO BETANCOURT CASTILLO..”. Esta sentencia definitiva fue confirmada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil en fecha catorce de junio de dos mil doce. Expone el recurrente que casi un año después, el Juzgado de Letras de mérito, decretó la caducidad del término por haberse dejado de utilizar el término establecido para interponer recurso de casación, adquiriendo la sentencia carácter de cosa juzgada. Sigue manifestando el recurrente, que la demandante señora THESLA CORTIZA ALVARADO RIOS, ha sabiendas de su error al no interponer recurso de casación, interpuso en el mismo Juzgado en fecha once de octubre de dos mil doce, esta vez bajo el nuevo procedimiento, contra CARLO LUCINO BETANCOURT CASTILLO una, “Demanda declarativa abreviada no dispositiva de reconocimiento forzoso de Paternidad, para que en sentencia definitiva, el señor CARLO LUCINO BETANCOURT CASTILLO sea declarado Padre de la menor F. A. R.”. Señala el recurrente que en el escrito de contestación de esa segunda demanda interpuso el defecto procesal de cosa juzgada por existir ya una sentencia definitiva firme, en la cual se dan los requisitos exigidos por esta figura procesal, como ser mismas partes, mismos hechos y misma pretensión. El A-quo desestimó el defecto procesal mediante auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, señalando que si bien existen los elementos de la cosa juzgada formal, en el proceso anterior no se juzgó el fondo del asunto en vista de que no se evacuó la prueba pericial fundamental – ADN – por lo tanto, no existe cosa juzgada formal. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente, no conforme con la resolución antes aludida, suplicó la misma mediante recurso de apelación, decidiendo la alzada en fecha treinta de enero de dos mil quince, que al no haber encontrado en contradictorio la prueba preceptiva del examen del ADN, el Juzgador no tuvo la oportunidad de resolver sobre la causa pretendi, por lo que la sentencia anterior no adquirió la autoridad de cosa juzgada material, confirmando bajo ese argumento el auto recurrido. Es de esta resolución que se interpone la presente acción de amparo, alegando el recurrente que le vulnera a su representado lo dispuesto el artículo 95 de la Constitución de la República, relativo a la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos que motivaron anteriores enjuiciamientos, por lo que estima que se debe declarar con lugar el defecto procesal de cosa juzgada por haberse acreditado que se trata de las mismas partes, mismos hechos y misma pretensión. CONSIDERANDO (4): Que el Código Procesal Civil, establece en el artículo 196 la figura procesal de Cosa Juzgada Formal, y dispone que habiéndose producido la firmeza en las resoluciones, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, resolución que no puede ser variada por el tribunal después de firmada. Se estima necesario entonces referirse al artículo 195 de la misma norma adjetiva la cual explica que las resoluciones firmes son aquellas contra las cuales ya no cabe recurso alguno, bien por no preverlo, o porque estando previsto no se interpuso recurso dentro del plazo legalmente establecido o porque habiéndolo hecho, desistió del mismo posteriormente o por haber sido inadmitido a trámite anteriormente. CONSIDERANDO (5): Que para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere que en ambos procesos haya 1.- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. 2.- Identidad de causa petendi es en cuanto la demanda y la decisión que hizo cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. No obstante, cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa y 3.- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 95 constitucional, señalado como vulnerado en el presente caso, garantiza la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos que motivaron anteriores enjuiciamientos. Para ello es fundamental que haya existido un juicio realizado con todos los derechos y garantías que la ley establece, es decir un enjuiciamiento bajo la observancia estricta del debido proceso, como lo manda el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha estimado dilucidar el presente caso desde la óptica del interés superior del niño, para lo cual es menester hacer un recorrido por los derechos y garantías que nuestra legislación interna dispone y así determinar si éstos se observaron en el primer juicio o enjuiciamiento que indica el recurrente, a efecto de comprobar si en aquel juicio se realizaron las diligencias necesarias para garantizar lo dispuesto en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que entre otros dispone, el derecho del niño a saber quienes son sus padres, ya que solo con una sentencia determinante de la exclusión o confirmación de paternidad se podrá entrar a considerar si hay cosa juzgada o no. CONSIDERANDO (8): Que en el caso en estudio la Sala debe sopesar entre un garantismo procesal y el interés superior del niño, haciendo un debido análisis que prime distintos intereses a su favor, para decidir sobre una cuestión que pudiera afectarle así como determinar la repercusión de