Sentencia AC-432-16 — Registro 10298
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia en incidente de nulidad y oposición planteada por parte ejecutada, se declaró por no comparecida a dicha parte y por desistida su oposición en demanda de cumplimiento forzoso de una sentencia (ejecución de título judicial) promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que por analogía se debe aplicar el artículo 795.1 del CPC, a efecto de tener por desistida la oposición planteada por la parte demandada, ante su incomparecencia a la audiencia de oposición señalada, al encontrarse presente únicamente el Representante Procesal del demandado; es importante referir que la ley procesal civil señala en el artículo 764 la forma en que se sustanciará la oposición a la ejecución de Títulos Judiciales, el que hace remisión expresa a las reglas para resolver los incidentes y éstos a su vez, la audiencia que se señale para resolver las cuestiones incidentales, se sustanciará conforme al proceso abreviado; indicando éste último –Proceso Abreviado-, en forma clara en el artículo 590 las consecuencias jurídicas de la no comparecencia de las partes; en ese orden de ideas no aplica en el caso concreto la aplicación analógica a la que alude el Tribunal de Alzada, pues el proceso abreviado desarrolla en forma clara y precisa cuales son los pasos a seguir y específicamente el numeral 3 del artículo 590…la resolución recurrida se muestra imprecisa, ya que el acápite tercero de los fundamentos de derecho, arguye que “en el Juicio Abreviado la ausencia injustificada del demandante, le ocasiona de modo irremediable que se le tenga por desistido de su demanda con imposición de costas, sin embargo, la ley de manera flexible le confiere un tratamiento diferente a la parte material demandada, quien por su incomparecencia, justificada o no, no impide la celebración de la audiencia”. Aun y con el anterior argumento, la Alzada refiere que se debe de forma analógica aplicar lo dispuesto en el artículo 795.1 del CPC, que se refiere a la Oposición de Título Extrajudicial y lo que se pretende en el caso sub júdice es la Oposición a la Ejecución de un Título Judicial. Asimismo el Ad-quem indica se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 445.1 del CPC, que refiere a la incomparecencia de las partes a la Audiencia Preliminar, no siendo de aplicación el referido precepto en el caso en estudio, pues estamos ante el trámite de Oposición a la Ejecución de un Título Judicial, que se rige por las reglas de los incidentes, que manda señalar audiencia a los cinco días de admitida a trámite la cuestión incidental –Artículo 421.2-, audiencia que se celebrará conforme las reglas establecidas para el proceso abreviado. Si bien la audiencia que debe celebrarse se regirá por las reglas de la Audiencia Preliminar, en ningún momento el artículo 421.2 del CPC señala que la audiencia referida sea una audiencia preliminar, que es la indicada para el Proceso Ordinario, pues se esta resolviendo la oposición conforme a las reglas de las cuestiones incidentales…”…”de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha inobservando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido vulnera el debido proceso, al invocar en la resolución que se impugna, que se debe aplicar de forma analógica el artículo 795.1 del CPC, cuando el artículo 590.3 del CPC establece en forma clara cual es la consecuencia jurídica ante la incomparecencia del demandado a la audiencia señalada; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello vulnerando los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90…”…”esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada por el Ad-quem, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución con inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado…”…”el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 421, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de BANCO ATLÁNTIDA S.A, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de cumplimiento forzoso de una sentencia, promovida por la Sociedad Mercantil denominada CASAL, BED-BREAKFAST, S de R.L, contra la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A.- Estima el recurrente que el acto reclamado violenta derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado FELIX E. OYUELA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la empresa CASAL, BED-BREAK-FAST, S. de R.L, solicitando el cumplimiento forzoso de una sentencia y de una resolución judicial, contra la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A.- (Folios del 1 al 4 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia de Oposición, con el objeto de resolver sobre el Incidente de Nulidad y la Oposición presentada por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en su condición de Representante procesal de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., audiencia mediante la cual el referido juzgado resolvió: (Sic) “De acuerdo a lo señalado en los artículos 590 del Código procesal Civil, que dispone que la incomparecencia injustificada del demandante a la audiencia determinará que se le tenga por desistido de su demanda, en relación al articulo 445 del código procesal civil, que señala que las partes deben comparecer a la audiencia personalmente, salvo motivo fundado a juicio de tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, sin embargo no se ha justificado la no comparecencia de la parte ejecutada, este juzgado declara por no comparecida a la parte demandada ya que no ha justificado la incomparecencia a esta audiencia, y por lo tanto se le tiene por desistida de la oposición planteada, con imposición de las costas causadas…”. (Folios 132 y 133 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ M., contra la resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictó resolución mediante la cual fallo: (Sic) “PRIMERO: Declaran sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución en audiencia celebrada en fecha 13 de agosto de 2015.- SEGUNDO: Se confirma la misma.- TERCERO: Con costas a la parte apelante….” (Folios del 11 al 17fv de la pieza de antecedentes de Alzada).- 4) Que el recurrente Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente.- 5) Que en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión porque se DECLARE HA LUGAR, la acción de amparo, por vislumbrarse vulneración a los preceptos constitucionales señalados por el recurrente. (Folios del 34 al 37 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Representante Procesal de la sociedad BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), que declara la incomparecencia de la parte demandada y por desistida de la oposición planteada.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, indicando que la sentencia que se recurre en amparo, viola los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de nuestra carta Magna; aduce el impetrante que los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida son totalmente violatorios ya que vulneran el principio del derecho de defensa, pues en el numeral tercero expone la Alzada que el Código Procesal Civil[2] exige la comparecencia de las partes materiales a la audiencia preliminar y audiencia del juicio abreviado, salvo motivo fundado, con el fin de posibilitar una eventual conciliación. En relación a la comparecencia de las partes a la s audiencias indicadas, el recurrente sostiene que no se le puede dar el mismo trato que a una persona natural a las personas jurídicas, pues son totalmente diferentes en su accionar, de manera que exigir la comparecencia de la parte material a una sociedad, además de absurdo, ultraja el libre acceso de su patrocinada a los tribunales y además viola su derecho a defenderse siendo oída, a pesar de estar personada en juicio a través de su apoderado.- CONSIDERANDO (4): Que en sustento a su tesis de vulneración a derechos constitucionales, el impetrante aduce que se vulnera el derecho a la defensa, en virtud que estando personada en tiempo y forma y oponiéndose a la ejecución, la alzada confirma lo resuelto por el A-quo, teniendo por desistida la oposición a la ejecución de manera ilegal, injusta y arbitraria; arguye asimismo, que la conciliación es un requisito de la audiencia no es el fondo del asunto, debiendo en todo caso ser subsanado como lo establece el CPC; reitera el recurrente que al tener por desistida la oposición a su representada se le esta negando el acceso a los Juzgados y Tribunales para que se haga valer la tutela efectiva de sus derechos, violando los artículos 80 y 82 constitucionales. Manifiesta el pedidor de amparo, que la eventual conciliación a la que hace mención la sentencia recurrida, se refiere en aquellos casos que la demanda se encuentra en la primera etapa y que el caso que nos ocupa es sobre la ejecución de la sentencia, se pregunta el impetrante ¿que se puede conciliar cuando ya existe una sentencia?.- CONSIDERANDO (5): Que analizando el numeral tercero de la sentencia que se impugna, el recurrente expresa que los Magistrados entran en contradicción, aduce que por un lado si ya se le tenia por personado en tiempo y forma en el juicio y anunciado los medios de prueba, resulta violatorio a las garantías que nuestra Carta Magna, tratados internacionales y demás leyes establecen, ya que no puede luego tener por desistida la oposición a la ejecución planteada de manera arbitraria, violando el derecho de defensa de su representada y por otro lado la conciliación no es el fondo de la audiencia, es un mero requisito. Sostiene que los Magistrados hablan de la flexibilidad de la ley pero no en beneficio de la justicia, sino en pro de la violación de las garantías, que realizan una aplicación analógica de los artículos del CPC que únicamente llevan a dejar en total indefensión a su representada.- CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, haciendo énfasis en el artículo 80: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar pro el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario.- CONSIDERANDO (8): Que la sentencia recurrida se fundamenta en los artículos 764 del CPC, que relaciona lo concerniente a la Oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 416 al 423 del CPC, señalando específicamente la Alzada el precepto 421.2 del mismo cuerpo legal, estableciendo que la oposición a la ejecución de títulos judiciales se realizará mediante el señalamiento de una audiencia, la cual es la audiencia que corresponde al proceso abreviado –Artículo 590.1 del CPC-; aduce el Ad-quem que al remitir el artículo 764 la sustanciación de la oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales a la Audiencia del Juicio Abreviado es de observancia obligatoria para el Juzgado darle cumplimiento a los requerimientos que de forma expresa establece el artículo 445.1 del CPC y que en tal sentido de forma analógica a lo dispuesto en el artículo 795.1 del CPC, en la oposición a la Ejecución de Títulos Extrajudiciales, que la sola ausencia injustificada de la parte material demandada a la audiencia de oposición se castiga con el desistimiento de la oposición; considerando el Tribunal de Alzada que la misma consecuencia jurídica debe aplicarse a la incomparecencia injustificada de la parte material demandada a la audiencia de oposición de Títulos Judiciales.- CONSIDERANDO (9): Que la analogía consiste en aplicar a un caso no regulado por la ley, pero semejante a los en ella contemplados, una norma extraída de la propia ley (analogía legis) o del ordenamiento jurídico en su conjunto (analogía iuris). La analogía es un procedimiento ideado para colmar lagunas de la ley. No es, por tanto, una interpretación sino una integración de la ley. La aplicación analógica supone verdadera creación del Derecho, precisamente para regular casos no previstos por la ley[3]. Cabanellas de Torres[4] brinda el siguiente concepto: *ANALOGIA. Semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se admite en Derecho para regular, mediante un caso previsto en la ley, otro que, siéndolo semejante, se ha omitido considerar en aquélla.- CONSIDERANDO (10): Que el Libro Sexto del CPC, regula lo relacionado a la Ejecución Forzosa, desarrollando el Título Segundo lo relativo a la Ejecución de Títulos Judiciales, y así el Capítulo V establece el procedimiento para la Oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales; siendo éste último el tema que precisamente interesa a este Tribunal, por ser el caso traído a estudio, invocando la garantía constitucional de Amparo; por ello es importante relacionar específicamente el artículo 764 que establece: “SUSTANCIACIÓN DE LA OPOSICIÓN. AUDIENCIA. La oposición se sustanciará, sin suspensión de las actuaciones de acuerdo a lo previsto en los incidentes presentados por escrito.”; el referido precepto nos remite a la forma de sustanciación de los incidentes, procedimiento que en el artículo 421.2 señala: “SUSTANCIACIÓN DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES. 1… 2. Transcurrido dicho plazo, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará en los cinco (5) días siguientes al de la citación. Esta audiencia se celebrará conforme a las reglas establecidas para el proceso abreviado…”, es así como este precepto de la ley civil adjetiva, nos remite al proceso abreviado, el que dispone en el artículo 590 “INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES. 1. La incomparecencia injustificada del demandante a la audiencia determinará que se le tenga por desistido de su demanda, con imposición de las costas causadas. Además, si lo solicita el demandado comparecido, podrá ser condenado a pagarle los daños y perjuicios sufridos y que logre justificar. 2. …. 3. La incomparecencia del demandado no impedirá la celebración de la audiencia…”. -énfasis suplido-.- CONSIDERANDO (11): Que el Artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; en ese orden de ideas el artículo 3 del CPC define que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones. Asimismo el artículo 1 numeral 3 del mismo ordenamiento jurídico prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia.- CONSIDERANDO (12): Que vista y analizada la resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que por analogía se debe aplicar el artículo 795.1 del CPC, a efecto de tener por desistida la oposición planteada por la parte demandada, ante su incomparecencia a la audiencia de oposición señalada, al encontrarse presente únicamente el Representante Procesal del demandado; es importante referir que la ley procesal civil señala en el artículo 764 la forma en que se sustanciará la oposición a la ejecución de Títulos Judiciales, el que hace remisión expresa a las reglas para resolver los incidentes y éstos a su vez, la audiencia que se señale para resolver las cuestiones incidentales, se sustanciará conforme al proceso abreviado; indicando éste último –Proceso Abreviado-, en forma clara en el artículo 590 las consecuencias jurídicas de la no comparecencia de las partes; en ese orden de ideas no aplica en el caso concreto la aplicación analógica a la que alude el Tribunal de Alzada, pues el proceso abreviado desarrolla en forma clara y precisa cuales son los pasos a seguir y específicamente el numeral 3 del artículo 590 establece: “La incomparecencia del demandado no impedirá la celebración de la audiencia”.- CONSIDERANDO (13): Que aunado a ello, la resolución recurrida se muestra imprecisa, ya que el acápite tercero de los fundamentos de derecho, arguye que “en el Juicio Abreviado la ausencia injustificada del demandante, le ocasiona de modo irremediable que se le tenga por desistido de su demanda con imposición de costas, sin embargo, la ley de manera flexible le confiere un tratamiento diferente a la parte material demandada, quien por su incomparecencia, justificada o no, no impide la celebración de la audiencia”. Aun y con el anterior argumento, la Alzada refiere que se debe de forma analógica aplicar lo dispuesto en el artículo 795.1 del CPC, que se refiere a la Oposición de Título Extrajudicial y lo que se pretende en el caso sub júdice es la Oposición a la Ejecución de un Título Judicial. Asimismo el Ad-quem indica se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 445.1 del CPC, que refiere a la incomparecencia de las partes a la Audiencia Preliminar, no siendo de aplicación el referido precepto en el caso en estudio, pues estamos ante el trámite de Oposición a la Ejecución de un Título Judicial, que se rige por las reglas de los incidentes, que manda señalar audiencia a los cinco días de admitida a trámite la cuestión incidental –Artículo 421.2-, audiencia que se celebrará conforme las reglas establecidas para el proceso abreviado. Si bien la audiencia que debe celebrarse se regirá por las reglas de la Audiencia Preliminar, en ningún momento el artículo 421.2 del CPC señala que la audiencia referida sea una audiencia preliminar, que es la indicada para el Proceso Ordinario, pues se esta resolviendo la oposición conforme a las reglas de las cuestiones incidentales.- CONSIDERANDO (14): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha inobservando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido vulnera el debido proceso, al invocar en la resolución que se impugna, que se debe aplicar de forma analógica el artículo 795.1 del CPC, cuando el artículo 590.3 del CPC establece en forma clara cual es la consecuencia jurídica ante la incomparecencia del demandado a la audiencia señalada; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello vulnerando los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90.- CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 445.1 y 590.3 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso sin ningún obstáculo a la justicia.- CONSIDERANDO (16): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (17): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada por el Ad-quem, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución con inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.- CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 200, 206, 207, 208, 421.2, 705, 707, 715, 590.3 y 764 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FARNCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0432-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de BANCO ATLÁNTIDA S.A, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de cumplimiento forzoso de una sentencia, promovida por la Sociedad Mercantil denominada CASAL, BED-BREAKFAST, S de R.L, contra la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A.- Estima el recurrente que el acto reclamado violenta derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado FELIX E. OYUELA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la empresa CASAL, BED-BREAK-FAST, S. de R.L, solicitando el cumplimiento forzoso de una sentencia y de una resolución judicial, contra la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A.- (Folios del 1 al 4 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia de Oposición, con el objeto de resolver sobre el Incidente de Nulidad y la Oposición presentada por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en su condición de Representante procesal de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., audiencia mediante la cual el referido juzgado resolvió: (Sic) “De acuerdo a lo señalado en los artículos 590 del Código procesal Civil, que dispone que la incomparecencia injustificada del demandante a la audiencia determinará que se le tenga por desistido de su demanda, en relación al articulo 445 del código procesal civil, que señala que las partes deben comparecer a la audiencia personalmente, salvo motivo fundado a juicio de tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representante, sin embargo no se ha justificado la no comparecencia de la parte ejecutada, este juzgado declara por no comparecida a la parte demandada ya que no ha justificado la incomparecencia a esta audiencia, y por lo tanto se le tiene por desistida de la oposición planteada, con imposición de las costas causadas…”. (Folios 132 y 133 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ M., contra la resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictó resolución mediante la cual fallo: (Sic) “PRIMERO: Declaran sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución en audiencia celebrada en fecha 13 de agosto de 2015.- SEGUNDO: Se confirma la misma.- TERCERO: Con costas a la parte apelante….” (Folios del 11 al 17fv de la pieza de antecedentes de Alzada).- 4) Que el recurrente Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente.- 5) Que en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión porque se DECLARE HA LUGAR, la acción de amparo, por vislumbrarse vulneración a los preceptos constitucionales señalados por el recurrente. (Folios del 34 al 37 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[5]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Representante Procesal de la sociedad BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), que declara la incomparecencia de la parte demandada y por desistida de la oposición planteada.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, indicando que la sentencia que se recurre en amparo, viola los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de nuestra carta Magna; aduce el impetrante que los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida son totalmente violatorios ya que vulneran el principio del derecho de defensa, pues en el numeral tercero expone la Alzada que el Código Procesal Civil[6] exige la comparecencia de las partes materiales a la audiencia preliminar y audiencia del juicio abreviado, salvo motivo fundado, con el fin de posibilitar una eventual conciliación. En relación a la comparecencia de las partes a la s audiencias indicadas, el recurrente sostiene que no se le puede dar el mismo trato que a una persona natural a las personas jurídicas, pues son totalmente diferentes en su accionar, de manera que exigir la comparecencia de la parte material a una sociedad, además de absurdo, ultraja el libre acceso de su patrocinada a los tribunales y además viola su derecho a defenderse siendo oída, a pesar de estar personada en juicio a través de su apoderado.- CONSIDERANDO (4): Que en sustento a su tesis de vulneración a derechos constitucionales, el impetrante aduce que se vulnera el derecho a la defensa, en virtud que estando personada en tiempo y forma y oponiéndose a la ejecución, la alzada confirma lo resuelto por el A-quo, teniendo por desistida la oposición a la ejecución de manera ilegal, injusta y arbitraria; arguye asimismo, que la conciliación es un requisito de la audiencia no es el fondo del asunto, debiendo en todo caso ser subsanado como lo establece el CPC; reitera el recurrente que al tener por desistida la oposición a su representada se le esta negando el acceso a los Juzgados y Tribunales para que se haga valer la tutela efectiva de sus derechos, violando los artículos 80 y 82 constitucionales. Manifiesta el pedidor de amparo, que la eventual conciliación a la que hace mención la sentencia recurrida, se refiere en aquellos casos que la demanda se encuentra en la primera etapa y que el caso que nos ocupa es sobre la ejecución de la sentencia, se pregunta el impetrante ¿que se puede conciliar cuando ya existe una sentencia?.- CONSIDERANDO (5): Que analizando el numeral tercero de la sentencia que se impugna, el recurrente expresa que los Magistrados entran en contradicción, aduce que por un lado si ya se le tenia por personado en tiempo y forma en el juicio y anunciado los medios de prueba, resulta violatorio a las garantías que nuestra Carta Magna, tratados internacionales y demás leyes establecen, ya que no puede luego tener por desistida la oposición a la ejecución planteada de manera arbitraria, violando el derecho de defensa de su representada y por otro lado la conciliación no es el fondo de la audiencia, es un mero requisito. Sostiene que los Magistrados hablan de la flexibilidad de la ley pero no en beneficio de la justicia, sino en pro de la violación de las garantías, que realizan una aplicación analógica de los artículos del CPC que únicamente llevan a dejar en total indefensión a su representada.- CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, haciendo énfasis en el artículo 80: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar pro el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario.- CONSIDERANDO (8): Que la sentencia recurrida se fundamenta en los artículos 764 del CPC, que relaciona lo concerniente a la Oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 416 al 423 del CPC, señalando específicamente la Alzada el precepto 421.2 del mismo cuerpo legal, estableciendo que la oposición a la ejecución de títulos judiciales se realizará mediante el señalamiento de una audiencia, la cual es la audiencia que corresponde al proceso abreviado –Artículo 590.1 del CPC-; aduce el Ad-quem que al remitir el artículo 764 la sustanciación de la oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales a la Audiencia del Juicio Abreviado es de observancia obligatoria para el Juzgado darle cumplimiento a los requerimientos que de forma expresa establece el artículo 445.1 del CPC y que en tal sentido de forma analógica a lo dispuesto en el artículo 795.1 del CPC, en la oposición a la Ejecución de Títulos Extrajudiciales, que la sola ausencia injustificada de la parte material demandada a la audiencia de oposición se castiga con el desistimiento de la oposición; considerando el Tribunal de Alzada que la misma consecuencia jurídica debe aplicarse a la incomparecencia injustificada de la parte material demandada a la audiencia de oposición de Títulos Judiciales.- CONSIDERANDO (9): Que la analogía consiste en aplicar a un caso no regulado por la ley, pero semejante a los en ella contemplados, una norma extraída de la propia ley (analogía legis) o del ordenamiento jurídico en su conjunto (analogía iuris). La analogía es un procedimiento ideado para colmar lagunas de la ley. No es, por tanto, una interpretación sino una integración de la ley. La aplicación analógica supone verdadera creación del Derecho, precisamente para regular casos no previstos por la ley[7]. Cabanellas de Torres[8] brinda el siguiente concepto: *ANALOGIA. Semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se admite en Derecho para regular, mediante un caso previsto en la ley, otro que, siéndolo semejante, se ha omitido considerar en aquélla.- CONSIDERANDO (10): Que el Libro Sexto del CPC, regula lo relacionado a la Ejecución Forzosa, desarrollando el Título Segundo lo relativo a la Ejecución de Títulos Judiciales, y así el Capítulo V establece el procedimiento para la Oposición a la Ejecución de Títulos Judiciales; siendo éste último el tema que precisamente interesa a este Tribunal, por ser el caso traído a estudio, invocando la garantía constitucional de Amparo; por ello es importante relacionar específicamente el artículo 764 que establece: “SUSTANCIACIÓN DE LA OPOSICIÓN. AUDIENCIA. La oposición se sustanciará, sin suspensión de las actuaciones de acuerdo a lo previsto en los incidentes presentados por escrito.”; el referido precepto nos remite a la forma de sustanciación de los incidentes, procedimiento que en el artículo 421.2 señala: “SUSTANCIACIÓN DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES. 1… 2. Transcurrido dicho plazo, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará en los cinco (5) días siguientes al de la citación. Esta audiencia se celebrará conforme a las reglas establecidas para el proceso abreviado…”, es así como este precepto de la ley civil adjetiva, nos remite al proceso abreviado, el que dispone en el artículo 590 “INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES. 1. La incomparecencia injustificada del demandante a la audiencia determinará que se le tenga por desistido de su demanda, con imposición de las costas causadas. Además, si lo solicita el demandado comparecido, podrá ser condenado a pagarle los daños y perjuicios sufridos y que logre justificar. 2. …. 3. La incomparecencia del demandado no impedirá la celebración de la audiencia…”. -énfasis suplido-.- CONSIDERANDO (11): Que el Artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; en ese orden de ideas el artículo 3 del CPC define que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones. Asimismo el artículo 1 numeral 3 del mismo ordenamiento jurídico prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia.- CONSIDERANDO (12): Que vista y analizada la resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que por analogía se debe aplicar el artículo 795.1 del CPC, a efecto de tener por desistida la oposición planteada por la parte demandada, ante su incomparecencia a la audiencia de oposición señalada, al encontrarse presente únicamente el Representante Procesal del demandado; es importante referir que la ley procesal civil señala en el artículo 764 la forma en que se sustanciará la oposición a la ejecución de Títulos Judiciales, el que hace remisión expresa a las reglas para resolver los incidentes y éstos a su vez, la audiencia que se señale para resolver las cuestiones incidentales, se sustanciará conforme al proceso abreviado; indicando éste último –Proceso Abreviado-, en forma clara en el artículo 590 las consecuencias jurídicas de la no comparecencia de las partes; en ese orden de ideas no aplica en el caso concreto la aplicación analógica a la que alude el Tribunal de Alzada, pues el proceso abreviado desarrolla en forma clara y precisa cuales son los pasos a seguir y específicamente el numeral 3 del artículo 590 establece: “La incomparecencia del demandado no impedirá la celebración de la audiencia”.- CONSIDERANDO (13): Que aunado a ello, la resolución recurrida se muestra imprecisa, ya que el acápite tercero de los fundamentos de derecho, arguye que “en el Juicio Abreviado la ausencia injustificada del demandante, le ocasiona de modo irremediable que se le tenga por desistido de su demanda con imposición de costas, sin embargo, la ley de manera flexible le confiere un tratamiento diferente a la parte material demandada, quien por su incomparecencia, justificada o no, no impide la celebración de la audiencia”. Aun y con el anterior argumento, la Alzada refiere que se debe de forma analógica aplicar lo dispuesto en el artículo 795.1 del CPC, que se refiere a la Oposición de Título Extrajudicial y lo que se pretende en el caso sub júdice es la Oposición a la Ejecución de un Título Judicial. Asimismo el Ad-quem indica se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 445.1 del CPC, que refiere a la incomparecencia de las partes a la Audiencia Preliminar, no siendo de aplicación el referido precepto en el caso en estudio, pues estamos ante el trámite de Oposición a la Ejecución de un Título Judicial, que se rige por las reglas de los incidentes, que manda señalar audiencia a los cinco días de admitida a trámite la cuestión incidental –Artículo 421.2-, audiencia que se celebrará conforme las reglas establecidas para el proceso abreviado. Si bien la audiencia que debe celebrarse se regirá por las reglas de la Audiencia Preliminar, en ningún momento el artículo 421.2 del CPC señala que la audiencia referida sea una audiencia preliminar, que es la indicada para el Proceso Ordinario, pues se esta resolviendo la oposición conforme a las reglas de las cuestiones incidentales.- CONSIDERANDO (14): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha inobservando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido vulnera el debido proceso, al invocar en la resolución que se impugna, que se debe aplicar de forma analógica el artículo 795.1 del CPC, cuando el artículo 590.3 del CPC establece en forma clara cual es la consecuencia jurídica ante la incomparecencia del demandado a la audiencia señalada; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello vulnerando los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90.- CONSIDERANDO (15): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 445.1 y 590.3 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso sin ningún obstáculo a la justicia.- CONSIDERANDO (16): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (17): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada por el Ad-quem, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución con inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.- CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 200, 206, 207, 208, 421.2, 705, 707, 715, 590.3 y 764 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FARNCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0432-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] En adelante CPC.
[3] Interpretación de la ley penal y la analogía, por Ezequiel A. J. Dichiachio. Extraído en fecha 15 de noviembre del año 2017 de www.terragnijurista.com.ar. Articulo publicado en fecha 30/07/2013.
[4] Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres. Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial HELIASTA S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993.
[5] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[6] En adelante CPC.
[7] Interpretación de la ley penal y la analogía, por Ezequiel A. J. Dichiachio. Extraído en fecha 15 de noviembre del año 2017 de www.terragnijurista.com.ar. Articulo publicado en fecha 30/07/2013.
[8] Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres. Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial HELIASTA S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993.