cualquier decisión en los intereses de la menor F. A. R.. CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República en su artículo 115 autoriza la investigación de paternidad, y remite a la ley secundaria en la cual se indica el procedimiento a seguir. El Código de Familia, en el artículo 106 del Titulo III, Capítulo III relativo a la INVESTIGACIÓN Y PRESUNCIÓN DE LA PATERNIDAD, RECONOCIMIENTO, determina que la investigación de la paternidad es el procedimiento apropiado para IDENTIFICAR Y CONCRETAR LA INDIVIDUALIDAD DEL PADRE, o de la madre o de ambos en relación a la persona de determinado hijo. (lo remarcado es nuestro) y en el último párrafo señala que la sentencia en que se establezca la paternidad deberá ser inscrita por el registrado Civil. Asimismo en su artículo 118 dispone que las pruebas a ser admitidas para ser practicadas en los juicios de investigación o de impugnación de paternidad son: 1.- Las pruebas de grupos sanguíneo; 2.- marcadores genéticos y 3.- cualquier otro método de exclusión o confirmación de paternidad que pueda desarrollarse en el futuro; y ordena que estos estudios deberán ser practicados por médicos con entrenamiento adecuado en inmunohematología. CONSIDERANDO (10): Que vistos los antecedentes en estudio y la normativa aplicable, la Sala de lo Constitucional observa que en la demanda de reconocimiento de paternidad interpuesta por THESLA CORITZA ALVARADO RIOS, en contra de CARLO LUCINO BETANCOURTH CASTILLO, en fecha 8 de febrero de 2009, se emitió sentencia sin que se haya evacuado ninguno de los medios de prueba que ordena el artículo 118 del Código de Familia, teniendo como resultado la falta de determinación sobre la exclusión o confirmación de la paternidad del demandado, se llevo a cabo un juicio sin evacuación de medios de prueba por lo que, como se dijo, no hubo contradictorio principio procesal sine qua non en la evacuación de un juicio. El medio de prueba científico propuesto por la parte demandante no se evacuó, por lo que el juicio aludido se llevo a cabo sin los derechos y garantías que la ley establece en vulneración al artículo 90 constitucional y del artículo 8 inciso primero de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece el debido proceso legal, para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Que la declaración de los Derechos del Niño establece que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que aun y cuando se den los requisitos para que se dé la cosa juzgada formal, era necesario realizar un análisis exhaustivo para determinar si hubo cosa juzgada material, concluyendo, como quedó dicho, que al no haber habido un juicio con todas las garantías de un debido proceso legal, por la falta de la evacuación del medio de prueba que manda el artículo 118 del Código de Familia, refiriéndose al medio de prueba científico (ADN), se obtuvo una respuesta no constitutiva de una verdadera justicia material, ya que la respuesta obtenida no se refiere al objeto del proceso, es decir, no ser determinó si el ahora recurrente es el padre de la menor o no. Así las cosas, declarar que hubo cosa juzgada, va en contra del interés superior del niño establecido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 119 constitucional, y en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, a saber quienes son sus padres, reiterando que, solo con una sentencia determinante de la exclusión o confirmación de paternidad se podrá entrar a considerar si hay cosa juzgada o no. El resultado que se obtenga de la evacuación de supramencionado medio de prueba que manda la ley <artículo 118 Código de familia> debe considerarse como un hecho nuevo la evacuación del mismo, siendo procedente subsumir el presente caso en el numeral 3 del artículo 210 del Código Procesal Civil, el que constituye una excepción a la cosa Juzgada material; disponiendo: “No integra la cosa juzgada y se consideran hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento a las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión a los actos de alegación en el proceso en que aquellas se formularen.” En el caso que nos ocupa, constituiría nuevo hecho el resultado de la prueba científica evacuada, con ello se entraría en un verdadero juicio, con observancia al artículo 90 constitucional y 8 de la Convención americana de los Derechos Humanos, lo que no ocurrió en el anterior proceso, con la garantía de principios como el contradictorio, igualdad de armas, eficacia y consecuentemente el debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional concluye que no existe en el proceso en curso la vulneración al aforismo latino Non bis in ídem “No dos veces por igual causa. En materia penal significa que no cabe aplicar dos sanciones por una misma infracción ni acusar otra vez por igual hecho, a no mediar nuevas pruebas y dentro de gran limitación” contenido en el artículo 95 constitucional, por lo que es procedente denegar el amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 195, 196 Y 210 del Código procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-456-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL